Reflexión, debate y acuerdos del Grupo de Estudios Constitucionales para una nueva Constitución
“Solo una Constitución Política generada democráticamente y que exprese el mayor grado de acuerdo posible de alcanzar entre los chilenos, podrá proporcionar al país un régimen estable de convivencia pacífica que garantice a Chile y a su pueblo el orden y la libertad, la seguridad, el desarrollo y la justicia.”
Grupo de Estudios Constitucionales
El Grupo de Estudios Constitucionales y la Constitución de 1980
El 8 de julio de 1980 el Consejo de Estado, cuerpo consultivo creado por la Junta de Gobierno, entregó a ésta el texto revisado del proyecto constitucional que había elaborado la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, conocida como “Comisión Ortúzar”.
La Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales dedicó 8 sesiones a analizar en detalle el proyecto constitucional, al término de las cuales dio a conocer sus conclusiones en el documento:
Informe sobre el Proyecto de Constitución Política del Consejo de Estado, agosto de 1980
Las actas de sesión de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales en las que se analizó este proyecto son las siguientes:
Durante cuatro semanas, los miembros de la Junta de Gobierno y sus asesores, revisaron el proyecto de Constitución Política entregado por el Consejo de Estado, introduciendo una serie de modificaciones.
Para la definición de sus contenidos y para su aprobación, no se consideraron instancias de participación ciudadana, salvo su ratificación por el pueblo mediante un plebiscito convocado por la Junta Militar. En un Chile donde no había libertad de expresión, sin acceso adecuado a los medios de comunicación y en especial a la televisión, sin registros electorales y en ausencia del más mínimo control objetivo sobre los escrutinios, este plebiscito carecía de toda legitimidad.
En una declaración publicada el 13 de agosto, el “Grupo de los 24” denunció que el plebiscito tenía “por objeto perpetuar la autocracia que encabezaba el general Pinochet y lograr su permanencia indefinida en el poder hasta completar un cuarto de siglo de gobierno dictatorial”.
Manifestando su total rechazo al plebiscito, el 9 de septiembre el Comité Directivo del Grupo de Estudios Constitucionales formuló una declaración haciendo “un llamado a todos los chilenos libres a contraer un solemne compromiso por la democracia. Tal compromiso significa, fundamentalmente, preferir el Estado de derecho al régimen de fuerza; distribuir el ejercicio del poder en órganos distintivos, en vez de una sola autoridad omnipotente y arbitraria; renovar periódicamente a los gobernantes mediante sufragio universal, libre, secreto e informado; garantizar la participación individual y organizada de todos los miembros de la sociedad en las decisiones colectivas; promover la justicia y la igualdad en el orden económico, social y cultural.
El plebiscito se realizó el 11 de septiembre de 1980. Según los datos oficiales que el gobierno entregó al país, votaron poco más de seis millones de personas: 67% por el SÍ y 30% por el NO.
Al día siguiente, el “Grupo de los 24” hizo la siguiente declaración: “Valoramos que, a pesar del fraude, el monopolio de la televisión, las campañas de terror y el miedo imperante, más de dos millones de chilenos se hayan atrevido a ponerse de pie para recuperar la dignidad de Chile. Reiteramos nuestro llamado a todos los chilenos a contraer el Compromiso por la Democracia”.
A partir de noviembre de 1980, la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales se dedicó a analizar en detalle el contenido de la Constitución Política.
El análisis sobre la Constitución de 1980 está contenido en las siguientes actas de sesiones de la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales:
Ad portas de su entrada en vigencia, a comienzos de marzo de 1981 el Grupo hizo públicas sus críticas a la Carta Fundamental, dándolas a conocer en un documento titulado Las críticas del Grupo de los 24, en cuya parte introductoria señala:
“La nueva Constitución rechaza el sistema representativo de gobierno, desconoce el derecho natural y exclusivo del pueblo para gobernarse, niega el pluralismo ideológico, establece un régimen político y militarista, implanta un verdadero cesarismo presidencial, minimiza al Parlamento, transforma al Tribunal Constitucional en un organismo burocrático, carente de representatividad popular y más poderoso que el Congreso, otorga un poder ilimitado a las Fuerzas Armadas, subordina la vigencia de los derechos humanos fundamentales al arbitrio de gobierno y se identifica, en lo económico, con el capitalismo individualista de libre mercado. Además, dadas las exigencias que impone para eventuales reformas constitucionales, perpetúa un determinado régimen político, económico y social, que resulta prácticamente imposible de modificar. De esta manera, la Constitución de la Junta Militar niega la democracia y -lo que es más grave- cierra los caminos para instaurar la democracia dentro de la legalidad que ella consagra”.
El 11 de marzo de 1981 entró en vigencia la nueva Constitución. Ese mismo día, con gran solemnidad, el general Pinochet prestó juramento como presidente de la República y reinauguró La Moneda.
El 19 de marzo, en su sesión nro. 156, la Comisión Permanente del Grupo de Estudios Constitucionales definió sus tareas futuras, entre las que estuvo la de continuar y finalizar una propuesta de texto constitucional.
En 1983 el Grupo de Estudios Constitucionales dio a conocer el documento Proyecto de Constitución Política para Chile, que contenía los acuerdos alcanzados en todas las materias que hasta ese momento habían sido revisadas por sus integrantes y asesores externos.
En sus 93 páginas, el proyecto revela la consistencia del trabajo realizado por el Grupo y su capacidad técnica y humana para dejar establecidas las bases de un orden constitucional que los representara, más que en sus creencias y aspiraciones individuales, en el hecho de ser hijos de una misma patria que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la dignidad de la persona, la libertad, la justicia, la igualdad, el pluralismo político y la paz.
Proyecto de Constitución Política de la República de Chile, 1983