La historia tras el Plebiscito del 30 de julio de 1989 que reformó la Constitución de 1980

Tras el triunfo en el Plebiscito del 5 de octubre de 1988, la Concertación de Partidos por la Democracia manifestó su disposición a dialogar para lograr un consenso nacional destinado a generar reformas a la Constitución de 1980.

En el documento “Propuesta para un Consenso Nacional”, la Concertación expresó su deseo de avanzar en forma pacífica y consensuada hacia la democracia. Criticó la reacción que había tenido el General Augusto Pinochet tras su derrota en el Plebiscito, optando por «aferrarse al poder y colocarse en una posición de total intransigencia.» Llamó a las Fuerzas Armadas, y específicamente a la Junta de Gobierno, a asumir su deber patriótico de realizar cambios urgentes que permitiesen el efectivo tránsito hacia la democracia.

Sobre la base de los acuerdos que habían sido suscritos por los partidos concertados, propuso un diálogo que condujese en el más breve plazo al «Acuerdo Nacional por la Democracia y el Consenso Constitucional para recuperar el pleno ejercicio de la soberanía popular.» Agregó los requisitos que debía tener la «transición consensual a la democracia», así como la realización de algunos «gestos que contribuyan a la reconciliación nacional y a la tranquilidad social.»

El documento finalizaba reiterando el compromiso de la Partidos Políticos concertados por el NO de continuar su acción conjunta en todo el país como «Concertación de los Partidos Políticos por la Democracia», manifestando la intención de nominar un candidato único de la oposición para las elecciones presidenciales.

El 30 de noviembre, Renovación Nacional presentó un documento con las Proposiciones de Renovación Nacional para una reforma de la Constitución de 1980, en que, junto con reconocer la plena legitimidad de esta Constitución, advertía «la conveniencia de introducirle algunas reformas que contribuirán a mejorar las instituciones que consagra y a procurar, en torno a ella, una mayor integración de todos los chilenos a la ordenada convivencia que significa el acatamiento a la ley fundamental.»

Por su parte, la Concertación de Partidos por la Democracia decidió elaborar un proyecto de reformas constitucionales que concretara sus proposiciones respecto a las materias referidas en su propuesta del 14 de octubre.

Para ello constituyó, el 21 de noviembre, con el apoyo de la Asociación Chilena de Ciencia Política, una comisión integrada por los abogados José Luis Acevedo, Carlos Andrade, Francisco Cumplido, Osvaldo Giannini, Gustavo Lagos, Tomás Puig, Jorge Mario Quinzio, Germán Urzúa y José Antonio Viera-Gallo.

Sobre la base de sus sugerencias, y luego de acucioso estudio, el 17 de diciembre la Concertación formuló su Propuesta para las reformas inmediatas a la Constitución de 1980, orientadas a restablecer “en toda su plenitud la soberanía popular y asegurar que los representantes que el pueblo elija en la próxima elección parlamentaria puedan ejercer sin restricción, su potestad constituyente”. Al mismo tiempo anunció su decisión de dar “los pasos políticos conducentes a facilitar el consenso nacional en torno a estas reformas que consideramos razonables y urgentes.”

Posteriormente se realizaron diversas reuniones entre los partidos políticos y el Gobierno a fin de consensuar las posibles reformas. Hubo varias propuestas de abogados y partidos políticos, y se formó una Comisión técnica conjunta Renovación-Concertación destinada a “realizar un análisis y confrontación exploratoria de ambas propuestas”, para lo cual se resolvió designar a algunos especialistas de ambos sectores, quienes trabajaron intensamente durante el mes de marzo.

Paralelamente, el 11 de marzo de 1989, en un acto solemne realizado en el edificio Diego Portales para conmemorar el octavo aniversario de la entrada en vigencia de la Constitución de 1980, el General Pinochet pronunció un extenso discurso en que expresó que la Carta Fundamental «no puede estar expuesta a cambios irresponsables, impulsados por mayorías transitorias u ocasionales». No obstante, afirmó la posibilidad de introducir ciertas modificaciones, sugiriendo precisar el artículo 8, en cuanto a “reafirmar que dicho precepto no tiene por objeto perseguir ideas como tales”; perfeccionar el mecanismo de reforma constitucional; derogar la facultad del Presidente de la República para disolver la Cámara de Diputados; eliminar su facultad de expulsar personas del territorio nacional o prohibirles su ingreso durante los estados de sitio; analizar la sugerencia de integrar un nuevo miembro al Consejo de Seguridad Nacional; y estudiar un posible “acortamiento del período presidencial.”

El 5 de abril, la Comisión técnica conjunta Renovación-Concertación entregó su Informe sobre los posibles puntos de consenso en torno a las reformas de la Constitución de 1980, que exponía el funcionamiento de la Comisión, los temas abordados y las conclusiones obtenidas, y el documento «Acuerdos de la Comisión Técnica de Reforma Constitucional designada por Renovación Nacional y por la Concertación de Partidos por la Democracia», que detallaba cada una de las modificaciones constitucionales propuestas.

El 28 de abril, el Ministro del Interior, Carlos Cáceres, presentó mediante cadena nacional de radio y televisión un primer proyecto de reformas constitucionales.

El 2 de mayo, la Concertación de Partidos por la Democracia emitió una declaración manifestando su rechazo a la propuesta de reforma constitucional propuesta por el Gobierno militar, señalando diversas razones para ello, entre las que se destacaba el procedimiento propuesto para introducirle reformas que exigía la aprobación de dos Congresos sucesivos, “lo que hace imposible cualquier cambio importante hacia la democracia antes de 1995.”

El diálogo se suspendió durante un breve tiempo, retomándose el 12 de mayo, cuando el Ministro del Interior Carlos Cáceres envió una carta al Presidente del PDC y vocero de la Concertación, Patricio Aylwin, para “reiniciar conversaciones en materia de perfeccionamiento de la Constitución”. Al día siguiente, Aylwin respondió al Ministro mediante una carta en que aceptaba la invitación.

Entretanto, los dirigentes de Renovación Nacional habían logrado persuadir al Gobierno sobre la conveniencia de abrirse a la consideración de alternativas al proyecto oficial y, sabiéndolo dispuesto a hacerlo, el 10 de mayo plantearon de forma pública una nueva fórmula.

En declaración hecha el 11 de mayo, la Concertación manifestó que valorizaban la nueva propuesta de Renovación Nacional, que si bien no se ajustaba plenamente a los términos concordados por la Comisión técnica conjunta, sí respondía a su espíritu. Se insistía en que, para reanudar el diálogo con el Gobierno, este debía explicitar su voluntad en favor de la aceptación de cambios constitucionales en la línea planteada por Renovación Nacional y la Concertación, en lo relativo a los mecanismos de reforma de la Constitución; la composición y atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional; y a la generación y composición del Parlamento.

El lunes 15 de mayo, se reunió nuevamente la Comisión técnica Renovación Nacional –Concertación, que en su informe «Acuerdos de la Comisión Técnica R.N. Concertación sobre reformas constitucionales. Segundo informe”, expuso los acuerdos alcanzados, destacando aquellas reformas que introducían modificaciones al número de miembros del Consejo de Seguridad Nacional y al ámbito de sus opiniones, y las que proponían cambios en las normas relativas a la aprobación de reformas a la Constitución.

Tras ello, se iniciaron dos intensas semanas de negociaciones con el Gobierno que Patricio Aylwin ha descrito detalladamente en su libro El reencuentro de los demócratas, edición 2018.

“Recuerdo esos días entre los más intensos que he vivido. Por una parte, debía negociar con el Ministro Cáceres, caballeroso y bien dispuesto, pero limitado sin duda por las instrucciones de Pinochet y cuya frialdad y terquedad desconcertaban. Debía, a la vez, buscar el acuerdo entre todos los dirigentes de la Concertación, que aunque conscientes de su responsabilidad y de la conveniencia de lograr un acuerdo para facilitar la tarea del futuro Gobierno concertacionista, abrigaban razonables dudas y tenían que responder a las inquietudes y aspiraciones, bien inspiradas, pero no siempre razonables.”

Para la Concertación, “lo más importante era: a) flexibilizar el procedimiento de reforma constitucional, sobre todo eliminando la exigencia de que algunas reformas requirieran la aprobación de dos Congresos; b) democratizar la integración del Senado, eliminando la institución de los Senadores designados y aumentando substancialmente el número de los elegidos; y c) modificar la composición y atribuciones del Consejo de Seguridad Nacional, para contrapesar el predominio que en él tenían las instituciones armadas y limitar sus facultades. También nos interesaba especialmente derogar la discriminación ideológica que establecía el art. 8 e incorporar entre las bases de la institucionalidad el respeto a los tratados internacionales sobre derechos humanos.”

Para el gobierno, “lo que más parecía interesar a esa altura era asegurar lo que el Ministro Cáceres llamó ‘la estabilidad institucional del país’, para evitar el riesgo de ‘desmantelamiento’ de que hablaba la UDI, y proteger la carrera de los oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden, hasta entonces regidas por normas jurídicas que el futuro Gobierno podría modificar fácilmente.”

“El tema más difícil fue el de la composición y generación del Parlamento. Aunque en nuestro acuerdo con Renovación Nacional se había convenido en una Cámara de 150 diputados y un Senado de 50 senadores, elegidos todos por ‘un procedimiento que dé por resultado en la práctica una efectiva proporcionalidad en la representación de las opiniones y de los partidos políticos’ y se había expresado acuerdo ‘en que la institución de los senadores designados no es consistente con la tradición política chilena y no responde a criterios claros de legitimidad política’, el Gobierno rechazó tajantemente nuestra demanda de suprimir los senadores designados y de modificar el sistema electoral binominal mayoritario; solo se allanó a reducir la influencia de esos senadores aumentando el número de los elegidos mediante el arbitrio de dividir las regiones V, VII, VIII, IX, X y Metropolitana en dos circunscripciones electorales. Esto significaba elevar el número de senadores electos de 28 a 38 y, consiguientemente, disminuir la representatividad de los designados desde casi el 30% del total al 22,5%.”

El 30 de mayo “los miembros de las Comisiones técnicas de la Concertación, Renovación Nacional y el Gobierno, sres. Francisco Cumplido y José Antonio Viera-Gallo, Carlos Reymond y Miguel Luis Amunátegui y Arturo Marín y Hermógenes Pérez de Arce, respectivamente, se reunieron para afinar el contenido del posible proyecto. Y los Partidos de la Concertación, luego de varias y extensas reuniones ese día y el siguiente, acordaron dar ‘luz verde al proyecto de reforma constitucional’ que el Ejecutivo presentaría a la Junta de Gobierno.”

La noche del 31 de mayo, Augusto Pinochet presentó a través de cadena nacional el “Proyecto de perfeccionamiento de la Constitución política de la República», afirmando que se había logrado el consenso necesario para perfeccionar la Constitución Política.

En declaración hecha al día siguiente, la Concertación de Partidos por la Democracia precisó que, con el ánimo de facilitar la posibilidad de una transición ordenada y consensual hacia un régimen democrático, había decidido expresar su aquiescencia para que el Gobierno llevase adelante este proyecto, aunque en varios aspectos no le satisfacía, comprometiéndose a “continuar luchando para lograr, en el Parlamento futuro, los acuerdos que nos permitan alcanzar la mayoría necesaria para introducir nuevas reformas a la Constitución en todas aquellas materias que nos parecen indispensables para dotar a Chile de una institucionalidad plenamente democrática.”

El 15 de junio, mediante el Decreto 939 del Ministerio del Interior, fue convocado oficialmente el Plebiscito a fin de que la ciudadanía aprobara o rechazara las reformas, y se fijó la fecha para su realización, que sería el domingo 30 de julio. ​

Al día siguiente, el Gobierno publicó un cronograma de los plazos asociados al acto plebiscitario, la propaganda electoral, los locales de votación, el resguardo del orden público y, en general, las condiciones en que debía realizarse la consulta ciudadana.

A días de realizarse el Plebiscito, el 25 de julio la Concertación de Partidos por la Democracia emitió una declaración en que llamó al pueblo de Chile a aprobar las reformas constitucionales propuestas, las que, “pese a su significativa insuficiencia, son un paso positivo, en la medida que remuevan algunas trabas al ejercicio pleno de la soberanía del pueblo, haciendo posible introducir modificaciones en el futuro.”

En el Plebiscito del 30 de julio de 1989 votaron 7.082.084 ciudadanos, de los cuales 6.069.449 (85,7%) aprobaron la reforma; 581.605 (8,21%) la rechazaron; hubo 324.283 (4,58%) votos nulos y 106.747 (1.51%) en blanco.

El 17 de agosto fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 18.825 que modificaba la Constitución política de la República de Chile.