Hacia la definición electoral

¡Qué el pueblo decida en marzo!

El fin del paro de octubre puso la mirada sobre las elecciones parlamentarias que debían realizarse a comienzos de marzo de 1973. Se hacía evidente que el pronunciamiento de la ciudadanía sería fundamental para señalar el camino de resolución de la grave crisis política en que estaba sumido el país. Gobierno y oposición consideraban que estaba en juego el futuro del proceso político, e incluso, el destino de Chile.

Para la DC la elección sería una instancia para que el pueblo se pronunciara sobre “la conducta de este gobierno, sus procedimientos, su incapacidad y los fines y objetivos que persigue, contradiciendo sus promesas”. Se buscaba lograr un triunfo categórico que obligara a la Unidad Popular a “rectificar a fondo su política”, lo que en modo alguno implicaba desnaturalizar las elecciones parlamentarias dándoles un contenido plebiscitario sobre la legitimidad del gobierno.

Discurso del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, frente a la realidad que vive el país, 22 de octubre de 1972

Artículo de Radomiro Tomic «Que el pueblo decida en marzo», 31 de octubre de 1972

Declaración «La Democracia Cristiana, un camino para Chile. Declaración del consejo plenario del PDC realizado en Cartagena el 1°, 2 y 3 de diciembre»

Distinta era la posición de nuestro principal aliado en la CODE, el Partido Nacional, que no ocultaba su aspiración a que, si la oposición lograba los dos tercios de la composición del Senado, se podría acusar constitucionalmente al presidente de la República.

En tanto, para los partidos de la Unidad Popular, las elecciones permitirían medir el real apoyo que tenían de la ciudadanía. El gobierno esperaba, al menos, mantener lo logrado en la elección municipal de 1971, en que le había ido bien. En ningún caso estaba en juego el proceso revolucionario.

La economía en crisis

El 29 de diciembre, tras la suspensión como ministro de Hacienda de Orlando Millas, Allende lo designó ministro interino en la cartera de Economía y Fernando Flores asumió como ministro suplente en Hacienda, mientras se resolvía en el Senado la acusación contra Millas.

Aun cuando el gobierno intentaba proyectar una sensación de normalidad, la deteriorada situación en que se encontraba el país fue la piedra angular sobre la cual se construyó la campaña electoral de los partidos de la CODE. 

En respuesta, la UP afirmaba una y otra vez que la situación caótica que describían los opositores era “artificial” y que lo que buscaban “era agravar la crisis y corromper el orden interno, que había sido establecido con las medidas tomadas por el general Prats”.

A comienzos de enero de 1973, instado por un panorama que el ministro Prats calificaba de “anarquía en el frente económico”, el presidente Allende intentó buscar una salida legal a la definición de las áreas de la economía y evitar con ello tener que seguir aplicando el procedimiento de insistencia en aquellos casos en que la Contraloría fallaba en contra de las requisiciones. El tema pasaba por el hecho de que el DFL de insistencia requería la firma de todos los ministros, lo que tensionaría aún más las relaciones con sus ministros militares -que se sentirían obligados a avalar acciones que eran discutibles- y con los partidos de oposición.

Sin embargo, el PS y el MAPU se manifestaron en total desacuerdo, en una nueva demostración de que el programa de gobierno del conglomerado no estaba siendo capaz de aunar la doble orientación y doble conducción que se desarrollaba al interior de las fuerzas populares.

Recorte de prensa «Preocupación en La Moneda por desacuerdos comunista-socialista», 30 de enero de 1973

Folleto «Todo el poder para los trabajadores», 13 de febrero de 1973

Artículo de Carlos Altamirano «La burguesía es la que está en crisis», 20 de febrero de 1973

El 9 de enero de 1973, en un discurso en el Senado, el ministro Flores acusó a los adversarios de oposición de utilizar sus posiciones de poder para crear toda suerte de problemas al abastecimiento del país. Frente a esta situación, propuso el “Plan Flores”, que contemplaba la creación de una Secretaría Nacional de Distribución y Comercialización; que toda la producción del área de propiedad social debía pasar, básicamente, a las distribuidoras estatales; y que el gobierno no aceptaría “la persistencia de ningún monopolio privado de distribución” y avanzaría “con decisión hacia el establecimiento de un control directo sobre la distribución de todos los productos básicos”. [Diario de sesiones del Senado, sesión n°63, 9 de enero de 1973]

Al día siguiente, el ministro Flores anunció la aplicación de una cuota de productos necesarios por familia, asignando a las organizaciones del pueblo a nivel local (JAP, Comandos Comunales) la programación de las necesidades periódicas de productos esenciales y la determinación de las responsabilidades que en su comercialización cabe a cada local comercial.

El “Plan Flores” fue calificado por la oposición como un atropello a las garantías electorales y una maniobra burda para sacudirse de la responsabilidad por el fracaso de la conducción económica por parte del gobierno. Desde las organizaciones gremiales también vino un rotundo rechazo a las medidas propuestas por el ministro.

Informe del Departamento Técnico de la Democracia Cristiana sobre la escasez, el mercado negro y el racionamiento», enero de 1973

Por su parte, los ministros militares consideraron desafortunado el enfoque político del discurso de Flores e incluso el ministro de Obras Públicas y Transportes, almirante Ismael Huerta, y el de Minería, general de Brigada Aérea Claudio Sepúlveda, manifestaron su intención de renunciar. Prats logró apaciguar los ánimos.

Pero no sería todo. Un nuevo conflicto se generó entre la oposición y el gobierno cuando este último, a pocas semanas de las elecciones, anunció un reajuste a las remuneraciones de los trabajadores del sector público y privado, de acuerdo al compromiso que había adquirido con la CUT.

La oposición rechazó la idea. Pero el gobierno insistió y, restando veinte días para las elecciones, el 16 de febrero de 1973, envió al Parlamento el proyecto que proponía un anticipo de reajuste “para compensar a los trabajadores por la pérdida del poder adquisitivo de sus sueldos y salarios producida a raíz del proceso inflacionario”. [Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, sesión n°27, 21 de febrero de 1973]

La radicalización en los medios de comunicación se acentúa 

La campaña para las elecciones parlamentarias de 1973 estuvo marcada por la acentuación de la ya radicalizada actitud de todo el espectro político. La virulencia del lenguaje, la humillación personal y las palabras ofensivas e injuriosas se volvieron, lamentablemente, la forma de expresarse de todos los sectores políticos. 

Esta actitud, y particularmente el discurso predominante del todo o nada, fueron aumentando la tensión a niveles nunca antes vistos. Era evidente que lo que se jugaba era más que la renovación de los escaños parlamentarios de ambas Cámaras.

En el ámbito radial, a pesar de contar con sus propias radios, la oposición no podía competir con la estructura y organización oficial, particularmente la Oficina de Informaciones y Radiodifusión (OIR), órgano del gobierno para difundir sus acciones y todo lo que rodeaba a la estructura de la UP.

Declaración «La elección parlamentaria. Ante ataques a dirigentes del PDC», 3 de febrero de 1973

El control de la televisión también fue un objetivo manifiesto durante los meses que antecedieron a las elecciones de marzo de 1973. El gobierno impidió la salida al aire del Canal 5 de Talcahuano, de la Corporación de Televisión de la Universidad Católica, mientras que los trabajadores de Canal 9 de Televisión, propiedad de la Universidad de Chile, en abierta rebeldía ante las decisiones de las autoridades de la Universidad, se tomaron las dependencias del canal ocupando la planta transmisora junto a militantes socialistas.

Declaración «La lucha por la televisión pluralista. El PDC ante la medida gubernativa que impide la extensión del Canal 13 a Concepción», 12 de febrero de 1973

Declaración de la Secretaría Nacional del PDC frente a los sucesos acaecidos en Concepción relativos al Canal 5 de Talcahuano, de la Universidad Católica de Chile, 27 de marzo de 1973

La escalada violentista

Alimentada por la violencia verbal, la agresión física, real y concreta, expresada en manifestaciones, intentos de toma y ocupaciones de industrias, se tomó la escena nacional durante los meses previos a las elecciones.

El 5 de febrero, el presidente Allende se dirigió al país, advirtiendo sobre la violencia que se estaba viviendo. Dos días más tarde, la directiva del PDC llamaba a hacer imperar el orden, con respeto a la institucionalidad y las leyes, solicitando al ministro Prats que cumpliera con su deber.

Sin embargo, los actos de violencia política siguieron. Comenzaron entonces a alzarse voces que indicaban que se podría desembocar en un conflicto al interior del país. El clima era claramente peligroso y había alcanzado un nivel de agresividad poco conocido en Chile. Los hechos daban crédito a quienes señalaban en ese momento que la violencia era casi inmanejable.

A mediados de febrero, el ministro del Interior intentó apaciguar los ánimos reuniéndose con los jefes de los partidos políticos con el fin de lograr acuerdos para controlar la beligerancia política que estaba teniendo la campaña electoral. El Partido Socialista se marginó de la reunión, al mismo tiempo que su secretario general, el senador Carlos Altamirano, afirmaba que el proceso revolucionario era imparable y, por lo mismo, el enfrentamiento entre chilenos resultaba ineludible.

Foro «A esta hora se improvisa» de Canal 13. Invitado: El Senador democratacristiano Osvaldo Olguín, 18 de febrero de 1973

Y pocos días antes de la elección, en una editorial del diario El Siglo, el secretario general del PC, Luis Corvalán, advirtió que el peligro del enfrentamiento y la guerra civil era inminente, pero que el pueblo tenía la fuerza y la capacidad para impedirlo y defender el logro más importante de la clase obrera chilena: el gobierno popular.