Hitos del gobierno de Patricio Aylwin

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“La opinión pública piensa -y yo comparto ese juicio- que en la gran mayoría de los casos, (durante el régimen anterior) nuestros tribunales no hicieron suficiente uso de las atribuciones que la Constitución y las leyes les confieren para proteger los derechos fundamentales de las personas, lo que constituye su más trascendental tarea.”
(Patricio Aylwin, 30 de marzo de 1990)

Con estas palabras, el recién asumido presidente Patricio Aylwin se dirigió a los magistrados congregados en la XVII Convención Nacional Ordinaria de la Asociación de Magistrados, realizada el 30 de marzo de 1990 en Pucón.

Ver discurso

Recordando los hechos

Ya en los primeros años de la dictadura, en vez de sacar la cara por el derecho, el poder judicial abdicó de sus atribuciones y optó por seguir la “política del avestruz”. Esta actitud motivó que los abogados Eugenio Velasco, Jaime Castillo, Héctor Valenzuela, Andrés Aylwin y Fernando Guzmán, aprovechasen la realización en Chile de la VI Asamblea de la Organización de Estados Americanos, OEA (junio de 1976), para entregar una carta a los ministros de Relaciones Exteriores asistentes, exponiendo en detalle la situación de los derechos humanos en Chile.

La carta advertía que “Los Tribunales de Justicia de Chile no han dado amparo, desde el 11 de septiembre de 1973 hasta hoy, a ningún chileno cuyo arresto haya sido practicado por lo diferentes mecanismos que anteriormente describimos. El habeas corpus ha sido nulo en nuestro país de tradición democrática ejemplar. La Corte Suprema abandonó voluntariamente, y contra su propia historia y las normas legales pertinentes, su derecho a tramitar los recursos de quejas contra abominables sentencias de los Tribunales Militares, en particular, durante los dos primeros años del actual Gobierno. Los tribunales de Primera Instancia, a veces por su desinterés o temor, otras veces por las circunstancias extrajudiciales creadas por el Servicio Secreto de Seguridad, no han ido más allá que la tramitación renuente de sumarios por homicidios, secuestro, violación, etc. Con frecuencia, la única actitud posible para los jueces y demás funcionarios judiciales, es pura y simplemente declararse incompetentes… Nada y nadie los detiene. Sólo muy pocos jueces han conservado su honor de tales, y por ello han sufrido la hostilidad de los incondicionales.”

Ver carta de abogados 

Ver artículo «La OEA encara el debate sobre los derechos humanos en el hemisferio» 

La respuesta del gobierno no se dejó esperar. El 6 de agosto de 1976, la Dina detuvo y expulsó de Chile a Jaime Castillo y a Eugenio Velasco “por constituir ambos un peligro para la seguridad interior del Estado”, dándose inicio a lo que Aylwin denominó “la mayor batalla judicial durante la dictadura.” (El reencuentro de los demócratas, 2018)

Ver expediente judicial con antecedentes relativos a la expulsión de Chile de Jaime Castillo y Eugenio Velasco

Ver expediente judicial con antecedentes relativos a la expulsión de Chile de Jaime Castillo y Eugenio Velasco, parte 2

El 12 de agosto, cerca de 300 profesionales, encabezados por el expresidente Eduardo Frei M. y por Luis Bossay, exsenador y excandidato a la Presidencia de la República, enviaron una carta al entonces presidente de la Corte Suprema, José María Eyzaguirre, solicitando que se adoptaran las medidas necesarias para poner término a las detenciones y abusos que se estaban cometiendo en el país. 

Ver carta de profesionales 

El 23 de agosto, ante la Sala de la Corte Suprema integrada por su presidente, José María Eyzaguirre, y los ministros Rafael Retamal, Juan Pomés, Enrique Correa y Osvaldo Erbetta, alegaron Juan Agustín Figueroa y Patricio Aylwin. Al día siguiente lo hicieron, por el gobierno, Hugo Rosende y Ambrosio Rodríguez. El fallo de la Corte Suprema, de apenas dos carillas, rechazó el recurso presentado.

“Todo esto fue para mí un golpe muy duro. Hasta entonces, y a pesar de todo, yo aún quería creer en la justicia chilena. En el testimonio de vida de mi padre y de grandes magistrados de ese tiempo, aprendí a respetar y a admirar a los jueces. Como dije en mi alegato, <<se jugaba en este caso la fe de todo hombre de derecho en la capacidad de que en esta tierra se puede hacer justicia. Nada escandaliza tanto a quien cree en el derecho y tiene fe en la justicia, que la condena de un inocente con la imputación de un crimen que no ha cometido, sin darle oportunidad de defenderse ante un tribunal imparcial>>. Ese falló me confirmó que en Chile la justicia se había sometido el poder de la fuerza y, por consiguiente, perdido su dignidad.” (Patricio Aylwin, El reencuentro de los demócratas, 2018)

Ver «Intervención Patricio Aylwin en la Corte Suprema por Recurso de Amparo en favor de Jaime Castillo» 

En julio de 1978 Aylwin, junto a 23 destacados profesionales, formaron el Grupo de Estudios Constitucionales, conocido como “Grupo de los 24”, con la finalidad de “emprender el examen y debate de las ideas básicas que contribuyan a producir un acuerdo democrático que ha de ser el fundamento de la futura institucionalidad.”

Ver “Manifiesto del Grupo de Estudios Constitucionales” 

En la propuesta elaborada por el Grupo respecto del Poder Judicial, se afirmó que el sistema judicial chileno presentaba graves deficiencias “por no ser apto para dispensarle a la sociedad y a cada individuo, la seguridad y protección adecuada, que les permita obtener una decisión y una acción jurisdiccional, que acertada y eficazmente logre la vigencia del derecho.” Advirtiendo que en los últimos años “la crisis judicial ha revestido caracteres dramáticos, por ineptitud del sistema en general, para tutelar los atropellos inferidos a los derechos humanos fundamentales. Este defecto ha resultado especialmente relevante en materia de recurso de amparo, cuya finalidad esencial ha sido desnaturalizada de la práctica de los Tribunales.”

Ver “Informe funcionamiento y organización del Poder Judicial”

 

Buscando soluciones

Como era de esperar, las palabras del presidente Aylwin no fueron bien recibidas entre los asistentes a la XVII Convención Nacional Ordinaria de la Asociación de Magistrados.

A los pocos días, el 3 de abril de 1990, los ministros de la Corte Suprema enviaron un oficio al primer mandatario en que señalaban estar ofendidos por sus palabras. La respuesta de Aylwin llegó al día siguiente.  

En ella, el mandatario señala que su intención no ha sido provocar conflictos, sino buscar soluciones. Y agrega: “Aunque la mayoría de los señores ministros de la Excma. Corte no lo advierta, lo cierto es que en el país prevalece un juicio bastante crítico a nuestro sistema judicial.” 

Ver carta respuesta de Patricio Aylwin 

Tres semanas después de la convención de magistrados en Pucón, el 24 de abril de 1990 Patricio Aylwin constituyó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. Uno de sus objetivos fue establecer un cuadro lo más completo posible sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, así como sus antecedentes y circunstancias. 

Ver “Discurso de S.E. el presidente de la República, Patricio Aylwin, al firmar proyecto de decreto que crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación”

El 8 de febrero de 1991, la Comisión entregó al presidente Aylwin su Informe. En el capítulo IV, que tiene como título “Actuación de los tribunales de justicia ante las graves violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990”, se lee: “Durante el periodo que nos ocupa, el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía frente a las violaciones a los derechos humanos… La actitud adoptada durante el régimen militar por el Poder Judicial produjo, en alguna importante medida, un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales, cualesquiera que fueren las variantes de agresión empleadas. Otro efecto gravísimo que aún permanece, es la desconfianza de la comunidad nacional en la Judicatura como institución protectora de sus derechos fundamentales.”

Ver Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (ed. 1996), Tomo I, capítulo IV

 

Textos:
Carlos Bascuñán E. y Magdalena Eichholz C.

Documentos:
Archivo personal Patricio Aylwin http://www.archivopatricioaylwin.cl/
Archivo presidencial Patricio Aylwin >http://www.archivospublicos.cl/