LA EXPERIENCIA POLÍTICA DE LA
UNIDAD POPULAR

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La experiencia política de la Unidad Popular / De las palabras a los hechos

El país dividido

 

El PDC define que no dejará pasar una al gobierno

A mediados de abril, nueve senadores democratacristianos hicieron una declaración rechazando la “violencia antidemocrática» amparada por el gobierno. Días después, algunos camaradas solicitaron a Patricio Aylwin que postulase a la presidencia del partido para constituir una mesa que hiciera un emplazamiento concreto al gobierno para enmendar el rumbo que llevaba.

Declaración de los senadores del Partido Demócrata Cristiano frente a la escalada de «violencia antidemocrática», abril de 1973

El 12 de mayo fue inaugurada la junta nacional. Estaba contemplado que se presentarían dos listas; una, encabezada por Renán, y la otra por Patricio Aylwin. También había quienes se manifestaban partidarios de omitir la votación y buscar un acuerdo previo para constituir una directiva que fuese representativa de todas las opiniones, pero finalmente se decidió hacer la elección.

En general, los democratacristianos no tenían opiniones disonantes respecto al gobierno, como tampoco en relación al diagnóstico de la conducción de la DC frente al escenario económico, político y social que enfrentaba Chile; los militantes coincidían en que el país enfrentaba una profunda crisis y que, como oposición, el PDC debía ofrecer alternativas democráticas utilizando para ello todos los mecanismos del aparato institucional del Estado chileno y la movilización en la base social.

Lo que, en cambio, sí se requería analizar, era el estilo en que debía ser ejercida esta oposición al gobierno.

Carta de Renán Fuentealba, presidente nacional del PDC, a parlamentarios del partido, en relación a informaciones aparecidas en la prensa relativas a su conducción política, 16 de abril de 1973 

Carta de Patricio Aylwin a Renán Fuentealba, presidente nacional del PDC, sobre posición en la relación del partido con el gobierno de la Unidad Popular, 19 de abril de 1973

Carta de Eduardo Frei Montalva a Renán Fuentealba, presidente nacional del PDC, entregándole su adhesión ante los ataques de que ha sido objeto, 19 de abril de 1973  

Entrevista al senador Patricio Aylwin «No dejaremos pasar ni una al gobierno», 11 de mayo de 1973

Memorándum de Patricio Aylwin «Algunos criterios para la estrategia DC», mayo de 1973

En su discurso ante la junta nacional, Patricio Aylwin señaló que los hechos que configuraban la realidad que vivía el país, ponían de manifiesto que la acción del gobierno y de la UP no encontraban contrapeso suficiente en otras fuerzas sociales. Frente a este escenario, era necesario intentar movilizar al país tras objetivos concretos de liberación y participación que configurasen una alternativa para encauzar el proceso de cambios a través de la ley como única expresión auténtica de la voluntad popular. Respecto al método político para cumplir estos objetivos, había llegado el momento de no dejar pasar una al gobierno; el camino para ello era el uso oportuno y decidido del poder político como equilibrio frente al de la UP.

«Cuenta de Patricio Aylwin Azócar. Junta nacional del PDC, 12 de mayo de 1973 (continuación)»

“Cuenta administrativa, política y financiera. Renán Fuentealba Moena. Junta nacional PDC. 12 – 13 de mayo de 1973″

«Intervención del senador Juan de Dios Carmona en la junta nacional realizada en Santiago el día 12 de mayo 1973» 

«Intervención del senador Rafael Moreno en la junta nacional del PDC – los días 12 y 13 de mayo de 1973» 

«Intervención del senador Narciso Irureta realizada en Santiago en la Junta Nacional del día 12 de mayo de 1973» 

«Intervención de Ricardo Hormazábal S.- en junta nacional del 12 y 13 de mayo de 1973»

Con un 55% de los votos, Aylwin fue elegido presidente nacional del PDC. En el voto aprobado, se afirmaba, entre otros, el repudio a “toda solución que implique la búsqueda de salidas políticas al margen de la Constitución y de la ley, el desencadenamiento de la violencia, el fomento del odio y el enfrentamiento físico a través de golpes de Estado o de la guerra civil o de cualquier medio directo o solapado que conduzca al derrocamiento del gobierno”.

«Las tareas de la Democracia Cristiana. Voto político de la junta nacional del 12 – 13 de mayo de 1973»

 

La visión de Allende

Recién asumida la presidencia de Aylwin en el partido, se produjo un momento particularmente preocupante y en cierto modo decepcionante para los democratacristianos, cuando el presidente Allende dio su mensaje ante el Congreso Pleno el 21 de mayo de 1973.

Titulado “Por la democracia y la revolución, contra la guerra civil”, el presidente usó un tono de arenga revolucionaria acudiendo al “venceremos” y a la consigna de “no a la guerra civil”, sin mostrar voluntad alguna de propiciar un diálogo.

El discurso estuvo orientado a justificar la grave crisis en la que estaba el país como el costo que se debía pagar para conducir a Chile al socialismo por la vía democrática. De forma reiterada, Allende denunció a todos los que se oponían al desarrollo revolucionario buscando impedir por cualquier medio el camino hacia el socialismo. Ellos eran los responsables del clima de violencia y de la grave situación económica. Pese a todo, se estaba logrando un objetivo primordial: la conciencia del pueblo, cuya expresión era la socialización del poder político. Los anuncios revelaron el mismo espíritu de seguir avanzando sin rectificación alguna.

Al día siguiente, la directiva de la DC, realizó una declaración pública sobre la cuenta del presidente, indicando, en lo esencial, que Allende había esquivado el cuerpo a todos los grandes problemas que Chile.

Declaración «El mensaje presidencial. Declaración del PDC sobre la cuenta rendida por el presidente de la República», 22 de mayo de 1973

Unos días después, el presidente de la DC señaló que en su mensaje, el presidente Allende había eludido el examen de los problemas más graves y angustiosos que el pueblo de Chile estaba viviendo, como la inflación de los últimos doce meses, que llegaba al 200%, y la creciente escasez de alimentos y demás bienes esenciales que los hogares chilenos sufrían día a día. Advirtió que el mandatario nada había dicho sobre la baja de la producción agrícola, el deterioro de las instalaciones industriales del país, el descenso de las exportaciones y la emigración al extranjero de profesionales y técnicos, como tampoco sobre la discriminación entre los chilenos, ni la ilegalidad y violencia que su gobierno había convertido en regla de conducta de la administración del Estado.

Tras interpelar derechamente al gobierno sobre su responsabilidad frente a la grave crisis política, económica y social que el país estaba viviendo, Aylwin denunció como un engaño la teoría presidencial de que ella era consecuencia de la resistencia al tránsito hacia el socialismo por la vía democrática.

Sus palabras finales fueron una invitación a los chilenos a asumir su tarea en la lucha por superar la crisis económica y defender los derechos y libertades democráticas, insistiendo en que solo se resolverían los problemas con el esfuerzo conjunto de todos.

«Texto intervención radial del presidente nacional del PDC., senador Patricio Aylwin Azócar», 30 de mayo de 1973 

Discurso del senador José Musalem en que analiza el reciente Mensaje Presidencial de Salvador Allende, 31 de mayo de 1973  

 

La huelga del cobre

El mejor ejemplo que refleja la actitud del gobierno en estos meses fue la huelga de trabajadores del cobre del mineral de El Teniente, ubicado en la provincia de O’Higgins.

Los problemas habían comenzado en los primeros meses de 1973 por desacuerdos entre los sindicatos del mineral – en su mayoría de filiación socialista y comunista- y el gobierno, respecto del reajuste en las remuneraciones que se había aprobado en octubre de 1972. Los mineros arguyeron que este reajuste debía agregarse a aquellos estipulados internamente entre la empresa y sus trabajadores, mientras que el gobierno, a través de sus ministros de Minería, Sergio Bitar, y del Trabajo, Luis Figueroa, discrepaban por considerar que ello implicaba un doble reajuste. Tras fallidos intentos de negociaciones, el 18 de abril de 1973 se declaró la huelga en la mina.

El 10 de mayo los trabajadores de El Teniente recibieron el apoyo, esperado por lo demás, de sus colegas del norte, especialmente de los sindicatos de trabajadores del mineral de Chuquicamata, quienes de inmediato se fueron a la huelga transformando el movimiento en un paro nacional de carácter político.

En este escenario, el PDC emitió una declaración manifestando su absoluta solidaridad con el movimiento sindical y anunciando la presentación de una acusación constitucional en contra de los ministros de Minería, Sergio Bitar, y del Trabajo, Luis Figueroa.

El gobierno reaccionó con medidas de fuerzas en contra de los huelguistas, dejando en evidencia su desinterés en buscar acuerdos, hecho que quedó aún más claro cuando los interventores designados por el Ejecutivo para aplicar el decreto de reanudación de faenas, despidieron a 97 trabajadores que adherían al paro y contrataron nuevo personal en su reemplazo, lo que provocó la indignada y violenta reacción de los primeros.

A comienzos de junio, la Iglesia emitió una declaración manifestando su preocupación por la marcha del país y llamando al entendimiento entre las partes en conflicto. Similar mensaje entregaba el PDC, advirtiendo que su fuerza no estaba en las armas sino en la verdad que sostenía, en la razón y en los valores morales del cristianismo. Por su parte, el líder del PN, Sergio Onofre Jarpa, sostenía la necesidad de un cambio de gobierno, advirtiendo que la decisión del PN era enfrentar al marxismo en “cualquier plano en que se plantee esta lucha”.

El 11 de junio apareció en los medios de prensa una carta de las Juventudes Socialistas y Comunistas, advirtiendo que “el objetivo de los reaccionarios es derrocar este gobierno a cualquier precio” y que para ello “está en ejecución un plan que persigue paralelamente crear el caos económico y social y la crisis institucional”. Dos días más tarde, el senador y secretario general del PS, Carlos Altamirano, declaró que la “derecha tiene una estrategia y dos tácticas: la estrategia, derribar a Allende e instaurar un régimen fascista y autoritario presidido por la oligarquía financiera y monopólica nacional, coludida con el imperialismo norteamericano. Las dos tácticas: una, la de los fascistas encabezados por Sergio Onofre Jarpa, que quieren el golpe hoy; y la otra, la del derechista Frei, que pretende el golpe en agosto o septiembre”.

A mediados de junio, cuando el conflicto del cobre llevaba prácticamente dos meses sin solución por parte de las autoridades regionales y los ministros del Trabajo y Minería, los huelguistas de la minera de Rancagua iniciaron una marcha hacia la capital con el decidido fin de representarle al Presidente Allende su situación. 

El gobierno declaró que la marcha no contaba con los permisos que correspondían y acusó a los trabajadores de pretender llegar a Santiago para “crear condiciones que favorezcan sus planes de sedición, de subversión y alteración del orden público”.

Algunos dirigentes y trabajadores lograron ingresar a la capital, llegando a la sede del Partido Demócrata Cristiano y a la Universidad Católica, donde militantes de los partidos de la UP y grupos violentistas cercaron a los mineros, estudiantes y dirigentes democratacristianos. La violencia dejó como saldo un muerto y 76 personas heridas, dos de ellas a bala.

El 15 de junio, el presidente Allende recibió por espacio de dos horas a una delegación de trabajadores del cobre, abriendo un espacio al diálogo, Lo que fue rechazado por los principales dirigentes del PS y PC, quienes insistieron en el carácter “artificial” del movimiento.

Dos días después de haber recibido a la delegación de trabajadores del cobre en La Moneda, el gobierno, a través del ministro del Interior, Gerardo Espinoza, denunció la “pertinaz actitud de sectores de la oposición, entre ellos la DC”, que han buscado transformar el conflicto sindical en un enfrentamiento político contra el gobierno.

El consejo nacional del PDC declaró que los intentos de diálogo habían fracasado por la oposición de las comisiones políticas del PS y PC, y convocó a una gran concentración para el 19 de junio en apoyo a los huelguistas.

Ese mismo día el Senado votó a favor la acusación constitucional que a fines mayo había sido presentada por los parlamentarios democratacristianos en contra los ministros de Minería, Sergio Bitar, y del Trabajo, Luis Figueroa, por haber atropellado las leyes, haberlas dejado sin aplicación y vulnerado el estatuto de trabajadores del cobre. Con esto, la señal para el gobierno fue que los partidos de oposición y especialmente la DC, tomarían la defensa de los trabajadores. Esta había sido nuestra promesa al asumir como directiva a mediados de mayo, y estábamos decididos a cumplirla.

En respuesta, el gobierno difundió un llamado a paro promovido por la CUT y, como era esperable, el 21 de junio miles de personas se hicieron presentes en un acto que se llevó a cabo en el centro de Santiago. El orador principal fue el presidente Allende.

El paro de los mineros se prolongaría todavía por unos días más. Tras 74 días, los primeros días de julio fue firmado un acuerdo entre el gobierno y los representantes de los trabajadores. A pesar de que estos obtuvieron menos de lo que habían solicitado, comprendieron que probablemente su acción había llegado a poner al gobierno de Allende en jaque. Las pérdidas por los días no trabajados, según la información entregada por Codelco, alcanzaron los 3 millones de dólares.

 

Nuevo conflicto político-institucional

El 30 de mayo el Tribunal Constitucional se declaró incompetente para pronunciarse en torno a las discrepancias entre el Ejecutivo y Legislativo respecto a una reforma a la Carta Fundamental. Acto seguido, el gobierno dictó un decreto promulgando las partes de las reformas respecto de las cuales no había discrepancia. En particular, se eliminaron del proyecto todas las disposiciones que obligaban a determinar por ley las empresas que pasarían al área social.

Oficio N°49 del Tribunal Constitucional de Chile en que comunica el fallo dictado en los autos del Rol N°15 iniciados por requerimiento de inconstitucionalidad de algunas normas del proyecto de ley sobre áreas de la economía que reforma la Constitución Política del Estado, 30 de mayo de 1973

Declaración del senador Renán Fuentealba frente al fallo del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de reforma constitucional de las áreas de la economía, 31 de mayo de 1973

Declaración del PDC sobre el proyecto de reforma constitucional de las áreas de la economía, junio 1973

Ante este anuncio, el Congreso envió una carta al contralor general de la República insistiendo en que el presidente de la República debía promulgar la reforma despachada por el Congreso o llamar a plebiscito para que el pueblo resolviera acerca de las discrepancias entre el Ejecutivo y el Parlamento. Lo mismo declaró el PDC.

La respuesta de la Unidad Popular no se dejó esperar. Su presidente, Rafael Agustín Gumucio, descartó que el gobierno y los partidos que lo apoyaban, hubiesen considerado la posibilidad de llamar a plebiscito sobre los puntos en desacuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El 5 de junio se cumplía el plazo constitucional dentro del cual el presidente Allende debía promulgar el texto despachado por el Congreso del proyecto de ley de reforma constitucional que fijaba las tres áreas de la economía, o convocar a un plebiscito sobre los puntos en controversia.

El 4 de junio el senador y camarada Renán Fuentealba, autor, junto a Juan Hamilton, del proyecto en cuestión, hizo una declaración que tomó por sorpresa a la directiva del PDC. En ella, advertía que era “una falacia afirmar que el Ejecutivo debe promulgar el proyecto aprobado por el Congreso” y que era “legítimo el camino de una promulgación en que se eliminan las discrepancias”. La declaración fue, por cierto, profusamente instrumentalizada por el oficialismo para defenderse y debilitar la posición del PDC.

Carta de Renán Fuentealba a Patricio Aylwin, relativa a la reforma constitucional sobre las áreas de la economía, 6 de junio de 1973

Carta de Patricio Aylwin a Renán Fuentealba, sobre situación interna del PDC, 11 de junio de 1973

Pocas horas antes de vencer el plazo, el Ejecutivo insistió que faltaba el trámite de insistencia por los dos tercios del Congreso. Las réplicas a esta decisión fueron muchas. El PDC lamentó que el presidente dejara pasar la oportunidad de buscar una salida verdaderamente democrática a un desacuerdo con el Parlamento. Por su parte, el Partido Nacional declaró que Allende había dejado de ser presidente constitucional de Chile.

Declaración «Declaración de los Presidentes del Senado y Cámara de Diputados», julio de 1973

El 2 de julio la Contraloría envió un oficio al Ministerio de Justicia representándole la ilegitimidad del decreto que promulgaba en forma parcial la reforma constitucional sobre las áreas de la economía. Vencido el plazo para llamar a plebiscito, al Presidente no le quedaba más que promulgar la ley de reforma constitucional de las áreas de la economía tal cual había sido aprobada por el Congreso; de lo contrario, el Ejecutivo caería en abierta violación de la Constitución.

Oficio enviado por Héctor Humeres, contralor general de la República, al presidente Salvador Allende en que devuelve sin tramitar el decreto presidencial que promulgaba en forma parcial la reforma constitucional de las áreas de la economía, 2 de julio de 1973

Sin embargo, una vez más, el presidente optó por dilatar la promulgación, dejando al país sin una ley que impidiese las tomas y requisiciones que seguían sucediéndose.

El segundo conflicto político institucional que ocupó la agenda pública durante junio, fue el que sostuvieron el gobierno y el Poder Judicial. Tuvo relación con algunos hechos ocurridos en la localidad de Machalí y, especialmente, con la clausura por seis días decretada por el gobierno en contra de radio Agricultura, decisión que la Corte ordenó revocar, lo que el gobierno se rehusó a hacer, acusando al máximo tribunal de ser una “trinchera de la derecha” y anunciando la presentación de una acusación constitucional contra sus ministros integrantes.

A partir del 8 de junio el conflicto entre los dos poderes del Estado se agudizó, abriéndose un extenso debate sobre las garantías de los tribunales en el ejercicio de la justicia y sobre sus bases institucionales.

Carta del presidente Allende a Enrique Urrutia, presidente de la Corte Suprema, respecto a la intromisión del Ejecutivo en asuntos judiciales, 12 de junio de 1973

Carta de la Corte Suprema al presidente de la República, Salvador Allende, en respuesta a su carta del 12 de junio relativa al actuar que ha tenido el poder Judicial, 25 de junio de 1973

Discurso del senador democratacristiano Narciso Irureta en sesión del Senado para analizar las relaciones entre el poder Ejecutivo y el poder Judicial, 27 de junio de 1973

 

La arremetida por el control de los medios de comunicación

Desde comienzos de 1973 los medios de comunicación afines al gobierno se habían transformado en instrumentos de propaganda del régimen, mientras que los de oposición eran permanentemente restringidos en su libertad de informar y discriminados frente a la prensa, radio y televisión oficialista. 

En el ámbito radial, en dos años y medio la Unidad Popular había pasado de tener el control de 5 radioemisoras a 66, tres de las cuales (Portales, Corporación y Candelaria) sumaban el 42,6% de la sintonía. Además, debido a la ampliación del área de la propiedad social, el Estado tenía el mayor poder de financiación.

Informe «Informe económico del director del Departamento Técnico, Sergio Molina, realizado en el consejo plenario nacional los días 7 y 8 de abril de 1973»

El 4 de junio el presidente de la Asociación de Radiodifusión de Chile (ARCHI) Carlos Figueroa, dio a conocer la preocupación de la entidad por los serios problemas que aquejaban a la radiodifusión chilena. Pero lejos de hacerse cargo de esta preocupación, el gobierno mantuvo su posición, actuando de acuerdo a su conveniencia y no en beneficio de la libertad de expresión.

En el mundo de la televisión, el 17 de junio se iniciaron las transmisiones del Canal 6 de la Universidad de Chile. Dos días después, la Policía de Investigaciones allanó violentamente el lugar, destruyó parte del equipamiento y detuvo a 31 personas. La medida fue ordenada por el ministro del Interior, Gerardo Espinoza, debido a que, a juicio del gobierno, la instalación del Canal se había hecho de manera ilegal.

Pese a las protestas del Comité Directivo Superior de la Universidad de Chile, a la advertencia de la Corte de Apelaciones sobre el derecho constitucional de las Universidades para operar y explotar canales de televisión y a la solicitud del Colegio de Periodistas de acusar constitucionalmente al ministro del Interior Gerardo Espinoza, el gobierno, a través de la Superintendencia de Servicios Eléctricos, continuaría durante todo el mes de julio intentando implementar medidas destinadas a impedir, o al menos interferir, la señal del Canal 6 de televisión.

Otra acción del gobierno que atentaba contra la libertad de expresión de los medios de prensa, era la política que mantenía con las empresas productoras de celulosa, de las cuales, como se ha visto, la más importante era la Papelera, considerada un bastión de la derecha política.

Pero sería El Mercurio, apodado el “decano de la prensa”, el blanco preferido por el gobierno durante el mes de junio. El gobierno decretó su suspensión aprovechando la publicación hecha días antes por este medio de un inserto del Partido Nacional que, entre otras cosas, afirmaba que el gobierno de Allende era ilegítimo, razón por la cual el mandatario consideró que debía aplicarse la ley de seguridad interior del Estado. El pleno de la Corte de Apelaciones dejó sin efecto la suspensión solicitada por seis días, aduciendo que no había antecedentes suficientes que acreditaran que se había infringido alguna norma, tomando en cuenta que la querella interpuesta por el Ministerio del Interior iba dirigida contra el Partido Nacional y no directamente en contra del diario.