Tres candidatos contendieron en la elección presidencial de 1970: don Jorge Alessandri Rodríguez, don Salvador Allende Gossens y don Radomiro Tomic Romero. ¿Cómo surgieron y qué representaban sus postulaciones?

La candidatura de Alessandri

Fue la primera en aparecer, aunque solo se oficializó el 2 de noviembre de 1969, cuando el ya anciano expresidente de la República anunció al país su decisión de aceptar que su nombre fuera postulado «para no defraudar -según dijo- el inmenso llamado de miles y miles de nuestros compatriotas que, con fe inquebrantable, han echado sobre mis hombros el enorme peso de sus esperanzas.»[1]

En verdad, la candidatura de Alessandri comenzó a gestarse desde el mismo día 3 de noviembre de 1964, en que terminó su período presidencial. Pequeños grupos de excolaboradores y simpatizantes iniciaron de inmediato una campaña, que pronto se expresó en la formación del MAD (Movimiento de Acción Democrática), el que ya en 1965 hizo circular un panfleto, con cerca de mil suscriptores, pidiendo el retorno del exmandatario a La Moneda.  Meses después, surgió el MIA (Movimiento Independiente Alessandrista) que se dedicó a constituir comandos de trabajo en pro de su postulación.

Se trataba de adherentes tenaces y entusiastas, muchos de los cuales formaban parte de círculos allegados a Alessandri o eran sus amigos. No se perdían la ocasión para idealizar su personalidad. El 3 de noviembre se convirtió para ellos en una fecha simbólica, que los reunía frente a la residencia del exmandatario para saludarlo, vitorearlo e instarlo a «volver». «Don Jorge» agradecía y… guardaba silencio; pero los diarios y radios derechistas daban al suceso gran publicidad, y el slogan: «Alessandri volverá», empezó a aparecer, muy bien pintado, en calles y caminos.

El recién nacido Partido Nacional, que congregó a los sectores más representativos de la derecha en torno a planteamientos definidamente «autoritarios» y «nacionalistas», no tenía alternativa viable que ofrecer al país. La figura prestigiada de Alessandri le sirvió para llenar ese vacío, procurando convertirla en la esperanza de todos los que sentían amagados sus intereses o sus tradicionales creencias políticas por las reformas del gobierno democratacristiano.

El nombre de «don Jorge» fue convertido así, para mucha gente, en el signo de contraste o antítesis de cuanto pudiera afectarlas o disgustarlas en la política del gobierno. Alessandri representaba «el derecho de propiedad» amenazado por la reforma agraria y por el impuesto al patrimonio; «el orden» y «la autoridad» frente a la debilidad que se atribuía al gobierno ante los signos de agitación propios de un período de cambios; «la independencia» contrapuesta al proselitismo partidista que exhibían los sectores de gobierno; la «experiencia» frente a la juventud de los nuevos equipos.

Esta estrategia dio buenos dividendos: en las elecciones municipales de 1967 el Partido Nacional subió la votación derechista de 2,5% a 14,3%, y en las parlamentarias de 1969, en que hizo su campaña enarbolando la bandera del Alessandrismo, la elevó al 20% de los electores. Aunque «Don Jorge» se abstuvo de toda intervención, dos sobrinos suyos, Silvia y Gustavo Alessandri, fueron candidatos a diputados y ambos obtuvieron la primera mayoría en sus respectivos distritos, los dos más poblados del país.

Procurando explicar ese fenómeno, el más prestigioso comentarista político del periodismo chileno, Luis Hernández Parker, lo atribuyó a que Alessandri logró «amasar una imagen que es la cara opuesta de los políticos profesionales chilenos. Siendo él también un profesional de la política, aparece extraño y reñido con la politiquería, que es la incurable enfermedad que sufre el pobre cuerpo de Chile.»[2]

Otro factor importante fue, sin duda, la reacción egoísta y temerosa de algunos sectores de la clase media, especialmente medianos y aun pequeños empresarios y también profesionales, a quienes la hábil propaganda de derecha -que controlaba los más influyentes medios de comunicación- los llevó a sentirse postergados y hasta amenazados por la política económico-social de la Democracia Cristiana.

Y, de modo decisivo, contribuyó también a robustecer en la opinión pública la imagen de Alessandri, la torpe campaña de soeces ataques personales de que lo hicieron objeto algunos grupos de izquierda, especialmente a través de los diarios «Clarín» y «Puro Chile». El encono y grosería de esos ataques suscitaba general repugnancia y atraía hacia el personaje denigrado los sentimientos de simpatía que rodean a las víctimas.

Finalmente, el silencio de Alessandri -espontáneo o estudiado, indiferente o estratégico- ante esos ataques y ante los requerimientos de sus partidarios, contribuyó a aumentar su carismática imagen, sobre todo en los sectores independientes, hostiles al incesante debate político.

Lo cierto es que después de los comicios de marzo de 1969, para la derecha quedó claro que el nombre de Alessandri le abría la expectativa de recuperar el poder. Las sugerencias de quienes en su seno habían pensado en buscar algún nombre significativo de apertura, como el de Felipe Herrera, o alguna forma de entendimiento con la Democracia Cristiana, quedaron definitivamente descartadas. La candidatura presidencial de Jorge Alessandri fue un hecho al que solo faltaba la formalidad de su aceptación.

Esta tardó algunos meses en producirse. En reportaje publicado en agosto de 1969 por la revista inglesa «The Economist», Alessandri puso de manifiesto su creencia de que solo su candidatura podría atajar el triunfo de la izquierda marxista, planteando la contienda presidencial como un verdadero referéndum, de modo que su elección significara el apoyo del país a una reforma constitucional que invistiera al presidente de la República de plenos poderes para dirigir la política económico-social, sin interferencia del Parlamento, ni de los partidos, ni de los sindicatos.

Esta idea, planteada como reacción «contra el desorden y la politiquería», fue el motivo central de su postulación y en torno a ella el Partido Nacional y el Movimiento Alessandrista elaboraron sendos programas que presentaron al país como aportes al futuro gobierno.[3]

En materia política, se proponía otorgar al jefe del Estado las facultades de disolver el Congreso y de convocar a plebiscito para que el país resolviese los conflictos entre el presidente y las Cámaras y pudiese participar directamente en las decisiones más trascendentales. Estas reformas tendrían por objeto, se decía, «extirpar la politiquería y los pésimos hábitos políticos que hoy agobian al país, mediante la limitación y el término de la influencia de los parlamentarios en materias administrativas, financieras, gremiales y estudiantiles» y ellas harían posible «una efectiva participación popular al eliminar la acción del intermediario político y de los demagogos profesionales que se interponen entre el pueblo y sus gobernantes.»

En materia económica, se preconizaba un régimen de «empresa privada» y «economía de mercado», en el que se eliminarían los privilegios, se detendría la inflación, se incrementarían las inversiones y se crearían nuevas fuentes de trabajo.

En materia social, se ponía el énfasis en la superación de la lucha de clases y la integración nacional, especialmente entre empresarios y trabajadores, y se proponía la creación de un Consejo Económico Social para asesorar al presidente de la República en la planificación de su política, constituido por representantes de los gremios, de los elementos de la producción y del comercio y de las Fuerzas Armadas.

Respecto a la reforma agraria, se anunciaba su continuación «pero impidiendo que la ley se utilice con fines políticos» y «otorgando títulos individuales de dominio a los asentados que lo deseen.»

Se formulaban planteamientos bastantes generales sobre políticas de vivienda, salud y previsión social, sobre la administración pública y el sistema judicial, y se proponía una participación decisiva de las Fuerzas Armadas en la política de integración nacional y la reestructuración técnica de las mismas, para adecuarlas al nuevo concepto de seguridad nacional que implica -se expresaba- dos tareas fundamentales: «el resguardo de la Nación frente a cualquier amenaza externa y la garantía de la seguridad interior frente a los eventos que puedan importar la quiebra de la paz social o la destrucción de otros valores esenciales de la comunidad.[4]

La candidatura de Tomic

La Democracia Cristiana proclamó a Radomiro Tomic en agosto de 1969. También esta postulación tenía sus orígenes en los inicios mismos del gobierno de Frei. En verdad, cuando éste fue ungido candidato para la elección presidencial de 1964, en el ánimo de los dirigentes y de las bases democratacristianas quedó la idea de que Tomic sería el candidato para el período siguiente. Así lo explicitó el entusiasmo de los militantes en la propia campaña del 64, con el grito: «Frei, presidente; Tomic, el siguiente». Pero aunque no tuvo contendores dentro del Partido, la formalización de esta candidatura no estuvo exenta de vicisitudes.

Radomiro Tomic era, como Frei, uno de los fundadores de la Democracia Cristiana chilena y uno de sus dirigentes de mayor prestigio. La fogosa elocuencia de su oratoria, el vigor de sus planteamientos -casi siempre novedosos- y su imagen de hombre versado y ejecutivo a la vez, despertaban en torno suyo admiración y entusiasmo, especialmente entre los jóvenes. Sus éxitos electorales, que lo habían llevado, primero, a la Cámara de Diputados, y más tarde, en dos oportunidades, al Senado, por circunscripciones distintas y con votaciones sorprendentes, así como su brillante desempeño parlamentario, le habían granjeado merecida fama de rectitud, capacidad y eficacia, dentro y fuera de su Partido.

En 1963, durante el debate interno de la Democracia Cristiana para proclamar candidato a la elección presidencial del año siguiente, Tomic había sostenido que «sin el acuerdo de las fuerzas sociales y políticas comprometidas en la sustitución del régimen capitalista, era imposible tener éxito en el reemplazo de las estructuras minoritarias y de los centros de poder que los democratacristianos denunciábamos como la causa directa del fracaso institucional, de la injusticia social, de la pobreza extrema y de la creciente dependencia exterior de Chile.» Consecuente con ese criterio, había patrocinado un entendimiento con los partidos de izquierda, entonces unidos en el Frente de Acción Popular (FRAP), para afrontar unidos la elección presidencial.

La experiencia del gobierno del presidente Frei, que en el cumplimiento de su programa de cambios no solo encontró la resistencia de los sectores derechistas, sino también la cerrada oposición de los partidos de izquierda y fue permanentemente obstaculizado por la intransigencia de las poderosas fuerzas sindicales controladas por éstos, reafirmó a Tomic en su convicción de que «no podrán hacerse en Chile los cambios revolucionarios de contenido esencialmente democrático que el país necesita, sin un acuerdo entre la Democracia Cristiana y las fuerzas sociales y las fuerzas políticas partidarias de los cambios.»[5] Consecuente con ese criterio, tan pronto dejó la embajada en Washington y regresó al país, en el primer semestre de 1968, planteó públicamente la tesis de que «sin unidad popular no habrá candidatura Tomic.»

A juicio de Tomic, la «Unidad Popular» -tal como la concebía-, hacía indispensable «el acuerdo del Partido, el acuerdo del gobierno y el acuerdo de la izquierda.»[6] Pero ninguno de los tres se produjo.

Desde luego, los dos partidos ejes de la izquierda, Socialista y Comunista, rechazaban terminantemente todo acuerdo con la Democracia Cristiana. El Partido Socialista, que a fines de 1967 había proclamado en su Congreso de Chillán la tesis del «Frente de Trabajadores» y excluido cualquier clase de compromisos o alianzas con sectores de la burguesía, descartó públicamente la posibilidad de entendimiento con la Democracia Cristiana[7]. En cuanto al Partido Comunista, decidido partidario de la tesis de la unidad popular partiendo de la unidad socialista-comunista, había sido igualmente categórico para expresar que solo la concebía con los sectores «progresistas» de la DC pero no con los «reaccionarios» sostenedores de la política del presidente Frei, entre lo que incluía expresamente a Tomic.[8]

El «acuerdo del gobierno» de que Tomic hablaba, significaba para él «los cambios en la orientación de la gestión gubernativa y legislativa que serían indispensables para hacer posible una plataforma común de la DC y las fuerzas de izquierda».[9] Pero la experiencia de cuatro años demostraba que «los cambios de orientación» capaces de satisfacer a comunistas y socialistas para esos efectos, contrariaban aspectos fundamentales del programa del gobierno, lo que éste -por supuesto- no podía aceptar.

Finalmente, cuando el Partido fue llamado a pronunciarse sobre la tesis de la «unidad popular» en la Junta Nacional de 2 y 3 de mayo de 1969, prefirió la del «camino propio» por 233 votos contra 215.[10]

Un mes antes, la falta de acuerdo del gobierno y de la izquierda respecto de su tesis y percepción sobre las discrepancias que ella originaba en el seno del Partido, habían llevado a Radomiro Tomic a comunicar formalmente al presidente del PDC, senador Renán Fuentealba, su decisión irrevocable de no aceptar que su nombre fuera postulado como candidato para las elecciones presidenciales de1970.  El pronunciamiento de la Junta Nacional no hizo sino confirmarlo en esa decisión, que obedecía a su profundo convencimiento de que el esquema de la «unidad popular» era «el único que podía sacar a Chile del proceso de desintegración del cual es víctima y darle unidad, estabilidad social, independencia económica y desarrollo, y el único que podría atajar, siendo ya la hora undécima, la trágica secuencia de insurgencia-represión-dictadura.»[11]

Pero si en las bases democratacristianas no encontraba acogida la idea de un entendimiento político con los partidos marxistas, había casi unanimidad para querer a Radomiro Tomic como candidato presidencial.

Por otra parte, la decisión de la Junta Nacional de comienzos de mayo dejó al PDC en una situación delicada. Numerosos militantes abandonaron el Partido, entre ellos dos senadores, un diputado, varios regidores y gran parte de la plana mayor de los Departamentos Juvenil y Campesino.[12] La Directiva presidida por el senador Fuentealba renunció y la que se eligió en su reemplazo, encabezada por Jaime Castillo, se encontró con el desánimo y renuencia a asumir responsabilidades de un importante sector que veía en lo ocurrido un signo de «derechización del Partido.»

Finalmente, aunque la Democracia Cristiana tenía otros dirigentes de prestigio nacional capaces de representarla -se daban especialmente los nombres de Bernardo Leighton, Edmundo Pérez y Gabriel Valdés-, ninguno postuló seriamente su nominación y todos reconocían una especie de «mejor derecho» a Radomiro Tomic.[13]

Fue así como mediante un serio esfuerzo de apaciguamiento interno, clarificación de ideas y unificación de criterios, al cabo de tres meses pudo la Democracia Cristiana llegar a los acuerdos unánimes en su Junta del 15 de agosto de 1969, por las cuales se aprobaron las «bases programáticas» para el período 1970-1976 y se designó candidato presidencial a Tomic.[14]

Dichas bases programáticas reposaban en cuatro ideas matrices:

1. Valoración de la experiencia del gobierno del presidente Frei.
2. Lealtad a los principios esenciales de la democracia.
3. Proclamación de dos metas fundamentales para el nuevo período: a) la sustitución de las minorías por el pueblo organizado y activamente participante en los centros del poder político, social, económico y cultural; y b) la sustitución del capital financiero por los trabajadores organizados como el motor fundamental y principal beneficiario del esfuerzo productivo de la economía chilena.
4. La búsqueda de la unidad popular como línea de conducta práctica ante la realidad concreta del país, procurando hacer concordar, sin compromisos ideológicos, a todas las fuerzas sociales y a los partidos políticos en lucha contra el orden establecido, en las tareas necesarias para alcanzar aquellas metas.

Sobre estas bases, la candidatura Tomic, que pronto recibió el apoyo del Partido Democrático Nacional y de importantes sectores independientes, presentó al país un programa cuyas proposiciones más relevantes eran las siguientes:

1. En lo político: a) formación de una amplia base de gobierno mediante la participación de las grandes fuerzas sociales en que se agrupa el pueblo chileno y también de las fuerzas políticas de base popular; y b) democratización del Estado mediante una reforma constitucional destinada a consagrar la ratificación popular de las metas fundamentales del programa de gobierno, el plebiscito para resolver las discrepancias entre Ejecutivo y Parlamento en materias importantes y la facultad del presidente de disolver el Parlamento hasta por una vez en cada período presidencial.
2. En lo económico: a) planificación económica por el Estado, generada democráticamente y obligatoria para todo el sistema productivo; b) constitución, paralelamente a las empresas privadas no monopólicas del área económica tradicional, de la «Economía Social del Pueblo» constituida por las empresas de propiedad del «Fondo para la Independencia y el Desarrollo Nacional» que se crearía, las de propiedad pública o estatal y las de trabajadores; c) nacionalización inmediata, por ley si fuere necesario, de las principales empresas productoras de cobre, para completar el proceso iniciado en el gobierno de Frei; d) reformas tributaria y bancaria; y e) aceleración masiva de la reforma agraria.
3. En lo social: a) política de plena participación popular en todos los niveles; b) programa de promoción de la mujer y la familia, de salud y de vivienda; y c) modernización y democratización de la justicia.
4. En lo cultural: política para la formación de nuestra personalidad cultural como nación y nuestra identidad personal latinoamericana.
5. En lo internacional: continuación de la política del gobierno de Frei, con énfasis en la universalidad de las Naciones Unidas, la revisión del sistema interamericano y la integración latinoamericana.
6. En materia de Defensa Nacional, incremento de la eficiencia de las Fuerzas Armadas mediante la dotación y el equipamiento adecuados, y su integración al desarrollo del país, mediante la definición de una política de seguridad nacional que debe ser tomada en cuenta en todos los organismos y en todas las decisiones fundamentales del país y su debida participación en la planificación nacional.

Para impulsar este programa, el gran motor debería ser el propio pueblo, movilizado por dos grandes místicas: la mística de la solidaridad nacional: «Chile es un solo pueblo. La suerte de mi patria será mi propia suerte»; y la mística del trabajo: «El trabajo es la medida del amor hacia la Patria. Chile no podrá salir de la pobreza interna y de la dependencia extranjera, sino a base de un gran esfuerzo de trabajo y disciplina hecho por el pueblo y en su propio beneficio.»[15]

La candidatura de Allende

La candidatura de más difícil gestación y última en formalizarse fue la de Salvador Allende Gossens.[16]

El Dr. Allende era, sin lugar a dudas y por muy lejos, el político de más prestigio de la izquierda chilena, dentro y fuera del país. Dirigente del Partido Socialista desde sus inicios, ministro de Salud del presidente Aguirre Cerda, presidente por algún tiempo del Colegio Médico de Chile, parlamentario destacado durante más de veinticinco años, presidente de la Organización Latinoamericana de Solidaridad (OLAS) creada en la Conferencia de La Habana de 1967, candidato a la presidencia de la República en 1952, 1958 y 1964, su nombre era uno de los tres más conocidos y populares en la vida pública nacional. Desde fines de 1966 desempeñaba la Presidencia del Senado, elegido por los partidos del FRAP con apoyo radical y la aquiescencia de la derecha, y desde ese cargo, cabeza del Poder Legislativo, lideraba la oposición al gobierno democratacristiano.

Todo parecía hacer de Allende el natural abanderado de la izquierda, pero ésta estaba dividida y en su propio Partido, su liderato había sufrido grave deterioro.

En el seno del FRAP, la querella doctrinaria y estratégica entre sus dos integrantes fundamentales, socialistas y comunistas, se acentuaba día a día. Mientras el Partido Comunista venía sosteniendo desde 1965 la tesis de la «unidad de las fuerzas populares y progresistas», sea que estuvieran «con la oposición o con el gobierno, en contra de las fuerzas reaccionarias que hay en el gobierno y en la oposición»[17] y preconizaba la vía democrática y pacífica para llegar al poder, el Partido Socialista se venía radicalizando desde mediados del decenio anterior hacia una intransigencia y exclusivista posición de clase, concretada en la tesis del «Frente de Trabajadores» y proponía el reemplazo de la «vía electoral» por la «vía armada» como método para alcanzar el poder e instaurar el socialismo.[18]

Así, mientras los comunistas buscaban ampliar lo más posible la base electoral y política de la izquierda, incluso con sectores radicales y democratacristianos, los socialistas desechaban cualquier entendimiento con grupos «burgueses» y de tendencias «reformistas».

En el curso de 1969, la primera de estas posiciones, más realista y flexible, terminó por imponerse. Uno a uno, los partidos políticos de izquierda y de centro que militaban en la oposición, empujados por la persuasiva tenacidad del Partido Comunista, fueron adhiriendo a la idea de un Frente Amplio que abría a todos la tentadora expectativa de ganar la Presidencia de la República para un hombre de sus filas. Entre abril y septiembre de ese año, cada uno de ellos presentó su postulante a ser el candidato de la izquierda unida.

El primero en aparecer fue el senador Rafael Tarud, nominado en abril de 1969 por la Acción Popular Independiente (API), pequeño grupo que sobrevivía del antiguo ibañismo. Luego fue respaldado por el Partido Social Demócrata, fracción minoritaria del antiguo Partido Democrático. Su candidatura se planteó como «una alternativa de izquierda independiente, frente a la dispersión de las fuerzas populares motivadas por los antagonismos ideológicos y tácticos.»[19]

Luego, el Partido Radical, en una Convención realizada a comienzos de mayo en que ratificó su línea izquierdista, contraria al capitalismo y favorable a los cambios sociales profundos, y en la que expulsó de su seno a los dirigentes de su sector pro derechista, proclamó la candidatura del profesor universitario Alberto Baltra, que año y medio antes había sido elegido senador con el apoyo de toda la izquierda.[20]

Por su parte, el Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), formado por los exmilitantes de la Democracia Cristiana que la abandonaron en mayo de 1969, levantó la candidatura de Jacques Chonchol, propiciando un «Pacto Revolucionario» para aglutinar a las fuerzas de izquierda, cuyo cimiento fuera la clase trabajadora y cuyo fin sería establecer un Estado de Trabajadores, implantar una economía socialista y crear una nueva cultura.[21]

A fines de agosto de 1969, tras tensos debates del Comité Central del Partido Socialista y después de dos votaciones en que fue superado por el secretario general, senador Aniceto Rodríguez, Salvador Allende fue designado candidato de esta colectividad por 12 votos contra 13 abstenciones.[22]

Un mes después, el Partido Comunista nombraba su candidato al poeta y político Pablo Neruda, «por su condición de probado luchador desde las filas del Partido, por su fidelidad al pueblo, por su amor a Chile, por su inteligencia y su sensibilidad, que lo hace vibrar en cada momento con los dolores e inquietudes de la gente trabajadora», no sin dejar constancia de que se trataba de una postulación más para escoger un candidato común. «No decimos: Neruda o ningún otro; no decimos: o nuestro candidato o no hay unidad popular», expresó el senador Luis Corvalán, jefe del Partido Comunista.[23]

Tras duros esfuerzos para vencer la intransigencia socialista a entenderse con los radicales, «fuerza no revolucionaria y de doctrina burguesa» -según palabras del senador Carlos Altamirano-[24] el 8 de octubre se iniciaron las reuniones de «Mesa Redonda» para constituir la «Unidad Popular», redactar un programa conjunto y elegir candidato común. Al cabo de dos meses y medio, el 22 de diciembre, se dio a conocer al país el «Programa Básico de la Unidad Popular»[25], y cuatro días después, un documento titulado «Pacto de la Unidad Popular», suscrito por los Partidos Socialista, Comunista, Radical, API, MAPU y Social Demócrata. Candidato común no habría hasta un mes más tarde.

El Pacto de la Unidad Popular expresaba que ésta surgía «como una alternativa de poder, la única verdaderamente capaz de resolver los problemas de las grandes mayorías nacionales», concretando así «la posibilidad cierta de constituir un gobierno que responda al clamor unitario que viene desde la base misma del pueblo.» Lo esencial del documento era la definición que contenía sobre «la forma o concepción de gobierno destinada a garantizar el cumplimiento de los postulados programáticos comunes.» Textualmente señalaba: «Declaramos enfáticamente que el candidato y los partidos y movimientos que lo apoyan, harán un gobierno del pueblo -no de un hombre-, dirigiendo al país sobre bases de integración y colaboración de las colectividades políticas y las organizaciones sindicales y de masas, asumiendo cada cual su respectiva responsabilidad en los escalones correspondientes del Estado y en la conducción del país. El Gobierno Popular actuará de acuerdo con la mayoría nacional, será pluripartidista y las decisiones esenciales considerarán la opinión común de las fuerzas que lo generan e integran. No será por tanto el gobierno de un solo partido ni mucho menos un gobierno personal. No elegimos un monarca sino un mandatario del pueblo. En los órganos de dirección del gobierno estarán representados todos los partidos y movimientos que lo generen.» Para cumplir estos propósitos se estipulaba que «la elección del Presidente de la República y de los partidos y movimientos será coordinada a través de un Comité Político integrado por todas estas fuerzas» y que «en cada nivel de trabajo y en las esferas decisivas de la administración estatal, estarán presentes todas las fuerzas que generen al Gobierno Popular, actuando conjuntamente entre sí y con las organizaciones sociales de los trabajadores y el pueblo interesadas en el área respectiva.»

En cuanto al Programa, se proponía «terminar con el dominio de los imperialistas, de los monopolios, de la oligarquía terrateniente e iniciar la construcción del socialismo en Chile.» Para alcanzar estos fines, contemplaba fundamentalmente las siguientes políticas:

1. En el orden político-institucional: a) «el traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas de las capas medias de la ciudad y del campo.»; b) un Gobierno Popular pluripartidista «integrado por todos los partidos, movimientos y corrientes revolucionarias» que «asentará su fuerza y su autoridad en el apoyo que le brinde el pueblo organizado» y que «respetará los derechos de la oposición que se ejerza dentro de los marcos legales»; c) «la profundización de la democracia y las conquistas de los trabajadores», mediante la plena vigencia de sus libertades y derechos «sin las cortapisas con que los limitan actualmente las clases dominantes» y la «intervención real y eficaz» del pueblo en las organizaciones del Estado; y d) la dictación de «una nueva Constitución Política» para institucionalizar «la incorporación masiva del pueblo al poder estatal», creando una organización única del Estado a nivel nacional, regional y local, que tendrá a la Asamblea del Pueblo… Cámara Única que expresará nacionalmente la soberanía popular… como órgano superior de poder.»
2. En el orden económico: a) la creación de un sistema nacional de planificación con carácter ejecutivo; b) la constitución de «una área estatal dominante», mediante la nacionalización de la gran minería del cobre, hierro, salitre, yodo y carbón, del sistema financiero, del comercio exterior, de las grandes empresas de distribución y los monopolios industriales estratégicos y, en general, de las actividades que condicionan el desarrollo económico y social del país, como producción y distribución de energía, transporte, siderúrgica, cemento, petroquímica, celulosa y papel; c) «profundización y extensión de la reforma agraria», mediante la expropiación de todos los predios que excedan la cabida máxima» y la organización de las tierras expropiadas «preferentemente en formas comparativas de propiedad» que signifiquen para los campesinos «su propiedad sobre la casa y el huerto que se les asigne y sobre los derechos correspondientes en el predio indivisible de la Cooperativa»; y d) «una política que genere un gran empleo», que asegure «un crecimiento económico rápido», que «desarrolle y diversifique nuestras exportaciones» y que procure «la estabilidad monetaria».
3. En el orden social: a) política de remuneraciones que, con participación de los trabajadores, fije sueldos y salarios efectivamente vitales y los reajuste cada seis meses o cada vez que el costo de la vida suba más de un 5%; b) unificación, extensión y mejoramiento del sistema de seguridad social y entrega a los imponentes de la administración de las Cajas de Previsión; y c) plan habitacional para que cada familia llegue a ser propietaria de su vivienda y eliminación del sistema de reajustes de los dividendos, limitando las cuotas o rentas de los adquirentes o arrendatarios a no más del 10% del ingreso familiar.
4. En el orden cultural: a) «incorporación de las masas a la actividad intelectual y artística… a través del establecimiento de un sistema nacional de cultura popular»; sistema educacional democrático único y planificado» mediante la creación de una «escuela unificada (básica y media) en cada comuna rural, en cada barrio y en cada población» y poniendo en manos del Estado los establecimientos privados; y c) asignación por el Estado a las Universidades de «recursos suficientes para asegurar el cumplimiento de sus funciones y su efectiva estatización y democratización.»
5. En el orden internacional: a) afirmación de la independencia política y económica del país, lo que implicaría «denunciar la actual OEA» y «revisar, denunciar y desahuciar, según los casos, los tratados o convenios que signifiquen compromisos que limiten nuestra soberanía y concretamente los tratados de asistencia recíproca, los pactos de ayuda mutua y otros pactos que Chile ha suscrito con Estados Unidos.»

Otros dos documentos se suscribieron enseguida entre los partidos de la Unidad Popular: un «Acuerdo sobre conducción y estilo de la campaña» y un compromiso, que jamás se dio a la publicidad, sobre distribución de fuerzas en el futuro gobierno.

En el referido «Acuerdo» se expresaba el propósito de «enfrentar la batalla electoral sobre la base de la plataforma establecida en el Programa… e impulsando la lucha de la clase obrera y de las capas medias tras objetivos relacionados con sus necesidades y aspiraciones.» Conforme a su texto, «la lucha de clases» debería «jugar un papel fundamental en la campaña» y «provocar el enfrentamiento ideológico y práctico con el gobierno y la Democracia Cristiana, con el imperialismo y la derecha.» La campaña debería realizarse, bajo la dirección de un Comando Político, por los Comités de Unidad Popular (CUP) que se crearían en todo el país y constituirían «expresiones gremiales de poder popular.»[26]

El compromiso secreto obligaba a quien fuera elegido candidato y a su Partido a expresar en su carta de agradecimiento a cada uno de los Partidos y Movimientos de la Unidad Popular:

1. Su adhesión al Programa Básico de Gobierno, al Pacto de la UP y al Acuerdo sobre conducción y estilo de la campaña.
2. El compromiso de que en su gobierno estarían representadas todas las colectividades integrantes de la UP
3. El compromiso de designar los ministros de acuerdo a las siguientes normas de proporcionalidad: «a) los partidos Comunista, Socialista y Radical deberán quedar en igualdad de condiciones; b) las colectividades que apoyan la candidatura del senador Rafael Tarud se tomarán para este efecto como un solo Partido y tendrán, en conjunto, la misma representación que se contempla para cada partido de los citados en la letra anterior; y c) el MAPU tendrá la representación correspondiente a la colectividad más favorecida entre las que se aluden en la letra b.» En otras palabras, el documento oficializaba la fórmula ministerial conocida como 3-3-3-2-2, es decir, 3 ministros socialistas, 3 radicales, 2 del MAPU, 2 de uno de los partidos que apoyaba a Tarud y 1 del otro.[27]

Formalizados todos estos acuerdos, todavía quedaba pendiente la ardua tarea de escoger candidato. Las dificultades eran muchas. Baltra y Tarud contaban con tres votos: PR, PSD y API; Neruda también con 3: PC, PS y MAPU; Allende con dos: PS y PC, y Chonchol solo con el de su partido. Esta situación llevó al PC a proponer la nominación de otro candidato distinto de los presentados, solución que rechazaban el PR, el PSD y el API. En estas circunstancias, el MAPU retiró su postulación a fin de facilitar un acuerdo. Pero el impasse se mantuvo y se tornó airado. A comienzos de 1970, el representante del PSD en el Comité Coordinador de la Unidad Popular, diputado Juan Tuma, denunció públicamente «el cuadrillazo de Socialistas y Comunistas que están haciendo un tongo», contrastando su actitud con la asumida por los radicales «que han dado a los partidos marxistas una verdadera lección de decencia y rectitud.»[28]

Pero el PC no cejaba en su empeño y sugirió el nombre del senador mapucista Rafael Agustín Gumucio como eventual candidato de unidad, lo que el PR rechazó terminantemente. Por su parte, el MAPU propuso el nombre del secretario general del PS, senador Aniceto Rodríguez, lo que provocó la renuncia, dolida, de Salvador Allende. Su partido se la rechazó. El PC empezó a culpar de intransigencia «al PR y sus aliados», rechazando «la constitución de bloques dentro de la UP.[29]

Al cabo de dos semanas de absoluto estancamiento, el 19 de enero, a mediodía, Baltra hizo pública una carta al presidente del PR por la que renunciaba indeclinablemente al alto honor que el radicalismo le había conferido «en la esperanza de que este gesto materialice la unidad.»[30] El mismo día 19, al anochecer, Neruda hizo otro tanto,[31] con lo que el PC demostraba que quería al PR dentro de la UP, pero sin candidato.

La renuncia de Baltra provocó una crisis dentro del radicalismo. Su propio presidente, el diputado Carlos Morales, la había insinuado algún tiempo antes al declarar que «a su colectividad le será difícil controlar al electorado que habitualmente sufraga por el PR en caso de que no sea el senador Baltra el candidato presidencial de la UP.»[32] Alguien reveló que la renuncia de Baltra era consecuencia del «veto vejatorio dado por el PC al senador Baltra». La verdad es que el diputado Orlando Millas y la senadora Julieta Campusano habían informado personalmente al abanderado radical de un acuerdo del Comité Central del PC de no apoyar su postulación. Por otra parte, en el seno del PR había una fracción allendista, encabezada por Arcalaus Coronel, Mario Astorga y Patricio Valdés, que varias veces habían propuesto proclamar al candidato del PS.[33]

Pero las renuncias de Baltra y de Neruda no rompieron el empate, ahora limitado a Tarud y Allende, cada uno con tres votos; el primero: API, PSD y PR, el segundo: PS, MAPU y PC.

El impasse parecía sin solución, hasta que el 22 de enero se realizaron dos reuniones paralelas en las oficinas de los senadores Rafael Tarud y Aniceto Rodríguez, separadas por escasos cuatro metros una de la otra. El dirigente radical Orlando Cantuarias hizo de intermediario entre ambas. De allí salió la renuncia de Tarud, quien aceptó ser generalísimo de la campaña de Allende, asumiendo la Presidencia del Comando de la Unidad Popular.[34]

Fue, sin duda, un parto largo y doloroso; pero el Partido Comunista había logrado, al fin, sacar adelante su proyecto de Unidad Popular y Salvador Allende era el candidato.

1.      Planteamiento general

La campaña presidencial de 1970 fue dura, apasionada y no exenta de violencia.

Más que en los programas que cada candidato ofrecía al país, la discusión se centró en lo que cada cual representaba, con los consiguientes enjuiciamientos recíprocos y airadas recriminaciones.[1]

La candidatura Alessandri enarboló las banderas de la «independencia contra la politiquería», de la «autoridad frente al desorden» y de la «austeridad frente al despilfarro y la demagogia.»

Sobre estas bases, centró su ataque en el gobierno democratacristiano, presentándolo como la máxima expresión de dichos vicios, ante los cuales se alzaba como única esperanza de salvación nacional la integérrima personalidad de «don Jorge», símbolo mítico de las virtudes contrapuestas.

Sin hacer jamás un examen objetivo de lo realizado por el gobierno del presidente Frei, la crítica del alessandrismo se volcó sobre algunas de las manifestaciones externas de la vida nacional en los últimos años de ese período: la efervescencia social propia de un proceso de cambio, el debilitamiento del derecho de propiedad, la creciente intervención estatal en lo económico -«que no deja trabajar tranquilo»-, la influencia gubernativa del PDC, etc. Alessandri, en nombre de la experiencia, defendía a la «empresa privada», fustigaba irónicamente el intento de hacer «desarrollo social sin previo desarrollo económico» y acusaba a la DC y a la izquierda de «vivir al margen de la realidad.»

El otro gran caballo de batalla de la derecha fue el «anticomunismo.» Pero éste no se esgrimía jamás por el propio candidato y rara vez por los dirigentes de su campaña. Para ello se montó, separadamente, una prolífica máquina de propaganda destinada a explotar psicológicamente el temor al peligro comunista que entrañaba la candidatura Allende.

Esta, a su vez, procuró identificarse como la candidatura «del pueblo» y contraponer su proyecto de construcción de una «nueva sociedad» al «reformismo» de la Democracia Cristiana, sobre cuyo gobierno centró también sus más fuertes ataques.

Para los voceros del allendismo, todos los problemas sociales y económicos que afligían a los trabajadores y a los sectores medios del país -especialmente las alzas del costo de la vida- y todas sus aspiraciones no satisfechas, eran la prueba del fracaso de la «Revolución en Libertad», que atribuían a la «ambigüedad»  e «indefinición» del PDC y a sus supuestos compromisos con el imperialismo, los monopolios y la oligarquía.

Poniendo en práctica el «Acuerdo sobre conducción y estilo de la campaña» de llevarla adelante «impulsando la lucha de la clase obrera y la de las capas medias tras objetivos relacionados con sus necesidades y aspiraciones,» los partidos de la UP utilizaron toda su influencia en el ámbito sindical y en otros sectores sociales para impulsar y activar cuanto conflicto pudiera servir a objeto de destacar problemas, provocar convulsión social, poner en jaque el gobierno y desprestigiarlo.

Como consecuencia de esta estrategia, durante la etapa preelectoral el país se vio agitado por múltiples reivindicaciones gremiales, desórdenes estudiantiles, ocupaciones de terrenos y actos de violencia que crearon un clima general de intranquilidad. La Central Única de Trabajadores, controlada por comunistas y socialistas, decretó un paro nacional, que si bien terminó en un fracaso, sirvió para avivar el descontento y multiplicar las quejas contra el gobierno. Y las actuaciones del Cuerpo de Carabineros para mantener el orden dieron pábulo a la propaganda allendista para calificar al régimen de «represivo» y para acusar de «asesinos» al presidente Frei, a algunos de sus ministros y aun al mismo Tomic.

Las otras bases en que se afirmó la campaña de Allende fueron la propaganda de «Las primeras cuarenta medidas del Gobierno Popular», el rechazo tajante a la derecha y la denuncia de «la campaña del terror.»

Las «Cuarenta medidas» era una enunciación demagógica de soluciones simplistas capaces de satisfacer las más apremiantes aspiraciones y preocupaciones populares, que se presentaban como las tareas primordiales que el nuevo gobierno abordaría tan pronto se instalara.

Frente a la postulación de Alessandri, la actitud de la Unidad Popular fue de total rechazo, entre despreciativo y grosero. Mientras el propio Allende y sus personeros oficiales la caracterizaban como expresión de intereses minoritarios y de criterios anticuados que representaban un retroceso histórico inconcebible, algunos órganos de publicidad vinculados al allendismo, especialmente los diarios «Clarín» y «Puro Chile», disparaban contra Alessandri y sus partidarios los insultos personales más bajos y soeces.

Y para ponerse a cubierto de los argumentos que en su contra derivaban de su filiación marxista-leninista y de sus conexiones y simpatías internacionales, Allende y la Unidad Popular optaron por manifestarse ofendidos y denunciar, airados, lo que llamaron «campaña del terror». Cualquier alusión al carácter totalitario del comunismo, o referencia a la Unión Soviética, a Cuba o a las «democracias populares», o mención de lo sucedido en Hungría o Checoslovaquia, eran así de antemano descalificados.

La campaña de Tomic, por su parte, se hizo en torno a tres planteamientos fundamentales:

1. La incapacidad de las estructuras capitalistas, de base social minoritaria, para encauzar en nuestro tiempo el desarrollo de las naciones del tercer mundo y la voluntad de sustituir en Chile esas estructuras por un nuevo orden social fundado en la participación organizada del pueblo y la primacía del trabajo a fin de lograr el desarrollo y la plena independencia de nuestro país.
2. La denuncia de la derecha, sus privilegios, su egoísmo y su ceguera, como los grandes responsables de la manutención de un régimen económico-social injusto y agotado.
3. La defensa del gobierno del presidente Frei y sus realizaciones.

Tomic puso especial énfasis en reavivar la fe de los chilenos en las, a su juicio, enormes posibilidades de desarrollo de nuestra patria y en la necesidad ineludible, para alcanzarlo, de un gran esfuerzo popular de trabajo y disciplina sobre bases de justicia y de solidaridad. Sin abandonar jamás su convicción de que solo la unidad del pueblo podría asegurar la base mayoritaria indispensable para hacer posible y fecundo dicho esfuerzo, cuidó especialmente de mantener serenidad ante los ataques de la izquierda y de evitar, en lo posible, la acritud en la polémica con ella. Fue, en cambio, tajante e implacable en su ataque a la derecha.

De lo dicho queda claro que la campaña electoral se dio simultáneamente en dos planos paralelos: el que podríamos llamar del «proyecto histórico de Chile» que presentaban los candidatos, y el de la política contingente.

Los proyectos de nueva sociedad que a los chilenos proponían Tomic y Allende -este bajo el nombre de «socialismo democrático» y aquel denominándola «comunitaria»- tenían mucha analogía y en varios aspectos coincidían. En este plano, era abismal el contraste de ambos con la postulación de Alessandri, la que en verdad no proponía proyecto alguno, salvo hacer confianza en el pragmatismo realista y experimentado del candidato.

En cambio, en el plano contingente, las candidaturas de Allende y Alessandri coincidían, aunque desde ángulos opuestos y por razones diversas, en su implacable condena al gobierno de la Democracia Cristiana y en presentar a ésta como «indefinida». Y aunque esos ataques fueron contestados, no puede decirse que se revelara en la campaña una amplia identificación entre la candidatura Tomic y el gobierno, sino más bien cierto énfasis en diferenciarse.

Resultó así que, mientras Allende y Alessandri, al desprestigiar al gobierno democratacristiano, debilitaban la base electoral de Tomic y cosechaban el apoyo de los descontentos o insatisfechos, la candidatura del PDC no supo aprovechar suficientemente el reconocimiento de grandes sectores de chilenos por los beneficios que les había significado la obra realizada por el gobierno de Frei. Además, mientras Allende y Tomic se disputaban entre ambos a los electores de inclinaciones progresistas, Alessandri recogía solo, sin competencia, a los de tendencias moderadas.

Esta situación pudo cambiar con motivo de la primera presentación del candidato derechista en las pantallas de la televisión nacional. Seis años de publicidad en torno a su persona lo habían convertido en un mito que se desvaneció frente a las cámaras, lo que provocó desaliento y confusión entre sus partidarios. En ese momento, un gesto de apertura de la candidatura democratacristiana hacia los sectores moderados podría haber generado un vuelco en la campaña. Pero Tomic no quiso darlo; prefirió extremar la fidelidad con sus convicciones a la ventaja electoral que ello le habría significado.[2]

Por otra parte, alessandristas y allendistas se empeñaron en crear la sensación pública de que la lucha se circunscribía a sus candidatos y que Tomic no tenía otra chance que ser tercero. Esa polarización convenía tanto a Allende como a Alessandri, puesto que ambos disputaban electorados distintos. La competencia era con Tomic. Salvo excepciones intrascendentes, ni Allende podía esperar votos de la gente de derecha, ni Alessandri de la izquierda. Por el contrario, Allende era el terror para la derecha y Alessandri, la antítesis de la izquierda. Tomic y la DC, en cambio, podían significar una alternativa viable para los sectores más progresistas y clarividentes de la derecha, o en el peor de los casos un «mal menor», y también un camino posible para el mundo izquierdista reacio a las tendencias totalitarias de los partidos marxistas. Al negar a Tomic posibilidades y pregonar que votar por él era «perder el voto», las campañas de Alessandri y Allende defendían sus propios electorados y, en el caso de la derecha, además, influía a los electores independientes de centro, vacilantes entre Tomic y Alessandri, para inclinarlos a favor de este último.

2.      Abusos y violencia en la campaña

Signo característico de la campaña fue el lenguaje agresivo y violento. En toda contienda electoral la polémica adquiere vehemencia y ocasiona enjuiciamientos condenatorios y a veces ofensivos entre los contradictores. Pero en la campaña del 70 las tintas se cargaron desde el comienzo con inusitado apasionamiento.

La política económico-social del presidente Frei y en especial la reforma agraria, suscitaron verdadera odiosidad contra la Democracia Cristiana y su gobierno en influyentes sectores de la derecha. Junto con ello, la derrota de Allende y sus seguidores en 1964 llevó a su Partido a decidir «negarle la sal y el agua» al gobierno democratacristiano. El alarde con que se emprendió la «Revolución en Libertad» y especialmente la imagen que crearon algunos equipos del partido gobernante y su propaganda de que llegaban a «cambiarlo todo», contribuyeron sin duda a robustecer y a acrecentar esas animadversiones.

Por otra parte, las acusaciones de «prepotencia», «fascismo», «deshonestidad» y «subordinación al imperialismo» o «sometimiento a intereses foráneos» que desde la derecha y la izquierda se hicieron contra la Democracia Cristiana y su gobierno desde que éste asumió, suscitaban en sus adherentes la justa indignación que al difamado provocan las injurias. El irracional vejamen que se hizo al presidente Frei cuando la mayoría del Senado le negó permiso para viajar a Estados Unidos, para lo cual se unieron todos los opositores, desde nacionales hasta comunistas, ahondó ese sentimiento.[3]

A lo anterior se agregaban las barreras de incomprensión, menosprecio y enconos que venían desde antiguo entre la derecha y la izquierda, constantemente alimentados por la lucha de clases y exacerbados por los ultras de uno y otro extremo.

En este contexto se inserta la llamada «campaña del terror», mediante la cual la derecha procuró impactar psicológicamente a los sectores medios, especialmente a las mujeres y los jóvenes, respecto del peligro que, para valores tan fundamentales como la familia, la nacionalidad, la educación y la justicia, significaría el eventual triunfo de Allende.

La denuncia por parte de la izquierda de los métodos publicitarios sensacionalistas a través de los cuales se realizaba esa campaña y la divulgación de una supuesta encuesta favorable a Alessandri, que se presentó como verificada por una institución internacional dependiente del Mercado Común Europeo, dio origen a que la Cámara de Diputados acordara una investigación sobre estas materias y designara para el efecto una comisión especial que presidió el diputado Bernardo Leighton.

Respecto de la «campaña del terror», la investigación estableció que ella emanaba de dos instituciones denominadas «Chile Joven» y «Acción Mujeres de Chile», cuya publicidad se realizaba principalmente a través de la Agencia de Noticias «Andalién Ltda.», una de las que tenían a su cargo la propaganda de la candidatura de Alessandri. Nada logró comprobarse sobre el origen de los fondos empleados en esa campaña.[4] Años más tarde, el Informe del Senado Norteamericano sobre las acciones encubiertas en Chile entre 1963 y 1973 demostraría que dicha campaña, lo mismo que la análoga realizada con anterioridad a la elección presidencial de 1964, fue financiada desde Estados Unidos por la CIA, que colocaba su propaganda anticomunista y de descrédito contra la Unidad Popular «mediante el subsidio a grupos derechistas de mujeres y de acción cívica».[5]

En cuanto a la «encuesta electoral» que los periodistas alessandristas Saverio Sprovera y Rafael Otero anunciaron a través de Radio Corporación como organizada por un organismo especializado denominado European Institute System, se comprobó que venía de un télex despachado por el propio Sprovera desde Santiago y vuelto horas después por el cable, y que el instituto europeo al que se atribuía su paternidad ni siquiera existía.[6]

El empleo de esta clase de armas en la campaña electoral llegó a configurar entre la derecha, la izquierda y la DC un generalizado clima de desconfianzas, antipatías y malquerencias recíprocas, que invadió casi todos los ámbitos de la vida nacional.

Para mucha gente de derecha, los políticos de izquierda eran todos ambiciosos, resentidos, demagogos y, consciente o inconscientemente, instrumentos del comunismo internacional. Análoga, cuando no peor apreciación, les merecían muchos democratacristianos. Para mucha gente de izquierda, los políticos de derecha y gran parte de los democratacristianos, eran meros agentes de intereses privados nacionales o extranjeros. En cuanto a los democratacristianos, muchos compartían una u otra de las mencionadas opiniones.

Expresión extrema, repugnante y patológica de este clima fueron las soeces injurias del diario «Clarín» contra Jorge Alessandri a que nos hemos referido. Sin llegar tan lejos, en el periodismo nacional había otros plumarios, de variadas tendencias, diestros en el ejercicio de la maledicencia y la difamación.

Se explica así que la campaña adquiriera, desde sus inicios, desacostumbrada reciedumbre. En un ambiente como el descrito, los planteamientos para motivar a los electores debían ser tajantes y golpear al adversario. Tal vez por eso en los discursos del candidato derechista abundaban con frecuencia adjetivos como «demagogos», «politiqueros», «advenedizos», «miserables»,  «zánganos», «manga de langostas», «ociosos», «mentecatos» y otros semejantes, que arrancaban los mejores aplausos a sus entusiastas auditores. Y en las manifestaciones de cada postulación, sus partidarios vaciaban sus odiosos sentimientos respecto de los contendores con consignas y gritos que se fueron haciendo cada vez más ofensivos y procaces.

De la violencia verbal, algunos pasaron a la física. En varios lugares del país, partidarios de la UP declararon «territorio allendista» determinados barrios o poblaciones, impidiendo y destruyendo toda propaganda de los otros candidatos. Las municipalidades de Lota, Coronel y Antofagasta, con mayoría comunista, declararon «persona no grata» al señor Alessandri e intentaron impedir físicamente su ingreso a esas comunas. Algo parecido ocurrió en algunos minerales del cobre. En Linares, Chillán, Los Ángeles, Rancagua y Talcahuano, se decretaron paros de trabajadores el día de su proclamación, produciéndose violentas contramanifestaciones, donde hubo incidentes con heridos y destrozos.

Por otra parte, en algunos puntos del país, especialmente agrícolas, sectores derechistas adoptaron actitudes de abierta resistencia y desafío a la autoridad. Ya desde 1967 venían preconizando posiciones de fuerza y actuaciones matonescas. Incluso, un dirigente del sector empresarial agrícola había llegado hasta expresar públicamente: «parece que suena el llamado a las armas y que puede correr sangre por los campos de Chile.»[7] Así llegó a ocurrir en abril de 1970, cuando el jefe provincial de la Corporación de Reforma Agraria de Linares, el ingeniero agrónomo Hernán Mery, de filiación política democratacristiana, fue asesinado en el momento en que tomaba posesión de un fundo expropiado. El principal responsable -posteriormente condenado como autor intelectual del crimen-  era el dueño del fundo expropiado, además de regidor de su comuna por el Partido Nacional y dirigente de la candidatura derechista.

Mención aparte merece la actuación del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, pequeño pero activo grupo de ultraizquierda, partidario de «la vía armada» como único camino para instaurar el socialismo, que entre 1969 y el primer semestre de 1970 llevó a cabo una decena de asaltos, principalmente a bancos, un secuestro y algunos otros actos terroristas, con un saldo de varios heridos. Sus dirigentes máximos, prófugos de la justicia, actuaban clandestinamente. Aunque el MIR denunciaba la vía electoral como una trampa de la burguesía para «afirmar la institucionalidad» y «domesticar a las masas»,[8] recibió favorablemente la proclamación de Allende como candidato de la UP. No se comprometió en la actividad propiamente electoral, en la que no creía, pero colaboró en la campaña del abanderado de la UP, participando activamente en las acciones de movilización de masas para incentivar la lucha de clases y suspendiendo, a partir de junio de 1970, la ejecución de actos de violencia que pudiesen haber repercutido en la opinión nacional contra la postulación de izquierda.[9]

3.      Proyecto de segunda vuelta y desafío a acatar la primera mayoría

Los resultados de las elecciones parlamentarias de 1969 hacían prever fundamentalmente que ninguno de los tres aspirantes obtendría mayoría absoluta en los comicios presidenciales. De atenerse a ese índice, los sectores partidarios de Allende representaban cerca del 40% del electorado; los partidarios de Tomic, alrededor del 30%, y los de Alessandri, entre el 20 y el 25%.

Dichos datos no preocupaban a los estrategas del alessandrismo, que iniciaron su campaña decididos a «quebrar la voz de las cifras». Aseguraban contar de partida con un millón de votos y su meta era superar el millón y medio, con lo cual creían alcanzar la mayoría absoluta de los electores que el candidato requería.

La opinión general era, sin embargo, que en esta oportunidad sería el Congreso Nacional quien debería decidir la contienda. La Constitución Política preceptuaba, en efecto, que si en la elección de presidente de la República ningún candidato obtenía más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, debería elegir el Congreso Pleno -formado por ambas Cámaras reunidas- entre los postulantes que hubieren obtenido las dos más altas mayorías relativas.

Desde la vigencia de este texto constitucional, el procedimiento se había aplicado en tres oportunidades: la elección de Gabriel González en 1946, la de Carlos Ibáñez en 1952 y la de Jorge Alessandri en 1958. En las tres ocasiones, el Congreso eligió al que había obtenido la primera mayoría relativa.

La conveniencia de que el elegido represente realmente la voluntad mayoritaria del pueblo, que podría no ser exactamente reflejada por la decisión de un Congreso generado con bastante anterioridad, y la de evitar los trastornos políticos que pudiera acarrear la elección por el Congreso, especialmente si recayere en el candidato que obtuviere la segunda mayoría relativa, movieron a los senadores Rafael Agustín Gumucio y Alberto Jerez, del MAPU,  a presentar en enero de 1970, un proyecto de reforma constitucional para establecer «la segunda vuelta», es decir, que fuera en estos casos el propio pueblo, en una nueva elección, quien eligiera presidente de la República entre los dos candidatos que hubieren obtenido las dos más altas mayorías relativas.

Para que la reforma proyectada entrara en vigencia antes de la elección de septiembre, requería ser despachada con rapidez. El PDC, el PSD y el PC expresaron de inmediato su respaldo. Este último, sin embargo, subordinó su posición definitiva al acuerdo de las otras colectividades de la UP. Pero el PS y el PR terminaron rechazando el proyecto por «inoportuno». Lo mismo hizo el PN, con lo que la iniciativa concluyó abortada.

Para el candidato Alessandri, el referido proyecto era «una farsa más de la politiquería que nos agobia.» Sus adláteres lo habían convencido de un triunfo abrumador. Su única preocupación era que, en el caso de no alcanzar la mayoría absoluta, sus adversarios se pusieran de acuerdo para elegir al segundo. Si en ese evento la elección correspondiera al pueblo ¿quién podría prever lo que ocurriría? En cambio, mientras la hiciera el Congreso, podría invocarse como «regla de la tradición democrática chilena», establecida por los precedentes, que lo único correcto era la ratificación del primero.

Es lo que quiso asegurarse el diario “El Mercurio”, principal sostenedor de la candidatura derechista, cuando en mayo de 1970 entrevistó al comandante en jefe del Ejército, general René Schneider, para preguntarle cuál sería la actitud de las Fuerzas Armadas en el caso de que, llamado a decidir el Congreso Nacional, sobreviniera alguna convulsión interna. La respuesta fue clara: «Vamos a llegar a la elección manteniendo nuestra tradición de pleno respeto a las decisiones del gobierno constitucional de la República, vamos a garantizar la normalidad del proceso eleccionario y a dar seguridad de que asuma el Poder Ejecutivo el que sea elegido.» Y agregó: «Si se producen hechos anormales, nuestra obligación es evitar que ellos impidan que se cumpla lo que indica la Constitución. El Ejército va a garantizar el veredicto constitucional.» Como el periodista insistiera en precisar la actitud del Ejército en caso que el Congreso eligiera al candidato que obtuviere la segunda mayoría relativa, el general Schneider contestó: «Insisto en que nuestra doctrina y misión es de respaldo y respeto a la Constitución Política del Estado. De acuerdo a ella, el Congreso es dueño y soberano en el caso mencionado y es misión nuestra hacer que sea respetado en su decisión.”[10]

Era, sin duda, la única respuesta que podía lógicamente esperarse del comandante en jefe del Ejército, como el propio “El Mercurio” lo reconoció en su editorial del día siguiente. Pero ello no fue obstáculo para que se desatara una campaña en los sectores de derecha, encabezados por el Partido Democracia Radical y su presidente, senador Julio Durán, y de la que el mismo diario se hizo eco, censurando la conducta del general Schneider como «indebida intromisión en el acto eleccionario» y suponiéndole concomitancias con el gobierno e intenciones partidistas.[11]

Fracasado el intento de comprometer a las Fuerzas Armadas en la imposición, contra el texto constitucional, de la obligatoriedad para el Congreso de la primera mayoría relativa, la candidatura derechista recurrió a un último arbitrio con el mismo fin: hacer un emplazamiento público a las candidaturas de Allende y Tomic para que aceptaran el veredicto de las urnas y confirmaran en el Congreso Pleno al candidato que obtuviere la primera mayoría. El desafío se publicitó profusamente a fines de julio de 1970, lo mismo que la posición de Alessandri a su respecto. En carta abierta al senador Julio Durán de 24 de ese mes, el candidato derechista expresaba enfáticamente: «He manifestado en forma pública que yo no aceptaría ser designado presidente de la República si no obtuviere la primera mayoría en las urnas. Con el objeto de contribuir a la paz y a la concordia que debe existir entre todos los chilenos, reitero que acepto públicamente, desde ya, que se proclame al candidato que obtenga la primera mayoría en las urnas.»[12]

Como las respuestas de Allende y Tomic fueran negativas, la propaganda de Alessandri exhibió ese hecho como «la más auténtica seguridad de su victoria.»[13]

A pesar del clima de tensión en que se desarrolló la campaña electoral, los comicios presidenciales del 4 de septiembre de 1970 se realizaron con absoluta corrección, orden y tranquilidad. Esa misma noche el Ministerio del Interior informó oficialmente al país los resultados: Allende había obtenido la primera mayoría, con 1.070.334; Alessandri le seguía de cerca, con 1.031.159 votos y Tomic quedaba tercero con, 821.801 sufragios.

Mientras enfervorizados grupos militantes de la Unidad Popular salían a la calle a exteriorizar su alegría por el triunfo -que proclamaban definitivo- una ola de temor y desconcierto se apoderó de gran parte del país. Aunque Allende llamó a sus partidarios a permanecer serenos y procuró tranquilizar a los demás -«declaro solemnemente que respetaré los derechos de todos los chilenos»- para muchos la amenaza de una dictadura comunista parecía inminente; a otros alarmaba la posibilidad de que su victoria fuera desconocida y no faltaban quienes veían flotar sobre el país el fantasma de una guerra civil.

El pánico se apoderó de los sectores de derecha, traumatizados por una derrota que nunca imaginaron. Su primera reacción fue ponerse a salvo. Algunos salieron del país o se prepararon para hacerlo. Muchos sacaron su dinero de los bancos. Pero, pasado el primer momento de estupor y atontamiento, sus dirigentes discurrieron nuevas perspectivas: buscar un acuerdo con la Democracia Cristiana para el Congreso Pleno, entenderse con Allende, golpear las puertas de los cuarteles. «El proceso electoral no ha terminado», declaró Enrique Ortúzar, secretario general del Comando Alessandrista, junto con hacer un llamado a las fuerzas democráticas, a sus representantes y a los hombres y mujeres libres de Chile, a unirse para defender dentro del orden y el respeto a la ley, el derecho que la Constitución Política les otorga para designar al presidente de la Nación.»

La Unidad Popular, por su parte, declaró «inamovible» el triunfo de Allende -a quien daba el trato, aún prematuro, de presidente electo- y denunció los signos de retracción económica como fruto de sabotaje o sedición, llamando a sus Comités de base (CUP) a defender la victoria del pueblo.

El PDC, en declaración del mismo 4 de septiembre, reconoció oficialmente «la primera mayoría relativa» obtenida por Allende, a quien Radomiro Tomic visitó en su casa al día siguiente para felicitarlo. Golpeados y entristecidos por la derrota, la mayoría de los democratacristianos nos sentíamos en parte consolados por el hecho de que el ganador fuera Allende y no Alessandri, la izquierda en vez de la derecha. Pero esa complacencia, que algunos exteriorizaron, era turbada, más que por la pérdida del poder, por la gran preocupación que experimentábamos respecto de la suerte de las libertades públicas en un futuro gobierno con importante influencia del Partido Comunista y de sectores ultras del Partido Socialista, cuya imagen neutralizaba la confianza que el propio Allende pudiera inspirar.[1]

El 9 de septiembre don Jorge Alessandri dio a la publicidad una declaración en cuyo acápite fundamental expresaba: «En el caso de ser elegido por el Congreso Pleno, renunciaría al cargo, lo que daría lugar a una nueva elección. Anticipo, desde luego, en forma categórica, que en ella yo no participaría por motivo alguno.» Con este paso se trataba de tentar a la DC.[2] El senador Francisco Bulnes visitó al presidente Frei para proponérselo, sugiriendo que el propio Frei podría ser el candidato, pues ya no se trataría de una reelección. Frei rechazó terminantemente tal sugerencia y el PDC descartó ese ofrecimiento como una maniobra que importaba una burla inmoral y peligrosa a los preceptos constitucionales que regían la elección presidencial. Aceptarla habría significado notificar a la izquierda que las normas del juego democrático no regían cuando pudieran serle favorables, empujándola a escoger el camino de la violencia como único medio de tener acceso al poder.

Entretanto, la incertidumbre y el temor se reflejaron dramáticamente en la vida económica del país. El primer día de funcionamiento de la Bolsa de Comercio después de la elección, los valores bajaron en casi 22%, tendencia que continuó los días siguientes. Depositantes y ahorrantes se precipitaron a retirar sus recursos para mantenerlos en forma de dinero: hasta mediados de mes, el nivel de depósitos de los Bancos cayó en alrededor de 920 millones de escudos y el de las Asociaciones de Ahorro y Préstamo en casi 340 millones. La demanda de bienes durables bajó a menos de la mitad, con la consiguiente reducción del ritmo productivo de la industria nacional. La construcción del sector privado y el ingreso de capitales al país se paralizaron.

Allende y la UP denunciaron estos hechos, desde sus inicios, como fruto de maniobras de «elementos vinculados a ciertos círculos financieros de extrema derecha» con el fin de «promover un ambiente de perturbación en las actividades bancarias y en el conjunto de la economía del país.[3] Al mismo tiempo, procuraron tranquilizar a los sectores medios asegurándoles que «nada pueden temer quienes con el fruto de su trabajo han llegado a tener casa propia, automóvil, depósitos de ahorro, acciones de las que derivan una renta razonable.»

Para la UP, como lo dijo Allende en la concentración pública que sus partidarios realizaron en Santiago el domingo 13 de septiembre, se trataba de una situación artificial creada deliberadamente como «parte de la estrategia política de la reacción», de «pequeños grupos financieros, de monopolistas y de capitalistas extranjeros», que pretendían «crear el caos económico.» En esa oportunidad, Allende denunció «despidos arbitrarios en algunas industrias, amenazas de paralización» e instruyó a los «compañeros de Comités de la Unidad Popular: vayan ustedes a hablar con los gerentes y directivos de las industrias en que trabajan. Díganles lo que es auténticamente el programa de la UP, señalen la responsabilidad que ustedes tienen, díganles que nosotros deseamos que todas las industrias trabajen, pero adviértanles, en nombre mío, que si se paralizan artificialmente, las van a tomar Uds. y las van a hacer producir Uds.»

Cualquiera que fuera el fundamento de estas acusaciones, es obvio que el deterioro económico de esos días fue una consecuencia prácticamente inevitable del clima psicológico que la campaña electoral había creado y del propio programa de la UP. Si éste contemplaba el inmediato término de los reajustes en las cuotas de pago del precio de las viviendas, era ilógico suponer que los depositantes en el sistema de ahorro y préstamo no temieran por la suerte de sus ahorros. Si dicho Programa anunciaba la nacionalización de los bancos y de las principales industrias y la extensión de la reforma agraria a todo predio superior a la cabida máxima, incluyendo la expropiación con pago diferido de sus inventarios, no podía razonablemente esperarse que los eventuales afectados no trataran, temerosos, de ponerse a cubierto de lo que les parecía una amenaza de ruina.

Lo cierto es que el vuelco producido a raíz de la elección en el comportamiento de la economía nacional, significó un gravísimo problema que el gobierno en funciones debió encarar.  A fin de evitar que el retiro de depósitos acarreara la quiebra de los bancos y de las asociaciones de ahorro y préstamo, fue necesario que el Banco Central los proveyera de recursos en cantidades varias veces superiores a lo normal, aumentando violentamente la emisión y haciendo andar a toda máquina la fabricación de billetes por la Casa de Moneda, pero cuidando al mismo tiempo de evitar que el proceso inflacionario adquiriera un ritmo incontrolable. Paralelamente, los ingresos tributarios disminuyeron, afectando seriamente al financiamiento previsto para los gastos del Estado.[4]

Para encarar estos problemas, el equipo económico del gobierno mantuvo informado a personeros de los candidatos Allende y Alessandri, y recibió del primero las sugerencias que le hizo llegar a través de su delegado Pedro Vuskovic.

El 23 de septiembre el ministro de Hacienda, Andrés Zaldívar, hizo una exposición al país por cadena de radio y televisión a fin de informar a la opinión pública sobre la situación económica producida, sobre las medidas adoptadas por el gobierno y sobre el alcance y las consecuencias de la repentina crisis por la que Chile atravesaba.

La UP tildó esta exposición de «alarmista» y personeros suyos la denunciaron como un acto del gobierno destinado a «profundizar y agravar la situación existente», cuyo resultado habría sido «aumentar la desconfianza y ayudar al caos económico.»[5] Lo cierto es que el ministro Zaldívar se limitó a cumplir con su deber de proporcionar al país una información objetiva, indispensable para deslindar las responsabilidades del gobierno del presidente Frei en un deterioro económico proveniente de hechos enteramente ajenos a sus decisiones.[6]

Como lo dijo la Conferencia Episcopal de Chile en declaración emitida el 24 de septiembre, el país vivía «horas tensas. De júbilo y esperanzas para unos, de temor y de angustias para otros… Es un hecho que el temor se ha apoderado de una parte de la familia chilena. Se temen cambios precipitados, excesivos, errados. Se teme la cesantía, la escasez, la crisis económica. Se teme una dictadura, un adoctrinamiento compulsivo, la pérdida del patrimonio espiritual de la Patria. Otros, en cambio, no ven esos peligros o los aceptan. Se sienten animados de una gran esperanza y de una voluntad constructiva.» Los Obispos, como «pastores de los unos y de los otros», llamaron a todos a «buscar, junto con los demás, una solución justa, original y creativa a la problemática chilena», a «quitar de nosotros todo odio, todo rencor» y a actuar «siempre al servicio de la verdad, de la justicia, con el pueblo, con la familia, con la juventud y con todas las fuerzas vivas de la patria, siempre con comprensión, con bondad para todos e inteligente vigilancia como enseña el Evangelio.»

En ese mensaje, la Iglesia recordó que «el pueblo chileno quiere continuar en el régimen y estilo de libertad por el cual viene luchando desde hace 160 años. Quiero que se mantenga y se defienda lo ya conquistado: el derecho a pensar, a difundir a otros sus ideales, a organizarse, pero al mismo tiempo que se amplíe y se perfeccione esa libertad. Que llegue a ser igual y plena para todos, sin discriminaciones, con iguales oportunidades, adecuada a la dignidad y a la creatividad del hombre.»

Ese era, en verdad, el gran desafío para Chile en la encrucijada, difícil y obscurecida por las pasiones, que vivía en esos días.

Los resultados de las urnas el 4 de septiembre pusieron sobre el PDC la responsabilidad de la elección del nuevo presidente. Ni la UP ni la derecha tenían en el Congreso Pleno votos suficientes para imponer a sus candidatos. La votación de los 75 parlamentarios democratacristianos era decisiva, teniendo que escoger entre dos postulantes contra los cuales habíamos combatido en la reciente campaña.

Para resolver tan importante cuestión, la DC se encontraba ante los siguientes hechos:

1. a) la primera mayoría relativa obtenida por Allende, estrecha pero limpia e inobjetable, si bien no le daba derecho a ser designado -puesto que la Constitución autorizaba al Congreso para elegir entre cualquiera de los dos primeros- le otorgaba, a la luz de la razón y de los hábitos políticos chilenos jamás desconocidos, un mejor título para serlo; b) como ya lo señalamos, Alessandri y los partidos que lo apoyaban habían declarado durante la campaña en forma categórica, solemne y reiterada, que debería ser elegido presidente el candidato que obtuviera la primera mayoría, aunque fuera por un solo voto; y c) los planteamientos y el programa sostenidos por el senador Allende se acercaban mucho más a las tesis sustentadas por la DC que los de Alessandri, y la odiosidad de que hicieron gala los partidarios de éste durante la campaña lastimó más hondo a los democratacristianos que los excesos provenientes de la izquierda.

Frente a estas circunstancias, casi no hubo partidarios de preferir al candidato de la derecha y la conclusión de que debía elegirse a Allende fue generalmente compartida. Sin embargo, a ningún democratacristiano dejaba de preocupar el peligro que un gobierno controlado por comunistas y socialistas podría entrañar para el régimen democrático chileno. Surgió por ello la idea de condicionar la elección de Allende en el Congreso a la exigencia de garantías reales y efectivas que aseguraran el carácter plenamente democrático de su eventual gobierno. En un documento presentado al Consejo Nacional del Partido por el diputado Luis Maira, se justificaba la necesidad de esa exigencia en los siguientes antecedentes: «a) en la posición, reiteradamente expuesta por sectores del Partido Socialista y del MAPU, en orden a crear condiciones que agudicen un enfrentamiento político y apresuren la construcción de una economía socialista y un estado autoritario; b) en la conducta invariablemente hegemónica que ha caracterizado al Partido Comunista en las organizaciones que ha llegado a controlar (Universidad Técnica del Estado, Canal 9 de TV, Facultad de Ciencias y Artes Musicales); y c) en la experiencia histórica uniforme que muestran los países socialistas en orden a implantar un régimen de fuerza, de liquidación de las libertades públicas, como requisito esencial a la edificación de una nueva economía.»[1]

Expresando públicamente esas inquietudes, en discurso radial dirigido al país el 10 de septiembre, el Presidente del PDC, senador Benjamín Prado, dijo entre otras cosas: «Las fuerzas políticas que sustentaron la candidatura del señor Allende están integradas,  entre otras, por partidos marxistas, y frente a esta realidad se nos hace ineludible prevenir los riesgos de una transformación del sistema democrático chileno, en un régimen que paulatinamente podría ir negando la existencia misma de las condiciones de libertad y de respeto a los valores de la persona humana que caracterizan una sociedad pluralista… Que nadie dude que en este evento nuestro Partido estaría en la primera línea en una lucha sin cuartel que solo podría terminar con la restauración de los valores más sagrados para todo ser humano que nació libre.» Y luego de referirse a «las condiciones de otros pueblos que viven bajo el dictado de gobernantes socialistas», agregó: «El programa de la Unidad Popular y reiteradas afirmaciones públicas del senador Allende contradicen esa experiencia histórica al ofrecer para Chile el desarrollo de un proceso de cambio revolucionario, pero democrático. Frente a esta alternativa que el senador Allende plantea para nuestro futuro, tenemos una actitud muy clara. Si va a ser así, quiere decir que el señor Allende debe estar dispuesto a dar garantías a todos los chilenos de que en su gobierno permanecerán vigentes los valores fundamentales de una sociedad pluralista. La Democracia Cristiana afirma que si el señor Allende otorga de un modo real y eficaz las garantías necesarias, que tenemos el deber de solicitarle en algunas materias vitales, puede esperar una decisión favorable de nuestra parte.»[2]

Los riesgos que, de acuerdo a la experiencia de países en que se habían instaurado regímenes marxista-leninistas, se mostraban como más inminentes eran: a) la supresión o grave restricción a las libertades personales; b) el monopolio gubernamental de los medios de comunicación de masas; c) el aplastamiento de los partidos políticos de oposición; d) la estatización total de la educación al servicio de la ideología oficial; e) el descabezamiento y politización de las Fuerzas Armadas y la creación paralela de milicias populares; y f) el surgimiento de organizaciones de base no previstas en la estructura institucional de Estado ni generadas democráticamente, que se arrogan la representación del pueblo y ejercen un sedicente «poder popular» al margen de las autoridades legalmente establecidas.

Con el fin de estudiar la mejor manera de prevenir estos riesgos, el Consejo Nacional del PDC designó una Comisión Política especial formada por su presidente, senador Benjamín Prado, el primer vicepresidente Jaime Castillo, los senadores Renán Fuentealba y Patricio Aylwin y el diputado Luis Maira. Para cumplir su cometido, la Comisión reunió todos los antecedentes que le fue posible y procuró escuchar a los distintos sectores que podrían ser afectados por los peligros que se trataba de evitar, entre ellos a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas. Se quería conocer de éstos lo que consideraban esencial para mantener incólumes a esas instituciones de cualquier amenaza de deterioro o quebrantamiento. Se quería saber, también, cuál era su parecer sobre la situación que vivía el país y sobre la trascendental decisión que debía adoptar el Congreso Pleno.

En reunión privada que al efecto celebramos,[3] los comandantes expusieron su opinión con claridad y sencillez. Respecto a la primera cuestión, lo esencial era, a su juicio:  a) mantener la profesionalidad y la estructura jerárquica de las Fuerzas Armadas, lo que exigía -entre otras cosas- que los nombramientos y destinaciones de la oficialidad dependieran exclusivamente de los Altos Mandos, sin intervenciones ajenas, y que el reclutamiento de su personal, incluso a nivel de suboficialidad y tropa, solo pudiera hacerse a través de institutos militares; b) mantener la dotación humana y el equipamiento material necesario a las Fuerzas Armadas; y c) evitar la formación de grupos armados paralelos.

Respecto de la segunda cuestión, el comandante en jefe del Ejército, general Schneider, reiteró con mucha precisión lo que ya había anunciado públicamente como «la doctrina institucional» del Ejército: no correspondía a las Fuerzas Armadas, sino al Congreso Pleno, la elección del futuro presidente. El Ejército no intervenía en política y haría cumplir la decisión del Congreso, cualquiera que ella fuera. Era de prever que en caso que fuera elegido Alessandri en vez de Allende, se produjera en el país un estallido de violencia, pero en ese evento, las Fuerzas Armadas dominarían la situación rápidamente. Los comandantes en jefe de la Marina y la Aviación, almirante Hugo Tirado y general Carlos Guerrati, muy parcos en sus palabras, se limitaron a adherir a lo expresado por el general Schneider. Más expresivo fue el jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, general Carlos Prats, quien hizo presente que, si como consecuencia de la decisión del Congreso se produjera una situación de violencia, en ese momento había la certeza de dominarla fácilmente y en corto plazo, lo que en cambio sería previsiblemente mucho más difícil y costoso si, elegido Allende, se produjera más adelante un intento de sectores marxistas, robustecidos desde el gobierno, para imponer una dictadura.

Con los antecedentes reunidos, el Consejo Nacional del PDC aprobó el 22 de septiembre, por unanimidad, un documento que contenía «las garantías y condiciones que determinarán la posición de los 75 parlamentarios democratacristianos en el Congreso Pleno que deberá designar al presidente de la República.» Como en el mismo documento se dejó constancia, no se trataba de defender intereses de personas o grupos, ni de discutir el programa de gobierno de Allende, respecto de la cual la DC no contraía compromisos de ninguna especie, reservándose la facultad de fijar su conducta política y de pronunciarse libremente. Lo que interesaba era «obtener seguridad acerca de la plena subsistencia en Chile de un régimen de convivencia democrática y de libertades públicas», para lo cual se estimaba necesario explicitar la declaración de derechos contenida en la Constitución Política mediante una reforma constitucional que fuera aprobada con los votos de la Unidad Popular antes de la elección del nuevo presidente en el Congreso Pleno.[4]

Al día siguiente, la misma Comisión Política, encabezada por el presidente del Partido, se entrevistó con el senador Allende y le hizo entrega de dicho documento. Fue una reunión bastante formal, que se verificó en la residencia de Allende en calle Guardia Vieja, una casa más bien modesta, bastante pequeña, pero alhajada con gusto. El antejardín estaba atestado de gente relativamente joven que causaba una impresión desagradable por su apariencia descuidada, aspecto típico de una especie de centuria que después el país conocería con el nombre de «GAP» (grupo de amigos personales), que acompañaría y rodearía permanentemente a Allende donde quiera que fuese durante su mandato.

Luego de una conversación preliminar de carácter anecdótico, en la que el dueño de casa procuró mostrar su rostro humano y crear un clima de confianza, el senador Prado le expuso los puntos de vista del PDC respecto del pronunciamiento pendiente del Congreso Pleno y al futuro gobierno y le entregó el documento. Allende lo leyó en nuestra presencia, subrayó algunos párrafos y luego, en lenguaje tranquilo y reposado, nos contestó más o menos lo siguiente: su larga actuación política de invariable lealtad democrática era la mejor garantía de su vocación constitucional, de la que nadie podría dudar. Como claramente lo exponía en su programa, la UP proyectaba realizar un gobierno que no solo respetara las conquistas democráticas, sino las profundizara y perfeccionara. Para él nuestro apoyo tenía especial importancia y significación, por cuanto avalaba ante el mundo su título democrático, razón por la cual nos pediría nuestros votos en el Congreso Pleno aunque no los necesitara. Su deseo sería contar con la colaboración de la DC en su gobierno, aunque comprendía que ello no podría pensarse en ese momento, pero esperaba que la idea pudiera hacerse viable más adelante. Claramente nos dio a entender que la UP no nos aceptaría entonces como socios, pero que esto podría cambiar después. Por nuestra parte, le dejamos expresa constancia que tampoco entraba en los propósitos de la DC participar en su eventual gobierno.

En cuanto al contenido mismo del documento, Allende anticipó expresamente su acuerdo con varios planteamientos, a lo que nosotros replicamos señalándole los justificados recelos que suscitaban las tendencias arbitrarias puestas de manifiesto por algunos sectores de sus acompañantes, de lo que él procuró tranquilizarnos y se valió para quejarse, a su vez, de la desconfianza que tenía en la actuación de los servicios policiales frente a actividades sediciosas, que dijo conocer y haber denunciado oficialmente, de grupos empeñados en impedir a toda costa su ascensión al gobierno.

La reunión concluyó con el compromiso de Allende de contestar por escrito en breve plazo el documento del PDC, previa consulta a los partidos de la UP. Se acordó que la DC entregaría el documento a la publicidad al día siguiente.[5] Allende nos pidió, sin embargo, que para facilitar la aceptación de sus partidarios, eliminásemos de la publicación algunos párrafos en que se hacía referencia a lo ocurrido en los países socialistas y la conducta atrabiliaria que estaban observando en Chile algunos Comités de Unidad Popular (CUP), como asimismo, la exigencia formal de concretar las garantías en una reforma constitucional. Nosotros no contrajimos al respecto compromiso alguno, pero luego, contra el parecer de Jaime Castillo, aceptamos la petición de Allende y el documento se publicó sin esos párrafos.[6]

Seis días después Allende formalizó su respuesta en larga carta dirigida al presidente del PDC. En lenguaje ponderado, aunque escrito como si ya fuera presidente electo, procuraba desvanecer las preocupaciones de la DC, enfatizar sus convicciones democráticas y demostrar la lealtad a ellas de la UP, pero no contraía compromiso alguno respecto de las garantías específicas que le habíamos requerido.[7]

La réplica de la DC no se dejó esperar; en declaración pública emitida al día siguiente, el Consejo Nacional expresó su aprecio por «el valor que tienen los criterios del senador Allende sobre pluralismo democrático, Estado de Derecho y libertades públicas», pero hizo ver que su carta «no contiene una respuesta completa y satisfactoria a las proposiciones concretas que el PDC le formuló para traducir sus planteamientos en garantías reales y efectivas», y agregó: «Por las razones que en su oportunidad se le hicieron presente… la Democracia Cristiana considera indispensable que esos criterios se traduzcan en un Estatuto Jurídico de garantías democráticas que tengan consagración constitucional, mediante un proyecto elaborado de común acuerdo, que se estudie, presente y apruebe por el Parlamento en el plazo más breve posible.»[8]

Esta declaración no pudo dejar dudas a Allende y a la UP en orden a que la DC no se contentaría sino con la satisfacción cabal de su requerimiento. Y el tiempo apremiaba, pues la Junta Nacional del PDC, único organismo competente para decidir la posición del Partido en la elección presidencial, estaba citada para los días 3 y 4 de octubre. Fue así como el 2 de ese mes el «Comando de la UP, con  la participación y el acuerdo de Salvador Allende», hizo pública «su conformidad para constituir una Comisión conjunta que en el plazo más breve estudie un Estatuto Constitucional para las ideas y proposiciones contenidas en los documentos intercambiados entre el PDC y Salvador Allende y para que este Estatuto se tramite en el Congreso con el respaldo de ambas fuerzas.»

En el intertanto, en el seno de la DC ya se había redactado el anteproyecto de reforma constitucional destinado a formalizar las garantías democráticas. En resumen, en él se completaba y perfeccionaba la declaración de derechos contenida en la Carta Fundamental respecto de las siguientes materias: a) derecho de los ciudadanos a agruparse libremente en partidos políticos; libertad de éstos para organizarse, definir sus declaraciones de principios y programas, presentar candidatos, intervenir en la generación de los Poderes Públicos, mantener secretarías de propaganda y medios de comunicación y tener acceso libre e igualitario a los órganos de difusión del Estado; b) libertad de información y de opinión, derecho de respuesta, libre acceso de todas las corrientes de opinión a los medios de comunicación de masas, y necesidad de ley para modificar el régimen de propiedad y funcionamiento de esos medios; c) libertad de enseñanza, orientación democrática y pluralista de la educación, financiamiento público de la educación particular gratuita y plena autonomía universitaria; d) carácter profesional, jerárquico y no político de las Fuerzas Armadas y Carabineros, y exclusión terminante de cualquiera otra organización armada; e) derecho a la participación social, deber del Estado de remover los obstáculos que limitan la libertad e igualdad de las personas, autonomía de las organizaciones sociales, especialmente sindicales, cooperativas, vecinales, femeninas, juveniles, etc., y prohibición a cualquier grupo de atribuirse poderes propios de las autoridades estatales; y f) vigorización de las normas sobre libertad personal y de trabajo, sobre derecho de reunión y sobre inviolabilidad de la correspondencia.[9]

Aunque nadie llegó a la Junta Nacional del PDC con la idea de sugerir el apoyo de Alessandri, las opiniones estaban bastante divididas. Había quienes pensaban que la única garantía efectiva de estabilidad democrática bajo un gobierno de Allende era la participación directa de la DC en posiciones importantes y con objetivos programáticos previamente definidos. El senador Ignacio Palma y el exministro Edmundo Pérez eran de ese parecer, que no encontró ambiente propicio porque para los democratacristianos resultaba demasiado fuerte la idea de una alianza con quienes habían sido implacables enemigos de nuestro gobierno y porque no se confiaba en la lealtad con que los partidos de la UP procederían en una combinación gubernativa necesariamente controlada por ellos.

El debate se centró, principalmente, entre dos sectores. Unos, preocupados por las convulsiones a que podría dar origen el clima de incertidumbre y de recelos que el país vivía y aun por el peligro de que la normalidad institucional fuera quebrada por alguna aventura golpista promovida por la extrema derecha, creían necesaria una pronta definición. Otros, más preocupados por la forma como Allende y la UP daban la elección como consumada, desconociendo que el proceso electoral estaba todavía inconcluso, creíamos indispensable  -sobre todo como precedente para el futuro- obligarlos a entender que no eran mayoría y que no podían imponer su voluntad, sino que necesitaban entenderse lealmente si querían gobernar.

La posición de los primeros se tradujo en un voto que, teniendo en cuenta los intercambios de documentos producidos y «considerando la conveniencia nacional y la necesidad de definir lo antes posible y de un modo claro y operante la conducta definitiva» de los democratacristianos, proponía «apoyar en el Congreso Pleno la candidatura del senador Salvador Allende sobre la base de acordar estatutos de garantías constitucionales», facultando al Consejo para constituir con la UP una Comisión Mixta redactora y para aprobar dicho estatuto siempre que en su texto «se contemplen todas las medidas propuestas por la DC.» En caso que esta gestión no terminara satisfactoriamente, el Consejo quedaría facultado para presentar el Estatuto de Garantías como proyecto propio y citaría nuevamente a la Junta Nacional para determinar la actitud política de la DC.[10]

En cuanto a los segundos, estimando que las respuestas de Allende y de los partidos que lo apoyaban «no son satisfactorias, porque no aprecian con realismo la situación política ni valorizan el significado del eventual apoyo de la DC, ni aceptan cabalmente nuestras proposiciones en su carácter esencial y global», proponíamos instruir al Consejo para que «impulse la tramitación de las reformas constitucionales que estime necesarias para asegurar de manera real y efectiva la plena vigencia en Chile de un régimen político auténticamente democrático y que contengan la totalidad de las proposiciones planteadas por la DC, practique las gestiones conducentes a su pronta aprobación y adopte todas las medidas que estime necesarias para tal objeto», condicionando la actuación de los parlamentarios del Partido en el Congreso Pleno a la aceptación por parte de Allende del estatuto referido, actuación que se decidiría por la Junta en una nueva reunión que debería celebrarse el 20 de octubre.[11]

Al cabo de dos días de intenso debate la Junta aprobó la primera de estas posiciones por 271 votos contra 191.[12] En los días siguientes se constituyó una Comisión Mixta integrada por tres representantes de la DC -Renán Fuentealba, Bernardo Leighton y Luis Maira-, que en rápido e intenso trabajo, sobre la base del anteproyecto preparado por la DC, que fue prácticamente acogido en todas sus partes salvo pequeñas correcciones, dio feliz término a su cometido. El 8 de octubre el proyecto fue presentado a la Cámara de Diputados, suscrito por parlamentarios de ambos sectores. En una semana fue despachado por la Cámara de Diputados y a la siguiente por el Senado, quedando solo pendiente su ratificación por el Congreso Pleno, que conforme al mandato constitucional debería tener lugar sesenta días después.[13]

La concertación del acuerdo de garantías democráticas provocó una airada reacción en los sectores de derecha, que se empeñaron en negar toda eficacia a la reforma constitucional y en acusar a la DC de ingenuidad, de entreguismo y aun de estar encubriendo un supuesto «pacto secreto» que su directiva y Tomic habrían concertado durante la campaña con Allende y la UP.

Tanto Tomic como Benjamín Prado y Jaime Castillo, presidente y primer vicepresidente del PDC, desmintieron terminantemente la existencia de ese presunto «pacto secreto», precisando que lo único que había existido era un acuerdo sobre la forma de proceder el día de la elección para evitar posibles desórdenes y violencia en caso de que los resultados fueran estrechos. Con este objeto se había convenido «que una diferencia de más de 30.000 votos sería aceptable para reconocer pública y recíprocamente la mayoría relativa a quien la obtuviera en las urnas», pero ese acuerdo no comprometió la votación en el Congreso. Tales desmentidos, sin embargo, resultaron inútiles ante la campaña desatada por los detractores del Estatuto de Garantías, que parecían más empeñados en desprestigiar a la DC que en asegurar la subsistencia del régimen democrático.

En el debate mismo del proyecto en el Congreso, el Partido Nacional dio orden a sus parlamentarios de adoptar lo que llamaron una «abstención agresiva», que se expresó en el intento de negar todo valor a las reformas, pretendiendo que ellas no agregaban nada a las garantías constitucionales existentes. El más representativo y prestigioso de los parlamentarios derechistas, senador Francisco Bulnes, llegó hasta empeñarse en demostrar que el texto relativo a la libertad de enseñanza y a la autonomía universitaria privaría a las Universidades particulares del derecho a percibir subvenciones del Estado, a pesar de que esa interpretación peyorativa contrariaba el claro tenor literal y el espíritu manifiesto de la reforma. Sin embargo, cuando Salvador Allende, en la sesión de 22 de octubre a la que concurrió para votar el proyecto, fundó su voto expresando que «estas disposiciones deben entenderse, no solo como principios consagrados en la Carta Fundamental, sino como la regla moral de un compromiso ante nuestra propia conciencia y ante la historia», el mismo senador Bulnes comentó: «lo único importante que ha sucedido esta tarde y de lo cual me congratulo como ciudadano chileno y como demócrata, son las palabras que acabamos de escuchar a nuestro colega el honorable Sr. Allende. Eso sí que tiene valor, eso constituye una garantía.»[14]

En verdad, la reforma constitucional que consagró el llamado Estatuto de Garantías Democráticas, no sólo ratificó las declaraciones de derechos contenidas en la Carta Fundamental, sino que las actualizó, complementándolas, explicitándolas y estableciendo otras nuevas, mediante disposiciones destinadas a evitar interpretaciones equívocas y a establecer mecanismos adecuados para asegurar su cumplimiento o, en caso de violación, para hacer ésta tan patente que fuera capaz de remover la conciencia democrática del país y de suscitar, llegado el caso, la necesaria reacción ciudadana. Sus autores no pensábamos que ellas bastaran por si solas para asegurar la supervivencia de un régimen de democracia y libertad en Chile. Ellas solo tenían por objeto precisar las reglas del juego para quienes verdaderamente quisieran defender esos valores. Como entonces dijimos, se trataba de «establecer el ring para el combate democrático. De nada servirán esas reglas a un pueblo oportunista o pusilánime. Pero sí es cierto que más de los dos tercios de los chilenos creen en la democracia y son capaces de luchar por ella, esas reglas les permitirán hacerlo, ejercer sus derechos, demostrar su poder y triunfar en este empeño.»[15]

La aprobación del Estatuto Constitucional de Garantías Democráticas aseguró la elección definitiva de Salvador Allende por el Congreso Pleno en su sesión de 24 de octubre. Los 75 parlamentarios democratacristianos votaron disciplinadamente por Allende, quien reunió así 153 votos, contra 35 de Alessandri y 7 en blanco.

La gestación del Estatuto de Garantías Democráticas y la elección de Allende por el Congreso Pleno se llevaron a cabo en un clima de agudas tensiones e intranquilidad públicas, provocados por intentos de romper la normalidad constitucional del país e impedir la ascensión de Allende al gobierno.

En su discurso en la concentración popular del 13 de septiembre, Allende denunció «reuniones políticas de grupos sediciosos» en las que se habría hablado de lo que «costaría corromper a un general» o «eliminar al candidato popular» y aseveró textualmente: «Yo les digo desde aquí a esos presuntos asesinos: voy a entregar a tres notarías de Santiago los nombres de las gentes que se reunieron, porque los tengo, y si algo me pasa, que lo sepan: el pueblo sabrá hacerse justicia.»

Días después, en su recordada reunión con la Comisión Política del Partido Demócrata Cristiano, nos insistió en esas denuncias. Sin darnos detalles, aseveró la existencia de un complot, que dijo haber puesto en conocimiento del gobierno, para impedir su llegada a la presidencia, y se quejó de que los servicios policiales no le garantizaban su seguridad ni ponían el celo necesario para investigar sus denuncias, lo que hacía para él indispensable la protección e intervención de sus propios equipos de seguridad.

Y a fines de septiembre, en discurso pronunciado en Concepción, reiteró sus acusaciones sobre la existencia de un «plan sedicioso» para interrumpir el proceso constitucional e impedir su ascensión al gobierno, refiriéndose especialmente a la acción de «Patria y Libertad» y de otros grupos de extrema derecha, a los cuales atribuyó la responsabilidad de acciones violentistas producidas en esos días.

Lo cierto es que pocos días después del 4 de septiembre recomenzaron atentados de carácter terrorista y desde entonces, hasta la víspera del Congreso Pleno, el país fue conmovido por múltiples expresiones de violencia que culminaron el 22 de octubre con el asesinato del comandante en jefe del Ejército, general René Schneider.

El 9 de septiembre un carabinero de guardia frente a la Embajada inglesa fue baleado desde un vehículo que emprendió la fuga. Pocos días después, una bomba estalló en los jardines de la residencia de un acaudalado empresario. Hasta mediados de octubre, quince artefactos semejantes explotaron en diversos lugares -bancos, establecimientos comerciales, aeródromo de Pudahuel, Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, casas de algunos políticos- sin causar víctimas personales ni daños de cuantía, pero provocando alarma en la población.

Paralelamente se produjeron, a lo largo del territorio nacional, algunas ocupaciones de fábricas por sus obreros, de tierras por campesinos e indígenas y de sitios urbanos y viviendas en construcción por comités de pobladores «sin casa». Un Comando Nacional de Pobladores, encabezado por el dirigente del MIR Víctor Toro, ocupó el monumento al General Baquedano como tribuna para una concentración (lo que motivó una protesta de los jefes de las Fuerzas Armadas) y se apoderó de la casa central de la Universidad de Chile.

La opinión pública estaba confundida acerca de los orígenes e instigadores de esta violencia. Era evidente que algunos hechos provenían de extremistas de izquierda, pero había bastantes fundamentos para atribuir la mayor parte a extremistas de derecha. El 12 de octubre el diario comunista «El Siglo», calificaba al mirista Víctor Toro de «provocador» y acusaba a los «ultras» de derecha y de izquierda de confundirse en sus objetivos.

Allanamientos policiales descubrieron la existencia de depósitos de armas y de instalaciones para fabricar explosivos, de organizaciones de una y otra tendencia. Numerosas personas fueron detenidas, en su mayoría vinculadas a la Democracia Radical -que había apoyado a Alessandri en la elección presidencial- y a la recién constituida organización nacionalista «Patria y Libertad». Los tribunales designaron un ministro de Corte para que tomara a su cargo los procesos por actos terroristas, una decena de individuos fueron encargados reos -en su mayoría declaradamente antiallendistas- y varios de la misma tendencia se pusieron a salvo huyendo del país. El 20 de octubre el mayor de Ejército en retiro Arturo Marshall, conocido por sus inclinaciones nacionalistas y su vinculación al general (R) Roberto Viaux, fue detenido por la policía, a la cual opuso resistencia armada, acusado de proponerse asesinar a Allende.

Aunque ni Allende ni la Unidad Popular, ni su gobierno, proporcionaron nunca las pruebas que dijeron tener de la sedición reaccionaria, ni jamás se hicieron públicas las «listas» de conspiradores que el primero anunció haber registrado en «tres notarías», antecedentes posteriormente conocidos -principalmente el proceso judicial por el asesinato del general Schneider, los documentos secretos de la International Telegraphic and Telephonic (ITT) hechos públicos en 1972 por el periodista norteamericano Jack Anderson[1] y el Informe del Comité Especial del Senado de Estados Unidos, presidido por el senador Frank Church, que investigó las «acciones encubiertas en Chile»[2], han demostrado que en el intento de impedir a cualquier precio que Allende asumiera el gobierno, se conjugaron sectores nacionales, empresas extranjeras y el propio gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica.

Esos antecedentes evidencian los siguientes hechos:

1. Sectores de la derecha chilena y de empresas transnacionales con intereses en el país, jugaron a fondo su influencia para impedir el ascenso de Allende al gobierno. La ITT procuró comprometer en ese empeño a otras empresas extranjeras e incitó al gobierno de Estados Unidos a intervenir directamente para el logro de ese propósito.
2. El gobierno de Richard Nixon estimó que un régimen socialista no sería aceptable para Estados Unidos y participó decididamente en lo que se llamó «gambito de la reelección de Frei», sobre la base de que Alessandri fuera elegido por el Congreso Pleno, renunciara inmediatamente y se realizara una nueva elección en la que Frei fuera reelegido. Para facilitar esa operación se aprobó un fondo de emergencia de US$ 250.000.- con el fin de sobornar a congresales chilenos, lo que resultó inútil y esos fondos «nunca se gastaron». A pesar de todos los esfuerzos que se hicieron en pro de esta solución, «Frei rehusó interferir en el proceso constitucional y el gambito de la reelección murió.»[3]
3. Por instrucciones de su gobierno, la CIA promovió una intensa campaña publicitaria acerca de los graves daños que acarrearía a Chile la elección de Allende, utilizando en ella tanto medios de difusión nacional, especialmente el diario «El Mercurio», como agencias internacionales y periodistas extranjeros. Al mismo tiempo, impulsó la formación de grupos paramilitares derechistas, como Patria y Libertad, proporcionándoles financiamiento en un intento por crear tensión y un posible pretexto para la intervención de los militares chilenos.[4]
4. En vista del fracaso del «gambito de la reelección de Frei», el 29 de septiembre de 1970 el «Comité de los 40» del gobierno norteamericano acordó emprender una presión económica -supresión de créditos, disminución de inversiones, etc.- con el propósito de crear en la economía chilena un caos que hiciera posible una intervención militar. Esa presión no logró el colapso económico que se esperaba, ni obtuvo -de atenerse a los informes de la ITT- la anhelada cooperación de otras empresas extranjeras ni norteamericanas.[5]
5. Paralelamente a las medidas anteriores, Nixon instruyó a la CIA el 13 de septiembre «para que jugara un rol directo en la organización de un golpe militar en Chile.»[6] De esta forma, «entre el 5 y el 20 de octubre de 1970, la CIA hizo contactos con oficiales claves militares y carabineros. A aquellos chilenos que se inclinaban por dar un golpe se les aseguró un fuerte apoyo en los más altos niveles del gobierno norteamericano, tanto antes como después del golpe.»[7] Según el informe sobre la materia de la comisión senatorial norteamericana, aunque ciertos elementos dentro del Ejército chileno estaban activamente comprometidos en el complot para el golpe, los planes de los disidentes chilenos nunca llegaron a despegar del suelo… Un intento de golpe bastante desorganizado abortó después del baleo al general Schneider.[8]
6. En la mañana del 22 de octubre el país fue conmovido por la noticia de que el comandante en Jefe del Ejército, general René Schneider, había sido víctima de un criminal atentado. Cuando se dirigía a su oficina, el paso de su vehículo fue repentinamente interceptado por otros, desde los cuales descendieron individuos que hicieron fuego en su contra, causándole graves heridas a consecuencia de las cuales falleció tres días después.

Como señalamos anteriormente, el general Schneider se había caracterizado por su inquebrantable lealtad a la «doctrina institucional» del Ejército, como cuerpo esencialmente profesional, al servicio de la Nación entera, sin compromisos políticos partidistas, respetuoso de los órganos constitucionales del Estado y obediente a sus decisiones. El 19 de septiembre, en mensaje a oficiales y soldados con motivo del día de las Glorias del Ejército, había manifestado su satisfacción por la conducta de las Fuerzas Armadas en el proceso que vivía el país.[9]

7. La investigación judicial realizada por los tribunales militares puso en evidencia los siguientes hechos: a) el propósito del atentado fue secuestrar al general Schneider con el objeto de provocar una convulsión nacional que impidiera la elección de Allende por el Congreso Pleno. Según declaró en el proceso el principal autor intelectual de ese delito, el general retirado Roberto Viaux -el mismo que en octubre de 1969 promovió un levantamiento contra el gobierno del Presidente Frei- «la retención temporal del general Sr. Schneider era un pretexto para que las Fuerzas Armadas asumieran el mando de la Nación, pues tal retención sería seguida de un allanamiento de los sectores en que la extrema izquierda tenía sus arsenales, lo que crearía una situación de tal gravedad que haría posible que los Altos Jefes de las Fuerzas Armadas exigieran al entonces presidente de la República la entrega del mando a una Junta por ellos constituida. Dicho presidente sería enviado al exterior y el general Schneider retenido por 48 horas, al término de las cuales se le dejaría en libertad después de haberlo tratado con toda suerte de consideraciones.»[10]; b) aparte del referido Viaux y de su suegro coronel (R) Raúl Igualt Ramírez, intervinieron en la preparación del atentado y en su ejecución material numerosos individuos nacionalistas o de extrema derecha, todos ellos civiles o militares retirados, en su mayoría jóvenes, algunos conocidos por su participación en anteriores aventuras sediciosas, otros pertenecientes a familias de la alta sociedad chilena y muchos de los cuales estaban comprometidos en la ola de atentados terroristas ocurridos en septiembre y octubre «a fin de producir alarma que favorecería sus fines.»[11]; y c) entre las muchas personas con que Viaux se reunió durante el período de gestación del atentado, se contaron algunos altos oficiales de las Fuerzas Armadas en servicio activo, como el general Camilo Valenzuela, a la sazón jefe de la Guarnición de Santiago, el comandante en Jefe de la Armada, almirante Hugo Tirado, el director general de Carabineros general Vicente Huerta y el general de Aviación Joaquín García. Pero el proceso no arrojó mérito para acusar a ninguno de ellos de participación en el secuestro, si bien los dos primeros fueron condenados por haber concurrido a reuniones políticas sabiendo que allí se conspiraba contra la estabilidad del gobierno, delito castigado por el artículo 4 letra c) de la Ley de Seguridad Interior del Estado. [12]
8. Según el informe de la Comisión Church, «la CIA sabía que los planes de todos los grupos de conspiradores empezaban con el secuestro del constitucionalista comandante en Jefe del Ejército de Chile general Schneider. El Comité ha recibido testimonios contradictorios acerca del grado de comunicación entre la Casa Blanca y la CIA…»pero está comprobado que para llevar a cabo el golpe de Estado «la CIA estableció contacto con varios grupos de complotadores militares y eventualmente traspasó a un grupo tres armas y gas lacrimógeno. Las armas fueron devueltas posteriormente, sin usar». Y, específicamente sobre el asesinato del general Schneider, agrega que «el 22 de octubre un grupo de complotadores intentó secuestrar a Schneider, pero éste resistió, fue baleado y posteriormente murió. La CIA había estado en contacto con ese grupo, pero una semana antes había suspendido su apoyo para sus planes específicos.»[13]

El atentado contra el general Schneider y su fallecimiento a consecuencia del baleo de que fue víctima, conmovió al país entero. Desde el asesinato de Diego Portales en 1837, la historia de Chile no registraba un crimen semejante. La reacción natural de las Fuerzas Armadas fue la de identificarse con la posición de su comandante en Jefe, convertido en mártir por su lealtad al régimen constitucional de la República. Y la reacción general de la opinión pública fue de enérgico repudio al terrorismo y de reafirmación de la voluntad de los chilenos de someter su convivencia a los caminos del derecho y de la democracia. En consecuencia, el asesinato de Schneider resultó absolutamente contraproducente para los fines queridos por sus autores y terminó de afianzar la elección de Allende por el Congreso Pleno.

Sus funerales fueron ocasión para que el país, encabezado por el presidente de la República Eduardo Frei y por el ya presidente electo Salvador Allende, con gran participación popular, tributara en la persona del general mártir un homenaje de adhesión a las Fuerzas Armadas y les diera testimonio de su afecto y confianza.

En varias oportunidades, sobre todo después de la caída de Allende en septiembre de 1973, personas afectas a la Unidad Popular han pretendido sembrar dudas sobre la conducta, en los acontecimientos referidos, del que califican como sector derechista de la Democracia Cristiana y del presidente Frei y su gobierno. Las acusaciones van desde negligencia en la investigación de las actividades sediciosas o tolerancia de las mismas, hasta franca complicidad con ellas. El exasesor político del presidente Allende, Joan Garcés, ha llegado a hablar del «complot» o «plan ITT, CIA, Frei» o «ITT – Kissinger – Frei», aseverando que «durante los sesenta días que separaban la elección presidencial y la fecha de la trasmisión del mando -3 de noviembre- un amplio frente político, que agrupaba a la derecha del PDC y los sectores que respaldaron la candidatura presidencial conservadora de Jorge Alessandri, procedió a improvisar una serie de actuaciones para invalidar el resultado de la consulta electoral.[14]

Para fundamentar tan graves cargos se urde una madeja de suposiciones sobre la base del aprovechamiento tendencioso de los documentos de la ITT y del informe del Comité del Senado norteamericano a que hemos hecho referencia, mezclando datos inconexos, distorsionando muchos y ocultando otros, sin el menor respeto a la verdad.

Se parte por enfatizar la importante ayuda económica que, según señala el informe Church, recibió de Estados Unidos la candidatura Frei en la campaña presidencial de 1964, en la que fue elegido, pero se silencia que ese mismo informe deja constancia que «el Grupo Especial -que acordó dicha ayuda- decidió no informar al candidato democratacristiano, Eduardo Frei, del apoyo encubierto norteamericano a su campaña. Por lo tanto, una serie de intermediarios se movilizaron para hacer llegar el dinero a los democratacristianos»[15], como si fueran de origen privado.[16] Y, puesto que lo que se procura es presentar a Frei como instrumento del imperialismo norteamericano, no se recuerda que su gobierno se caracterizó por una política de categórica independencia respecto de norteamérica, de lo que fueron testimonios elocuentes, entre otros hechos, el establecimiento de relaciones con la Unión Soviética y otros países socialistas, la posición abiertamente condenatoria chilena frente a la intervención norteamericana en Santo Domingo, el rechazo terminante de Chile a la constitución de una Fuerza Interamericana de Defensa, sus iniciativas para la reforma de la Carta de la OEA y la activa promoción del Consenso Latinoamericano para reclamar bases de justicia en las relaciones de nuestros países con Estados Unidos.

Se imputa al gobierno de Frei complicidad en las maniobras para producir un caos económico, pero se olvida que el país sobrepasó sin caer en el colapso la aguda crisis producida en la quincena siguiente a la elección, gracias a las medidas adecuadas y oportunas adoptadas por ese gobierno.[17]

Y no se repara en el hecho de que la decisión norteamericana de provocar el caos económico fue tomada el 29 de septiembre,[18] cuando ya la etapa más álgida de la crisis estaba superada, y que en el mes de octubre la economía chilena experimentó síntomas notorios de recuperación reconocidos por los propios economistas de la Unidad Popular.[19]

Se citan comentarios contenidos en los documentos de la ITT sobre lo que Frei habría dicho a terceros no identificados, para atribuirle la disposición de impedir por cualquier medio, incluso el golpe militar, que Allende asumiera la presidencia de Chile. Pero se oculta que esos mismos documentos insisten en la necesidad de que el gobierno norteamericano «presione a Frei»; que el informe de la Comisión Church señala expresamente que «el gambito de la reelección» murió porque «Frei rehusó interferir en el proceso constitucional»; que el entonces embajador de Estados Unidos en Chile, Edward Korry, declaró enfáticamente a dicha comisión que Frei no se habría prestado para ninguna acción militar[20]; y que en el largo proceso judicial a que dio origen el asesinato del general Schneider, verificado íntegramente bajo los gobiernos de Allende y Pinochet (ambos ostensiblemente empeñados en desprestigiar a Frei), ningún democratacristiano, ni Frei, ni uno solo de sus ministros y colaboradores, fue objeto de la menor inculpación.[21]

La verdad es que todas estas imputaciones y otras semejantes, orientadas con no disimulado apasionamiento a menoscabar la imagen de Frei y de la Democracia Cristiana chilena ante la opinión mundial, son terminantemente desmentidas por la realidad histórica de tres hechos tan indiscutibles como significativos: 1) el gobierno del Presidente Frei mantuvo la plena vigencia del régimen constitucional hasta la expiración de su período; 2) aprobado el Estatuto de Garantías Democráticas, todos los parlamentarios democratacristianos, sin excepción, votamos por Allende en el Congreso Pleno[22]; y c) el presidente Frei entregó el mando a su sucesor constitucional Salvador Allende el 3 de noviembre de 1970.[23]