Hitos del gobierno de Patricio Aylwin
“Es deber ineludible del Estado emprender las acciones y destinar los recursos necesarios para dotar al país de la infraestructura pública indispensable para su progreso y modernidad, como asimismo para satisfacer adecuadamente necesidades básicas de la población”.
(Extracto del discurso al dar a conocer el Programa de Inversión Pública en Infraestructura, 30 de agosto 1991)
30 de Agosto de 1991
Hace 30 años.
El presidente Patricio Aylwin da a conocer el Programa Nacional de Infraestructura
“Es deber ineludible del Estado emprender las acciones y destinar los recursos necesarios para dotar al país de la infraestructura pública indispensable para su progreso y modernidad, como asimismo para satisfacer adecuadamente necesidades básicas de la población”.
Extracto del discurso al dar a conocer el Programa de Inversión Pública en Infraestructura, 30 de agosto 1991.
Una infraestructura pública deficiente y los planes del nuevo Gobierno para para recuperar el terreno perdido
En su mensaje al Congreso Pleno el 21 de mayo de 1991, el presidente Aylwin se refirió a la compleja realidad que, en materia de infraestructura, había en el país y a los proyectos y programas de inversión que el Gobierno tenía contemplado implementar a través del Ministerio de Obras Públicas encabezado por el ministro Carlos Hurtado y el subsecretario Juan Enrique Miquel.
“La inversión estatal en infraestructura durante los últimos años ha sido insuficiente. Ello se constata al comparar los recursos asignados al sector con el crecimiento del país. Organismos especializados en la materia, como el Instituto de Ingenieros de Chile y la Cámara Chilena de la Construcción, han destacado la gravedad de esta situación como limitante del desarrollo nacional. Parte de esta insuficiencia se ha debido a la tendencia a reducir las inversiones públicas en infraestructura cada vez que se efectúan ajustes económicos. Pero gran parte, se ha debido también a la desconfianza por todo lo que realiza el Estado, creencia propia de las ideas ultraliberales que han predominado en la conducción económica del país. Fuimos testigos de intensas polémicas ideológicas que en muchos casos llevaron a la completa inactividad en áreas donde las inversiones no sólo eran y siguen siendo urgentes, sino extremadamente rentables para el país, como es el caso de los puertos.
Algunos ejemplos ilustran bien estas deficiencias. Entre 1970 y 1989 la población creció en cerca de un 40%; la producción, en aproximadamente 60%. En cambio, la inversión total del Ministerio de Obras Públicas disminuyó en 34%. Por otra parte, entre 1974 y 1989 la red pavimentada creció en 32%, mientras que la flota de vehículos lo hizo en 150%. Al ritmo actual de obras, nos tomará unos setenta años completar la pavimentación de nuestra red básica.
Una nueva política para el sector de infraestructura requiere, por lo tanto, un balance equilibrado de lo acontecido durante los últimos años. Es importante reconocer, porque constituye un hecho positivo, que en algunos sectores, como el portuario, el país ha podido mantenerse todo este largo período sin tener que realizar grandes inversiones, e incluso sufriendo pérdidas significativas de capacidad en sus instalaciones. Ello se debe a que se han producido mejoramientos operacionales que han incrementado de un modo notable la productividad y la capacidad tecnológica, como el uso de containers, que hace más eficiente la transferencia de la carga general, tradicionalmente la más lenta y complicada de movilizar.
En otros casos, como el del agua potable, ha sido posible incrementar significativamente la cobertura, continuando con la tendencia histórica, mediante el uso de la capacidad existente de fuentes de abastecimiento. Esto ha hecho posible incrementar los servicios con inversiones relativamente pequeñas. En el caso del alcantarillado, la cobertura también ha crecido. Pero, en la misma medida en que lo ha hecho, se han ido complicando los problemas de disposición de las aguas servidas.
En el caso de la vialidad urbana, se han podido paliar los crecientes problemas de congestión recurriendo a mejoramientos operacionales en los sistemas de tráfico y a inversiones relativamente modestas en optimización de intersecciones de calles y avenidas. Sin embargo, en todos estos casos, la capacidad acumulada por las inversiones históricas hechas por el país ya se encuentra virtualmente copada, y son indispensables nuevas inversiones para el futuro. En otros casos, como el de vialidad interurbana, tenemos que incrementar la inversión para recuperar el terreno perdido. Este es un desafío que Chile deberá adoptar con decisión en el futuro próximo y que, obviamente, tiene un costo.
Respecto a vialidad, se contemplan, entre otros, los siguientes proyectos: proyectos de vialidad urbana, de rentabilidad probada, hasta por un monto de 300 millones de dólares; dobles calzadas en la Carretera Panamericana; construcción o pavimentación de tramos en el Camino Longitudinal Costero entre la Quinta y Octava Regiones; nuevas pavimentaciones de la red Básica y mejoramiento de la red Austral.
Además, dado que se están gastando en conservación sobre 120 millones de dólares al año en razón del mal uso de carreteras y las violaciones de peso máximo por eje, la Dirección de Vialidad fortalecerá el programa de control de pesos.
El Gobierno también se encuentra elaborando una política clara y definida sobre aguas, que represente los principios que lo animan y exprese la voluntad del país de aprovechar ese recurso en forma sustentable en el tiempo, y ponga término a la contaminación de sus fuentes. Se trata de llevar los beneficios derivados de su utilización a toda la población, consagrando en forma práctica su verdadera naturaleza de bien nacional de uso público, hoy sólo nominal.
Sobre estas bases, y con la concurrencia de toda la comunidad nacional interesada en el recurso, de los sectores tanto público como privado, incluidos los usuarios organizados y las universidades, se revisarán la legislación y la institucionalidad respectivas, para hacerlas útiles a los fines reseñados.
El cambio de legislación que se propiciará propondrá perfeccionar los mecanismos de asignación y establecer las regulaciones necesarias del derecho de aprovechamiento que surgen naturalmente de su escasez creciente, para extender los beneficios del recurso a todo el cuerpo social. En lo inmediato, hemos dispuesto el desarrollo de un plan de saneamiento de títulos y organización de usuarios, como igualmente la ejecución de acciones conducentes a optimizar el uso de fuentes. Las particularidades regionales de las zonas desérticas harán necesaria una normativa especialmente adecuada a ellas, como igualmente su consideración en los planes de acción por desarrollar.
Respecto de las inversiones en riego, en la última década prácticamente no se ha efectuado el tipo de grandes obras que han hecho posible el desarrollo agrícola de tantas regiones de nuestro país. Se han realizado obras menores, motivadas por la Ley de Fomento a la Inversión Privada en Riego, mecanismo valioso que este Gobierno fortalecerá, buscando llegar también a los pequeños agricultores y campesinos, que no han tenido oportunidad de contar masivamente con este beneficio. En materia de inversiones mayores, el gran desafío consiste en desarrollar sistemas que permitan ejecutar obras recuperando costos de quienes gocen de los beneficios. Resuelto esto en forma ágil y pragmática, es posible desarrollar programas de inversión mayores y medianos en diversas zonas del país, donde ya existen proyectos en distintas etapas de estudio y algunos en construcción.
En lo que se refiere a obras portuarias, recientemente se ha formado una Comisión entre los Ministerios de Obras Públicas y de Transportes y la Empresa Portuaria de Chile para la ejecución de las obras programadas en los puertos de Valparaíso, San Antonio y San Vicente. Es una decisión de este Gobierno recuperar los puertos de la Quinta Región e incrementar la capacidad del puerto de San Vicente en un sitio adicional. Además, se fortalecerá el programa de inversión en caletas pesqueras y rampas. Nuestra intención es otorgar claras señales al sector privado para que nuevos proyectos puedan ser ejecutados por empresas, dentro de un marco estable y bien definido en materia de tarifas y programas de inversiones fiscales.
En materia de aeropuertos, el Gobierno está analizando un programa de inversiones que permita mejorar la capacidad de aeropuertos intermedios en lo que se refiere a terminales de pasajeros, carga y pistas de aterrizaje. Con respecto al principal aeropuerto de nuestro país, el aeropuerto Arturo Merino Benítez, he otorgado prioridad a definir el anteproyecto, a fin de que la construcción del nuevo terminal pueda comenzar el próximo año, resolviéndose una situación postergada por más de una década”.
Los avances del primer año de Gobierno
A poco más de un año de haber asumido, en su cuenta al Congreso en mayo de 1991, el presidente Aylwin se refirió a los avances de su Gobierno en infraestructura y obras públicas:
“Merecen destacarse la construcción de 200 kilómetros de nuevas pavimentaciones, 13 kilómetros de segunda calzada en la Ruta 5 y 246 kilómetros de reposición de pavimentos; el plan extraordinario para la rehabilitación de los puertos de Valparaíso y San Antonio y la ampliación de un sitio del puerto de San Vicente, obras -la primera y la última-que ya se encuentran en ejecución; el programa de mejoramiento de aeropuertos, que comprende la construcción de un nuevo terminal de pasajeros en Pudahuel; y un ambicioso programa de obras de riego, destinado a suplir el grave déficit de los dos último decenios en ese rubro, que en una primera etapa aspira a regar 150.000 hectáreas nuevas y a mejorar otras 270 mil hectáreas de la primera de esas obras, el canal matriz de Pencahue, y esperamos poder llevar a buen término las diversas obras proyectadas, para lo cual se cuenta con el financiamiento del Banco Mundial y del Gobierno de Japón”.
La Ley de Concesiones
Para enfrentar el déficit en infraestructura, y acogiendo la idea de la Cámara Chilena de la Construcción de promover la asociación público-privada en materia de inversión en infraestructura vial, el Gobierno de Patricio Aylwin tomó la decisión estratégica de implementar el sistema de concesiones de obras públicas e invitar al sector privado a participar en el desarrollo de la infraestructura productiva.
En octubre de 1990 se presentó al Congreso un proyecto de ley para posibilitar la inversión privada en la construcción y explotación de nuevas obras, estabilizando sus derechos y facilitando los respaldos crediticios mientras durase la concesión.
Después de una rápida tramitación y con la aprobación unánime de los parlamentarios, el 3 de julio de 1991 fue promulgada la Ley N°19.068, cuyos principales objetivos eran: el incentivo a la construcción y explotación de obras públicas por la vía de la concesión; el resguardo del interés fiscal; y el establecimiento de procedimientos para dar una pronta y equitativa solución a los problemas que pudiesen surgir entre el Estado y los concesionarios.
Esta ley fue modificada en octubre de 1993, con el objeto de entregar una mayor seguridad a los futuros inversionistas y a quienes financiaran las obras por este sistema, y asegurar la flexibilidad que el Ministerio de Obras Públicas requería para llevar adelante esta clase de contratos.
El Programa de Inversión Pública en Infraestructura
Este Programa, dado a conocer a la ciudadanía el 30 de agosto de 1991, fue el resultado de serios estudios intersectoriales que permitieron individualizar las principales carencias, elaborar los respectivos proyectos o anteproyectos, evaluar su costo y rentabilidad, ubicar los recursos disponibles para su financiamiento y determinar las prioridades.
Se trató de un Programa ambicioso, pero realista, que procuró establecer las prioridades con sentido de equidad regional y social, tratando que las nuevas obras beneficiasen a todas las regiones y atendiesen preferentemente a los sectores más necesitados.
El Programa, preparado para el período 1991-1994, consideró una inversión pública de 2.350 millones de dólares en los siguientes proyectos:
Vialidad urbana:
- Ampliaciones, mejoramientos y habilitación de ejes viales para evitar la congestión vehicular en diversas ciudades.
- Pavimentación de aproximadamente 700 kilómetros de calles de tierra en poblaciones de distintas comunas, lo que aparte de mejorar la calidad de vida de la gente, contribuirá a disminuir la contaminación por partículas, especialmente grave en la Región Metropolitana.
- Mejoramiento urbano de Santiago, que incluye la remodelación de áreas céntricas -como la aledaña a la Estación Mapocho-, inversiones significativas en forestación y parques y la racionalización y modernización del transporte público urbano.
- Construcción de una nueva línea del Metro de Santiago, que atenderá la demanda entre la comuna de La Florida y el centro de la ciudad.
Vialidad interurbana:
- Conservación y mejoramiento de caminos.
- Construcción de la doble calzada de la Ruta 5 desde San Fernando a San Javier.
- Completar hasta San Antonio la doble calzada en la Ruta 78.
- Pavimentación de casi mil kilómetros en distintos caminos en todas las regiones del país.
- Por el mecanismo de licitación de obras por concesión, ejecución de los proyectos Túnel El Melón, acceso sur a Concepción, parte de la Ruta de los Conquistadores -entre San Javier y Concepción- y acceso a Santiago de la Ruta 78 desde San Antonio.
Aeropuertos:
- Mejoramiento de las pistas, sistemas de seguridad y terminales en Iquique, Antofagasta, isla de Pascua, Tepual y Punta Arenas.
- Nuevo terminal de pasajeros en Pudahuel.
Edificación pública:
- Programa de reparación y conservación de edificios públicos y de construcción de edificios fiscales multiuso.
- Registro de Monumentos Nacionales.
- Proyecto de restauración prioritaria de Monumentos Nacionales.
Obras portuarias:
- Programa de emergencia destinado a entregar en servicio un sitio en San Vicente y dos en el muelle Barón de Valparaíso.
- Construcción de dos sitios adicionales en San Antonio y mejoramiento de los sitios 1, 2 y 3 del puerto de Valparaíso.
- Construcción de un sitio en el Puerto de Chacabuco.
- Construcción, por concesión, de nuevos puertos en Corral y Punta Arenas.
- Desarrollo de instalaciones portuarias y caletas para la pesca industrial y artesanal.
Obras de riego:
- Obras de regadío del valle de Pencahue en la VII Región.
- Construcción del embalse Santa Juana en la III Región.
- Construcción de una primera etapa del embalse Convento Viejo en la VI Región.
- Inicio de la construcción del Canal Laja-Diguillín en la VIII.
- Aumento significativo del presupuesto destinado a la Ley de Fomento del Riego.
- Estudios del Canal Linares en la VII Región, del embalse Puclaro en la IV, del embalse Minillas en la V y del Canal Victoria-Traiguén en la IX.
Obras sanitarias:
- Múltiples obras para satisfacer las necesidades de agua potable y alcantarillado de numerosas comunas y atender las expansiones de demanda generadas por los programas de vivienda, como también la construcción de sistemas de agua potable rural.
- Aportar con recursos públicos para el desarrollo de los servicios sanitarios de Tongoy, Pucón, litoral norte y sur de la V Región y otros que sea factible y conveniente entregar en concesión.
- Aportar con recursos públicos para interceptar y tratar las aguas servidas en distintas ciudades del país, lo que incluye: a) el saneamiento del gran Valparaíso, para poner fin a la contaminación del litoral; y b) la primera etapa de un plan de saneamiento para Santiago con la construcción de interceptores en el Zanjón de la Aguada y el río Mapocho y una planta de tratamiento en Santiago Poniente, incluyéndose un posible pretratamiento de emergencia para combatir la contaminación bacteriológica de algunos canales de regadío.
El Programa también comprometió el envío al Congreso Nacional de un proyecto de ley para sanear la Empresa de Ferrocarriles del Estado de Chile y modernizarla, a fin de que volviese a ser eficiente. Para ello, se contempló que el Fisco invertiría 98 millones de dólares y se propuso la formación de empresas mixtas con capital privado, para atender el tráfico de carga.
En su mensaje al Congreso al enviar el Proyecto de Ley que modificaba el DFL N°94 de 1960, Ley de administración de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, introducía normas legales complementarias y aprobaba la transferencia de fondos a la empresa, el presidente Aylwin señaló:
“El Gobierno que presido está convencido que Ferrocarriles no se salva insistiendo en esa forma tradicional de concebir a la Empresa, y que no da debida cuenta de todos los factores que inciden en su delicada situación. Sólo con una política que involucre todos esos factores, es decir, que permita solucionar de raíz el insoportable peso de la deuda, que allegue recursos para su reactivación y que produzca los necesarios y profundos cambios institucionales requeridos, será posible cumplir el compromiso que el Gobierno ha contraído con el pueblo de Chile, en el sentido de hacer de Ferrocarriles una empresa que contribuya decisivamente al desarrollo nacional.”
Ver Mensaje y proyecto de ley enviado a la Cámara de Diputados, 13 de junio 1991
La ley fue promulgada el 25 de septiembre de 1992.
En su discurso al firmar la “Ley de Ferrocarriles”, el presidente Aylwin señaló:
“Quiero formular mi convicción y mi profunda esperanza de que esta ley se traduzca en un instrumento efectivo para realizar ese sueño que yo tenía cuando asumí: volver a tener en nuestra Patria unos Ferrocarriles que, tanto en el ámbito de pasajeros como en el ámbito de la carga, satisfaga las necesidades del país para su desarrollo y sean motivo de orgullo nacional y de orgullo para todos quienes trabajan en ellos”.
Los programas de vialidad, aeropuertos, arquitectura, obras portuarias y sanitarias, riego y tratamiento de aguas servidas
Para la ejecución del Programa de Inversión Pública en Infraestructura, se elaboraron proyectos específicos a ser ejecutados en el periodo 1992-1993 en cada una de las áreas involucradas.
En vialidad, se contemplaron los siguientes programas: 1) segundas calzadas, puentes y obras mayores, destinado a ampliar la capacidad de la red vial en aquellos sectores en que los volúmenes de tráfico impedían la circulación adecuada de los vehículos; 2) pavimentación de 2.000 kms. de la red vial nacional, a fin de permitir un tráfico de menor costo y mayor seguridad; 3) conservación de la red vial, incluyendo la rehabilitación y reposición en el total de la red con el objeto de mantener su calidad y seguridad; y 4) vialidad urbana, que buscaba incrementar la capacidad de la red vial urbana para reducir los graves congestionamientos de tráfico que se producían en numerosas ciudades del país.
En aeropuertos, se definieron tres líneas de trabajo: 1) mejoramiento, ampliación, modernización y conservación del aeropuerto Arturo Merino Benítez; 2) mejoramiento integral de la infraestructura aeroportuaria de la red troncal y secundaria; y 3) conservación de la infraestructura aeroportuaria de la red troncal, secundaria y de pequeños aeródromos.
En edificación pública, se contempló: 1) habilitación de edificios gubernamentales con el fin de destinarlos para la administración del Estado; 2) rescatar el valor patrimonial de los Monumentos Nacionales; 3) construir y reparar, por encargo de las instituciones respectivas, edificios públicos; y 4) conservar, reparar y construir infraestructura del Ministerio de Obras Públicas.
En obras portuarias, los proyectos se focalizaron en las siguientes líneas: 1) aplicación del plan de desarrollo portuario en la V Región, destinado a recuperar la capacidad de atención de naves en los puertos de Valparaíso y San Antonio; 2) desarrollo integral de caletas pesqueras artesanales; 3) Programa de Infraestructura para Transporte en Comunidades Isleñas, especialmente en las Regiones X y XI; 4) construcción, reposición y reparación de defensas costeras en la X Región; y 5) elaboración de un estudio de ingeniería para la definición de un proyecto portuario para isla de Pascua.
En obras de riego, dentro de las obras mayores, se proyectó: 1) finalizar en 1993 el sistema de regadío del valle de Pencahue (11.200 hectáreas); y 2) continuar con las obras del embalse El Toro, en Santa Juana, iniciadas en 1991 (12.000 hectáreas). En obras medianas, se definió un plan para rehabilitar y mejorar, en el plazo de 5 años, las obras de riego, a fin de incorporar 28.000 hectáreas a la producción agrícola. Finalmente, y de acuerdo al resultado de los estudios de ingeniería, se estableció iniciar la construcción del canal Linares, el embalse Puclaro, el canal Laja-Diguillín y el canal Victoria-Traiguén-Lautaro.
En obras sanitarias, se definió un plan de financiamiento consistente en la transferencia de $12.000 millones provenientes de préstamos BID destinados a la instalación de agua potable en 91 localidades rurales y el mejoramiento de servicios de agua potable y alcantarillado de 27 localidades urbanas.
En obras para el tratamiento de aguas servidas, se definieron dos programas: 1) tratamiento de aguas servidas a 1993, consistente en la construcción de una planta de tratamiento en la Región Metropolitana, así como tener en óptima operación las plantas existentes e incorporar al sector privado en el aporte de capital y en la operación de éstas; y 2) saneamiento de canales de riego, destinado a controlar la calidad del agua en cuanto a canales para liberar las zonas agrícolas del riesgo de cólera.
El Programa de Concesiones
El 8 de abril de 1992 comenzó a regir el Reglamento de Concesiones, que fijó las normas específicas para la ejecución, reparación o conservación de obras públicas fiscales, por la vía del Sistema de Concesiones.
Contando ya con un completo marco normativo, en 1992 el Ministerio de Obras Públicas dio inicio a la implementación del Programa de Obras por Concesión, entre cuyos objetivos estaban: 1) poner en marcha el Sistema de Concesiones; 2) entre 1992 y 1993 licitar 6 grandes proyectos no incluidos en el Plan de Infraestructura; 3) incorporar los edificios públicos; y 4) convertir el programa en actividad permanente del Ministerio de Obras Públicas contando con una cartera de proyectos y estructura organizacional ad hoc.
Los 6 grandes proyectos que se definieron fueron: túnel El Melón; camino Nacimiento – San Pedro Nuevo; acceso Norte a Concepción; Autopista Santiago – San Antonio; Red de conexiones viales entre Santiago – Valparaíso; y Complejo Aduanero Los Andes
Los avances en infraestructura y obras públicas
En su cuenta al Congreso Pleno en mayo de 1993, el presidente Aylwin se refirió a los avances de su Gobierno en infraestructura y obras públicas:
“Respecto de 1990, las inversiones en infraestructura crecieron 22% en 1991 y 50% en 1992, año en que fueron 130% superiores a lo que se hizo como promedio anual en la década de los 80. Para este año contemplamos un aumento adicional de 25%, lo que significará que el Programa Nacional de Infraestructura de 4 años que anuncié en septiembre de 1991 estará avanzado en un 82% al terminar este año.
El país es testigo de los trabajados que se realizan a lo largo de su territorio.
En vialidad, la segunda calzada de la ruta 5 entre San Fernando y San Javier, varios de cuyos tramos ya se han entregado, estará completa antes de fines de este año, incluido el nuevo puente sobre el río Maule, al igual que el tramo entre Pangue y Leyda en la ruta a San Antonio. En noviembre último se entregó la que une Copiapó con Paipote. Entre Concepción y Coronel se construyó la segunda calzada, se está repavimentando la primera y se avanza en la conexión de Coronel con Lota y en el bypass de Coronel. En Arica, se avanza en el camino de Tambo Quemado y en Antofagasta se repuso el pavimento de acceso a la ciudad, destruido por el aluvión del año pasado. También progresa la construcción del camino costero entre Tocopilla y El Loa.
En Santiago, se avanza en el anillo de la circunvalación Américo Vespucio, estando ya completo el sector entre Ochagavía y Avenida Pedro Aguirre Cerda y entregado al servicio el cruce a desnivel con la Ruta 5 en Quilicura. También se ha terminado la construcción de la Avenida General Velásquez, entre Departamental y Lo Espejo.
La contratación reciente del túnel El Melón, en la carretera 5 norte, primera obra que se construirá conforme a la Ley sobre Concesiones de Obras Públicas, significa la incorporación del sector privado en el esfuerzo nacional de satisfacer sus impostergables necesidades en materia de vialidad. Confiamos en que a esto sigan otros contratos, especialmente en la VIII Región.
El mejoramiento de los caminos urbanos constituye una de nuestras principales preocupaciones. La red básica del país, que conecta las principales ciudades, alcanza a 23.000 kilómetros, de los cuales tan solo 12.000 se encuentran pavimentados a la fecha. Durante mi Gobierno se habrán pavimentado 1.500 kilómetros, duplicándose las inversiones que se hicieron en esta materia en el transcurso de los años ochenta.
Más del 50% de las inversiones en vialidad se destinan a atender las necesidades de conservación y rehabilitación de caminos. En 1992 se repusieron 234 kilómetros de pavimento y 260 de caminos ripiados; se repusieron o rehabilitaron 3.300 metros de puentes, y se repusieron parcialmente 1.400 kilómetros de vías. El gasto total en estas actividades alcanzó cerca de 160 millones de dólares.
Especial importancia tiene, en esta materia, la iniciación del Programa de Inversiones Sectoriales de Asignación Regional, que permite a los Gobiernos Regionales tomar las decisiones sobre utilización de los recursos para conservación de la red comunal secundaria, por años postergada. Este programa se incrementará a más del doble el presente año.
En materia de riego, entre otras acciones, merece destacarse la ejecución de tres obras mayores: el canal Pencahue, el embalse Convento Viejo -que se concluirán este año- y el embalse Santa Juana, que debe empezar a operar en 1995. En noviembre último finalizó el financiamiento del Gobierno de Japón por 120 millones de dólares para la construcción del canal Laja-Diguillín, cuyos estudios de ingeniería están bastante avanzados. También se concretó en octubre, un crédito del Banco Mundial por 114 millones de dólares para rehabilitar y construir obras de riego de tamaño mediano.
En materia de obras portuarias, se amplió en un 50% la capacidad del puerto de San Vicente al entregar al servicio el nuevo sitio 0; se iniciaron las obras de rehabilitación de tres sitios del puerto de San Antonio, previéndose la puesta en servicio de dos de ellos en enero de 1994, y se avanza con los diseños de ingeniería para la rehabilitación de tres sitios del puerto de Valparaíso, obras que comenzarán el segundo semestre de este año.
Especial apoyo estamos dando al interés del sector privado para invertir en puertos. Es así como se ha materializado la construcción de puertos privados en Caldera, Puchoco y Las Ventanas; están en ejecución el de Corral y el de Lirquén; esperamos que se construya uno en Coronel, y se encuentran avanzadas las negociaciones para concretar, a través de una empresa mixta, la construcción ya decidida del nuevo puerto de Punta Arenas.
Especial mención merece, por su alto impacto, el Programa de la Construcción de Caletas Pesqueras. Durante 1992 se ejecutaron obras de ampliación y mejoramiento en diez caletas distribuidas en cuatro regiones del país, y se está desarrollando un esfuerzo especial en la VIII Región, como parte del Plan de Reconversión del Carbón, que comprende el mejoramiento de las instalaciones de 5 caletas y la solución definitiva del embancamiento del puerto de Lebu.
En cuanto a aeropuertos, la acción más sobresaliente es la construcción del nuevo terminal Arturo Merino Benítez, obra adjudicada en 1992 y cuya terminación se espera para fines de este año. Adicionalmente, se han realizado acciones en otros 5 aeropuertos, destacándose el alargamiento de la pista del aeródromo Teniente Gallardo de Puerto Natales.
En materia de obras sanitarias, indispensables para satisfacer las necesidades de la población en materia de agua potable y alcantarillado, entre otras muchas que realizan las empresas de servicios respectivas, merecen destacarse especialmente las obras de saneamiento del gran Valparaíso, que ejecuta Esval, y las que en la Región Metropolitana se realizan en el colector Zanjón de la Aguada y en la Planta Piloto Tratamiento de Aguas Servidas.
En materia de edificios públicos, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas ejecuta obras correspondientes a 660 contratos, en su mayoría para satisfacer necesidades de los Ministerios de Educación, de Salud y de Justicia.
Pese a los significativos esfuerzos de inversión efectuados por mi Gobierno, aún queda mucho por hacer. El déficit de infraestructura acumulado, así como el crecimiento de la actividad económica esperado para los próximos años, – a lo que se agregan los imprevistos derivados de catástrofes como la de Antofagasta el año último y la que acaba de afectar a las regiones V, VI y Metropolitana- constituyen desafíos que exigen diseñar estrategias de financiamiento, planificación de actividades y readecuaciones institucionales para impedir el estrangulamiento de nuestro desarrollo.
El Plan de Infraestructura en marcha, ha sentado las bases para la respuesta a esos desafíos, que deberá complementarse mediante nuevas propuestas que permitan resolver los principales problemas en el mediano plazo”.