COLECCIÓN MUSEOGRÁFICA FUNDACIÓN AYLWIN – OBJETO DEL MES
En febrero de 1991 el presidente Patricio Aylwin recibió de manos de Raúl Rettig los 6 tomos del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
El 24 de abril de 1990 se constituyó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que sería conocida como Comisión Rettig, por el nombre de quien la presidió, el abogado Raúl Rettig.
Luego de 291 días de trabajo, el 8 de febrero de 1991, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación entregó al presidente de la República Patricio Aylwin el resultado de su investigación, disolviéndose en ese mismo acto según las disposiciones que la habían creado, no sin antes enviar a los tribunales de justicia todos los antecedentes que revestían características de una inhumación ilegal, o bien, que aportaban novedad y relevancia para futuras investigaciones judiciales.
Al término de la ceremonia, el primer mandatario pronunció un breve discurso en que, junto con agradecer el trabajo realizado por la Comisión, dejó constancia ante el país “de la absoluta independencia con que la Comisión ha realizado todo su trabajo, en forma reservada, sin interferencias de ninguna especie. (…) Trabajando silenciosa y desinteresadamente, han dado un ejemplo de espíritu público y de responsabilidad cívica.”
El Informe Rettig, empastado en 6 gruesos tomos, comienza explicando la necesidad de su trabajo, su extensión y cobertura. En segundo lugar, define los conceptos sobre los cuales se hicieron las investigaciones y el posterior análisis, dando cuenta de las normas de derecho internacional y nacional por las cuales las víctimas se consideran sujetos de violación de derechos humanos o de violencia política. Luego, describe el cuadro histórico que rodeó al 11 de septiembre de 1973, los primeros meses del régimen militar y el marco jurídico existente.
En el cuadro histórico, el Informe puso de relieve la intensa polarización a que había llegado la sociedad chilena en los comienzos de la década de 1970; “La crisis de 1973, en general, puede ser descrita como una aguda polarización a dos bandos -gubernativo y opositores – en las posturas políticas del mundo civil. Ninguno de estos bandos logró (ni probablemente quiso) transigir con el otro, y en cada uno de ellos hubo incluso sectores que estimaban preferible, a cualquier transacción, el enfrentamiento armado.”
A continuación, el Informe incluye tres partes cronológicas, en cada una de las cuales se abordan las violaciones a los derechos humanos de responsabilidad del Estado, por actos de sus agentes o personas a su servicio, con resultado de muerte o desaparición.
La primera parte corresponde al “periodo de consolidación del régimen militar”, que va desde el 11 de septiembre al 31 de diciembre de 1973. Se afirma que, a las 48 horas de ocurrido el golpe militar, el país estaba completamente controlado por las Fuerzas Armadas y de Orden, desechándose, por tanto, la tesis de la guerra civil.
La segunda parte, de enero de 1974 a agosto de 1977, periodo marcado por la represión política liderada por la Dina y en que se produjo el más alto número de desapariciones forzadas que, en su mayoría, respondieron a “un patrón de planificación previa y coordinación central que revelan, en su conjunto, una voluntad de exterminio de determinadas categorías de personas: aquéllas a quienes se atribuía un alto grado de peligrosidad política.”
La tercera parte, que va desde agosto de 1977 a marzo de 1990, podría ser calificada, a juicio del Informe, como el periodo “post-Dina”; durante estos años las acciones represivas o de contrainsurgencia, con resultado de muerte, estuvieron a cargo de la Central Nacional de Informaciones, CNI. Por otra parte, la acción opositora, encabezada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, tuvo como resultado graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la muerte de las víctimas.
Cumpliendo con lo mandatado en el decreto que la había creado, los siguientes capítulos del Informe incluyen un análisis sobre los efectos familiares y sociales de las más graves violaciones a los derechos humanos; propuestas de reivindicación y reparación de carácter simbólico, legal, administrativo y de bienestar social; y sugerencias para el respeto y vigencia de los derechos humanos.
Al concluir el Informe, los comisionados expresaron que su sola lectura “será difícil para muchos. Sentimientos encontrados han de surgir. Problemas de hechos y de interpretación tendrán siempre un lugar inevitable, honesto y justo. El Informe responderá por sí mismo. Mas, una cosa, creemos, nadie podrá negar. Chile vivió una tragedia desgarradora (…) La hondura de estos dolores debe ser conocida. No se puede ocultarlos o abandonarlos al comentario impreciso, a la disminución o incluso exageración. (…) Confiamos que quien lea este Informe acogerá el valor de esta frase que dice: ¡Nunca más!”
El presidente Aylwin dedicó sus vacaciones a realizar una exhaustiva lectura al Informe que le había sido entregado. Los volúmenes que recibió y que hoy son parte de la colección museográfica de la Fundación Patricio Aylwin, están subrayados con regla y lápiz pasta rojo.
Conoce más sobre la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y el Informe Rettig en nuestro minisitio “El presidente Aylwin da a conocer el Informe Rettig”