Epílogo

El 28 de octubre de 2003 el presidente Lagos recibió el Informe final de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, cuyo trabajo definió como el “esfuerzo plural más grande que hemos hecho para intentar comprender mejor nuestra historia”.

Junto con agradecer a cada uno de los comisionados, el mandatario comunicó que en veinte días daría a conocer varias políticas públicas sobre la base de las sugerencias de la comisión.

El 16 de abril de 2004, el gobierno presentó la denominada “Política indígena de nuevo trato”, que contemplaba tres lineamientos estratégicos: 1) el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas; 2) el desarrollo con identidad; y 3) el fortalecimiento e introducción de eficiencia en el sector público.

Política indígena de nuevo trato.

Para cada una de estas líneas, se presentaron diversos proyectos que, en su mayor parte, estuvieron centrados en fortalecer la “Ley Indígena”, los programas sectoriales impulsados desde CONADI y el Programa Orígenes.

Sin embargo, el gobierno hizo caso omiso de las transformaciones jurídicas sugeridas por la CVHNT a fin de establecer un nuevo marco de relación entre el Estado y los pueblos indígenas. Ello en particular, respecto al fortalecimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre la tierra y sobre los recursos naturales, así como en lo relativo al reconocimiento de sus derechos políticos y de participación.

El gobierno de Lagos, lejos de poner freno a los proyectos de inversión privada en territorios indígenas, no solo siguió otorgándoles su aval, sino que continuó también con la criminalización de la protesta indígena iniciada durante la administración Frei, llegando a aplicar la Ley N°18.314, que determina conductas terroristas y fija su penalidad, para castigar a personas y dirigentes mapuches.

Los gobiernos que se han sucedido hasta la fecha han continuado formando comisiones especiales, consejos asesores y mesas de diálogos. Han invertido tiempo y dinero en diseñar nuevos planes para abordar el mal llamado “conflicto” con los pueblos originarios. Incluso, algunos han creado la figura especial del comisionado o del delegado presidencial. Sus diagnósticos son muy similares a aquél que la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato evidenció en la primera parte de su Informe final, y sus propuestas, en su mayor parte reiteran aquellas que están contenidas en la segunda parte de este Informe.

Es por ello que invitamos a todos los chilenos, y en especial a quienes tienen mayor vinculación con la temática indígena en su más amplio sentido, a leer el Informe de la CVHNT que aquí hemos reseñado. Su análisis no ha perdido vigencia y sus propuestas son un buen punto de partida para el diseño de un camino de reparación que dé garantías de no repetición y que esté en sintonía con la “Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, del 13 de septiembre de 2007, y la “Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas”, de junio de 2016.