El desenlace (*)
La misma semana de la crisis ministerial (22 de agosto) y del acuerdo de la Cámara, Aylwin se reunió con Carlos Briones, instruido por el presidente Allende, para que juntos buscaran una fórmula para promulgar la reforma constitucional de las áreas de la economía y solucionar los otros temas que el presidente de la DC había planteado al presidente en la cena en casa del cardenal: el problema de los mineros de El Teniente, la situación de la Papelera y el conflicto del transporte.
Sostuvieron tres reuniones, tras las cuales Briones dio garantías de que los trabajadores del cobre serían reintegrados en las próximas horas; y los problemas del transporte serían abordados por el nuevo ministro de Obras Públicas y Transporte, el general Magliochetti, y Juan Jara, presidente de la Confederación de Transportes. Respecto a la Papelera, se buscaría un consenso para definir el reajuste.
En cuanto a la reforma constitucional de las áreas de la economía, la DC propuso una fórmula consistente en que, simultáneamente con la promulgación, el partido presentaría un proyecto de reforma constitucional que apuntaba a impedir una acusación constitucional contra el presidente por simple mayoría.
Pero pese a la urgencia, los compromisos contraídos no avanzaban. El martes 28 de agosto el presidente Allende formó un nuevo gabinete donde incluyó a 3 generales y un contralmirante. La “muñeca” de Allende aparentemente había vuelto a funcionar. Fue el décimo y último cambio de gabinete del gobierno de la Unidad Popular. Asumieron Carlos Briones (Independiente) en Interior; Orlando Letelier (PS) en Defensa; Mario Lagos (PR) en Salud; y Pedro Felipe Ramírez (IC) en Vivienda. Nuevamente las Fuerzas Armadas y de Orden eran parte del gobierno al estar representadas por el contralmirante Daniel Arellano en Hacienda; el general de brigada Rolando González en Minería; el general de la FACH Humberto Magliochetti en Obras Públicas y Transportes; y el general director de Carabineros Mario Sepúlveda en Tierras y Colonización.
Al nominar el nuevo Ministerio, el presidente de la República señaló que su misión era “atajar la guerra civil y afianzar la seguridad nacional” y que estaría dispuesto a renunciar si se lo pedían los trabajadores, campesinos, profesionales y técnicos y, naturalmente, la Unidad Popular. La derecha y mucha gente entonces tomó sus palabras para iniciar una campaña de recolección de firmas, exigiendo la renuncia del presidente de la República.
El recién asumido ministro Briones llamó a Aylwin para continuar las conversaciones que habían iniciado la semana anterior. Pero este le señaló que mientras el gobierno no cumplieran con lo que el PDC le había pedido, no habría diálogo posible y que incluso el partido había acordado acusarlo constitucionalmente si no daba cumplimiento a la sentencia que ordenaba el desalojo del canal 9 de TV, ocupado por desde hacía semanas por militantes del MIR.
El jueves 30 de agosto se llegó a un acta de acuerdo con los transportistas. El documento fue entregado al gobierno para su ratificación posterior, pero éste, en un actuar incomprensible, dos días más tarde decidió responder con un ultimátum a los transportistas en huelga, amenazándolos con cancelar la personalidad jurídica de la Confederación Nacional de Transporte Terrestre si no deponían el paro.
El 5 de septiembre el consejo nacional del PDC acordó acusar constitucionalmente a todos los ministros de Estado que fueran responsables de las infracciones a la Constitución o a las leyes que la Cámara había denunciado en su acuerdo del 22 de agosto, o de no haber adoptado las medidas necesarias para ponerles término. Junto con ello, responsabilizó al gobierno por la severa situación económica del país, así como por la dilatación que estaba teniendo una solución para el conflicto del transporte. Entregaba su respaldo a las FF.AA. en su desempeño respecto de la ley de control de armas, acordaba movilizar a las bases del partido y a sus frentes de trabajadores, y activar el proyecto de reforma constitucional que otorgaba al Congreso la facultad de convocar a un plebiscito hasta por una vez en cada periodo presidencial.
En un intento por alinear a su coalición, el mismo día del acuerdo del consejo nacional del PDC, el presidente Allende planteó a los partidos de la Unidad Popular que se pronunciaran respecto a las alternativas para superar la crisis: lograr un acuerdo con la DC; formar un nuevo gabinete de “seguridad nacional” integrado por militares; dejarlo en libertad con facultades y poderes para él resolver. La UP anunció que se tomaría tres días para analizar las propuestas.
El 6 de septiembre, Aylwin fue víctima de un “cuadrillazo” cuando un grupo de 80 a 100 damas, en su mayoría del PN, le plantearon una serie de peticiones, entre ellas que el Congreso declarara la inhabilidad del presidente Allende, advirtiendo que, si dentro de una semana esto no se hacía, ellas irían a golpear las puertas de los cuarteles para pedir a las FF.AA. que restituyesen el orden y la tranquilidad.
El 7 de septiembre el presidente manifestó que quería promulgar la reforma de las áreas de la economía, pero que no estaba de acuerdo con la propuesta del PDC pues quería dejar reglamentado el régimen de las empresas estatizadas hasta ese momento, como también de aquellas pasadas al área social o mixta o al régimen de participación de los trabajadores. Su objetivo, en definitiva, era sanear su accionar y consolidar la situación a través de la reforma constitucional, para que no quedara “en el aire” lo que hasta ese momento se había hecho.
Naturalmente la DC no podía aceptar esta propuesta. Su disposición era favorecer cualquier medida transitoria a este respecto, llegando incluso a dictar alguna norma que diera un plazo durante el cual permaneciera la situación vigente, sin variantes, mientras se dictaba la legislación, un plazo que pudiera fluctuar entre unos 60 a 90 días.
En este incierto escenario, Aylwin decidió compartir su preocupación y sus aprensiones con los dirigentes del partido y recibir sus opiniones y sugerencias respecto a las posibles acciones que podían emprenderse.
El sábado 8 de septiembre Aylwin se reunió con la mesa directiva nacional y los presidentes provinciales. En la oportunidad, expuso las tres posibles alternativas que teníamos como partido: La primera era la que venía sosteniendo desde las elecciones de marzo de 1973: una rectificación profunda del gobierno, que significara un retorno a una constitucionalidad real. La segunda alternativa era sumarse a la estrategia que estaban usando los sectores gremialistas, reunidos en los comandos multigremiales de 17 provincias, de exigir la renuncia de Allende. La tercera opción era la que ese mismo día había planteado el rector de la Universidad de Chile en una declaración publicada en los diarios. La fórmula de Edgardo Boeninger era evitar el enfrentamiento violento por la vía de la confrontación democrática, para lo cual proponía devolver el poder a la base democrática, lo que implicaba que el presidente de la República dejara el ejercicio de su cargo, lo mismo que los parlamentarios, y se llamara a elecciones generales donde el pueblo, en ejercicio de su soberanía, zanjara la disputa eligiendo nuevo presidente y nuevo Congreso Nacional.
Aun cuando casi todos los presidentes provinciales señalaron que si el jefe de Estado no rectificaba, no había otra salida constitucional que la de exigir la renuncia del presidente Allende, los miembros de la directiva acordaron irse por la tercera alternativa. Era un camino bastante doctrinario, que parecía el mejor desde el punto de vista moral y político, aunque había dudas acerca de su viabilidad, considerando la urgencia en que estaba el país.
Ese mismo día, en reunión privada, Allende le expresó a Carlos Prats que su intención era llamar el lunes 10 a un plebiscito, aun cuando pensaba que lo perdería. Prats – según su propio testimonio– le contestó que esta medida era ilusoria, puesto que el plebiscito demoraría 30 o 60 días en implementarse y el “pronunciamiento militar” era algo a lo que tendría que hacer frente antes de diez días. Entonces le habría sugerido que el lunes pidiera permiso constitucional por un año y saliera del país. La respuesta de Allende había sido un rotundo “jamás”.
Y también ese sábado 8 de septiembre, el diputado y miembro de la comisión política del PC, Orlando Millas, pronunció un discurso radial exponiendo la gravedad del peligro golpista manejado desde el exterior, cuya intención era someter al país a un “baño de sangre” e instaurar una “tiranía terrorista”. Y luego de definir como esencial la unidad socialista-comunista y la cohesión de la UP, citó textualmente las palabras que Aylwin había pronunciado en su discurso del 26 de julio cuando informó a la asamblea del PDC que iría al diálogo con Allende: «Mientras haya una posibilidad de salida democrática, nuestro deber es buscarla”.
Pero las esperanzas de que al fin habría un posible entendimiento que permitiera una salida democrática, se vieron totalmente diluidas al día siguiente, domingo 9 de septiembre, cuando el Partido Socialista, el MAPU y la Izquierda Cristiana manifestaron su oposición a cualquier forma de acuerdo en este sentido. También se evaluó la posibilidad de llamar a un plebiscito, pero tampoco se logró una posición unánime.
Y para que no hubiera lugar a dudas respecto al rechazo a cualquier tipo de entendimiento, en un acto de masas realizado en el Estadio Chile esa misma jornada, y acompañado de Miguel Enríquez y Óscar Guillermo Garretón, el secretario general del Partido Socialista, Carlos Altamirano, reiteró que el diálogo no podía ser y denunció que la oficialidad de la Armada estaba coludida con los reaccionarios de otras ramas de las Fuerzas Armadas y partidos políticos de derecha, todos quienes preparaban un “golpe de Estado”, advirtiendo que la “conjura” de la derecha solo podía ser aplastada con la fuerza invencible del pueblo unido a tropas, clases, suboficiales y oficiales leales al gobierno constituido.
Ese domingo el PDC dio a conocer el acuerdo del partido de evitar el enfrentamiento violento por la vía de la confrontación democrática. Era la última posibilidad.
Pero al día siguiente, lunes 10 de septiembre, el Partido Comunista endureció su discurso y convocó al pueblo chileno a “tomar sus puestos de combate” acusando a la directiva de la DC de haberse sumado a la sedición al solicitar la renuncia del presidente de la República y de todo el Congreso Nacional.
Ese día lunes Aylwin estuvo en el Congreso materializando el acuerdo al que había llegado el sábado 8 la directiva nacional y los presidentes provinciales. No le era fácil concentrarse ya que estaba pendiente del anunciado discurso del presidente Allende en que llamaría a un plebiscito. Muchos años después, Carlos Briones le confirmaría que Allende tenía el propósito de llamar a un plebiscito. El plan era hacerlo el 10 de septiembre, sin embargo, decidió postergarlo para la mañana del día siguiente en la Universidad Técnica. Pero ya el tiempo se había acabado. La madrugada del 11 de septiembre de 1973 se produjo el golpe de Estado
(*) Relato basado en el libro «La experiencia política de la Unidad Popular», de Patricio Aylwin. El desenlace | Fundación Patricio Aylwin (fundacionaylwin.cl)