La Fundación Patricio Aylwin expresa sus condolencias a los familiares y amigos de nuestro consejero, señor José “Pepe” Zalaquett, sumándose al duelo que vive el mundo de los derechos humanos, y a todos quienes tienen un compromiso por la justicia.
Publicamos aquí un documento que expone su aporte durante el gobierno del Presidente Aylwin, como gestor y miembro de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
José Zalaquett, ideólogo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación
Uno de los temas fundamentales del programa de gobierno de Patricio Aylwin, fue “…el esclarecimiento de la verdad y la justicia en materia de derechos humanos…”. Este compromiso implicaba afrontar el tema de las violaciones de los derechos humanos, buscar formas de establecer la reparación para las víctimas y familiares, solucionar el tema del exilio y los exiliados, liberar de acuerdo a derecho a los presos políticos y compensar a los exonerados por motivos políticos.
En su calidad de miembro de la Comisión de derechos humanos encargada de elaborar el programa de gobierno de la Concertación en esta materia, José (Pepe) Zalaquett analizó las diversas experiencias de comisiones de verdad y reconciliación en Latinoamérica. A petición de Aylwin –quien había sido su profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile- elaboró un memorándum sobre la posibilidad de formar una comisión de este tipo en Chile.
Antes de asumir, Aylwin sostuvo diversos encuentros con el abogado, donde se fueron forjando las características de la propuesta:
Crear una comisión que tendría la facultad de investigar, buscando establecer la verdad, para posteriormente entregar los antecedentes a los tribunales; por lo tanto, no tendría la facultad de sentenciar. Además investigaría sólo los casos de violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte.
También se decidió que la comisión debía tener solvencia política, por lo que había que lograr la integración en ella de personalidades del más amplio espectro posible, sobre todo de los sectores que habían respaldado al régimen militar.
La orgánica de la comisión, era al mismo tiempo uno de los aspectos que preocupaba a los asesores del Presidente. Se le consideraba una apuesta arriesgada, en especial sobre el grado de consenso de las resoluciones de la comisión. Así también se pensaba que se restringía a un círculo demasiado estrecho de personas la responsabilidad sobre la eficiencia o ineficiencia de los resultados obtenidos. La figura del Presidente, en este sentido, aparecería también, altamente comprometida.
Pese a todo, se coincidía en señalar que el rol del Ejecutivo frente a los problemas de derechos humanos, no era perseguir ni hacer justicia. Sino más bien, preocuparse del futuro, de hacer efectiva la reconciliación, de respaldar la reparación individual y social y de evitar que se volvieran a vivir en Chile los atropellos a la dignidad humana..
La tarea del Presidente no era fácil. Debía conducir la creación de la Comisión y además definir quiénes la integrarían.
En este tema, los primeros a quienes Aylwin les solicitó su participación y aceptaron, fueron Jaime Castillo Velasco y el abogado José Zalaquett.
A ellos se agregaron el senador designado y exministro de la Corte Suprema, Ricardo Martin; el historiador Gonzalo Vial, exministro de Educación del régimen militar; la abogada Laura Novoa; la asistente social Mónica Jiménez; y los abogados José Luis Cea y Jorge Correa, quien ocupó el cargo de secretario ejecutivo.
Finalmente, para la presidencia de la Comisión, Aylwin sabía que debía seleccionar un nombre que fuera respetado y que no provocara discusión. Raúl Rettig, exsenador, abogado y patriarca radical, aceptó la proposición del Presidente.
De este modo, el 24 de abril de 1990 se constituyó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que sería conocida como «Comisión Rettig». En el discurso de aquella noche, el Presidente Aylwin explicó al país el objetivo y el significado de la comisión.
Ver discurso al firmar el Decreto creación Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
Desde el momento de su creación, para todos era claro que el trabajo que el Presidente Aylwin le había asignado a la Comisión de Verdad y Reconciliación no sería nada fácil. De hecho, los primeros meses se caracterizaron tanto por la definición del modus operandi, como por encontrar el espacio físico en el cual trabajar. Una vez resueltos estos aspectos, la Comisión comenzó a recopilar la información proveniente de los organismos de defensa de los derechos humanos, de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de todo el que voluntariamente quisiera cooperar. De la misma forma, se invitó a las Fuerzas Armadas a enviar las nóminas de las víctimas pertenecientes a sus instituciones.
A medida que avanzaron los meses, el trabajo de la Comisión se fue intensificando. La revisión de los casos tomaba tiempo y los comisionados dedicaban todo el que fuera necesario, ya que resultaba imperativo formarse convicción de lo que en el Informe se afirmaría. Éste no sería una denuncia de los casos más emblemáticos, sino de todos los que pudieren comprobarse fehacientemente, lo que en definitiva, lo convertiría en un documento veraz e inatacable. Por esto, los casos en que existieron dudas y no contaron con la unanimidad de los comisionados, fueron dejados pendientes en pos de recopilar mayor información. Otros debieron ser declarados sin convicción, al carecer de los antecedentes necesarios.
Los hallazgos de cuerpos de detenidos desaparecidos en Pisagua, los primeros días de junio, fueron una confirmación de la importancia y necesidad de la Comisión Rettig.
Inicialmente, la Comisión tenía un plazo de 6 meses para cumplir su objetivo, pero como era de esperar, éste fue extendido por tres meses más. De esta manera, luego de 291 días de trabajo, el 8 de febrero de 1991, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación entregó al Presidente Aylwin su Informe, disolviéndose en ese mismo acto según las disposiciones que la habían creado.
Ver discurso al recibir Informe Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
El Informe Rettig, empastado en 6 gruesos tomos, comienza explicando la necesidad de su trabajo, su extensión y cobertura. En segundo lugar, se definen los conceptos sobre los que se trabajaron, explicando las normas de derecho internacional y nacional por las cuales las víctimas pueden ser consideradas sujetos de violación de derechos humanos o de violencia política. Luego, se describe el cuadro histórico que rodeó al 11 de septiembre de 1973, los primeros meses del gobierno militar y el marco jurídico existente.
Una vez analizado el contexto y definido el objetivo del Informe, se relata en orden cronológico, entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, todos los casos en que la Comisión se formó la convicción de haberse cometido una violación de los derechos humanos con resultado de muerte o desaparición, individualizando a las víctimas y señalando los antecedentes y circunstancias en que el hecho ocurrió.
La Comisión identificó 2.279 víctimas entre el 11 de septiembre de 1993 y el 1 de marzo de 1990, de las cuales 164 correspondían a víctimas de violencia política y 2.115 a víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
El Presidente Aylwin dedicó sus vacaciones a realizar una exhaustiva lectura del Informe que le había sido entregado. Al término de éstas, comenzó una serie de encuentros con representantes de los partidos políticos, familiares de las víctimas, miembros de las iglesias y los Comandantes en Jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el director General de Carabineros. El objetivo de estas conversaciones fue solicitar la cooperación de todos los sectores para crear un clima constructivo en el momento en que el Informe Rettig fuera hecho público.
El 4 de marzo de 1991 el Presidente Aylwin se dirigió al país para dar a conocer los aspectos generales del Informe y presentar las reflexiones que consideraba necesario compartir con la ciudadanía sobre el tema.
Ver discurso al dar a conocer Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
Fundación Patricio Aylwin