MAYOR EQUIDAD Y CALIDAD EN LA EDUCACIÓN. EL DESAFÍO QUE ASUMIÓ EL GOBIERNO DE PATRICIO AYLWIN.

Al asumir gobierno de Patricio Aylwin, la educación chilena exhibía logros en la cobertura, el aumento en la escolaridad promedio de los chilenos y la reducción del analfabetismo. Sin embargo, el diagnóstico en materia educacional dejaba mucho que desear en aspectos más sustanciales.

Primero, la calidad de la enseñanza; en 1989 se calculaba que un tercio de los escolares nunca aprendían a leer y escribir, o a realizar las cuatro operaciones matemáticas básicas, y que solo el 30% de los niños que ingresaban a la enseñanza básica llegaba al término de la educación media.

Segundo, existía una alta desigualdad entre los distintos tipos de establecimientos; el Simce aplicado a los 4tos años básicos en 1988 mostró que los alumnos de ese nivel pertenecientes a escuelas municipalizadas habían alcanzado cerca del 50% de los objetivos educacionales buscados, contra el 75% logrado en los establecimientos particulares.

Tercero, la disminución de los recursos estatales destinados a materias educativas. Mientras en 1970 el sector educación gastaba el 4,18 por ciento del producto geográfico bruto, en 1988 había reducido su participación al 2,7 por ciento, quebrándose bajo la dictadura la línea ascendente de inversión en educación que venía desde 1938 e iba en directo beneficio de los sectores más necesitados.

Cuarto, la “municipalización” de escuelas iniciada en 1986 no estaba dando los frutos que se anunciaron en su origen respecto a la disminución de la brecha entre establecimientos municipalizados y privados subvencionados. Además, en muchos casos, este sistema impedía la participación de la comunidad escolar, actuando de manera poco transparente y arbitraria.

Quinto, las condiciones en que se ejercía la función docente habían sufrido un grave deterioro en todos los niveles de la enseñanza. En 1981 las remuneraciones del profesorado se vieron disminuidas entre un 20% y un 38% en términos reales con respecto al año 1972. 

Frente a este cuadro, no resulta extraño que en una encuesta realizada en julio de 1988 en la Región Metropolitana, el 72,9% de los encuestados opinó que el sistema educacional implementado por la dictadura debía ser reformado.

Declaración de la Comisión de Educación de la Concertación de Partido por la Democracia, septiembre de 1989.

Minuta educación, octubre de 1989.

Consciente de lo grave de la situación, el Programa de gobierno de la Concertación fijó entre sus prioridades velar por la calidad y equidad en materia educacional.

“El desarrollo de una educación de calidad supone situar al centro de la preocupación pública el saber transmitido por las instituciones educacionales, los lenguajes a que ellas dan acceso y su pertinencia y significación social… el gobierno orientará sus esfuerzos de acuerdo a un nuevo gran objetivo educacional: el logro de crecientes niveles de equidad en la distribución del saber que organizan y transmiten los diversos niveles del sistema”.

Para el cumplimiento de este objetivo, el Programa propuso la “reconstrucción de un sistema nacional de educación”. Este debería ser centralizado en la fijación de su política, orientación y metas, pero descentralizado y desconcentrado en su operación y gestión, procurando rectificar las distorsiones causadas por la municipalización y alentado el financiamiento privado para la educación, en particular para los programas de capacitación y formación en el trabajo.

Junto con ratificar el principio constitucional de libertad de enseñanza, el Programa de gobierno definió una serie de principios orientadores en materia educacional: 1) la educación como un derecho para todos, no como un privilegio para algunos; 2) la educación es una tarea nacional, que recae en el conjunto de la sociedad, en la que deben participar de forma responsable los educadores y educandos, las familias, el Estado, las instituciones religiosas y actores del campo intelectual, cultural y científico; 3) el rol del Estado se concentrará en asegurar el derecho a la educación, mediante la creación de condiciones para una creciente igualdad de oportunidades, comprometiéndose a cumplir un rol conductor y activo, orientado a promover la unidad del sistema en un marco de creciente descentralización, mediante el ejercicio de funciones de orientación, planificación y supervisión; y 4) el objetivo del gobierno durante su administración será garantizar una educación universal, de calidad y gratuita en el nivel básico, mientras que en los demás niveles se buscará un aumento gradual de la cobertura y de la calidad.

A estos principios orientadores, el Programa agregó tres principios que caracterizaron todas las iniciativas que durante el gobierno de Aylwin se realizaron en materia educacional: 1) la participación de la comunidad escolar, local y regional para reforzar las relaciones entre los establecimientos y su entorno, y facilitar el rol profesional de los directivos y docentes, con la colaboración de los padres, garantizando siempre la autonomía de los establecimientos; 2) la calidad de la educación. Con este principio quiso situar en el centro de las políticas educacionales la calidad, la pertinencia y la significación social de los saberes que se transmiten en los establecimientos educacionales. Esta condición –se afirmaba— era esencial para posibilitar el desarrollo pleno de personas y su integración activa y reflexiva a la sociedad, la economía, la política y la cultura; y 3) el principio de equidad de la educación, que implicaba que la educación preescolar, básica y media serían gratuitas para todos aquellos que no estuviesen en condiciones de pagarla.

Dentro de este marco, se propusieron diversos programas específicos para todos los niveles de enseñanza, incluida la educación técnica y no formal; y el mejoramiento y dignificación de la función docente.

Programa de gobierno de la Concertación.

Más y mejor educación para la gente.

En su primer mensaje al Congreso Nacional, el presidente Aylwin ratificó el interés de su gobierno en dar prioridad a la educación:

“No habrá una sociedad democrática y moderna en Chile si desde ahora no formamos y preparamos para ello a las nuevas generaciones, y si no damos las mismas oportunidades de acceso a una educación de calidad a todos nuestros niños y jóvenes, los hoy privilegiados y los hoy desposeídos. Ambos compartirán el Chile del siglo XXI y aportarán positivamente al desarrollo del país si reciben una educación que les permita comprender y participar en la sociedad moderna y democrática”.

Mensaje del presidente Patricio Aylwin al Congreso Nacional, 21 de mayo de 1990.

El 13 de marzo de 1990 el ministro de Educación Ricardo Lagos, inauguró en la escuela F N°134 de Conchalí oficialmente el Programa de Mejoramiento de Calidad de Escuelas Básicas de Sectores Pobres, P-900, convirtiéndose en la primera acción de política educativa en democracia.

El P-900 había sido diseñado por la Comisión de Educación que trabajó en el Programa de gobierno y contó con apoyo económico de los gobiernos de Suecia y Dinamarca. Consistía en trabajar con el 10% de las escuelas que tenían más bajo rendimiento en el país y una situación económica desmedrada del alumnado.

Sus ejes centrales fueron: 1) el mejoramiento cualitativo de la educación de 1er a 4to grado; 2) una mayor equidad en la distribución de la educación, aplicando una lógica de discriminación positiva; y 3) la educación es tarea de todos. El Estado es conductor de un proceso al cual llama a participar a toda la comunidad nacional.

Se escogieron las 969 escuelas más pobres de Chile, identificadas como muy pobres también en términos de sus rendimientos escolares. En cada una de ellas se mejoró la infraestructura, se entregaron textos escolares, bibliotecas de aula y material didáctico, se realizaron talleres de perfeccionamiento para el profesorado y de aprendizaje para alumnos que presentaban atraso escolar.

El año 1991 fueron casi 1300 nuevas escuelas las beneficiarias de este programa, además de 107 escuelas rurales de las regiones IX y X. Con estas últimas se trabajó adaptando el programa a la precaria realidad de estos establecimientos que, en muchos casos, apenas contaban con uno o dos profesores.

A partir de 1992, el gobierno obtuvo financiamiento internacional del Banco Mundial y se puso en práctica el Programa de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación, el MECE, que asumió los desafíos del Programa de las 900 escuelas.

El P-900 y el P-rural hicieron posible que las escuelas básicas urbanas y rurales contasen con mejor infraestructura, equipamiento y recursos educativos; con directivos y docentes más capacitados o con acceso a espacios de formación continua. Por su parte, el rendimiento promedio de dichas escuelas se vio incrementado respecto de establecimiento educacionales municipales.

El Programa de las 900 escuelas (pp. 62 y siguientes)

Al asumir en marzo de 1990, el gobierno pidió la renuncia a todos los rectores delegados que habían sido nombrados por la dictadura y se democratizaron las universidades estatales, retomándose un estilo de diálogo y respeto mutuo.

En una iniciativa impulsada por Ricardo Lagos E., ministro de Educación de aquel entonces, el 3 de mayo de 1990 fue promulgado el Decreto 529 mediante el cual se creó la Comisión de Estudios de Educación Superior que debía, primero, estudiar y proponer las modificaciones que se estimase necesario introducir a la legislación vigente en la enseñanza superior y, segundo, elaborar y presentar las bases para una política de desarrollo al respecto.

Discurso del presidente Patricio Aylwin en la ceremonia de constitución de la Comisión de Estudios de Educación Superior.

Liderada por el académico José Joaquín Brunner e integrada por representantes de las principales concepciones y opiniones existentes en el país sobre la materia, la Comisión comenzó su trabajo en julio de 1990, cumpliendo su primer objetivo en noviembre de ese año, momento en que entregó al presidente Aylwin un documento con las bases de un proyecto de ley general para la educación superior.

En marzo del año siguiente, la Comisión cumplió con su segundo cometido: la entrega de un extenso documento que proponía una política para el desarrollo de la educación superior durante la década de los noventa.

Los objetivos de dicha propuesta eran: 1) consolidar la base institucional de la educación superior; 2) impulsar un desarrollo cualitativo de la matrícula; 3) asegurar la calidad y equidad del sistema; 4) fomentar la investigación científica y la creación cultural; 5) incrementar y diversificar el financiamiento; y 6) perfeccionar el marco legislativo.

Informe de la Comisión de Estudios de Educación Superior, marzo de 1991.

El 15 de octubre de 1990 el presidente Aylwin envió a la Cámara de Diputados el Proyecto de ley que establecía nuevas normas para el estatuto docente.

El proyecto había sido elaborado por el gobierno, con la participación de miembros del Colegio de Profesores y diversas personalidades del ámbito educacional. El debate no había sido fácil y en sucesivas ocasiones el gremio defendió su postura de volver al modelo del “Estado Docente”. Incluso, dentro del propio gobierno, los ministerios de Hacienda y Educación se vieron enfrentados por temas financieros. Finalmente, en octubre se llegó a un consenso.

Informe de análisis de la Secretaría General de la Presidencia, junio 1990.

En su mensaje a la Cámara, el primer mandatario afirmó: “Se hace absolutamente necesario enfrentar los problemas que afectan al profesorado, ya que sin un mejoramiento de la condición docente, ninguna política de elevación de la calidad de la enseñanza puede realizarse a plenitud, ni tampoco podría hablarse de equidad en la educación mientras persistan las fuertes desigualdades en la forma como la sociedad chilena retribuye el esfuerzo de los educadores. No se debe olvidar que el profesor de aula es el alma de cualquier sistema educacional”.

Mensaje del presidente Aylwin al enviar el Proyecto de ley que establece normas para el Estatuto docente, 15 de octubre 1990.

Discurso del Presidente Aylwin en firma de Proyecto de ley que establece nuevas normas para el Estatuto docente, 15 de octubre 1990.

El 27 de junio de 1991 fue promulgada la Ley 19.070, Aprueba estatuto de los profesionales de la educación. En la ceremonia, el presidente Aylwin advirtió que, “indudablemente, esta ley no resuelve todos los problemas de los profesores, nada en la vida se consigue de un día para otro, las cosas marchan por etapas, pero creo que constituye un progreso enorme que los profesores tengan una legislación que regula su carrera profesional… Desde el punto de vista de la remuneración, no es sin duda la solución del problema de los profesores, de inmediato, pero constituye un cauce que va claramente marcando una tendencia y que, para muchos, significará un mejoramiento substancial”.

Agregó a continuación: “yo le asigno extraordinaria importancia a las normas del Estatuto en lo que se refiere a la participación. El Estatuto consagra la participación de los profesores, a través de los Consejos de Profesores, como partes activas de la conducción del proceso educacional. El profesor no es un mero empleado o funcionario que repite la lección, cumpliendo órdenes que recibe de la dirección superior del establecimiento.  El profesor es partícipe en la conducción del establecimiento, en la orientación de la enseñanza, en la solución de los problemas que la compleja vida de la escolaridad presenta cada día.  Y esto tiene mucha importancia, tanto para su dignificación como para el enriquecimiento de la tarea educacional”.

Discurso del presidente Patricio Aylwin en ceremonia de promulgación del Estatuto docente, 27 de junio 1991.

Ley 19.070 Aprueba Estatuto de los profesionales de la educación.

En un contexto de cambio, en el que nuevos sectores sociales se incorporaban a la educación superior, el año 1991 se crearon las Becas MINEDUC, el primer programa de becas de carácter masivo, orientado a estudiantes meritorios de bajos ingresos que ingresaran a universidades del CRUCH.

Al referirse a esta iniciativa, el presidente Aylwin señaló: “Nos interesa especialmente que todos los jóvenes chilenos que tienen méritos para llegar a la universidad, por su capacidad y, óiganlo bien, por su empeño, el empeño propio, no cuñas ni el empeño ajeno, sino que por sus merecimientos, porque se tiene talento y porque, al mismo tiempo, se tiene voluntad y disciplina para trabajar y estudiar. Con el fin de permitir que todos puedan ir a la universidad, los que cumplan estas condiciones, aunque no tengan recursos para pagar, hemos establecido, a partir de este año, un programa de becas universitarias. Aparte de las 300 becas universitarias y profesionales para estudiantes indígenas, este año otorgaremos 5.000 becas para estudiantes universitarios de escasos recursos. Esas becas se distribuirán entre las distintas universidades, equitativamente, y se otorgarán exclusivamente en atención a los méritos y a la difícil situación económica de los postulantes, sin ninguna otra consideración.  El estudiante que no tenga recursos y que tenga méritos, podrá ser seleccionado y los 5 mil mejores tendrán esta beca.»

Discurso del presidente Patricio Aylwin en encuentro con jóvenes de la IX Región de la Araucanía, 19 de enero 1991.

A fines de 1991 se puso en funcionamiento el Programa MECE Básica. Sus objetivos eran mejorar la calidad y elevar los promedios nacionales de aprendizaje en la Educación Básica, así como la equidad de su distribución; ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la Educación Preescolar; mejorar la capacidad de gestión del Ministerio de Educación; y evaluar alternativas de reformas institucionales y curriculares en la Educación Media, orientadas a la mejora de su pertinencia, calidad y equidad.

En su componente rural –Programa MECE Básica Rural– buscaba especialmente disminuir el aislamiento de los docentes, actualizar y hacer pertinente el currículo a la realidad.

En su conjunto, el Programa MECE constaba de cuatro componentes (preescolar, educación básica, educación media y fortalecimiento institucional) y 26 líneas de acción, sumando recursos por un total de US$ 243 millones en seis años, de los cuales 170 millones correspondieron a un préstamo del Banco Mundial, siendo el primer programa educativo de esa magnitud tras dos décadas.

Orientaciones básicas, objetivos y componentes del Programa MECE

El Programa MECE.

A este programa se fueron sumando nuevas iniciativas, como los Proyectos de Mejoramiento Educativo (PME), destinados a apoyar iniciativas de enseñanza innovadoras a nivel del aula o situaciones similares, y la implementación del Proyecto Enlaces, orientado a incorporar la informática educativa a la escuela.

A juicio de los expertos en la materia, desde una mirada retrospectiva, los programas de mejoramiento educacional que se iniciaron con el gobierno de Patricio Aylwin, abordaron los problemas de calidad y equidad educativas mediante una combinación de inversiones y estrategias que intentaban reponer el rol activo del Estado en el marco del sistema de mercado configurado en los 80.

Su mayor éxito estuvo en generar los procesos de cambio escolar que propiciaban, como instalar prácticas de trabajo colectivo docente, equipar los establecimientos con nuevos recursos de aprendizaje y diversificar las metodologías de enseñanza, especialmente por la vía del uso de dichos recursos en el aula. Sin embargo, no lograron impactar al conjunto del sistema escolar de un modo significativo, principalmente porque operaron en contextos institucionales que no eran capaces de modificar y que, muchas veces, jugaban en contra de los cambios requeridos.

En diciembre de 1993, tras dos años de implementación del Programa MECE, el presidente Aylwin reconocía esta situación:

“Yo tengo claro que nuestro sistema educacional está atrasado; no es bueno; tenemos mucho que hacer en la materia, pero también eso significa meter mucha plata.  Por eso hemos empezado por tratar de corregir las deficiencias más graves en los sectores más atrasados. De ahí el Programa de Mejoramiento de la Calidad y la Equidad de la Educación, Programa MECE, que significa dotar de más recursos, proporcionar material didáctico, aumentar el auxilio escolar en desayunos y almuerzos, en las escuelas más pobres. Porque es muy trágico ver que el rendimiento de las escuelas de los ricos es muy alto y el rendimiento de las escuelas de los pobres es muy bajo. Entonces, hay que tratar de elevar el rendimiento de todas las escuelas, especialmente de los sectores más pobres, para que se puedan capacitar tanto como se pueden capacitar los hijos de los ricos.

Es un esfuerzo; no hemos llegado a la meta, estamos empezando. Un cambio completo en el sistema educacional para que sea realmente eficiente debe requerir por lo menos 10 a 15 años. Llevamos 3 años y poco más de trabajo en esta línea, pero estamos tratando de avanzar: que todos los niños de Chile tengan posibilidad de una buena educación, tanto a nivel básico como a nivel medio, como a nivel superior, universitario.  Pero no todos han de llegar a la universidad, y entonces es importante que haya Escuelas Técnico-Profesionales, de tal manera que en el nivel medio muchos aprendan un oficio que les permita salir, a los 16, 17 años, en condiciones de ganarse la vida, sabiendo qué hacer y siendo eficientes, y haya cursos posteriores de perfeccionamiento o de capacitación para mejorar su rendimiento y saber más.  El saber es fundamental; mientras más sabe una persona, más capaz va a ser de afrontar la vida con éxito, de servirse a sí mismo y servir a sus semejantes”.

Intervención del presidente Patricio Aylwin en jornadas de formación y recreación de la Corporación Cultural y de Educación “Juan Diego de Guadalupe”, 4 de diciembre 1993.

La Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), publicada el 10 de marzo de 1990 -último día que gobernó Augusto Pinochet-, establecía la exigencia de que el presidente de la República definiera los objetivos fundamentales para cada uno de los años de estudio de las enseñanzas básica y media, como asimismo los contenidos mínimos obligatorios que facilitaran el logro de los objetivos formulados, a través de un decreto supremo, previo informe favorable del Consejo Superior de Educación (Art 18).

En cumplimiento de esta obligación, en marzo de 1992 el Ministerio de Educación sometió a la consideración del Consejo Superior de Educación una propuesta de Objetivos Fundamentales y Contenidos Mínimos, previamente discutida y analizada con diversos agentes educativos (una propuesta tentativa había sido presentada sin publicidad en noviembre de 1990). Esta consulta, hecha a diversos sectores particularmente interesados en la materia, no estaba contemplada en el texto de la LOCE y fue una de las cuestiones recomendadas por el Consejo Superior de Educación al pronunciarse sobre la propuesta tentativa.

El documento fue enviado asimismo a una serie de instituciones representativas del país, entre las cuales había algunas universidades, el Colegio de Profesores, la Iglesia Católica, la Confederación de la Producción y del Comercio, las Fuerzas Armadas, la Masonería, el SERNAM, el Foro de Instituciones de Educación y Derechos Humanos, el Centro de Estudios Públicos, el Comité Representativo de las entidades Judías de Chile, la Federación de Instituciones de Educación Particular, FIDE, y el Senado de la República.

Hubo diversas reacciones, comentarios e inserciones en la prensa en las que se presentaban las diferentes posturas, algunas de las cuales se mostraron muy críticas, acusando que el Estado no podía entrometerse en temas éticos y sociales; que les correspondía a los establecimientos y no al Estado la definición de los valores; que no se incluían objetivos asociados a la valoración del libre mercado y la competitividad; que se enfatizaban los objetivos del dominio afectivo por sobre los cognitivos; y que había una carencia de una jerarquía axiológica.

Informe de análisis de la Secretaría General de la Presidencia, septiembre 1992.

El debate se prolongó más allá del gobierno de Aylwin. En enero de 1996 se promulgó el Decreto 40 del Ministerio de Educación que estableció los objetivos fundamentales y contenidos mínimos obligatorios para la Educación Básica y recién, en mayo de 1998, fueron aprobados para la Enseñanza Media, mediante el Decreto 220.

El 16 de marzo de 1993 el presidente Aylwin envió a la Cámara el Proyecto de ley que modificaba de manera sustancial la Ley 18.591 y establecía el Fondo Solidario de Crédito Universitario, que buscaba poner el énfasis en las características solidarias que debía caracterizar al mecanismo encargado de asignar los créditos estudiantiles.

En su mensaje, el presidente Aylwin destacó que “una de las ideas fundamentales de este proyecto es que el acceso y la permanencia en la educación superior no sean limitados por la condición socio-económica del estudiante. El financiamiento público debe, pues, propender a la equidad y, además, ser eficaz socialmente. Se trata de incorporar a los estudiantes más capaces para mejorar la formación de capital humano”.

El 24 de enero de 1994 fue promulgada la Ley 19.287 de Fondos Solidarios de Crédito Universitario, que benefició directamente a las universidades regionales, donde estaba el mayor porcentaje de  alumnos con ingresos más bajos.

Mensaje del presidente Aylwin al enviar el Proyecto de ley que modifica de manera sustancial la Ley 18.591 y establece el Fondo Solidario de Crédito Universitario, 16 de marzo 1993.

Ley 19.287 de Fondos Solidarios de Crédito Universitario, 24 de enero 1994.

El 21 de mayo de 1992, en su cuenta pública al Congreso Nacional, el presidente Aylwin estimó “indispensable una reforma sustantiva de Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, LOCE, que junto con reconocer sus aciertos corrija sus vacíos y omisiones”. 

Agregó que el proyecto había sido elaborado “luego de un cuidadoso y detenido período de estudio, dentro del cual se ha procurado conocer la opinión de personas que provienen de los más variados ámbitos de la vida nacional y dirigentes representativos de los distintos sectores.  Especialmente valioso resultó a estos propósitos el informe preparado por la Comisión de Estudios de la Educación Superior, en lo que respecta a dicho nivel educacional”, y señaló que sería enviado al Congreso Nacional dentro del período de legislatura ordinaria de ese año.

“Estamos convencidos que en una materia de tanta trascendencia lo que debe quedar expresado es, en último término, un marco de reglas estables que favorezca el aporte creativo de los distintos sectores a las grandes tareas educativas, conjugando armónicamente el ejercicio de las libertades con el resguardo de la fe pública, desde los niveles de enseñanza parvularia hasta el superior”.

Mensaje del presidente Patricio Aylwin al Congreso Nacional, 21 de mayo de 1992.

Cumpliendo lo anunciado, el 10 de septiembre de 1992, el presidente Aylwin envió a la Cámara de Diputados el Proyecto de ley que modifica la Ley 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza.

Las ideas fundamentales del proyecto eran: 1) El proyecto establece objetivos generales de la educación para sus niveles parvulario, básico y medio, hacia los cuales se deben orientar los procesos educativos de dichos niveles, con respeto de la diversidad existente. Se trata de un conjunto de orientaciones que, por su naturaleza amplia y global, trascienden un nivel determinado y son comunes a todos los niveles señalados; 2) Se precisa la responsabilidad estatal en un régimen de libertad de enseñanza, la cual consiste en otorgar especial protección al ejercicio del derecho a la educación, mediante la exigencia de las normas mínimas necesarias que garantizan la seriedad de las instituciones que ofrecen servicios educacionales; 3) Se favorece la igualdad de oportunidades en materia educacional, adecuándose a las necesidades del mundo contemporáneo, al establecer que el Estado propenderá a garantizar años de escolaridad mínima a todos los chilenos y a proteger el libre e igualitario acceso a todos los niveles de la enseñanza; 4) Se articula de mejor forma los distintos niveles de la educación: parvulario, básico, medio y superior, introduciendo definiciones para aquellos que no estaban configurados en la ley actual. Se reconoce explícitamente el nivel parvulario, como primer nivel del proceso educativo formal. En la modalidad técnico—profesional de nivel medio, se incorporan disposiciones expresas para favorecer que los egresados de dicha modalidad puedan incorporarse productivamente al mundo del trabajo o proseguir estudios en forma recurrente; 5) En materia de enseñanza superior se realiza una reforma sustantiva, a fin de consagrar una concepción moderna de la misma, con apoyo en las tradiciones y las características propias del sistema en su realidad actual. En esta parte, el proyecto se ha elaborado teniendo en especial consideración las proposiciones de la Comisión de Estudios para la Enseñanza Superior, el debate generado al conocerse públicamente dicha propuesta y la experiencia acumulada luego de dos y medio años de gobierno; y 6) Se establece un Título especial relativo al Consejo Superior de Educación, concebido como órgano técnico autónomo, con competencias específicas. Sus atribuciones dicen relación tanto con la enseñanza superior, como con los demás niveles de enseñanza. La composición del Consejo y la forma de designación de sus integrantes, asegura la independencia de este organismo. Asimismo, se contempla una mayor participación de personas vinculadas a los diversos tipos de instituciones reconocidas y a los distintos niveles de enseñanza.

Mensaje de S.E. el presidente de la República con el que inicia un Proyecto de Ley que modifica la Ley N°18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE), 10 de septiembre  1992.

Sin embargo, las propuestas de perfeccionamiento integral al marco orgánico constitucional en materia educacional, no tuvieron eco en el Congreso Nacional y el gobierno del presidente Aylwin debió conformarse con realizar ajustes menores y utilizar al máximo posible los instrumentos administrativos.

Así lo reconoció en su último mensaje al Congreso Nacional, al señalar: “Hace algunos meses el gobierno envió también a la Cámara un proyecto amplio de modificaciones a la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza, como una manera de perfeccionar el marco de regulaciones públicas en educación, en todos sus niveles e incluyendo la educación parvularia. El conjunto de las materias involucradas debe ser, por su trascendencia y complejidad, detenidamente estudiadas en el Congreso, siendo indispensable alcanzar un amplio consenso en una materia de vital importancia para el futuro del país. Por otra parte, existen algunas materias, referidas a la educación superior, cuya resolución es necesario alcanzar a corto plazo. Por tal motivo, el Ejecutivo acordó no renovar, por ahora, la urgencia al proyecto que modifica la LOCE y enviará próximamente al Congreso un nuevo proyecto de ley referido exclusivamente a la educación superior, con el objeto de que pueda ser despachado en un plazo menor”.

Mensaje del presidente Patricio Aylwin al Congreso Nacional, 21 de mayo de 1993.

Probablemente, si el Congreso se hubiera allanado a deliberar en torno a estas propuestas, nuestro país se podría haber evitado la alta conflictividad que hoy día existe en el sector de la educación superior, en materia de gobernabilidad, institucionalidad, financiamiento, calidad y fe pública.