Pueblo de Santiago;

Compatriotas todos:

Gracias por este recibimiento tan alegre, tan entusiasta, tan afectuoso.  Yo bien sé que esa alegría, ese entusiasmo y ese afecto no son para un hombre, son para la Patria que se reencuentra en la libertad.  Queremos un Chile de todos los chilenos, con todos los chilenos, para todos los chilenos.

Yo comprendo la responsabilidad que ustedes han puesto sobre mis hombros.  Yo les prometo entregar todas mis energías, toda mi capacidad, a tratar de cumplir con los anhelos de reconstruir en nuestra Patria una democracia verdadera, en que haya no sólo libertad, sino también justicia y solidaridad.

Hoy es un día histórico, que recogerán los anales de nuestra Patria y los del mundo entero.   Gobernantes y representantes de las naciones amigas han venido a celebrar con nosotros.  Nosotros les agradecemos su solidaridad en los momentos de dolor y su compañía en esta hora de alegría.

Chile vuelve a la democracia y vuelve sin violencia, sin sangre, sin odio.  Vuelve por los caminos de la paz.

La tarea que tenemos por delante exige el esfuerzo, la entrega, la generosidad de todos.  Esta criatura que está naciendo, esta libertad que estamos reconquistando, tenemos que cuidarla, y la vamos a cuidar en la medida en que sepamos respetarnos los unos a los otros, en que no volvamos jamás… en que no volvamos jamás a convertirnos unos chilenos en enemigos de otros chilenos.  Podremos pensar distinto, tener distintas creencias, adorar a Dios según nuestra propia fe, pero todos juntos constituimos esa Patria que construyeron O’Higgins, Carrera y los demás Padres de la Patria.  Esa Patria que según el Himno Nacional debe ser el asilo de los libres contra toda forma de opresión.

Compatriotas:

Yo les pido que este mismo entusiasmo, esta misma voluntad de fraternal amistad que hoy día impera entre nosotros, guíe nuestros pasos.  Yo necesito vuestra ayuda.  Lo que tenemos que hacer lo vamos a tener que hacer entre todos.  No será la obra de un Presidente, no será la obra de un partido, ni de un grupo de partidos.  Será la obra de todos los chilenos.

Yo sé que hay compatriotas que anhelan una libertad de que están injustamente privados.  Yo sé que hay compatriotas lejos de nuestras fronteras que quieren volver a la Patria y quieren aquí poder trabajar y reconstruir sus familias.  Yo sé que hay mucho anhelo de cambio y de justicia.  Yo les digo: es nuestra voluntad crear caminos para, en el más breve plazo, darle libertad real a todos los chilenos.  No queremos presos políticos en Chile.

Yo les digo que es nuestra voluntad hacer todo lo humanamente posible porque la verdad resplandezca en la vida nacional, porque sólo la verdad no hace libres, porque sólo en la verdad se construye la confianza ciudadana que permite asegurar una vida tranquila y en paz.  Allí donde no hay verdad, donde no se respeta la verdad, allí surge la desconfianza y el recelo, y de ello la sospecha y el odio, y de ello la violencia.  Pero Chile no quiere más violencia, no quiere más guerra: quiere paz.

Yo sé que hay muchos chilenos que tienen hambre y sed de justicia, por mejorar sus condiciones de vida, que el progreso de Chile no llegue sólo a una minoría, sino que se traduzca en posibilidades para todas las mujeres, para todos los jóvenes, para todos los ancianos de esta tierra.

Una palabra especial para los trabajadores chilenos, que con su esfuerzo construyen diariamente a la Patria.  Deben ser nuestra preocupación fundamental.

Amigas y amigos, compatriotas todos:

Partamos en esta nueva jornada, con el corazón abierto a la comprensión, a la solidaridad.  Yo confío en el pueblo de Chile, y espero que con su confianza podremos juntos construir la Patria que anhelamos.

Yo espero que en cuatro años más, plazo corto comparado con otros, poder presentarme ante la faz de ustedes, ante la faz de todo el pueblo de Chile y decirle: juntos, chilenos, hemos construido una Patria Libre, justa y fraterna, para todos sus hijos.

Gracias.

Este es Chile, el Chile que anhelamos, el Chile por el cual tantos, a lo largo de la historia, han entregado su vida, el Chile libre, justo, democrático.  La Nación de hermanos.

     Nos reunimos esta tarde con esperanza y alegría.  Con esperanza, porque iniciamos, por fin, con espíritu fraterno y anhelantes de libertad y de justicia, una nueva etapa en la vida nacional.  Con alegría, porque -por primera vez al cabo de veinte años- emprendemos una ruta que ha sido elegida consciente y voluntariamente por nosotros mismos; no nos ha sido impuesto, sino que corresponde a la decisión libre y soberana del pueblo de Chile.

     Hoy celebramos un nuevo amanecer.  Más que festejar el triunfo concretado formalmente ayer en la transmisión del mando ante el Congreso Pleno, solemnizamos en este hermoso encuentro nuestra firme voluntad de forjar la unidad nacional, por caminos de reconciliación entre todos los chilenos, sobre las bases del respeto mutuo, el imperio irrestricto de la verdad, la vigencia del derecho y la búsqueda constante de la justicia.

     Realza esta celebración la presencia de nuestros invitados, gobernantes y representantes de naciones amigas.  Nos acompañan ahora, en este feliz momento, como nos acompañaron con su solidaridad en los tiempos de persecución y de dolor, en el asilo generoso que dieron a los chilenos exiliados, en la defensa de los Derechos Humanos de tantos compatriotas y en la lucha del pueblo de Chile por recuperar su democracia.  En nombre de este pueblo ahora les decimos: Gracias, muchas gracias.  Y les decimos algo más: podéis tener la seguridad de que el reencuentro de Chile con la democracia significará también nuestra incorporación activa a todas las instancias de colaboración internacional que corresponda para contribuir con nuestro aporte al desarrollo de los pueblos, al logro de la justicia y la paz entre las naciones y al pleno imperio de los Derechos Humanos en todos los rincones de la Tierra.

     Nos acompañan, también, en esta fiesta, millones de chilenos que de uno u otro extremo del territorio nacional, o en la añoranza de la Patria desde sus lugares de residencia, voluntaria o forzada, en otras tierras, tienen puesta su esperanza en la recuperación de nuestra democracia.  A todos ellos les enviamos un fraternal saludo.

     Desde este recinto, que en tristes días de ciego y odioso predominio de la fuerza sobre la razón, fue para muchos compatriotas lugar de presidio y de tortura, decimos a todos los chilenos y al mundo que nos mira: ¡Nunca más!  ¡Nunca más atropellos a la dignidad humana!  ¡Nunca más odio fratricida!  ¡Nunca más violencia entre hermanos!

     Desde aquí, donde Su Santidad Juan Pablo II dijo a los jóvenes chilenos que los valores del espíritu -como la hija de Jairo- no estaban muertos sino dormidos, proclamamos ante la faz del universo que el tradicional espíritu cívico y democrático del pueblo chileno, que nos ganó prestigio entre las naciones y fue justo motivo de orgullo patrio no murió nunca; pudo dormirse pero luego de años de sufrimiento, de amarguras, luchas y tropiezos, ha despertado con el ánimo alerta para no dormirse más.

     Hoy asumimos el compromiso de reconstruir nuestra democracia con fidelidad a los valores que nos legaron los padres de la Patria y que configuran lo que el Cardenal Silva Henríquez -ese varón justo y gran amigo del pueblo a quién tanto debemos- ha descrito hermosamente como “El alma de Chile”: el amor a la libertad y el rechazo a toda forma de opresión, la primacía del derecho sobre la arbitrariedad, la primacía de la fe sobre cualquier forma de idolatría, la tolerancia a las opiniones divergentes y la tendencia a no extremar los conflictos, sino procurar resolverlos mediante soluciones consensuales.

     ¡Estos valores imperarán de nuevo entre nosotros!

     Es hermosa y múltiple la tarea que tenemos por delante: restablecer un clima de respeto y de confianza en la convivencia entre los chilenos cualesquiera que sean sus creencias, ideas, actividades o condición social, sean civiles o militares, sí señores, sí compatriotas, civiles o militares: ¡Chile es uno solo!  ¡Las culpas de personas no pueden comprometer a todos!  ¡Tenemos que ser capaces de reconstruir la unidad de la familia chilena!  Sean trabajadores o empresarios, obreros o intelectuales; abrir cauces de participación democrática para que todos colaboren en la consecución del bien común; acortar las agudas desigualdades que nos dividen y, muy especialmente, elevar a niveles dignos y humanos la condición de vida de los sectores más pobres; cuidar de la salud de nuestros compatriotas, lograr relaciones equitativas entre los actores del proceso económico, abrir a nuestros jóvenes acceso a los conocimientos y oportunidades de trabajo y de progreso propias del tiempo que vivimos; promover la participación y dignificación de la mujer en la sociedad chilena; dar a nuestros ancianos el respeto que merecen; impulsar el crecimiento y asegurar la estabilidad de nuestra economía; mejorar los términos de intercambio de nuestro comercio exterior; defender al medio ambiente y la adecuada conservación de nuestros recursos naturales renovables; contribuir con nuestros mejores aportes a la democratización, desarrollo e integración de América Latina y a la consolidación de la paz en el mundo; implementar, en fin, las políticas diseñadas en el programa de gobierno que la Concertación de Partidos por la Democracia presentó al país.

     Pero así como es grande y hermosa nuestra tarea y nos exige la mayor entrega y entusiasmo, al abordarla debemos tener clara conciencia de sus dificultades.

     Habrá dificultades causadas por los obstáculos y amarras que el pasado régimen nos deja en el camino; las habrá derivadas de la naturaleza misma de las cosas, y habrá también algunas -no menos importantes- originadas en nosotros mismos.

     Nadie ignora que el pasado gobierno pretendió eternizarse en el poder.  La historia enseña que tales intentos jamás logran prevalecer sobre el derecho de los pueblos a gobernarse por sí mismos.  Así está ocurriendo ante nuestros ojos en variadas partes del mundo.  Así lo estamos demostrando nosotros también aquí con el propio acontecimiento que celebramos.  Pero nuestra satisfacción en este día no puede impedirnos advertir con claridad las numerosas limitaciones, trabas y pies forzados que, en su afán de prolongarse, nos deja el régimen hasta ayer imperante.

     Quienes ejercieron el poder total se empeñaron hasta el último día en reducir el poder de las nuevas autoridades democráticas.  Quienes dispusieron de los bienes del Estado como dueños absolutos, sin limitaciones, se ingeniaron para sustraer cuanto pudieron de esos bienes a la administración que constitucionalmente corresponde al Presidente de la República.

     Muchos se preguntan por qué aceptamos estas cosas y no ocultan su repulsa a las formas corteses en que se ha realizado el proceso de traspaso del gobierno mientras se consumaban estos hechos.

     Participando  de  la  condena  moral  que merece tal conducta -condena que, estoy seguro, la historia compartirá- invito a mis compatriotas a ver la otra cara del asunto.  Estamos contentos por la forma pacífica y sin grandes traumas en que ha operado el tránsito hacia el gobierno democrático.  ¿Deberíamos, para evitar aquellas limitaciones, haber expuesto a nuestro pueblo al riesgo de nuevas violencias, sufrimientos y pérdida de vidas?  Los demócratas chilenos escogimos, para transitar a la democracia, el camino de derrotar al autoritarismo en su propia cancha.  Es lo que hemos hecho, con los beneficios y costos que ello entraña.

     Sinceramente creo que la vía que escogimos fue la mejor entre las posibles.  Lo cortés no quita lo valiente.  Tengo la convicción de que la mayoría de las trabas con que se ha pretendido dejarnos amarrados no resistirán al peso de la razón y del derecho.  Confío en que el Congreso Nacional, por encima de las diferencias de partidos, aprobará las reformas necesarias para asegurar el funcionamiento normal y expedito de nuestra renaciente democracia.  Yo estoy cierto que si alguien llegara a abrigar la tentación de emplear la fuerza contra la voluntad del pueblo, nuestras Fuerzas Armadas y de Orden no se apartarán de sus deberes institucionales.

     También deberemos superar dificultades propias de la naturaleza de las cosas.

     Nuestro programa es vasto; los requerimientos son múltiples.  Hay muchas necesidades largamente postergadas que esperan ser satisfechas.  No podremos hacer todo al mismo tiempo.  Deberemos establecer prioridades.  Lo justo es empezar por los más pobres.  Es mucha la gente con problemas.  Daremos la primera prioridad a los que realmente son más necesitados.

     Nuestro país pertenece al mundo en desarrollo.  Nuestro ingreso nacional por habitante es bajo; si lo distribuyéramos por igual entre los 12 millones de chilenos, nadie quedaría satisfecho y detendríamos el crecimiento.  Para salir de la pobreza tenemos que crecer y esto exige estimular el ahorro y la inversión, la iniciativa creadora, el espíritu de empresa.  Las políticas gubernamentales deberán conciliar los legítimos requerimientos en la satisfacción de las necesidades fundamentales, con espíritu de justicia social, con las exigencias ineludibles del crecimiento.

     Todo en la vida requiere tiempo.  ¿Cuántos años nos costó recuperar la democracia?  El hecho de que ahora tengamos un gobierno del pueblo no significa que los problemas se a solucionar milagrosamente; significa sí, que, de inmediato, desde ahora mismo, nos vamos a poner a trabajar para solucionarlos y contamos para ello con el esfuerzo y participación de todos.  Sólo así consolidaremos nuestra democracia y resolveremos los problemas.

     Tendremos todavía otras dificultades: las que derivan de nosotros mismos.  Yo las llamaría “las grandes tentaciones”: la tentación de ensimismarnos en el ajuste de cuentas del pasado, la tentación de empezar todo de nuevo, y la tentación del poder.

     Es legítimo y justo que después de un período tan largo de poder absoluto y misterioso, en que tanta gente ha sufrido tanto y en que los asuntos públicos fueron secretos inaccesibles para el pueblo, éste quiera saber la verdad de lo ocurrido.

     Hemos dicho -y lo reiteramos hoy solemnemente- que la conciencia moral de la Nación exige que se esclarezca la verdad respecto de los desaparecimientos de personas, de los crímenes horrendos y de otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante la dictadura.  Hemos dicho también -y hoy lo repito- que debemos abordar este delicado asunto conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia y que, concretadas las responsabilidades personales que corresponda, llegará la hora del perdón.

     Hay también otras situaciones injustas que merecen reparación o exigen pronta corrección.  Hoy he firmado decretos de indultos para poner en libertad a numerosos presos políticos; en los próximos días resolveremos otros casos, y he enviado al Congreso Nacional los proyectos de ley pertinentes para que, en el más breve plazo, se haga justicia a todos los presos políticos.

     Será necesario, asimismo, hacer claridad en asuntos importantes nunca bien explicados que comprometen el patrimonio del Estado o el interés nacional.

     En este necesario ejercicio de justicia debemos evitar los riesgos de querer revivir otros tiempos, de reeditar las querellas del pasado y de engolfarnos indefinidamente en pesquisas, recriminaciones y cazas de brujas que nos desvíen de nuestros deberes con el porvenir.  Considero mi deber evitar que el tiempo se nos vaya de entre las manos mirando hacia el pasado.  La salud espiritual de Chile nos exige encontrar fórmulas para cumplir en plazo razonable estas tareas de saneamiento moral, de modo que más temprano que tarde llegue el momento en que, reconciliados, todos miremos con confianza hacia el futuro y aunemos esfuerzos en la tarea que la Patria nos demanda.

     En nuestro empeño, debemos evitar también la tentación de querer rehacerlo todo, de empezar todo de nuevo, como si nada de lo existente mereciera ser conservado.  La historia enseña que las naciones se construyen por la acción acumulativa de sucesivas generaciones.  Cada nueva etapa se gesta a partir de la anterior, con sus aciertos y sus errores.

     Lo que Chile nos pide es conservar lo bueno, corregir lo malo y mejorar lo regular.  Este es el único método eficaz de avanzar en el noble y justo afán de acercar la realidad al ideal.

     También deberemos cuidarnos de las tentaciones propias del poder, sea creyéndonos dueños del mismo en vez de meros mandatarios del pueblo soberano y responsables ante éste de su desempeño; sea convirtiendo la legítima controversia democrática en lucha despiadada por conservar, acrecentar o conquistar poder.

     El poder ha de ser para nosotros un mero instrumento para servir.  Conservaremos y acrecentaremos la confianza de nuestros compatriotas en la medida misma en que seamos capaces de servir eficazmente el bien común de la Nación.

     Por mi parte, asumo la honrosa y difícil responsabilidad que el pueblo me ha encomendado con la firme voluntad de ser el primer servidor de Chile y los chilenos.

     ¿Qué pueden mis compatriotas esperar de mí?

     Que ejerza el poder que se me ha confiado con integridad y plena entrega, sin pretender honores ni rehuir sacrificios, buscando siempre el bien común según los dictados de mi conciencia.

     Que diga siempre la verdad, sin apartarme nunca del derecho y buscando afanosamente la justicia.

     Que sea leal a los valores democráticos y leal también, dentro del marco de las bases programáticas que constituyen nuestro compromiso con el pueblo de Chile, a quienes me honran con su apoyo.

     Que respete a todas las personas y a las distintas opiniones, que sepa escuchar a todos, que me empeñe siempre en promover entendimientos y lograr acuerdos, pero no vacile en adoptar las decisiones que, según mi recto parecer, exija el interés superior del país.

     Que trate, en fin, de ser para todos mis compatriotas como un buen padre de familia, que pone su mayor diligencia, abnegación y autoridad en labrar el bienestar y la felicidad de su gente, preocupándose especialmente de los hijos que más lo necesitan, en este caso, de los más pobres y humildes.

     ¿Y qué espero yo de mis compatriotas?

     Espero y reclamo, antes que nada, comprender que las tareas de construir una democracia verdadera y sólida y de conquistar el progreso y la justicia a que aspiramos, no son sólo del gobierno, del Parlamento o de las autoridades, sino de todos los chilenos; que de todos se requiere imaginación, esfuerzo, iniciativa, disciplina y sacrificio, y que sólo podremos cumplirlas con la colaboración de todos.  Nuestro gobierno no vendrá a sustituir las obligaciones que tiene cada chileno, cada organización social, cada empresa; estará para apoyarlos, estimularlos, respaldarlos; pero nadie puede olvidar que Chile somos todos y lo hacemos entre todos diariamente.

     Espero y demando a todos patriotismo, para entender y aceptar que por encima de los intereses particulares de personas, grupos o sectores, está el interés general de Chile.  Si queremos alcanzar un orden político, económico y social justo y estable, cada cual debe estar dispuesto a contribuir generosamente en la medida de sus posibilidades.

     Espero y exijo a todos acatar las vías de la razón y del derecho para promover sus aspiraciones, absteniéndose de acudir a la violencia para imponer lo que se pretende.  Quien lo intente por esa vía no lo logrará.  La fuerza es propia de las dictaduras; la razón y el derecho son las armas de la democracia.

     Espero de mis compatriotas que nos respetemos mutuamente en nuestras diferencias, que renunciemos a toda suerte de sectarismos o afán hegemónico y que hagamos todo lo posible por entendernos y encontrar caminos de consenso.

     Bien sé que son muchos los chilenos maltratados y postergados durante estos largos años, que están cansados de esperar y visualizan en el retorno a la democracia la pronta solución de sus problemas, muchas veces angustiosos.  Yo comprendo su urgencia y los invito a comprender también que -como lo dije insistentemente en la campaña electoral- necesitaremos tiempo y mucha colaboración.  Si han soportado tantos años de espera forzada, les pido ahora un poco de paciencia voluntaria y racional. 

     Y a los chilenos que han prosperado contando con la tranquilidad de un orden impuesto por la fuerza, les pido comprender que en las sociedades contemporáneas no hay orden ni seguridad estables sino sobre la base del consenso racional fundado en la justicia.

     El anhelo de paz que prevalece entre nosotros requiere de todo nuestro esfuerzo para mantener y proyectar hacia el futuro el clima de acuerdos que ha caracterizado nuestro tránsito hacia la democracia.

     Dentro de este ánimo, es digno del mayor elogio el diálogo que se está realizando entre trabajadores y empresarios con la mira de alcanzar acuerdos en el ámbito económico-laboral.  A fin de respaldar y concretar esa iniciativa, he instruido a mis Ministros de Hacienda, Economía y Trabajo para que formalicen conversaciones entre la Central Unitaria de Trabajadores, la Confederación de la Producción y del Comercio y el Gobierno, a fin de concertar “un acuerdo marco” que sea garantía de progreso, justicia y estabilidad.

Compatriotas:

     Pidamos a Dios que nos ayude a cumplir la tarea que Chile espera de nosotros.

     Pidámosle sabiduría para hacer las cosas bien y no caer en errores ni torpezas.

     Pidámosle prudencia para afrontar la realidad, sin confundir deseos con posibilidades y para actuar con eficacia.

     Pidámosle energía para adoptar las decisiones y coraje para no amedrentarnos ante las dificultades.

     Pidámosle paciencia para superar incomprensiones y humildad para reconocer nuestros errores.

     Pidámosle que ilumine nuestras mentes y que acere nuestra voluntad para buscar siempre y, por sobre todo, la justicia.

     Pidámosle amor para ser siempre solidarios, para trabajar todos unidos y para ayudarnos mutuamente.

     Chile es nuestro hogar.  Cuidémoslo entre todos, para que su pan alimente a cada uno de sus hijos y en su seno germinen los frutos de la paz y de la alegría de vivir.

     Yo tengo fe.  Tengo mucha fe en Chile y en su gente, en la abnegación, sensatez y fortaleza ejemplares de la mujer chilena; en el temple e ingenio de nuestros trabajadores, en la creatividad de nuestros intelectuales y empresarios, en el idealismo de nuestros jóvenes, en los valores morales de nuestras familias.

     Nuestra hermosa historia patria nos enseña cómo este pueblo pequeño y lejano, pero esforzado y emprendedor, superando las dificultades de la pobreza y de su bella pero loca geografía, rehaciéndose de terremotos, fue capaz de construir una República ejemplar, admirada entre las naciones.  Ideologizados y divididos por utopías inconciliables, el odio prevaleció un momento sobre la solidaridad y la fuerza se impuso sobre la razón.  Tras años de cruentas divisiones y predominio de la violencia, hoy nos reencontramos nuevamente, con espíritu patriótico y voluntad de entendimiento, dispuestos a hacer que Chile llegue al amanecer del nuevo siglo como una Nación próspera y pacífica.

     En este momento crucial de nuestra vida nacional, yo invito a todos y a cada uno de mis compatriotas a preguntarse, mirando al fondo de su conciencia, de qué manera cada uno puede contribuir a la gran tarea común y a disponerse cada cual a asumir su cuota de responsabilidad.

     El mundo nos mira.  Las grandes figuras de nuestra historia nos demandan consecuencia.  Las futuras generaciones juzgarán nuestra conducta.

     La tarea es hermosa: construir entre todos la Patria que queremos, libre, justa y buena para todos los chilenos.

     De nosotros depende, compatriotas.

Compatriotas:

     He creído necesario demandarles algunos minutos para darles a conocer los fundamentos y alcances de una importante decisión que considero mi deber adoptar.

     Un profundo anhelo de paz y entendimiento prevalece en el corazón de los chilenos.  Queremos solucionar los muchos problemas pendientes en nuestro país, no por caminos de confrontación o violencia -que la experiencia demuestra inútiles y perjudiciales-, sino por las vías de la razón y del derecho.  Queremos desterrar el odio en nuestra convivencia y construir una nación de hermanos sobre las bases del respeto mutuo, la búsqueda de acuerdos y la solidaridad.

     Nadie puede, sin embargo, ignorar que hay hechos objetivos que conspiran contra este anhelo general.  La miseria e inseguridad en que viven tantas familias chilenas que carecen de trabajo estable o de vivienda, o que no ganan lo suficiente para una vida digna, o no pueden educar a sus hijos ni atender adecuadamente a su salud, son realidades que atentan contra la paz social.  Por eso enviamos al Congreso Nacional el proyecto de reforma tributaria, a fin de obtener de la solidaridad nacional los recursos indispensables para avanzar hacia la solución de esos problemas.  Por eso impulsamos la búsqueda de acuerdos entre trabajadores y empresarios a fin de mejorar la condición de los primeros, en el claro entendido que el esfuerzo para impulsar el crecimiento y lograr el progreso económico y la estabilidad que anhelamos debe ser compartido equitativamente tanto en sus cargas como en sus beneficios.

     La paz no es sinónimo de quietud o inmovilidad.  No se logra por el mero empeño de mantener el orden existente, que suele ser desorden preñado de violencias e incompatibles con la paz.

     Como lo enseña la vieja sabiduría cristiana, la paz es obra de la justicia y sólo puede construirse sobre los cimientos de la verdad.

     Así como las situaciones de grave injusticia social exigen pronta corrección para afianzar la solidez y estabilidad del orden económico social, así también hay otras situaciones que en la realidad actual de Chile deben ser encaradas con coraje y urgencia si queremos alcanzar en nuestra convivencia colectiva el clima de confianza indispensable para la reconciliación entre los chilenos:  son las relativas a graves violaciones de derechos humanos que afectan a la vida y libertad de muchos compatriotas.

     En esta delicada materia, mi gobierno tiene un claro compromiso con el pueblo de Chile y con el mundo, que explicité al asumir la Presidencia de la República en mi discurso del 12 de Marzo último en el Estadio Nacional.  Dije entonces y ahora lo repito:

     “La conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad respecto de los desaparecimientos de personas, de los crímenes horrendos y de otras graves violaciones a los derechos humanos.  Debemos abordar este delicado asunto conciliando la virtud de la justicia con la virtud de la prudencia; concretadas las responsabilidades personales que corresponda, llegará la hora del perdón”.

     Agregué en esa ocasión:

     “En este necesario ejercicio de justicia debemos evitar los riesgos de querer revivir otros tiempos, de reeditar las querellas del pasado y de engolfarnos indefinidamente en pesquisas, recriminaciones y cazas de brujas que nos desvíen de nuestros deberes con el porvenir.  Considero mi deber evitar que el tiempo se nos vaya de entre las manos mirando hacia el pasado.  La salud espiritual de Chile nos exige encontrar fórmulas para cumplir en plazo razonable estas tareas de saneamiento moral, de modo que más temprano que tarde, llegue el momento en que, reconciliados, todos miremos con confianza hacia el futuro y aunemos esfuerzos en la tarea que la Patria nos demanda”.

     Para cumplir estas “tareas de saneamiento moral” debemos abordar derechamente, a lo menos, tres materias que por su especial importancia son insoslayables.

     a)Las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de las personas cometidos por motivos políticos;

     b) La situación de los exiliados; y

     c) La situación de los llamados “presos políticos”.

     Respecto de este último tema, aparte de los indultos que dispuse tan pronto asumí y de los que pueda disponer en el futuro en los casos particulares que crea de justicia, mi Gobierno ha presentado al Congreso Nacional un conjunto de proyectos de leyes, sobre supresión de la pena de muerte y sobre reformas a la ley antiterrorista, a la ley de control de armas, a la ley de Seguridad Interior del Estado, y a los Códigos de Justicia Militar y de Procedimiento Penal que tienen por objeto corregir para el futuro los excesos de la legislación vigente sobre esas materias y cuya aprobación permitirá acelerar los procesos y alcanzar en breve plazo soluciones de justicia para quienes se encuentran actualmente procesados.

     En relación a estos proyectos, el gobierno está abierto, como siempre, a considerar y acoger todas las observaciones y sugerencias que tiendan a perfeccionarlos, en la medida en que no se aparten de sus dos objetivos fundamentales:

     Primero:  tipificar adecuadamente los delitos y regular con equidad las penas y los procedimientos judiciales, evitando excesos y discriminaciones injustas; y

     Segundo:  poner término a la prolongación indefinida de los juicios contra los actuales procesados, que a menudo han carecido de las garantías del debido proceso.  Repugna a la moral y es escarnio a la justicia que se prolongue la prisión preventiva por largos años -a veces cinco o más- para terminar con que se impone al procesado una pena menor o, como ha ocurrido en varios casos, se decreta su libertad por falta de méritos.

     En cuanto al tema de los exiliados, tenemos el compromiso de desarrollar una política activa para promover el retorno a la Patria de todos los chilenos que quieran volver y de crear las posibilidades para su plena reinserción en la comunidad nacional.

     Para estos efectos, hoy he enviado al Congreso Nacional un proyecto de ley proponiendo crear una “Oficina Nacional de Retorno”, como servicio público descentralizado que estudie, proponga, impulse y adopte todas las medidas y programas necesarios para facilitar el regreso al país de los chilenos exiliados y su adecuada reinserción social.  Es una tarea impostergable, que requerirá coordinar muchos esfuerzos, exigirá recursos importantes y para la cual confiamos obtener importante colaboración de los distintos sectores de la sociedad chilena, de organismos internacionales y de naciones amigas.

     Queda el acuciador problema de las violaciones a los derechos humanos y otros hechos de violencia criminal que han causado tantas víctimas y sufrimientos en los últimos años.  Ellos constituyen una herida aún abierta en el alma nacional, que no puede ser ignorada ni cicatrizará por ningún intento de olvidarla.  Ellos dañaron gravemente nuestro histórico prestigio de nación respetuosa del derecho, que debemos reivindicar ante la comunidad internacional.

     Cerrar los ojos ante lo ocurrido e ignorarlo como si nada hubiera pasado, sería prolongar indefinidamente una fuente constante de dolor, de divisiones, odios y violencia en el seno de nuestra sociedad.  Sólo el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia pueden crear el clima moral indispensable para la reconciliación y la paz.

     Bien sabemos todos que el juzgamiento de cualquier hecho posiblemente delictuoso es tarea propia de los Tribunales de Justicia.  Mi gobierno tiene la firme decisión de prestar a esos Tribunales toda la cooperación que esté a su alcance para que puedan cumplir cabalmente su tarea de establecer las responsabilidades individuales que correspondan en cada caso sometido o que se someta a su conocimiento.

     Las características del procedimiento judicial, necesariamente circunscrito a la situación particular de cada proceso y con frecuencia demasiado demoroso, no permite razonablemente esperar que por el simple agotamiento de esa vía el país pueda lograr dentro de un plazo prudente un conocimiento global sobre la verdad de lo ocurrido.

     Por otra parte, es evidente que la demora en el esclarecimiento de la verdad es un factor de perturbación en la convivencia colectiva y conspira con el anhelo de reencuentro pacífico entre los chilenos.

     En estas circunstancias, se hace indispensable buscar un camino distinto, que sin entrar al juzgamiento particular de cada caso propio de la competencia exclusiva del Poder Judicial, permita a la sociedad chilena formarse un serio y fundado concepto colectivo sobre la verdad de lo acontecido en esta trascendental materia.

     Es deber de todo órgano del Estado respetar y promover los derechos naturales consagrados en la Constitución y en los tratados internacionales suscritos por Chile.  Ese deber pesa especialmente sobre el Presidente de la República, en cuanto encargado del gobierno y la administración del Estado y responsable de promover el bien común de la sociedad nacional.

     En estas circunstancias, luego de escuchar las opiniones de los más importantes organismos vinculados con la defensa de los derechos humanos, de prestigiadas personalidades del ámbito jurídico y político nacional y de meditarlo muy seriamente en conciencia, he decidido constituir una “Comisión de Verdad y Reconciliación” sobre el tema derechos humanos, integrado por personas de la más alta solvencia moral, que se aboque a la indispensable tarea de preparar un informe que, dentro de un plazo breve -entre seis y nueve meses- establezca un cuadro lo más completo posible sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.

     Para delimitar el trabajo de esta Comisión y permitirle cumplir su tarea en el lapso señalado, se entenderán por graves violaciones a los derechos humanos las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos.

     Será tarea de esta Comisión:

     a)Establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias;

     b)Individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero;

     c)Recomendar las medidas de reparación y reivindicación que crea de justicia; y

     d)Recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio deban adoptarse para impedir o prevenir la comisión de hechos semejantes.

     En caso alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos.  No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a las leyes pudiera caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento.

     Si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hechos que revistan caracteres de delito, los comunicará reservadamente y sin más trámite al Tribunal que corresponda.

     Para el cumplimiento de su cometido la Comisión recibirá los antecedentes que los afectados le proporcionen, reunirá y evaluará toda información que le proporcionen las organizaciones de derechos humanos y practicará las indagaciones y diligencias que crea convenientes para cerciorarse de la verdad.  Las autoridades y servicios de la Administración del Estado deberán prestarle, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, toda la colaboración que la Comisión les solicite.

     Las actuaciones de la Comisión se realizarán en forma reservada.  No se trata de crear un foro público para ventilar acusaciones y avivar pasiones, sino una instancia seria y responsable para esclarecer la verdad y abrir camino a la reconciliación.

     La Comisión culminará al cumplimiento de su tarea presentando al Presidente de la República un informe público en el que, sobre la base de los antecedentes que reúna, exprese las conclusiones a que llegue según el recto criterio y conciencia de sus miembros.

     Es ésta una tarea de especial confianza que el Gobierno de la República encomienda a ciudadanos de gran solvencia moral y prestigio, de cuya rectitud, inteligencia y buen juicio el país puede esperar un aporte decisivo para alcanzar el conocimiento de la verdad que pretendemos.

     Conocido su informe y teniendo en cuenta las sugerencias que la Comisión formule, los Poderes del Estado podrán adoptar, cada cual en el ámbito de su competencia, las medidas que la prudencia aconseje para el logro de la justicia y de la reconciliación.

     Acabo de firmar, junto a los señores Ministros del Interior y de Justicia, el Decreto Supremo mediante el cual se crea esta Comisión, se determinan sus objetivos, organización y atribuciones y se designa a sus integrantes.  Ellos son:

     Don Raúl Rettig Guissen, abogado, ex Senador de la República, ex Presidente del Colegio de Abogados;

     Don Ricardo Martin Díaz, abogado, ex Ministro de la Corte Suprema y actual Senador de la República;

     Don Jaime Castillo Velasco, abogado, ex Ministro de Estado, Presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos;

     Don Gonzalo Vial Correa, abogado, ex Ministro de Estado, historiador;

     Doña Laura  Novoa Vásquez, abogado y académico.

     Doña Mónica Jiménez de la Jara, Asistente Social, ex Directora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Católica;

     Don José Luis Cea Egaña, abogado, profesor de Derecho Constitucional y Ciencia Política;

     Don José Zalaquett Daher, abogado, ex Presidente de Amnesty Internacional.

     Actuará como Secretario de la Comisión don Jorge Correa Sutil, abogado, actual Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales.

     El país debe saber que he escogido a estas personas pensando únicamente en sus cualidades y méritos, al margen de toda consideración y rectitud de juicio de todos y cada uno de la independencia y rectitud de juicio de todos y cada uno de ellos.  Y creo mi deber expresarles mi profundo agradecimiento por su generosa y patriótica respuesta a mi requerimiento.  Al aceptar esta tarea asumen una carga pesada e ingrata y una enorme responsabilidad.  Tengo plena confianza en que en su desempeño, prestarán al país un importante servicio y se harán acreedores a la gratitud de los chilenos.

     Al terminar estas palabras quiero pedir a todos mis compatriotas su comprensión y apoyo a esta iniciativa.  Bien sé que a algunos les parecerá insuficiente y que otros la estimarán peligrosa.  A unos y otros les pido que no se precipiten a suponer intenciones ni a prejuzgar resultados.  Esperamos con confianza el trabajo de la Comisión y colaboremos a su éxito con buena voluntad.

     Por mi parte, tengo la convicción de que al adoptar esta decisión e impulsar las demás medidas a que me he referido esta tarde, mi Gobierno está dando los pasos necesarios, serios y efectivos, para alcanzar una solución de conjunto a sus más importantes problemas en este delicado tema de los derechos humanos y para que Chile avance responsablemente por los caminos de la verdad, de la justicia y de la reconciliación.

     Muchas gracias y muy buenas noches.

PROYECTO DE DECRETO

CREA COMISION NACIONAL DE VERDAD Y RECONCILIACION

1º   Que la conciencia moral de la Nación requiere el esclarecimiento de la verdad sobre las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990;

2º   Que sólo sobre la base de la verdad será posible satisfacer las exigencias elementales de la justicia y crear las condiciones indispensables para alcanzar una efectiva reconciliación nacional;

3º   Que sólo el reconocimiento de la verdad rehabilitará en el concepto público la dignidad de las víctimas, facilitará a sus familiares y deudos la posibilidad de honrarlas como corresponde  y permitirá reparar en alguna medida el daño causado;

4º   Que el juzgamiento de cada caso particular, para establecer los delitos que puedan haberse cometido, individualizar a los culpables y aplicar las sanciones que correspondan, es atribución exclusiva de los Tribunales de Justicia;

5º   Que el ejercicio de las acciones judiciales para dichos efectos, no permite esperar que el país pueda lograr una apreciación global sobre lo ocurrido en un plazo más o menos breve;

6º   Que la demora en la formación de un serio concepto colectivo al respecto es un factor de perturbación de la convivencia nacional y conspira contra el anhelo de reencuentro pacífico entre los chilenos;

7º   Que sin perjuicio de las atribuciones que corresponden a los Tribunales de Justicia, es deber del Presidente de la República, en cuanto encargado del gobierno y la administración del Estado y responsable de promover el bien común de la Sociedad, hacer todo lo que su autoridad le permita para contribuir al más pronto y efectivo esclarecimiento de esa verdad;

8º   Que el informe en conciencia de personas de reconocido prestigio y autoridad moral en el país, que reciban, recojan y analicen todos los antecedentes que les proporcionen o puedan obtener sobre las más graves violaciones a los derechos humanos, permitirá a la opinión nacional formarse un concepto racional y fundado sobre lo ocurrido y proporcionará a los Poderes del Estado elementos que les permitan o faciliten la adopción de las decisiones que a cada cual correspondan;

9º   Que para satisfacer sus objetivos, la tarea de esas personas ha de cumplirse en un lapso relativamente breve, lo que exige limitarla a los casos de desapariciones de personas detenidas, ejecuciones, torturas con resultado de muerte, cometidos por agentes del Estado o personas al servicio de éstos, secuestros y atentados contra la vida de las personas ejecutados por particulares bajo pretextos políticos, de manera de proporcionar al país un cuadro global sobre los hechos que más gravemente han afectado la convivencia nacional;

Y en ejercicio de las atribuciones que me confieren los arts. 24 y 32 Nº8 de la Constitución Política de la República, en relación con los incisos cuarto y quinto del art. 1 y con el inciso segundo del art. 5 de la misma Carta,

Decreto:

Art. 1ºCréase una Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que tendrá como objeto contribuir al esclarecimiento global de la verdad sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años, sea en el país o en el extranjero, si estas últimas tienen relación con el Estado de Chile o con la vida política nacional, con el fin de colaborar a la reconciliación de todos os chilenos y sin perjuicio de los procedimientos judiciales a que puedan dar lugar tales hechos.

Para estos efectos se entenderá por graves violaciones las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos.

En cumplimiento de su cometido la Comisión procurará:

a) establecer un cuadro lo más completo posible sobre los graves hechos referidos, sus antecedentes y circunstancias;

b) reunir antecedentes que permitan individualizar a sus víctimas y establecer su suerte o paradero;

c) recomendar las medidas de reparación y reivindicación que crea de justicia; y

d) recomendar las medidas legales y administrativas que a su juicio deban adoptarse para impedir o prevenir la comisión de los hechos a que este artículo se refiere.

Art. 2ºEn caso alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos.  No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a las leyes pudiere caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento.

Si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hechos que revistan caracteres de delito, los pondrá sin más trámite a disposición del Tribunal que corresponda.

Art. 3ºLa Comisión estará integrada por las siguientes personas:

–  Don Raúl Rettig Guissen, que la presidirá

–  Don Ricardo Martin Díaz

–  Don Jaime Castillo Velasco

–  Don Gonzalo Vial Correa

–  Doña Laura Novoa Vásquez

–  Doña Mónica Jiménez de la Jara

–  Don José Luis Cea Egaña, y

–  Don José Zalaquett Daher.

Art. 4ºPara el cumplimiento de su cometido corresponderá a la Comisión:

a) recibir, dentro del plazo y en la forma que ella misma fije, los antecedentes que le proporcione las posibles víctimas, sus representantes, sucesores o familiares;

b) reunir y evaluar la información que pueden entregarle, por propia iniciativa o a petición suya, las organizaciones de derechos humanos, chilenas o internacionales, intergubernamentales o no gubernamentales, sobre las materias de su competencia;

c) practicar todas las indagaciones y diligencias que estime conveniente para cumplir su cometido, incluso la solicitud de informes, documentos o antecedentes a las autoridades y servicios del Estado; y

d) elaborar un informe, sobre la base de los antecedentes que reúna, en que exprese las conclusiones a que, según el recto criterio y conciencia de sus miembros, la Comisión arribe acerca de los asuntos referidos en el art. 1.

Este informe será presentado al Presidente de la República, quien lo entregará a conocimiento público y adoptará las decisiones o iniciativas que crea pertinentes.  Entregado el informe, la Comisión terminará su cometido y quedará automáticamente disuelta.

Art. 5ºLa Comisión tendrá un plazo de seis meses para cumplir su cometido.  Si dentro de ese lapso no alcanzara a hacerlo podrá prorrogar ese plazo mediante resolución fundada por un máximo de tres meses más.

Art. 6ºSerá Secretario de la Comisión don Jorge Correa Sutil.  Serán funciones del Secretario, organizar y dirigir la Secretaría con el personal necesario para el cumplimiento de su cometido y desempeñar las demás funciones que le encomiende la Comisión.

Art. 7ºLa Comisión dictará su propio reglamento interno para regular sus funcionamiento.  Las actividades de la Comisión se realizarán en forma reservada.

El reglamento determinará las actuaciones que la Comisión podrá delegar en uno o más de sus miembros, o en el Secretario.

Art. 8ºDe oficio o a petición de parte, la Comisión podrá tomar medidas para guardar la identidad de quienes le proporcionen información o colaboren en sus tareas.  Las autoridades y servicios de la Administración del Estado deberán prestar a la Comisión, dentro del ámbito de sus respectivas atribuciones, toda la colaboración que ella les solicite, poner a su disposición documentos que les requiera y facilitar su acceso a los lugares que ella estime necesario visitar.

Art. 9ºLos miembros de la Comisión desempeñarán sus funciones ad honorem.  El Secretario y el personal de secretaría serán remunerados como funcionarios a contrata.  El Ministerio de Justicia otorgará el apoyo técnico y administrativo que sea necesario

Es para mi una gran satisfacción firmar este proyecto para la creación del Servicio Nacional de la Mujer.  Esta iniciativa responde al anhelo de vastos sectores de mujeres, que desde hace ya varias décadas han venido planteando la necesidad de crear en nuestro país una instancia a nivel estatal que se ocupe específicamente de tal y su familia.

     Con este proyecto estamos dando respuesta a esos anhelos, y estamos recogiendo la investigación, la experiencia y las propuestas realizadas en los últimos años, tanto en Chile como en el extranjero, para enfrentar uno de los temas más propios del mundo en que vivimos a fines del siglo XX, como es el de la incorporación de la mujer y la dignificación de su rol en la sociedad.

     Nadie ha cambiado tanto su vida como la mujer en los últimos tiempos y ello ha tenido un enorme impacto en la familia y en toda la comunidad.  De esta realidad derivan problemas específicos y discriminaciones injustas que impiden a miles de mujeres llevar una vida digna o hacer su aporte a la sociedad con igualdad de oportunidades con sus congéneres varones.

     Basta señalar que hoy día un millón y medio de mujeres chilenas se han incorporado al mercado laboral.  Pero lo han hecho con grandes dificultades, la mayoría de las veces a costa de su tranquilidad respecto a su familia y realizando trabajos menos valorados que los del hombre, mientras que la mujer que se queda en su casa ejerce una labor que la sociedad tampoco aprecia debidamente.

     Por otra parte, cerca de 500 mil mujeres en Chile son jefas de hogar y están solas a cargo del sustento de sus hijos y un porcentaje importante de ellas vive en condiciones de extrema pobreza.

     Todos estos son problemas que requieren solución y necesitamos una instancia de Gobierno que se preocupe de ellos, velando porque estén considerados en las tareas de toda la sociedad.

     Este servicio no pretende reducir la presencia de las mujeres en el Estado a un lugar donde desarrollen su acción.  Al contrario, está concebido como un instrumento de reducido personal, pero dotado de un alto rango para cumplir la función de diseñar y coordinar políticas públicas, a nivel sectorial e interministerial, es decir, operando descentralizadamente, planteando los temas y buscando solución a los principales problemas que afectan a la mujer y a su grupo familiar.

     Quiero dejar expresa constancia que este proyecto no está determinado por consideraciones ideológicas, no responde a una filosofía sobre el rol de la mujer en la sociedad.  Responde a la necesidad de considerar los problemas que en la sociedad moderna están afectando a las mujeres y de escuchar, preferentemente, para solucionar esos problemas, la voz de las propias mujeres.

     Queremos contribuir a impulsar un cambio cultural, creando conciencia de la real igualdad de mujeres y hombres en su dignidad, en su condición de tal, y en la necesidad de compartir entre ellos muchas funciones que antes se consideraban propias de unos o de otros.  Queremos escuchar permanentemente los planteamientos sobre los distintos problemas nacionales y con la participación de la mujer abordar los que le atañen directamente.

     Esperamos con esta iniciativa ir avanzando hacia una sociedad que dé cabida a cada uno de sus miembros, donde mujeres y hombres puedan, juntos, a partir de su propia condición y su experiencia, ir haciendo mejor la vida para todos los habitantes de esta tierra.

     Tengo confianza en que el Congreso Nacional estudiará esta iniciativa con el interés que merece, la enriquecerá con los aportes de las distintas visiones que existan en nuestro país sobre el tema, y lo despachará, en definitiva, para hacer de este servicio un elemento positivo en la construcción de la sociedad mejor que todos anhelamos.

     Muchas gracias.

  Ayer firmamos el Proyecto de Ley para la creación del Servicio Nacional de la Mujer.  Hoy día estamos firmando este Proyecto de Ley para la creación del Instituto de la Juventud.

     Estamos respondiendo así a un compromiso que el gobierno que presido adoptó con el pueblo de Chile.

     Se trata de generar efectivamente condiciones de participación para los distintos estamentos de la sociedad chilena.  En este caso, para los jóvenes, a fin de que puedan tener un espacio en el sistema democrático, incorporarse plenamente a la vida económica, social, cultural y política del país.

     En la actualidad, los jóvenes chilenos han estado expuestos a una marginación, a la vez que la situación de pobreza y falta de oportunidades, unidas a factores de orden cultural y socio político, han acrecentado la extensión de daños, como el alcoholismo la drogadicción, el embarazo adolescente y la violencia juvenil, con un tremendo costo para toda la sociedad.

     Por qué no decir también que la desesperanza de la juventud es suelo fértil para ideologías extremistas, que ven el camino de la violencia como una posible solución de sus problemas.  Tenemos una obligación con los jóvenes chilenos.  Los jóvenes representan, se dice tantas veces, el porvenir de la Patria.  Hay que preocuparse de afianzar ese porvenir.  Aspiramos a que la frustración que agobia a miles de jóvenes chilenos sea sustituida por el entusiasmo de una juventud que quiere hacer grandes cosas en paz, que anhela construir lo que hemos llamado una Patria buena y justa para todos y que quiere tomar un rol activo en esa tarea.

     No quiere ser sólo sujeto pasivo de lo que otros hagan, sino que asumir una cuota de responsabilidad directa en la construcción del futuro.

     Para ello es necesario abrir cauces de participación y ampliar las posibilidades de estudio, de capacitación y de incorporación al mundo laboral en empleos dignos para los jóvenes chilenos.

     Es cierto que en el pasado han existido oficinas gubernamentales preocupadas por la juventud, pero por su baja ubicación institucional y, sobre todo, por la utilización política de que fueron objeto, ellas no pudieron efectivamente enfrentar con éxito los problemas específicos de los jóvenes chilenos.

     Nosotros no queremos crear otra instancia decorativa ni instrumento de proselitismo gubernativo.  No queremos crear un Instituto que vaya a servir fines de política-partidista.  Queremos crear un organismo en el cual haya una adecuada posibilidad de representación de los jóvenes chilenos y en el cual, por encima de las diferencias, se busquen los caminos que los propios jóvenes crean adecuados, tanto para señalar sus problemas como para buscar sus soluciones.

     Es por eso que el gobierno ha diseñado un proyecto para crear una institución que tenga autonomía, y alto nivel técnico, de manera que con agilidad sea capaz de diseñar, planificar y coordinar los diferentes esfuerzos gubernamentales orientados hacia la implementación de una política juvenil.

     El Instituto Nacional de la Juventud será la entidad encargada de cumplir esta función aportando proyectos técnicos y evitando que la responsabilidad frente a este tema de vital importancia para el país, pueda diluirse en medio de tantas necesidades urgentes de otros sectores.

     El Instituto Nacional de la Juventud será un servicio público descentralizado y no ejecutará programas, salvo aquellos que ninguna instancia pueda realizar, operando con todas aquellas instituciones gubernamentales, privadas y organizaciones juveniles que quieran complementar esfuerzos y maximizar recursos.

     Son los propios jóvenes los que están llamados a proponer soluciones para sus problemas.  La participación es la base de la democracia.  Esperamos con este instrumento abrir nuevas posibilidades para el desarrollo integral de la juventud chilena y para su integración en la sociedad, de manera que ésta sea efectivamente el gran potencial para el presente y para el futuro de Chile. 

     Muchas gracias.

Pueblo de Santiago;

Compatriotas todos:

Gracias por este recibimiento tan alegre, tan entusiasta, tan afectuoso. Yo bien sé que esa alegría, ese entusiasmo y ese afecto no son para un hombre, son para la Patria que se reencuentra en la libertad. Queremos un Chile de todos los chilenos, con todos los chilenos, para todos los chilenos.

Yo comprendo la responsabilidad que ustedes han puesto sobre mis hombros. Yo les prometo entregar todas mis energías, toda mi capacidad, a tratar de cumplir con los anhelos de reconstruir en nuestra Patria una democracia verdadera, en que haya no sólo libertad, sino también justicia y solidaridad.

Hoy es un día histórico, que recogerán los anales de nuestra Patria y los del mundo entero. Gobernantes y representantes de las naciones amigas han venido a celebrar con nosotros. Nosotros les agradecemos su solidaridad en los momentos de dolor y su compañía en esta hora de alegría.

Chile vuelve a la democracia y vuelve sin violencia, sin sangre, sin odio. Vuelve por los caminos de la paz.

La tarea que tenemos por delante exige el esfuerzo, la entrega, la generosidad de todos. Esta criatura que está naciendo, esta libertad que estamos reconquistando, tenemos que cuidarla, y la vamos a cuidar en la medida en que sepamos respetarnos los unos a los otros, en que no volvamos jamás… en que no volvamos jamás a convertirnos unos chilenos en enemigos de otros chilenos. Podremos pensar distinto, tener distintas creencias, adorar a Dios según nuestra propia fe, pero todos juntos constituimos esa Patria que construyeron O’Higgins, Carrera y los demás Padres de la Patria. Esa Patria que según el Himno Nacional debe ser el asilo de los libres contra toda forma de opresión.

Compatriotas:

Yo les pido que este mismo entusiasmo, esta misma voluntad de fraternal amistad que hoy día impera entre nosotros, – 2 –

guíe nuestros pasos. Yo necesito vuestra ayuda. Lo que tenemos que hacer lo vamos a tener que hacer entre todos. No será la obra de un Presidente, no será la obra de un partido, ni de un grupo de partidos. Será la obra de todos los chilenos.

Yo sé que hay compatriotas que anhelan una libertad de que están injustamente privados. Yo sé que hay compatriotas lejos de nuestras fronteras que quieren volver a la Patria y quieren aquí poder trabajar y reconstruir sus familias. Yo sé que hay mucho anhelo de cambio y de justicia. Yo les digo: es nuestra voluntad crear caminos para, en el más breve plazo, darle libertad real a todos los chilenos. No queremos presos políticos en Chile.

Yo les digo que es nuestra voluntad hacer todo lo humanamente posible porque la verdad resplandezca en la vida nacional, porque sólo la verdad no hace libres, porque sólo en la verdad se construye la confianza ciudadana que permite asegurar una vida tranquila y en paz. Allí donde no hay verdad, donde no se respeta la verdad, allí surge la desconfianza y el recelo, y de ello la sospecha y el odio, y de ello la violencia. Pero Chile no quiere más violencia, no quiere más guerra: quiere paz.

Yo sé que hay muchos chilenos que tienen hambre y sed de justicia, por mejorar sus condiciones de vida, que el progreso de Chile no llegue sólo a una minoría, sino que se traduzca en posibilidades para todas las mujeres, para todos los jóvenes, para todos los ancianos de esta tierra.

Una palabra especial para los trabajadores chilenos, que con su esfuerzo construyen diariamente a la Patria. Deben ser nuestra preocupación fundamental.

Amigas y amigos, compatriotas todos:

Partamos en esta nueva jornada, con el corazón abierto a la comprensión, a la solidaridad. Yo confío en el pueblo de Chile, y espero que con su confianza podremos juntos construir la Patria que anhelamos.

Yo espero que en cuatro años más, plazo corto comparado con otros, poder presentarme ante la faz de ustedes, ante la faz de todo el pueblo de Chile y decirle: juntos, chilenos, hemos construido una Patria Libre, justa y fraterna, para todos sus hijos.

Gracias.

Nos reunimos para solemnizar la firma del Decreto que crea la Comisión Nacional del Medio Ambiente.  Hemos querido hacerlo hoy para dar realce a la celebración en nuestro país del Día Mundial del Medio Ambiente.  Hace 18 años, se iniciaba la histórica Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano en Estocolmo, que significó un fuerte impulso a la toma de conciencia universal sobre el estado de los recursos del planeta y su incidencia en la calidad de vida de la mayoría de sus habitantes.  Hoy damos en Chile, un paso para avanzar como comunidad nacional, en el camino de generalizar esa toma de conciencia y convertirla en acciones concretas.

     Vivimos en medio de fenómenos de agudo deterioro de nuestros recursos naturales renovables, y de graves procesos de contaminación.  Nuestros recursos forestales nativos, nuestros recursos hidrobiológicos, nuestros suelos y nuestra fauna sufren, desde hace mucho tiempo, un tratamiento descuidado, de corto plazo, que no toma en cuenta su carácter de proveedor de riquezas para hoy y para mañana.  Nos vemos seriamente afectados por la contaminación de nuestro aire y de nuestras aguas interiores y marítimas.  Este fenómeno afecta especialmente a Santiago, que sufre contaminación atmosférica, hídrica, acústica y de suelos.

     Esta situación, tiene un fuerte impacto en la calidad de vida de la mayoría de la población del país.

     Hemos señalado reiteradamente nuestra voluntad de enfrentar en forma seria y responsable la protección de nuestro medio ambiente, para poner efectivo término al grave proceso de deterioro y destrucción que viene sufriendo ostensiblemente.

     Expresión de esa voluntad son algunas decisiones del gobierno, en el corto lapso transcurrido desde que asumimos: la que declaró Monumento Nacional a la Araucaria, la creación de la Comisión Especial de Descontaminación de la Región Metropolitana y las medidas adoptadas en los Ministerios de Agricultura, Minería y Obras Públicas para reforzar, en el ejercicio de sus funciones, sus competencias en materias ambientales.

     Pensamos que nuestro compromiso con el desarrollo y con la equidad, que conforman dos de las tareas fundamentales de nuestro gobierno, lleva implícita la defensa y protección del medio ambiente.  No habrá verdadero desarrollo, ni tampoco justicia, así nuestro medio ambiente continúa destruyéndose o deteriorándose.

     Este es un desafío que nos obliga a todos, más allá de posturas político-partidarias o concepciones ideológicas particulares.  Es nuestra firme decisión buscar, en esta materia como en otras, consensos amplios que comprometan a todos los sectores y actores sociales en esta empresa común.

     Tampoco nos cabe duda que la responsabilidad asumida es  una tarea de futuro, que se proyecta ciertamente mucho más allá del período de este gobierno.  Ello nos obliga a sentar bases estables y duraderas, no emocionales o nacidas del impulso, que aseguren la continuidad del esfuerzo que estamos iniciando.

     El Decreto Supremo que hoy firmamos, constituye un paso en esta dirección.  Al crear la Comisión Nacional del Medio Ambiente, busca dar una expresión constitucional sólida, dentro de la estructura del gobierno, a los compromisos señalados.  A partir de los mecanismos que supone su funcionamiento y de los criterios que gobernarán su quehacer, la Comisión establecerá también las condiciones para iniciar un proceso de creciente y progresiva participación del sector privado, de las organizaciones no gubernamentales, de las universidades, de las instituciones representativas de los diversos actores sociales y de la ciudadanía en general, en la gestión de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales.

     No se trata, como livianamente se podría interpretar, de crear simplemente una nueva Comisión.  Se trata, y así se señala con claridad en el texto del Decreto Supremo, de reemplazar institucionalmente una estructura que, por diversas razones, no arrojó los resultados esperados al crearse.  Y para hacerlo, estamos, por una parte, entregando un fuerte respaldo político a los mecanismos de coordinación de las diversas instituciones públicas, vinculadas a la temática ambiental y por la otra, estamos aprovechando y fortaleciendo al máximo posible todas sus capacidades técnicas y de recursos humanos existentes.  No se crean, por lo tanto, nuevas y costosas estructuras burocráticas.

     La Comisión Nacional del Medio Ambiente, de carácter interministerial, estará constituida por un Comité de Ministros, presidido por el Ministro de Bienes Nacionales y formado por los Ministros de Salud, Economía, Agricultura, Minería, Vivienda y Transportes; por un Comité Operativo formado por representantes de todos los Ministerios con competencias ambientales y una Secretaría Ejecutiva como organismo técnico de estudio y planificación.

     Sin perjuicio de la proyección de largo plazo que tiene nuestro compromiso con la Nación en estas materias.  La Comisión deberá acometer un conjunto de tareas inmediatas.  Entre ellas, quisiera destacar la urgencia de formular una política nacional de protección ambiental que permita orientar adecuadamente los programas de desarrollo y los proyectos de inversión que se irán realizando en los variados sectores de la actividad nacional.

     Resulta también urgente abordar con seriedad la tarea de proponer, dentro de plazos razonables, una legislación ambiental que consagre los conceptos expuestos y establezca un sistema de normas realistas y apropiadas para el adecuado manejo, explotación y protección de nuestro patrimonio natural.  Para la elaboración y discusión de dicha propuesta, la Comisión promoverá la concurrencia y participación más amplia posible de todos los sectores de la comunidad nacional.

     La constitución de los mecanismos regionales, provinciales y comunales que permitan extender la acción de la Comisión a todos los ámbitos del territorio nacional es otra de las tareas prioritarias que ella acometerá.  Junto a esto deberá establecer los canales de participación ciudadana que, a esos niveles, consideramos absolutamente indispensable en los procesos de identificación de problemas, planteamiento y ejecución de soluciones y control en el cumplimiento de medidas y normas.

     Para una participación eficaz y eficiente se requiere de una comunidad conciente e informada.  He encomendado a la Comisión impulsar y coordinar un programa de educación y extensión en torno a los problemas ambientales que aquejan al país, que permita avanzar a paso seguro en este sentido.

     También está entre las responsabilidades más inmediatas de la Comisión el coordinar las acciones necesarias para que Chile asuma una posición activa en el concierto internacional, reflejando los criterios nacionales en torno a materias tales como los cambios climáticos globales, el debilitamiento de la capa de ozono, la cuestión antártica, la conservación de la diversidad genética y otros.

     Estimados amigos:

     Creo que ustedes coincidirán en que es hermoso el desafío que enfrentamos.  Siento, entre nosotros, la presencia espiritual de tantos antepasados nuestros, chilenos y extranjeros, que dedicaron sus mejores esfuerzos a conocer nuestra tierra, a amarla, a difundir sus valores y a enseñarnos a cuidar de ella y de sus recursos.  Y también siento a aquellos chilenos que aún no están entre nosotros y que esperan heredar un patrimonio ambiental integro, sano y al servicio de todos.

     Pensando en ellos, en los que ya quisieron a esta tierra y los que la guerrán en el futuro, los invito a reflexionar junto al poeta Luis Oyarzún, respondiendo al juez que se hace eco de la parábola de los talentos.

     “Te dí un pedazo de la tierra bien plantado de árboles y amenizado por aguas y ahora me lo devuelves yermo.  Ahora sabes.  Te lo dí para probarte, para ver quién eras…  Mira lo que me entregas.  No me importa tanto la tierra como lo que hiciste con ella…  No me cuesta reparar lo que destruyes.  Pero tu propia destrucción me importa y me cuesta.  La tierra es tu retrato”.

En verdad, no puedo decirles sino que me siento muy en mi casa.  Aunque hace muchos años que yo pasé por las aulas del Liceo, lo conservo en mi corazón como si fuera hoy día.  Yo estuve en el Colegio desde la sexta preparatoria, que así se llamaba en aquellos años el último año de enseñanza básica, hasta el quinto año de Humanidades, seis años en total.  Cuando llegué a tercer año el Colegio no tenía más que a este curso y con mi curso se creó el cuarto, y al año siguiente el quinto, en calidad de cursos mixtos, de allí las compañeras aquí presentes, como un anticipo de lo que el Colegio es hoy día.  No nos dio la fuerza en aquellos años para crear el sexto, y por eso volví a emigrar a Santiago, donde terminé mis estudios en el Internado Barros Arana.

     Siento que debo mucho al Colegio, aprendí mucho en este Liceo.  No sólo aprendí conocimientos, y es justo que rinda homenaje a mis maestros de la época.  La verdad es que había mucha gente que tenía el prejuicio de que el Liceo de San Bernardo, un Liceo pequeño, de una pequeña ciudad aledaña a Santiago, no estaba al mismo nivel de los grandes establecimientos educacionales.  Pero yo pude demostrar, con mi propia experiencia, que llegué al Internado Nacional Barros Arana, que era de la época de los colegios más prestigiosos, justificadamente, del país, en un nivel de preparación y conocimientos semejantes al de los buenos alumnos de este colegio.

     Pero más que conocimientos, aprendí en el Liceo de San Bernardo otras cosas.  Aprendí, en primer lugar, a sentir como una realidad fundamental la comunidad entre chilenos de distinta extracción social; aprendí a sentir como mis iguales a mis compañeros que eran como yo, hijos de profesionales, y a mis compañeros que eran hijos de obreros ferroviarios, de trabajadores del comercio, de modestos empleados, de oficiales y suboficiales del Ejército y de la Aviación.

     Convivíamos y nació entre todos nosotros un gran afecto, un gran compañerismo, y allí aprendí, en este Liceo yo recibí mis primeras lecciones de democracia.  Aprendí democracia en la convivencia liceana.

     Otra cosa que aprendí fue a respetar la importancia de la labor de los maestros, a respetar y admirar la tarea difícil, pesada, mal remunerada, a menudo ingrata e incomprendida del profesor.

     Yo quiero, recordando algunos de mis maestros, y sin el ánimo de excluir a nadie, testimoniar en ellos el homenaje de un discípulo que aprendió mucho de ellos y que los recuerda en su corazón, con admiración y afecto: en don Roberto Ochoa Ríos, nuestro rector, dinámico, entusiasta, siempre lleno de nuevas iniciativas, amante del progreso del colegio y del progreso de la ciudad, anhelante de incorporar al Liceo no sólo en su tarea educativa específica de sus alumnos, sino que de una función social en toda la comunidad de San Bernardo.  Aquí veo a uno de sus hijos, de quien soy amigo desde entonces.  Gran rector don Roberto Ochoa Ríos.

     En la señora María Cuevas de Inostroza, nuestra profesora de Matemáticas.  Yo comprendo que para muchos de ustedes, de esto hace tanto tiempo, más de medio siglo, esos nombres no les signifiquen nada, pero creo mi deber quitarles unos minutos destacando esos nombres, por lo que significaron de aporte para este colegio, por lo que significan de ejemplo.  Era una gran profesora.  Viuda, sostenía una familia numerosa, algunos de sus hijos fueron mis compañeros.  Uno de ellos, Jorge Inostroza, el autor del Séptimo de Línea, escritor que llegó a ser un gran novelista y uno de los escritores muy publicado en nuestra Patria, heredó de ella extraordinarias condiciones.  Tenía una gran inquietud, hacía clases de Matemáticas en el Liceo de Niñas y en el Liceo de Hombres, y se daba tiempo para ir al Pedagógico a seguir estudios de Filosofía, porque quería perfeccionarse y llegar a saber más.

     La profesora de Inglés, doña Ana Fricke; la profesora de Química, la señorita Cornejo; la profesora de Ciencias Naturales, doña Aída Jaraquemada; el profesor de Francés, Monsieur Díaz, “Monsieur Jours”, “Le petit”, porque era muy bajito…(palabras en francés).. decía cuando estaba tomando las lecciones y alguien hablaba en la clase, gran profesor; don Julio Alarcón, nuestro profesor de Dibujo y Caligrafía, “Cochecho” lo llamábamos, no sé por qué.

     Bueno, yo menciono y les rindo este homenaje para significar algo que ustedes, muchachos y muchachas que hoy día estudian, tal vez no comprendan en toda su magnitud.  La abnegación, el esfuerzo, el trabajo silencioso, la dificultad de la tarea y la importancia de la función de los maestros.  Nunca me cansaré de resaltarla, y si durante mi Gobierno puedo hacer algo por dignificar la función del maestro y mejorar su condición en todos los planos, pueden ustedes tener la certeza de que lo haré, porque esa constituye una de mis principales preocupaciones, con sentido de justicia, hacia la importancia de su función.

     Pero en el Liceo de San Bernardo aprendí algo más.  Aprendí a sentir la solidaridad de todos con todos, la solidaridad con la comunidad humana, con el entorno que nos rodea.  Yo no soy sólo yo; mi porvenir no depende sólo de mí y de que a mí me vaya bien, y de que a mi familia le vaya bien.  Formamos parte de una comunidad, comunidad que empieza en el vecindario, que sigue en la ciudad, que se extiende en la provincia y a la región, que se expresa, sobre todo, en la Patria, en la comunidad nacional, que nos une a todos en un pasado común que admiramos, y en un futuro común que significa, que nos compromete a todos; comunidad también con el resto de la humanidad.

     Sobre todo, la actuación del centro de ex alumnos, siempre preocupada de que el Liceo estuviera presente en la ciudad, que organizaba las fiestas de la primavera, que eran no sólo explosión de alegría, sino que eran testimonio de perfeccionamiento cultural. Allí los mejores alumnos, o ex alumnos, recitaban sus poemas; allí venían artistas a representar; allí, en la velada que generalmente había, se hacía una demostración de las capacidades artísticas, musicales, literarias, oratorias, de los Sanbernardinos jóvenes, alumnos y ex alumnos.

     Pero no sólo eso, don Roberto Ochoa, como rector, se preocupaba de la vinculación del Liceo con las obras sociales, y así nació una vinculación grande con el Rotary Club, vinculación con la Escuela de Aplicación de Infantería de San Bernardo, vinculaciones con sectores sociales.  Un grupo de ex alumnos fundamos la Academia Literaria y Cultural Manuel Magallanes Moure, tomando el nombre de un ilustre escritor y poeta que vivió en esta ciudad.  Honrábamos los valores comunes, nos sentíamos solidarios.  Y esa enseñanza, tal vez junto con las otras, ha sido decisiva en la formación de la personalidad de quien les habla en este instante.

     No quiero latearlos.  Simplemente, con esos recuerdos he querido significar lo que le debo al Liceo de San Bernardo.  Y pueden ustedes tener la certeza de que en la medida en que ello sea posible, en el ejercicio de mi mandato presidencial, no olvidaré lo que le debo al Liceo, y trataré, de alguna manera, de retribuírselo.

     Sé que a ustedes les hace falta un gimnasio.  No puedo prometerles cuándo podrá construirse, pero pueden ustedes tener la certeza de que haré todo lo que esté de mi parte para que antes que termine mi período el Liceo de San Bernardo, hoy de hombres y de niñas, el Liceo Fidel Pinochet Le Brun, cuente con el gimnasio que anhelan.

     Y, finalmente, una última palabra, una palabra dirigida a los niños y niñas, muchachos y muchachas que aquí estudian, para decirles que de lo que yo he expuesto saquen como consecuencia no sólo un aprecio a sus maestros, un reconocimiento de la dignidad de su función, un espíritu de compañerismo, un propósito de unidad entre ustedes, sino que saquen también, como conclusión, la necesidad de que cada uno se esfuerce, en la medida de todas sus capacidades, por dar de sí lo más de que sea capaz.  La vida no nos es dada hecha; la vida la hacemos nosotros mismos; cada cual construye su vida, y no llegamos a la vida para recibir lo que nos sea dado, sino para conquistar con nuestro esfuerzo, nuestro propio lugar en la sociedad.

     Tenemos que fijarnos metas, no muy remotas, accesibles.  Tenemos que esforzarnos por cumplir esas metas y tenemos que preguntarnos si estamos aquí para satisfacer nuestros propios anhelos o deseos, o si estamos aquí como parte de una comunidad humana para dejar en nuestro paso por la Tierra una huella por el servicio que hayamos sido capaces de prestar.  Los nombres que se recuerdan son los nombres que han servido, los que pueden despedirse tranquilos de la vida, son los que han pasado por ella no tanto gozando, como haciendo un aporte a la construcción de una vida mejor para todos sus semejantes.

     Muchas gracias.

Esta reunión constituye para mí un momento especialmente significativo de reencuentro con la tradición universitaria y cultural de nuestra Patria.

     La Universidad de Chile simboliza esa tradición.

                    La Universidad de Chile

     Desde sus orígenes ha sido un activo centro de reflexión y estudio de la realidad nacional.  En sus aulas se han formado, por casi siglo y medio, generaciones profesionales que luego han servido en diversas actividades públicas y privadas.  Sus investigadores han impulsado el desarrollo científico nacional y nos han puesto en contacto con la comunidad académica internacional.  Sus variadas labores de extensión han servido para difundir la cultura superior y las artes en nuestra sociedad, a lo largo de todo el país.

     La Universidad de Chile está, asimismo, en el origen de nuestro sistema de educación superior.  A su temprana iniciativa se debe que éste haya adquirido dimensiones regionales y a su esfuerzo debemos que miles de jóvenes, a lo largo del país, hayan podido incorporarse a cursar estudios de nivel superior.

     Por fin, ha sido parte de esa tradición el que la Universidad de Chile recogiese y promoviese en su seno la pluralidad de opciones e ideas y, que en tal carácter, la incorporación al ejercicio de las tareas universitarias de sus académicos respondiese a un sistema de concursos riguroso y objetivo y que las puertas de ingreso a sus aulas estuviesen abiertas para todos los jóvenes de talento, independientemente de su origen social, de su capacidad económica y de sus creencias.

     Por todo esto la Universidad de Chile ha jugado un papel fundamental en el desarrollo del país, en el establecimiento de una sociedad democrática y en la conformación de la cultura nacional.

                  La autonomía universitaria

     Como señaló el señor Rector en la solemne ceremonia de inicio de su mandato, en estos momentos en que la Universidad de Chile “se reencuentra con sus tradiciones -al asumir, de nuevo, un rector elegido por sus pares- se hace aún más evidente la urgencia de la modernización y así poder abrirla a las demandas del futuro”.

     Habiéndose dado inicio, así en ésta como en otras Universidades, a la recuperación de la autonomía tan propia y esencial a estas corporaciones, única base sólida para el desarrollo de sus actividades con libertad y sentido de servicio nacional, corresponde ahora primordialmente a los propios académicos, a través de sus instancias y cuerpos genuinamente representativos , ejercer responsablemente su conducción, teniendo en vista el progreso de ellas y en aras del bien común del país.

     El hecho que tan complejo proceso de transición se está encauzando en un clima de respeto mutuo, en orden y pacíficamente, puede enorgullecer a los universitarios chilenos y constituye un valioso aporte de Uds. a la democratización de la sociedad que todos anhelamos.  Ratifica, asimismo, la voluntad expresada reiteradamente por mi Gobierno, de respetar y procurar igual respeto en todos los sectores del país, al carácter esencialmente autónomo de las instituciones universitarias.

                     Los grandes desafíos

     Los desafíos que la educación superior como sistema y sus instituciones deberán abordar de ahora en adelante son, quizás, más complejos y exigentes.

     Primero que todo, es imprescindible que elevemos la calidad de la enseñanza superior que se imparte actualmente en el país, de modo de ponerla a la altura de los tiempos y de responder a lo que la sociedad espera de estas instituciones.  Cada Universidad, igual que cada uno de los Institutos Profesionales y Centros de Formación Técnica que hoy día forman parte de la educación superior, tendrá que encontrar las formas y adoptar las medidas que hagan posible este logro.  Necesitamos formar profesionales, científicos y técnicos en los más variados campos del saber, las artes y los oficios, que puedan efectivamente contribuir al desarrollo del país.  Necesitamos crear una educación de calidad para hoy y para el futuro tan motivante que nos espera, marcado por la vecindad del cambio de milenio.  Sólo en esas condiciones podremos modernizar nuestra economía, competir en el mundo y resolver los problemas sociales más urgentes de la población.

     En seguida, debemos retomar y volver a vigorizar las tradiciones de equidad que inspiraron el desarrollo de nuestra educación superior.  Un país que no supiera aprovechar a todos sus talentos ofreciéndoles iguales oportunidades de formación de un alto nivel de calidad, no podría llamarse a sí mismo democrático.  Ningún joven chileno de mérito y dispuesto a estudiar debe quedar al margen de la educación superior, independientemente de si cuenta con los medios económicos para costear su formación.  Es una responsabilidad social y, por lo tanto, un rol insustituible que el Estado debe asumir dentro de las limitaciones de nuestros recursos, la de proporcionar a esos estudiantes el apoyo necesario para que puedan transformarse en personas mejor preparadas y, así, contribuir con su trabajo creativo al desarrollo nacional.

     Además, tenemos que esforzarnos, desde las autoridades nacionales hasta cada uno de los ciudadanos, por actuar con responsabilidad en el campo de nuestras competencias y compromisos.  Las instituciones de educación superior que reciben el apoyo y la confianza de la sociedad, deben -también ellas- asumir este desafío de nuestra modernización.  No se trata de verlas convertidas en algo que ellas no son ni deben ser.  Deben buscar, en cambio, mejorar su rendimiento, elevar sus resultados en lo propiamente académico y volverse más conscientes de las necesidades de una gestión capaz e innovadora.

     Calidad, equidad y eficacia son, en suma, los tres pilares sobre los cuales debemos construir nuestra educación superior.

     Al hacerlo, debemos partir por reconocer que el sistema actual no satisface las esperanzas puestas en él para llenar las necesidades y ofrecer las soluciones a los problemas de la sociedad.

     En la Universidad ha de buscarse un justo equilibrio entre la trasmisión de conocimientos y crítica, por una parte; entre descubrimiento y síntesis, por la otra.

     Es necesario buscar la forma de integrar o complementar las tareas de “excelencia académica” y de “servicio a la comunidad”, de modo que no se produzca oposición entre ellos.

     Y debemos siempre recordar que la Universidad no es patrimonio de los actuales miembros de la comunidad  universitaria, sino que existe para estar al servicio de los intereses generales y permanentes de la nación.

                  El camino de los consensos

     Para alcanzar esas metas mi Gobierno ha estado dispuesto, desde el primer momento, a realizar su parte.  Expresión de este propósito fue la constitución, a comienzos de mayo último, de la Comisión de Estudio de la Educación Superior, a la que encomendamos dos tareas:

     Proponer al Gobierno las reformas a la legislación vigente sobre educación superior, y

     – Estudiar y proponer una política de desarrollo de mediano plazo para este sector.

     Esperamos de dicha Comisión el mayor progreso que sea posible alcanzar hacia un gran acuerdo en esas dos importantes tareas.

     Consecuentes con el espíritu que inspira a nuestro Gobierno, pensamos que en estos asuntos, como en tantos otros, conviene al país actuar sobre la base de amplios consensos, de modo que la legislación que eventualmente apruebe el Parlamento y las políticas que impulse el Gobierno gocen del necesario respaldo, tengan estabilidad en el tiempo y puedan ser aplicadas, con la persistencia que requieren para ser eficaces.

     La educación superior es, antes que todo, una parte importante del patrimonio cultural de la Nación. En conjunto, debemos cuidarla y desarrollarla. No queremos, por eso mismo, proceder con precipitación ni convertir estos asuntos en objeto de una lucha ideológica o partidista.

     Estamos firmemente convencidos que existe en el país un acuerdo bastante amplio en las materias tocantes a la educación superior.

     Nos inspira a todos, tras las duras experiencias vividas, la misma voluntad de preservar, ampliar y enriquecer la libertad en los claustros.  Esta libertad es vital para la vida académica; lo es por igual para investigar, enseñar, estudiar  y para difundir la cultura.  La libertad asegura, asimismo, que la educación pueda ser asumida por todos como una tarea social de responsabilidades compartidas.

     Creo que concordamos todos, igualmente, en cuanto a que el reconocimiento oficial del Estado debe otorgarse a las instituciones que cumplan con seriedad y rigor su misión educativa, pues sólo de esa forma se garantiza la fe pública propia de los títulos y grados que otorgan las instituciones de la educación superior.

     También es ampliamente aceptada entre nosotros, igual que en todas las sociedades democráticas modernas, la idea de que cabe al Estado una responsabilidad especial en el fomento de la educación, particularmente para asegurar una creciente igualdad de oportunidades en el acceso a ella, mejorar continuamente los niveles de calidad de la enseñanza impartida y apoyar la investigación.

     Sobre la base de tan sólidos y amplios consensos, debemos buscar los acuerdos legislativos y de políticas de desarrollo que ayuden a perfeccionar nuestra educación superior.  Tenemos que definir cómo es posible  que se fortalezcan las instituciones, evitando proliferaciones innecesarias y propiciando su extensión a las diferentes regiones del país; cómo elevar aceleradamente nuestra producción científica y tecnológica de modo que contribuya al fomento de la competitividad internacional de nuestra economía y que se oriente al desarrollo de una sociedad más humana y más justa; cómo ampliar la información disponible sobre las instituciones de educación superior, cómo establecer prácticas de evaluaciones y de acreditación que nos permitan avanzar hacia una educación superior de mayor calidad y cómo orientar las políticas de inversión y de gasto en este sector.

                     Ciencia y tecnología

     El Gobierno atribuye la más alta importancia al papel que las universidades deben desempeñar en el desarrollo científico y tecnológico del país.  Es evidente que si queremos crecer con equidad, aumentar nuestra participación en los mercados internacionales y resolver los problemas más urgentes de la población, necesitamos aplicar conocimientos e incrementar nuestras propias capacidades de generarlos por medio de la investigación que realizan las universidades.

     La comunidad científica chilena es pequeña, pero -en muchos campos- altamente productiva y goza de reconocimiento internacional.  Buscaremos reforzarla, ampliarla y renovar sus condiciones de trabajo, pues de ella depende, en gran medida, el éxito que Chile pueda alcanzar en un mundo más competitivo, de fronteras abiertas y de crecientes expectativas de los pueblos.

     Esperamos asimismo que las universidades, sin distorsionar su sentido y misión propiamente académicas, puedan progresivamente vincularse de una manera más estrecha con el sector productivo, combinando esfuerzos e inversiones con el apoyo del Estado y de la cooperación internacional. Sólo de esta forma será posible alcanzar una verdadera sociedad del conocimiento, que sea capaz de innovar continuamente, que no se quede atrás frente a los avances tecnológicos y que use eficientemente sus potencialidades y las capacidades de su gente para progresar en el camino del desarrollo y de la justicia social.

                 La Universidad y las regiones

     Estamos comprometidos con la idea de construir una democracia y una economía modernas que, necesariamente, deben ser descentralizadas y deben descansar sobre la vitalidad de las regiones y de las comunas.  Pensamos que en el proceso de alcanzar esa meta, las universidades y demás institutos de educación superior regionales están llamados a desempeñar un papel de primera importancia.  Estos organismos deben ser una expresión viva de la cultura del país a lo largo del territorio nacional, cultivando en la unidad de la Patria las diferencias que nos enriquecen y la pluralidad de condiciones con que nos ha dotado la geografía y el trabajo acumulado por generaciones.

     Las universidades regionales no son, en nuestro país, una experiencia que recién haya empezado ayer.  Las hay antiguas y prestigiosas, junto a otras más nuevas pero imbuidas del mismo espíritu de servicio regional.  Cabe a las universidades antiguas, especialmente a la Universidad de Chile, hacerse parte en esta tarea y establecer modalidades de cooperación  que puedan servir para fortalecer la estructura regional de la educación superior chilena.

          Misión y desafío de la Universidad de Chile

     La Universidad de Chile tiene, en esta hora, una responsabilidad especial.  Su misión, que ha sido siempre de carácter nacional y enraizada en la vocación democrática de Chile, habrá de renovarse ahora dentro de las nuevas condiciones que vive el país y bajo las exigencias de un mundo en rápido cambio.  Su liderato intelectual y cultural no puede esperarse ya de las leyes ni basta para asegurarlo su rica tradición. Dependerá, en adelante, de los académicos que trabajan en la Universidad, de sus estudiantes, de las autoridades y de todo su personal.

     Por su parte, el Gobierno que presido está desarrollando todos los esfuerzos necesarios, dentro de los límites de nuestras posibilidades para reponer a todas las instituciones de educación superior y muy especialmente a las instituciones que tienen el respaldo del Estado, las condiciones debidas para que puedan operar normalmente e iniciar las tareas de su propia e impostergable modernización.

     Es evidente que, en el futuro, el crecimiento de las instituciones autónomas de la educación superior descansará, primero que todo, en sus propios esfuerzos y en su capacidad para abrirse a las demandas de la sociedad y servir efectivamente a las tareas del desarrollo nacional.  Sobre la base de esos esfuerzos deberán combinarse, reforzándolos, las contribuciones del Estado, del sector productivo y de la cooperación internacional.

     La Universidad de Chile tiene entre nosotros un relieve que es indiscutible.  Es cierto que por un tiempo demasiado prolongado se vio perturbada y envuelta en una serie de problemas, que han menoscabado su quehacer y han vulnerado el clima de tranquilidad y de estabilidad que es propicio para desarrollar la iniciativa y el afán creador entre sus miembros.

     Hay una tarea que realizar para que recupere su grandeza.

     Es una labor que nos compromete a todos, aunque primordialmente -como he dicho- a la propia Universidad.  Tenemos esperanzas en estos nuevos tiempos que se inician en ella.

     El Gobierno que presido dará su respaldo a todas las iniciativas que contribuyan a resolver sus actuales desequilibrios y debilidades, a superar su deterioro y a que  reasuma el rol y la dignidad que le corresponde en el concierto nacional.  Sin embargo, es mi deber señalarles que dadas las urgencias sociales, faltaríamos a la realidad si planteásemos que los aportes fiscales se incrementarán en la medida de lo requerido para superar sus actuales carencias.

     De allí que sea necesario -indispensable diría yo- llevar a cabo la modernización de estructuras y la renovación de los hábitos que han frenado la gestión de la Universidad, labores éstas a cuyo logro el Rector les ha invitado, con el propósito de generar los recursos adicionales que demanda su adecuación a los tiempos actuales y al incesante cambio que provoca el progreso cultural, científico y tecnológico.

                  La formación de profesores

     Creo mi deber, en esta oportunidad, referirme a un tema al que asigno la mayor importancia: la formación de profesores.

     Es indispensable superar la desvalorización del trabajo docente, en el marco de una política que procurará elevar la calidad de la enseñanza en sus distintos ámbitos.

     No resulta fácil para los jóvenes que tienen interés por las carreras de pedagogía decidirse a ingresar a ellas ante el perceptible deterioro de la imagen de profesor.  Es preocupación de mi Gobierno contribuir gradualmente a la superación de los diversos factores que han provocado la pérdida del estatus profesional de los maestros y favorecer la dignificación de su rol a través de diversas medidas concretas.

     Soy de los que creen que la formación de profesores debe ser hecha en las universidades.

     La Universidad de Chile sufrió a comienzos de la presente década el desgajamiento del Instituto Pedagógico, cuya tradición en la preparación de profesores es más que centenaria.  Dicho Instituto ha adquirido en estos años una nueva calidad institucional y es ahora la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación.

     Confío en que las dos corporaciones explorarán con la seriedad que requiere un asunto de tanta importancia, dentro de los próximos meses, las diferentes alternativas a partir de las cuales les sea posible construir un acuerdo, el cual desde ya parece necesitar -en razón del bien del país- del predominio de posiciones desinteresadas imbuidas de una preocupación fundamental por el desarrollo de la educación chilena en el largo plazo.

     Mi Gobierno les insta a alcanzar una solución que sea responsablemente asumida por todos, por comprometer la voluntad autónoma de dos comunidades actualmente separadas aunque entroncadas en un pasado común, que permitió la formación de grandes maestros, que han honrado a nuestro país y su cultura.

                   Universidad y Democracia

     Lo he dicho muchas veces y lo reitero hoy día frente a ustedes: la democracia que estamos construyendo es una tarea de todos; es una responsabilidad que compartimos.  Ella nos compromete con lo más hondo de la tradición nacional y representa, a la vez, el mayor desafío para alcanzar un desarrollo verdadero, que beneficie a todos, especialmente a los más pobres y desprotegidos.

     La democracia no es solamente un asunto de representación política, de formas de gobierno o de límites impuestos al poder para garantizar las libertades que son el corazón de las civilizaciones modernas.  Es mucho más que todo eso: la democracia es un estilo de vida y una forma de participación en el destino colectivo.  Es un orden de convivencia y un conjunto de valores e instituciones que necesitamos preservar y enriquecer constantemente.

     Sobre todo, la democracia descansa en la capacidad de un pueblo para organizarse en múltiples formas asociativas y actuar en función del bien común.  Entre ellas, la Universidad ocupa un lugar central para la democracia, pues representa un modelo de diálogo, de reflexión y de convivencia racional que debe iluminar la vida de la Nación y ofrecerle el aporte concreto de su trabajo de investigación, de enseñanza y de extensión.

     Para que la democracia sea eficaz y sea justa, ella debe asegurar una verdadera pluralidad de los poderes en la sociedad.  Y la Universidad está llamada a expresar a uno de esos poderes, uno de los más decisivos en la sociedad contemporánea: el poder del conocimiento cultivado con pasión y sabiduría, transmitido a las nuevas generaciones, aplicado a los procesos sociales y económicos, difundido a todos quienes se interesan por usarlo y para su perfeccionamiento individual.

     Sin universidades fuertes, conscientes de su misión, modernas y eficientes, la democracia sería más pobre y el desarrollo del país se vería limitado.  Por eso los llamo esta mañana a esta responsabilidad suprema, que es la de hacer, en la Universidad y desde ella, el aporte que el país espera de sus Instituciones Superiores de Cultura.

     Señor rector, señoras y señores:

     Permítanme, al terminar estas palabras, dar un desahogo a la voz del corazón.  Me siento hijo de la Universidad de Chile.  Fui su alumno y por muchos años catedrático en la Facultad de Derecho.  Ser hoy su patrono es un alto honor, que compromete muy hondo mi responsabilidad.

     Confío en que bajo la inteligente y abnegada dirección de su flamante rector, doctor Lavados, con la colaboración de directivos, académicos, alumnos y trabajadores, y también la del Gobierno, en la medida que nos sea posible, la Universidad de Chile cumpla con lo que ha señalado aquí, al iniciar sus palabras, el rector Lavados: ser digna de su gloriosa tradición y responder a la esperanza de los chilenos.

     Muchas gracias.

  Muy breves palabras, después de la tan clara exposición que le hemos oído a nuestro flamante Ministro.  En verdad, hoy empieza a regir la ley que modifica la naturaleza de la Oficina Nacional de Planificación, y crea el Ministerio de Planificación y Cooperación.

     Esta iniciativa, en cuyo despacho agradezco la cooperación del Congreso Nacional, responde a una visión moderna de lo que debe ser la acción directriz del Estado en materia económico-social, en una economía abierta, libre y competitiva.

     Quiero aprovechar la ocasión para reafirmar el criterio que inspirará mi Gobierno en toda su gestión, en este orden de cosas.  Chile ha optado por una economía de mercado, libre, abierta.  Algunos parecieran creer que ello significa que el Estado abdica de su función rectora en cuanto órgano del bien común.  Yo no lo entiendo así.  Mi Gobierno entiende que el funcionamiento adecuado de una economía libre, no sólo es compatible, sino que hace necesaria, especialmente en los países en vías de desarrollo, una acción del Estado orientadora, coordinadora, promotora, fiscalizadora.

     En una Nación nueva como la nuestra, es necesario estar repensando constantemente el futuro que queremos, la visión global del país, y hay que calibrar las metas con las posibilidades.  Y esto no sólo en el ámbito estrictamente económico, sino en el ámbito social.  Y tal cosa no puede quedar entregada simplemente a la ley de la oferta y la demanda.  El mercado asigna recursos, pero hay orientaciones, prioridades que el deber del Estado como órgano del bien común es señalar.  Hay necesidades que, especialmente en el ámbito social, no son satisfechas simplemente por la aplicación de las reglas del mercado.  Y eso exige una acción inteligente, orientadora, indicativa, de parte de la autoridad pública.

     Al elevar a nivel de Ministerio, nivel oficial de Ministerio, porque en la práctica chilena desde hace años la Oficina de Planificación Nacional tenía rango ministerial, y por eso el Ministro Sergio Molina, hoy día formalmente Ministro, formaba parte hasta ahora de mi equipo ministerial.  La función que esta importante rama desempeña tiene mucha trascendencia para la ejecución de los programas del Gobierno.

     Aparte del ámbito en que el Ministro se ha extendido, el ámbito relativo a la política social, a la lucha de nuestro país para derrotar el flagelo de la pobreza, que tendrá instrumentos nuevos creados por la ley, como el Fondo de Solidaridad y de Inversión Social, y que recurrirá a estimular el espíritu de cooperación, a aprovechar la capacidad de cooperación, tanto internacional como nacional, de los distintos organismos y comunidades privadas que existen en nuestro país, aparte de estas tareas, es indudable que corresponde al Ministerio de Planificación y Cooperación ir fijando orientaciones y cooperando o ayudando al proceso de descentralización regional, provincial y comunal del país.

     Si hay una cosa que en este momento está como pujante, como un anhelo que se expresa a través de todo el país, que yo lo he podido comprobar en Magallanes, en la VII Región, anteayer y ayer en la II Región, en Antofagasta, es el anhelo de las regiones de realizar su vida propia, de autosatisfacerse, en alguna medida, de tener un rol más protagónico en su crecimiento, de ser más tomadas en cuenta.

     Y yo les insisto mucho en que tenemos que cambiar el viejo hábito de que las regiones formulan peticiones, como especies de pliegos de peticiones que esperan que Santiago se los resuelva.  Y eso no es regionalismo, esos son apetitos regionales y reivindicaciones regionales.  El desarrollo regional exige que la región sólo plantee sus necesidades sino que proponga soluciones, y que sea capaz de hacer su propio diagnóstico de su realidad, y vea cuál es el ámbito de su cooperación.

     Pero indudablemente para que este trabajo de las distintas regiones pueda realizarse armónica y eficientemente, ha de haber un organismo central que planifique, que coordine, que coopere y ayude en este esfuerzo, y ahí hay una tarea muy importante para el Ministerio de Planificación y Cooperación, durante mi Gobierno.

     Termino agradeciéndole a Sergio Molina, que siga colaborando en esta función y por el valioso aporte que estoy seguro nos seguirá aportando.  El tiene un historial de servicio público, se ha consagrado desde joven al servicio público en distintas actividades, desde la difícil tarea de ser el jefe de la Oficina de Presupuestos del Ministerio de Hacienda, que desempeño durante largos años, luego en su función como Ministro de Hacienda, como vicepresidente de la Corporación de Fomento y en distintas otras funciones públicas, y estoy seguro que en sus manos, trabajando en equipo, como estamos haciendo, y es ocasión de que yo reitere a todos los señores Ministros mi satisfacción y lo diga ante el país, por el espíritu de equipo con que mi Gobierno está trabajando, estoy seguro que la colaboración de él será un aporte más al éxito de la tarea en que estamos empeñados.

     Muchas gracias.

Señores:

     Para el Gobierno y el pueblo de Chile es motivo de profunda satisfacción recibir entre nosotros al Presidente del Parlamento Europeo, Sr. Enrique Barón Crespo.

Estimado señor Presidente:

     Llega Ud. a un país que conoce, aprecia y admira al Parlamento Europeo, institución democrática que simboliza el sorprendente avance de la vieja Europa hacia una nueva etapa de paz, entendimiento y progreso en el desarrollo de la humanidad.

     Nos encuentra a los chilenos empeñados, después de un cruento período de penas y quebrantos, en el afán histórico de reconstruir y consolidar la democracia en Chile, que en el pasado se identificó con nuestro ser patrio y fue legítimo motivo de orgullo nacional.

     En este fin de siglo tan preñado de esperanzas, nuestro gran desafío -común a las naciones hermanas de Latinoamérica- es ser capaces de demostrar que en el mundo descubierto por Colón también podemos conciliar el ejercicio de la democracia, que entraLña exigencias ineludibles de libertad y justicia social, con la estabilidad, el progreso y la modernización de nuestras economías.

     Para superar con éxito este desafío mi gobierno se ha propuesto cinco grandes tareas:

     1.- Reconciliar a los chilenos y restañar las heridas del     pasado, sobre las bases de la verdad, la justicia y la plena vigencia de los derechos humanos;

     2.- Democratizar nuestras instituciones políticas y sociales, para que todos los chilenos puedan ser partícipes activos del destino nacional;

     3º.- Alcanzar condiciones económico sociales de equidad, que permitan a todos nuestros compatriotas compartir no sólo los esfuerzos para impulsar el progreso nacional, sino también los frutos de ese progreso;

     4º.- Promover el crecimiento y la modernización necesarios para superar el subdesarrollo y alcanzar para nuestro pueblo una calidad de vida a la altura de estos tiempos; y

     5ª.- Reinsertar plenamente a Chile, como partícipe activo y solidario, en la comunidad internacional.

     En todos estos campos, la experiencia europea de los cuatro últimos decenios nos proporciona valiosas enseñanzas. Europa, históricamente dividida por tradicionales conflictos y rivalidades de poder, en gran medida destruida por la última guerra, ha sabido deponer recelos ancestrales y superar agravios del pasado, para concentrarse en la tarea de construir, mediante el consentimiento libre de sus pueblos, una unidad supranacional que le está permitiendo, con participación de todos, alcanzar y preservar para todos los beneficios de la paz, la libertad y el progreso.

     El Parlamento Europeo, que Ud. dignamente encabeza, es un símbolo del carácter democrático de este admirable proceso. Elegido libremente por sus pueblos, sus miembros representan y articulan los distintos intereses y concepciones que conviven en su seno, en el ánimo de encontrar fórmulas que satisfagan los comunes anhelos de bienestar y de progreso. Con las limitaciones propias de la condición humana, pero siendo capaces de superar explicables egoísmos y rígidos esquemas ideológicos, Europa está demostrando la capacidad de los hombres de elevar la convivencia humana a una etapa superior hacia la realización de sus más nobles ideales de libertad, justicia y paz.  Los acontecimientos que hoy día presenciamos, impensables hace apenas cortos años, son justo motivo de esperanza para todos los demócratas del mundo.

     Para los pueblos de América Latina, vuestros éxitos nos muestran una orientación que, dentro de nuestras propias circunstancias, debiéramos ser capaces de aprovechar.

     Vivimos, en esta parte del mundo, una realidad contradictoria.  Por una parte, la vocación libertaria está empujando en todo el continente procesos de avance y consolidación democrática.  Por otra parte, profundas crisis económico sociales dificultan gravemente las perspectivas de desarrollo y tornan ineficaces los esfuerzos de justicia social.

     Dentro de este cuadro, comprendemos cabalmente que es deber de cada Estado dar los pasos indispensables para equilibrar su economía y que debemos esforzarnos, con diligencia, realismo e imaginación, en encontrar y robustecer formas constructivas de cooperación e integración entre nosotros.  En eso estamos.

     Pero las limitantes derivadas de los fenómenos de grave pobreza que afligen, en mayor o menor medida, a casi todos nuestros países, pueden hacer ilusorios nuestros propósitos y esfuerzos, si no obtenemos la necesaria comprensión y cooperación del mundo desarrollado.

     Por nuestra parte, en Chile estamos empeñados en mantener y desarrollar una economía sana, abierta y competitiva, sobre la base de reglas claras y estables para todos.  Tenemos fundados motivos para mirar hacia el futuro con confianza.  Pero necesitamos un apoyo inicial.  Para cumplir nuestras metas de crecimiento económico y justicia social, fundamentales para consolidar la democracia, mi gobierno cuenta con la cooperación que la Comunidad Europea nos ha ofrecido.  Esperamos concretar dentro de poco el convenio marco actualmente en estudio, que nuestro buen amigo y compatriota vuestro, Abel Matutes, ha calificado como de “tercera generación”.

     No seríamos francos si, junto con destacar la importancia de ese paso, que esperamos sea de mutuo beneficio, ocultáramos la preocupación que nos causan las tendencias proteccionistas que obstaculizan el libre comercio internacional y que suelen afectar gravemente a la colocación de nuestros productos en Europa.  En esta materia no pedimos privilegios, sino sólo igualdad de condiciones.

     Señor Presidente,

     Al recibirlo en nuestra Patria, permítame expresar a Ud. y, por su intermedio, al Parlamento Europeo y a sus honorables miembros, el homenaje de nuestra admiración, junto con la gratitud de los demócratas chilenos por la solidaridad con que nos acompañaron en nuestra larga lucha por recuperar nuestra democracia, como, asimismo, el reconocimiento del gobierno de Chile a la importante labor que realizan para estrechar los lazos entre Europa y América Latina.

     Señoras y Señores,

     Os invito a brindar por el Parlamento Europeo y por su digno Presidente y gran amigo nuestro don Enrique Barón Crespo.

He querido que mi primer encuentro con la comunidad de Concepción en esta mi primera visita a la Región, sea con la comunidad universitaria.  Primero, porque siento que la Universidad como centro de la verdad, según se le ha llamado, como lugar de encuentro de quienes tienen vocación por el estudio, de las elites profesionales y juveniles, tiene por su categoría una significación muy representativa y una gran responsabilidad en el desarrollo de nuestro país.

     Y, por otra parte, porque esta Universidad, esta Universidad de Concepción, que yo conocí hace muchos años en mi calidad de universitario, cuando vine a tomar examen, cuando aún aquí la Universidad no podía otorgar sus títulos y venían los profesores de la Universidad de Chile a examinar a los estudiantes.

     Esta Universidad tiene un prestigio nacional, su trayectoria tiene una significación simbólica.  Creo que fue la primera Universidad regional, la primera Universidad creada en este país, no como dependencia de la Universidad de Chile o de la Universidad Católica, sino que surgida de la región, por el espíritu creador de ese ilustre varón que fue don Enrique Molina.

     Me parecía, por consiguiente, que venir aquí era la mejor manera de iniciar mi encuentro con la comunidad de Concepción, y no tiene nada que agradecer el presidente de la Federación de Estudiantes, porque el Presidente de la República lo escucha.  Yo creo que el deber de un gobernante es escuchar y ha sido para mí constructivo y positivo escuchar la voz del señor Rector, del representante de los funcionarios administrativos de las universidades de la región y del presidente de la Federación de Estudiantes.

     No quisiera continuar mis palabras, haciéndome cargo de los temas que ellos han planteado, sin rendir un homenaje, en este lugar me parece de justicia, de esencial justicia, rendir hoy día un homenaje al doctor Ignacio González Genovés, ex Rector de esta Universidad recientemente fallecido.

     En las palabras que hemos escuchado se expresan distintas inquietudes.  En primer lugar, una que yo diría fundamental, por el afán muy legítimo y justo de que la Universidad lo sea realmente, y para que la universidad sea verdaderamente universidad es esencial que sea autónoma, que ella misma decida su destino, que haya verdadera libertad en sus aulas, que ella genere sus autoridades, que ella fije las reglas de su convivencia interna y que sus académicos e investigadores puedan buscar libremente la verdad, sin cortapisas de ninguna especie.

     Participa el Gobierno de este anhelo y creo justo destacar que es verdaderamente fecundo y ejemplar el proceso que se ha ido produciendo en estos cinco meses de democratización de nuestras universidades.  La mayor parte de las universidades chilenas, a lo largo de todo el país y no sólo en esta región, han ido, en forma tranquila, serena, mediante procedimientos generalmente convenidos, pero con ejercicio de la libertad de sus integrantes, generando sus propias autoridades.  Ha sido para mí profundamente satisfactorio en estos meses ir firmando los decretos para completar el proceso de la generación de los rectores elegidos por las comunidades académicas.  Lo ha sido para mí muy grato firmar, sólo en le día de ayer, la nominación de los rectores elegidos en la Universidad de Santiago, en la Universidad de La Frontera, de Cautín, y en la Universidad de Biobío.

     Yo planteo aquí el delicado tema del financiamiento de las universidades.  En verdad, cuando uno cree, como creo que lo piensa la mayoría de los chilenos, que es función del Estado, como órgano del bien común, promover el desarrollo personal de la gente.  Y en ese sentido, así como debe preocuparse de la salud, debe preocuparse de la educación, en todos sus niveles, es evidente que cuando se piensa eso hay que admitir que al Estado le cabe alguna responsabilidad importante en el desarrollo de la institucionalidad universitaria, para que puedan, verdaderamente, adquirir plenitud.

     Ahora, el gran problema del Estado es que sus recursos son limitados, y no se pude, simultáneamente, cumplir a cabalidad la satisfacción de todas las necesidades.  Hay órdenes de prioridades y, en consecuencia, el Estado tiene que, con sentido de justicia, procurar atender las diversas necesidades.  Y en el campo de la educación tiene que, en primer lugar, asegurar el acceso de todos los niños de Chile a los niveles de educación básica y media, y luego procurar los recursos para que aquellos que tengan capacidad puedan acceder a la universidad, aunque carezcan de medios económicos para solventarla.

     Tiene que acudir también en ayuda de las universidades para su adecuado financiamiento.  En los últimos años, bajo el régimen que expiró, sufrió un grave deterioro el aporte del Estado al sistema universitario.

     Es nuestro ánimo procurar acudir con lo más que podamos a la recuperación de los niveles que antes existían.  Pero eso no se puede hacer en un año, ni menos en meses.

     En este orden de cosas, como ustedes saben el Gobierno ha decidido destinar este año una parte del rendimiento de la Reforma Tributaria para acudir en ayuda del sistema educacional chileno.  Pero eso ha de distribuirse entre la educación básica, que adolece de tremendas insuficiencias, la educación media y las universidades.  Procuraremos concurrir a ayudar a las universidades a resolver sus problemas, y esperamos que en el presupuesto del próximo año podamos contribuir con un aporte mayor.

     Junto con esto, de esa suma destinaremos 3 mil millones para el financiamiento del crédito universitario, de tal manera que los alumnos que teniendo medios no tienen cómo financiar sus estudios, puedan asegurar su acceso a la universidad.

     Hemos enviado, por otra parte, un proyecto de ley al Congreso para resolver el problema que aflige a los ex alumnos universitarios, deudores de créditos universitario.  Pretendemos la solución de ese problema, sobre la base de que cada cual pague un cinco por ciento de su ingreso mensual durante un plazo máximo de 12 años, condonándose los intereses de mora, suspendiéndose las acciones judiciales en su contra, estableciéndose incentivos para el pago adelantado y condonándose el saldo al que haya pagado regularmente durante los 12 años, el saldo que quede después de esos 12 años.

     Hemos constituido, como aquí se ha recordado, una Comisión de Educación Superior, formada por personalidades relevantes del mundo universitario chileno y les hemos señalado un plazo de seis meses para que propongan al Gobierno un proyecto de nueva ley universitaria y un plazo de 12 meses para que propongan al Gobierno los lineamientos generales de una política a largo plazo en materia universitaria.

     Las conclusiones de esta Comisión, en que existe el ánimo de escuchar a los representantes de las distintas universidades y los distintos estamentos universitarios, podrán ser oportunamente conocidos y debatidos en los medios universitarios, para que con sus aportes se enriquezca la visión del Gobierno y podamos, el Parlamento en su caso y el Gobierno en lo que le corresponde, definir sobre estas materias, adoptando decisiones compartidas por la mayoría de la comunidad.

     He escuchado con mucho interés el planteamiento del representante de los funcionarios, y yo quiero decirle que estamos conscientes del problema de remuneraciones que aflige no sólo a los funcionarios, sino también por regla general a los académicos también, de las distintas universidades chilenas.

     Y estamos conscientes también del derecho legítimo que ellos tienen de organizarse de una manera adecuada para hacer valer sus aspiraciones y derechos y participar de ese modo en las soluciones de los problemas que les afectan.

     En este momento está en el Congreso Nacional un proyecto de ley relativo a la organización sindical del sector privado, y está en estudio por parte del Gobierno las bases de lo que debiera ser el régimen de organización de los trabajadores del sector público.  Esperamos que en todas esas materias podamos encontrar soluciones equitativas.

     He escuchado también los planteamientos relativos a los profesores, funcionarios y estudiantes exonerados o expulsados.  Creo que en esta materia las decisiones deben situarse en el ámbito de las respectivas universidades.  Es decir, no pueden ser materia de decisiones imperativas del Gobierno, lo que interferiría la automonía de cada universidad.  Sin perjuicio de ello, pensamos que es legítimo y justo que las universidades busquen y que el Consejo de Rectores estudie la manera de complementar estos esfuerzos, para ir solucionando esta justa aspiración de poder retornar a la universidad, cosa que en algunos lugares ya se ha hecho, o se está en camino de hacer, por aquellos profesores que fueron injustamente exonerados o por aquellos estudiantes que fueron injustamente expulsados, uno y otros por razones políticas.

     Entendemos que en una adecuada organización universitaria, el acceso a la universidad no puede depender de la capacidad de pago de los estudiantes.  Y es nuestro propósito, escuchando a la comunidad universitaria, sobre la base de los estudios que está haciendo la Comisión de Educación Superior, encontrar el sistema que sea más equitativo para permitir que todos los jóvenes de talento, con condiciones, dispuestos a estudiar, que cumplan los requisitos académicos necesarios, puedan asegurar su posibilidad de cursar los estudios universitarios.

     Habrá que combinar un sistema de becas para aquellos que tengan mayores merecimientos y se hagan por ello acreedores a este beneficio excepcional, con otro sistema que podrán ser de créditos, o podrán ser de pago de matrícula diferenciada, que permitan que las condiciones económicas de la familia no sean un obstáculo para la posibilidad educacional de todos.

     No quiero terminar estas palabras sin referirme a otros aspectos que creo a todos ustedes ha de interesar.  La participación de la Universidad en el proceso de democratización del país, y específicamente, en el proceso de regionalización.

     Las universidades tienen un rol orientador, las universidades son el centro cultural, donde se debaten las ideas, donde la sociedad procura ponerse a la altura de los tiempos, donde llegan las últimas conquistas de la ciencia, del saber, se cultiva, donde el diálogo permite enriquecer la conciencia colectiva.  La universidad no es una torre de marfil, encerrada al margen de la sociedad.  La universidad vive inserta en la sociedad, y como tal a la universidad no puede serle ajena los grandes problemas de la comunidad a la cual pertenece.

     No corresponde a las universidades enfocar esos problemas desde ángulos ideológicos o partidistas.  Hay otros campos donde se confrontan las distintas concepciones para buscar solución a los problemas.  El centro normal del debate político propiamente tal está, por una parte, en los medios de comunicación de masas, por otra parte, en el Parlamento.  Es allí donde en última instancia se confrontan las distintas visiones de la sociedad, las distintas orientaciones ideológicas, en busca de predominio o de consenso.

     Históricamente los Parlamentos han pasado por etapas en que ha prevalecido el espíritu de confrontación, en que sus debates han sido altamente ideologizados, y han pasado por etapas, y es lo que creo que está ocurriendo en nuestros días, tanto en nuestro país como en el mundo en general, en que sus debates tienden más bien, salvando o a partir del respeto a las ideas de cada cual, a buscar más que la polémica descalificadora, encuentro que respetando los distintos pensamientos, permita soluciones eficaces.

     Pero en la universidad, esos mismos problemas que afligen a la sociedad, que preocupan a cualquier ser humano idealista, que siente que no es egoísta, que mira más allá de sí mismo, que siente que se debe en algo a la comunidad académica, por los investigadores, más que con criterio ideológico, con criterio científico y técnico.

     Se trata de sumar las distintas visiones, fruto de las distintas sapiencias, para encontrar las mejores soluciones a los problemas colectivos.

     En el proceso de democratización de la sociedad chilena, el abrir cauces de participación a la comunidad, en todos sus ámbitos, es fundamental.  Y una forma de participación y de democratización, por consiguiente, es la regionalización.

     He dicho en otras oportunidades que no debe confundirse el afán regionalista con una especie de demanda de intereses de la región en espera de soluciones de la capital.  Eso no es regionalismo.  Regionalismo es la capacidad de una región de firmar su identidad, de descubrir sus problemas y de buscar por sí misma caminos para solucionarlos, para crecer, para desarrollarse.

     Esta Octava Región, la Región del Biobío, es en ese sentido una región señera en nuestro país.  El concepto de región, yo diría que en nuestro país ha partido de esta Octava Región, y en consecuencia, las universidades regionales tienen una función primordial que desempeñar para auscultar, individualizar los problemas y decidir caminos para el desarrollo de la región.

     Hay en esta región el aporte de varias universidades, de gente muy capaz, de gente con preparación, que además está identificada con la región porque forma parte de ella, quiere a su región.  En ese sentido, el proyecto EULA, que acá se ha estado poniendo en marcha, representa un aporte importante, y el Gobierno quiere contribuir, con un grano de arena, a que las universidades de la región puedan avanzar en este aporte suyo al proceso de regionalización de esta región, al proceso de desarrollo de esta región.

     Y por eso, el Gobierno, a través del Ministerio de Planificación, ha convenido con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, un proyecto que se pondrá en práctica a partir del 20 de este mes, destinado a contribuir al estudio de las universidades regionales, con aportes técnicos, a fin de hacer el diagnóstico de la región, del impulso de su desarrollo con equidad, y de los problemas del medio ambiente que las rigen.

     Creo que de este modo estamos demostrando el interés real del Gobierno por colaborar con las universidades en el cumplimiento de sus tareas.

     Para terminar, quiero expresarles que ha sido para mí un agrado tener esta oportunidad de escuchar las voces de vuestros representantes, y que puedan ustedes tener la certeza de que el Gobierno que presido, dentro de las limitaciones propias de las circunstancias en que se ha hecho cargo del país, de las limitaciones propias del erario nacional y de las limitaciones propias de la condición humana, hará todo lo que esté de su parte por, por una parte, asegurar a todas las universidades el pleno respeto a su autonomía para su desarrollo, y por otra, colaborar desde su ángulo, para el progreso de la educación superior y, en consecuencia, de todas las universidades chilenas.

     Muchas gracias.

Estamos dando digna sepultura a un compatriota que fue Presidente de la República de Chile: Salvador Allende Gossens.  Quien es hoy Presidente de todos los chilenos no podía estar ausente en este acto.  Al concurrir y pronunciar estas palabras, cumplo un mandato insoslayable de mi conciencia de chileno y demócrata.

     Es ésta una ceremonia de reparación, de reencuentro y de paz.

     De reparación, porque al llevar a cabo estas solemnes exequias estamos reparando el injusto error de que se hayan dilatado por tanto tiempo las honras fúnebres que toda comunidad humana rinde a sus muertos, especialmente a quienes en su vida terrenal sobresalieron entre sus contemporáneos.

     Reencuentro  con  la historia patria, porque Salvador Allende -más allá de los juicios contradictorios que suscite- fue durante más de tres décadas uno de los actores más destacados de acontecer nacional.  Diputado, Senador, Ministro de Estado, cuatro veces candidato a la primera magistratura de la nación y, finalmente, Presidente de la República, llegó a ser el líder más representativo de la izquierda chilena.  Desde su perspectiva socialista y revolucionaria, encarnó las aspiraciones de vastos sectores de nuestro pueblo que anhelaban cambios profundos y drásticos hacia una sociedad más justa, luchó por ellas con coraje y dio su vida por lealtad a sus convicciones.  Estos son hechos que nadie puede desconocer.

     Como todo ser humano, Allende tuvo aciertos y errores, virtudes y defectos.  Como suele ocurrir a los conductores políticos, suscitó controversias y pasiones, tuvo amigos y enemigos.  Idolo para algunos, detestado por otros, tendrán que pasar muchos años para que la posteridad pueda juzgarle de manera objetiva.  Pero nadie puede negar que su nombre forma parte de la historia de Chile.

     Este es, también, un reencuentro entre los chilenos, que al rendir juntos homenaje póstumo al gobernante de quien unos fueron seguidores y otros fuimos adversarios, reconocemos nuestra común identidad nacional y expresamos nuestra voluntad de privilegiar el futuro de la patria, que nos exige unirnos por sobre las disputas que en el pasado nos separaron.

     Se equivocan y causan daño quienes quieran hacer de este acto o ver en él un motivo o pretexto para reavivar querellas.  Honrar a un difunto no es acto de proselitismo, ni puede ser ofensa para nadie.

     Como todo el país sabe, yo fui adversario político de Salvador Allende, lo cual no me impidió respetarlo como persona, reconocer sus merecimientos, coincidir en muchas ocasiones y mantener con él relaciones amistosas.  Ello es de la esencia de la vida democrática.  Fui severo opositor de su gobierno, lo que tampoco nos impidió -ni a él ni a mí- dialogar en busca de fórmulas de acuerdo para salvar la democracia.

     Debo decirlo con franqueza: si se repitieran las mismas circunstancias, volvería a ser decidido opositor.  Pero los horrores y quebrantos del drama vivido por Chile desde entonces nos han enseñado que esas circunstancias no deben ni pueden repetirse, por motivo alguno.  Es tarea de todos impedirlo.  Y lo impediremos en la medida misma en que desterremos el odio y la violencia, en que evitemos los sectarismos ideológicos y las descalificaciones personales o colectivas, en que sepamos respetarnos en nuestras diferencias y en que todos acatemos lealmente las reglas del juego democrático.

     Muchas fueron las causas de la crisis que sufrimos.  Pero así como  ayer  nos culpábamos de ella unos a otros, hoy hemos asumido -cuál más cuál menos- las responsabilidades que nos corresponden y, sobre todo, hemos aprendido de los errores que todos cometimos, para encaminarnos, con firme decisión, a superar el pasado doloroso, reconciliarnos y construir en conjunto el porvenir.

     Por todo esto, el homenaje que tantos chilenos de buena voluntad tributamos hoy al Presidente Allende, es un acto de unidad y de paz.

     Desde tiempos inmemoriales el ser humano, en su intuición, cerró el ciclo de la vida con el sagrado rito de enterrar a sus muertos, expresando así la necesidad de encontrar la paz: la paz de los muertos y la paz de los vivos.

     En la mitología de la Grecia antigua, los muertos que no recibían digno entierro estaban condenados a vagar eternamente, sin destino ni horizonte, por tierras frías e inhóspitas.  Para los cristianos, la sepultura es el descanso del cuerpo hasta su resurrección en la gloria del final de los tiempos.  Para la civilización a la que pertenecemos, la digna sepultura es el tributo que la vida le rinde a la historia.

     Los chilenos tenemos aún otras deudas con compatriotas de diversos lugares del país que todavía no descansan en paz.  En este acto en que despedimos a Salvador Allende, queremos recordar a todos los caídos, comprometiéndonos a desterrar para siempre la violencia y la intolerancia, porque ha llegado el tiempo de la paz.

     Estamos dando sepultura a quien fuera Presidente de la República.  Lo hacemos ahora, cuando los chilenos podemos unir nuestras manos y reconocernos como ciudadanos, como compatriotas, como hermanos.

     Estoy cierto que si Allende estuviera entre nosotros, nos acompañaría en nuestro empeño de aunar esfuerzos para construir juntos una Patria de hermanos, libre, justa y solidaria.

Señor Presidente:

     Traigo a esta Asamblea, con alegría y emoción, la auténtica voz de la Nación chilena, que acaba de renacer a la democracia.  Me es muy grato felicitarlo por su elección para dirigir los trabajos del cuadragésimo quinto período de sesiones de la Asamblea General.  Felicito también al Embajador Joseph Garba, de Nigeria, por su positivo y dinámico desempeño en la Presidencia que recién termina.

     Igualmente saludo al señor Secretario General de las Naciones Unidas, don Javier Pérez de Cuéllar.  Estamos orgullosos del prestigio que este gran diplomático peruano ha dado a las Naciones Unidas.  Fue para los chilenos un honor tenerlo hace pocos días de visita en nuestra Patria.

     Como sabéis, Chile se distinguió a lo largo de su historia, por su espíritu libertario, su respeto al derecho y la solidez de su democracia.

     Hemos recuperado esos valores, y lo hemos hecho en paz, sin rencores, mirando hacia el futuro, y con un amplio sentido de reconciliación y de esperanza.  La lógica de la guerra que dividió a los chilenos en amigos y enemigos, ha sido superada por la lógica de la paz, en que todos nos reconocemos como compatriotas, cualesquiera que sean nuestras diferencias.

     El chileno común está viviendo en libertad una vida más plena y más segura, sin los miedos del pasado, con alegría y esperanza, porque se sabe respetado y tomado en cuenta en su dignidad de persona y llamado a participar, con su propio aporte, en la tarea común de construir el futuro de la Patria.

     Al reencontrarse con sus tradición de pueblo democrático, Chile, por mi intermedio, saluda y expresa su reconocimiento a las Naciones Unidas y a todos los pueblos y personas que en el mundo acompañaron a los demócratas chilenos en la lucha por defender la dignidad del hombre y reconquistar la libertad.

     Los Derechos Humanos ocupan un lugar preferente en la relación entre Chile y las Naciones Unidas.  Desde sus inicios, fuimos infatigables promotores de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.  Impulsamos el concepto más allá de la protección física de las personas para incluir sus dimensiones políticas, sociales, económicas y culturales, y abogamos por la supremacía de estos principios.  Para la democracia chilena los derechos humanos nunca tuvieron fronteras.

     Pero en el pasado reciente, el péndulo osciló en dirección opuesta.  Cuando en mi país se produjeron graves violaciones a los derechos humanos, la Organización de Naciones Unidas nunca dejó de mantener bajo estrecha observación lo que ocurría en Chile.  Esta actitud vigilante, expresada en las reiteradas condenas de la situación vigente entonces, constituyó una valiosa contribución a la recuperación democrática que hoy quiero agradecer públicamente.

     Esta experiencia nos compromete.  Sabemos bien que el respeto irrestricto a los derechos humanos es una exigencia universal, que constituye el fundamento moral y jurídico de toda convivencia civilizada, tanto en el orden nacional como internacional.

     Por lo mismo, su defensa es una tarea permanente que jamás debe utilizarse con criterios discriminatorios o al servicio de otros objetivos de política exterior.  La protección de los derechos humanos se debe aplicar en todo tiempo y en todo lugar.

     Nos parece importante, en consecuencia, informar a la comunidad internacional sobre el espíritu que nos anima para aliviar las heridas infringidas en el alma nacional, como resultado de las violaciones de los derechos humanos ocurridas en el pasado.

     Estamos realizando esa tarea con prudencia, equidad y gran sentido de responsabilidad.  Se necesita esclarecer y conocer la verdad de lo ocurrido para no prolongar indefinidamente una fuente constante de dolor.  Sin embargo, no deseamos detener el reloj de la historia, ni mucho menos procurar revanchismos estériles.  Es preciso buscar la verdad y junto a ella una auténtica reconciliación entre los chilenos.

     Para tales efectos, mi gobierno dispuso la creación de una Comisión Especial denominada “De Verdad y Reconciliación”, cuya tarea es investigar las violaciones de derechos humanos más graves cometidas.  Esta comisión está recopilando la información existente y, dentro de un plazo relativamente breve, elaborará un informe.  Dada su naturaleza institucional, en ningún caso suplantará a los Tribunales de Justicia.  Esa Comisión, constituida por personas de la mayor jerarquía moral y prestigio nacional, está trabajando con absoluta independencia y cuenta con la colaboración de los distintos sectores del país.

     Por este camino, con la buena voluntad de todos, esperamos satisfacer el anhelo de paz y entendimiento que prevalece en el pueblo de Chile, por las vías del derecho, sobre las bases de la verdad, la justicia y la reconciliación.

     En la nueva etapa que inicia, Chile debe consolidar la democracia como forma de convivencia política, fundada en la libertad de las personas, conciliándola con el crecimiento económico y con la justicia social.  Este es un desafío común a los países en vías de desarrollo.

     La experiencia ha demostrado que sin democracia puede haber prosperidad economía por algún tiempo, pero ésta no echa raíces permanentes, porque la falta de libertad favorece el abuso de los poderosos sobre los débiles, principalmente sobre los pobres, ahoga la iniciativa y participación de muchos y crea un clima asfixiante de opresión y consiguiente rebeldía que hará imposible la estabilidad.

     Sin crecimiento económico puede haber democracia, pero los esfuerzos para mejorar la condición de vida de los sectores postergados, procurando mayor igualdad, sin un efectivo incremento de los bienes disponibles, por bien intencionados que sean conducen inevitablemente a graves crisis económicas que ponen en peligro todo el sistema social y desde luego a la propia democracia.

     Sin justicia social cualquier democracia, por próspera que sea, vivirá bajo la permanente amenaza de que el natural descontento de los sectores postergados en demanda de equidad, se transforme en agitación que perturbe los procesos del desarrollo económico, y ponga en jaque la estabilidad del propio régimen político.

     Para lograr la paz y la estabilidad en la convivencia nacional es, pues, indispensable, procurar al mismo tiempo la democracia en lo político, el crecimiento en lo económico y la justicia en lo social.  Esta es, precisamente, la tarea en que los chilenos estamos empeñados.

     Para tener éxito en esta tarea necesitamos no sólo aunar y disciplinar nuestros esfuerzos internos, sino también contar con la comprensión y cooperación de nuestros amigos del mundo, especialmente de las grandes naciones desarrolladas.  Nuestros mayores empeños podrían terminar siendo estériles, si en las relaciones económicas entre los países no prevalecen criterios de equidad y de solidaridad.

     Este es un problema que afecta vitalmente a todo el mundo en desarrollo.  Si queremos ser fieles a los principios que inspiraron el nacimiento de esta organización, debemos ser consecuentes con la idea de que la paz mundial está íntimamente vinculada al imperio de la libertad, al progreso económico social y a la elevación del nivel de vida en todos los pueblos de la tierra.  Mientras haya pueblos sumidos en el hambre o la miseria, u otros que, sin tan dramáticas circunstancias, se estrellan con obstáculos insalvables en sus esfuerzos para crecer y superarse, la causa de la paz estará amenazada.

     Sin duda que la acción de los distintos organismos especializados de Naciones Unidas, del sistema financiero internacional y de los programas de cooperación entre países industrializados y naciones en vías de desarrollo, constituyen aportes significativos para superar este problema.  Pero yo me atrevo a llamar la atención de los líderes más conscientes y responsables de las grandes naciones desarrolladas para que valoricen en toda su importancia las consecuencias que sus decisiones pueden tener en el afianzamiento o retroceso de la libertad, la justicia, el progreso y la paz en nuestro mundo.

     Abrigamos la esperanza de que la efectiva consolidación del nuevo clima de paz entre las grandes potencias, permita a las naciones más ricas reorientar los recursos que han venido dedicando a fines de defensa hacia objetivos de progreso económico social del mundo en desarrollo.

     Reiteramos los principios generales que tradicionalmente han inspirado la política exterior de Chile, que responden a un amplio grado de consenso nacional, y que se identifican plenamente con los valores, principios y objetivos que constituyen la razón de ser de las Naciones Unidas.

     Dentro de este marco, la política exterior de Chile busca los siguientes objetivos principales:

     – Recuperar la presencia internacional de nuestra Patria, mediante una acción realista que se inspire en los valores y principios referidos, con especial énfasis en la defensa de los Derechos Humanos;

     – Universalizar nuestras relaciones internacionales en sus aspectos políticos, económicos, sociales y culturales;

     – Impulsar la integración económica y la concertación política latinoamericana, incluyendo el desarrollo de concepciones modernas de seguridad que fortalezcan la paz y la democracia en la región;

     – Desarrollar una política económica externa abierta y moderna que nos vincule con los núcleos dinámicos de crecimiento e innovación tecnológica;

     – Fomentar las relaciones de cooperación y entendimiento con los países en desarrollo; y

     – Reforzar los Organismos Multilaterales y la participación de Chile en sus iniciativas.

     El mundo está en pleno tránsito hacia un nuevo sistema internacional.  Celebramos el robustecimiento de la libertad, el mayor respeto por los derechos humanos y la expansión de la democracia como signos auspiciosos del progreso de la humanidad.

     Hoy más que nunca es necesario intensificar la lucha contra los autoritarismos de todos los signos.  Hoy se desploman las excusas ideológicas para las dictaduras.  No hay legitimidad posible para el dominio por la fuerza.  La plena vigencia de las libertades esenciales del ser humano es condición ineludible de toda sociedad civilizada.  De ahí que mi Gobierno apoye decididamente y dé la mayor importancia al examen de la “formas y medios apropiados para fortalecer la eficacia del principio de la celebración de elecciones auténticas y periódicas” que está llevando a cabo la Comisión de Derechos Humanos.

     Extraordinariamente positivo nos parece el término de la Guerra Fría, la búsqueda de acuerdos y el clima de amistad y colaboración entre las grandes potencias.  Damos la más cordial bienvenida a una Alemania unida y a las nuevas democracias europeas.  Ese espíritu debiera contagiar a todas las naciones y permitir poner fin a múltiples conflictos y tensiones que se arrastran durante años en distintas regiones del planeta.

     Esta nueva situación ha fortalecido la unidad política y moral de Naciones Unidas, facilitando el diálogo para mejorar la situación internacional.  Es el momento para avanzar con mayor rapidez y decisión del uso de armas nucleares, el cese de ensayos nucleares y un compromiso total de no utilizar armas químicas y bacteriológicas.

     Contraría ese espíritu y constituye una amenaza inaceptable el riesgo de que la Guerra Fría sea reemplazada por una intensificación de conflictos regionales, étnicos o religiosos, Naciones Unidas debe permanecer atenta a esta situación y actuar conforme a la Carta cada vez que ello parezca necesario.

     La unánime condena internacional por la invasión de Kuwait es expresión de estos anhelos y principios, como así mismo expresa el repudio y justa indignación que suscita esa conducta, que es una flagrante violación a las normas del derecho internacional y una grave amenaza a la era de paz y de cooperación que se inicia.  Chile respalda plenamente, y está dando cabal cumplimiento, a las decisiones que al respecto ha adoptado el Consejo de Seguridad.

     Mi Gobierno también reitera su convicción de que las resoluciones 242 y 338, del Consejo de Seguridad, son el marco adecuado para garantizar, por una parte, el derecho de Israel a vivir dentro de fronteras seguras e internacionalmente reconocidas y, por la otra, el derecho del pueblo palestino a constituir un Estado soberano.

     Hay además otros focos de tensión que son materia de preocupación internacional.  Confiamos que ellos serán resueltos por vías pacíficas, de acuerdo a los principios de la Carta de Naciones Unidas.

     Chile condena también toda forma de racismo y discriminación racial, y en particular el oprobioso régimen del Apartheid.  Mi país desea fervientemente que los caminos que con imaginación y voluntad política han abierto el Gobierno del Presidente De Klerk y el Congreso Nacional Africano por intermedio de su líder Nelson Mandela, conduzcan al término definitivo del Apartheid, a través de negociaciones pacíficas, que permitan alcanzar una democracia no racial, sin discriminaciones, basada en el respeto de los principios de la Carta de Naciones Unidas y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

     Han transcurrido 45 años desde la creación de las Naciones Unidas y hoy podemos aquilatar con satisfacción la obra trascendental realizada por la Organización en el campo de la descolonización.

     La completa aplicación de la Declaración sobre Descolonización debe extirpar el colonialismo, antes que ingresemos al próximo milenio.

Señor Presidente:

     En el nuevo contexto mundial es necesario que cada región se preocupe de promover la seguridad colectiva, para reducir la desconfianza y afianzar la paz, dentro del marco de los Tratados y Acuerdos internacionales vigentes.  Queremos resaltar la extraordinaria labor que diversos gobiernos han desarrollado con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos y de las Naciones Unidas, para traer mayor tranquilidad a América Central.

     Chile tiene el privilegio de estar situado geográficamente en una región donde ha primado la cordura y el sentido común, como lo ha demostrado la firma, en 1984, del Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Argentina, y el creciente afianzamiento de la cooperación entre nuestros países.

     Chile tiene una tradicional vocación de participación y cooperación en América Latina.

     Consideramos indispensable promover la vinculación política regional y subregional.  La creación de grandes espacios económicos en otras regiones del mundo, son obliga a pensar entre nosotros y con los otros bloques sobre la mejor manera de abordar estos nuevos fenómenos y evitar los riesgos de proteccionismo que ello representa.

     La región atraviesa un importante momento de apertura y modernización de sus estructuras económicas.  Ello trae ajustes y variados ritmos de cambios internos, los que debemos tomar en cuenta para acordar formas pragmáticas de cooperación.  Nuestro deseo es lograr compromisos estables y duraderos de comercio e inversión que hayan posible superar las tradicionales trabas a nuestro intercambio recíproco.  Ya hemos dado importantes pasos en esa dirección con diversos países y seguiremos avanzando por este camino.

     Ninguna nación puede quedar marginada de los movimientos mundiales en favor de la liberalización de los mercados y la constitución de amplios espacios económicos.  Ello exige una revisión de las políticas y estructuras imperantes en las regiones en desarrollo, así como una política efectiva de apertura de los mercados de las potencias industrializadas.

     Las naciones en vías de desarrollo no pueden abrir sus economías y expandir sus exportaciones si no reciben un trato recíproco por parte de los países más avanzados.  En los últimos tiempos hemos comprobado, con decepción, que subsisten, e incluso se incrementan las barreras arancelarias y no arancelarias que entorpecen o impiden la exportación de nuestros productos a los mercados de los países industrializados.  Estimamos impostergable la cooperación externa para hacer más fluido el comercio mundial y para flexibilizar las obligaciones que impone el servicio de la deuda.

     Por toro lo anterior, mi Gobierno considera en términos positivos la denominada “Iniciativa de las Américas”, anunciada recientemente por el Presidente de los Estados Unidos, quien propone crear una zona de libre comercio en el hemisferio occidental.  Estimamos que éste es un paso constructivo en favor de una mejor relación continental.

Señor Presidente:

     Si la distensión es efectiva y perdurable, visualizamos unas Naciones Unidas que en lugar de concentrar su mayor energía en evitar los enfrentamientos bélicos producto de un mundo dividido, podrán abocarse a resolver asuntos que nos son comunes: la lucha contra la drogadicción, los problemas de la familia, la mujer, la juventud, la ancianidad, los impedidos, la degradación del medio ambiente, la falta de alimentos, el terrorismo, el desarrollo de la salud y la higiene y, en fin, tantos otros que son examinados por esta Organización.  De las soluciones que encontremos surgirá una más digna condición humana.

     En Noviembre de este año Chile tendrá el honor de ser la sede de la reunión más importante que se ha celebrado, dentro del Sistema de Tratado Antártico, para la protección del medio ambiente en ese continente helado, objetivo al cual Chile y todos los miembros del Tratado están profundamente comprometidos.

     Nuestro planeta está cambiando profundamente y hoy, más que nunca, se requiere de visiones imaginativas y creadoras para enfrentar la realidad internacional.  Se deben buscar concepciones prácticas sin olvidar los valores ni las convicciones morales.

     Necesitamos preservar nuestra pasión para luchar contra las injusticias, pero es indispensable una actitud serena y un enfoque realista cuando busquemos las fórmulas más eficientes para resolver esos problemas.

     Dentro de este realismo debemos reconocer la falta de recursos económicos con que cuenta la Organización, agravado por la multiplicidad de asuntos que debe atender.

     Por ello, somos partidarios de racionalizar al máximo el Sistema de las Naciones Unidas, evitando duplicidad de funciones y logrando una mejor coordinación entre las Agencias Especializadas, una mejor eficiencia financiera y administrativa que hagan practicable una respuesta más rápida a los problemas que enfrentamos.  En este orden de cosas apoyamos decididamente los trabajos que con tal finalidad se están llevando a cabo.

     En términos globales, no hay duda que el avance de la democracia ha producido una mayor humanizacíon de la política.  Las personas son más respetadas, están más protegidas, son menos vulnerables.  Pero, al mismo tiempo, se produce el contrasentido de que se incrementa una deshumanización en lo social.  La igualdad de oportunidades se reduce, la persona está más indefensa frente a su entorno, el empleo es difícil de lograr y mantener, los ingresos no alcanzan y vastos sectores viven en condiciones de extrema pobreza.

     La situación social del mundo es, a nuestro juicio, el problema más apremiante a resolver, pues hace peligrar la estabilidad internacional.  Se requiere de manera urgente dar contenido a una justicia social internacional, para impedir que las dificultades económicas en los países menos desarrollados se sigan trasladando al ámbito político, afectando los procesos de modernización económica y democratización política.

     Por ello debemos abordar los asuntos sociales desde una perspectiva global interconectada, dando a la salud, a la educación, a la vivienda, al empleo, al papel de la mujer, al desarrollo de la juventud y a otros temas vinculados, la prioridad que requieren.  Sumamos nuestra voz a los llamados que desde esta misma tribuna se han hecho en ese sentido.

     El diagnóstico certero y el completo análisis que nos presentan distintos estudios y documentos de esta Organización, adolecen de falta de proposiciones concretas para combatir los males que han ido vulnerando a nuestras sociedades.

     Por ello, es de la mayor trascendencia que otorguemos el mandato necesario a la Secretaría General para que en el más breve plazo posible, y aprovechando la enorme riqueza de información existente, proponga medidas concretas de acción para aminorar los más graves problemas sociales detectados.

     Es particularmente alentador que en estos días nos estemos reuniendo Jefes de Estado y de Gobierno de alrededor de 70 naciones para aprobar una declaración de compromiso político y un plan de acción para mejorar el futuro de los niños del mundo.  Es un símbolo de que esta nueva conciencia que reclamamos está ya emergiendo, porque tras cada niño marginado hay una familia marginada, en muchos casos destruida.  Los niños con problemas con un símbolo de los problemas del mundo.

     Debemos tener conciencia de que el niño maltratado de hoy es el ciudadano escéptico de mañana.  En cambio, aquel niño seguro y protegido será, sin duda, el encargado de construir el universo nuevo y armónico que todos anhelamos.

Señor Presidente:

     La comunidad internacional se encuentra en el umbral de una nueva era.  El cambio trascendental que significa el desaparecimiento de la Guerra Fría abre perspectivas vastísimas para incrementar y perfeccionar la cooperación internacional en el Siglo XXI.  Las Naciones Unidas, por primera vez en sus 45 años de existencia, tienen la posibilidad de trabajar en esta labor fundamental sin los límites que significa tratar de intermediar en el enfrentamiento bipolar que, presente en casi todas las áreas, dificultaba enormemente los progresos hacia entendimientos constructivos.

     Dentro de esta nueva realidad, traigo del pueblo de Chile un mensaje de paz y de optimismo.

     Los acontecimientos de los últimos tiempos son motivo de esperanza para la Humanidad.  Si no fuera por la grave crisis desencadenada irresponsablemente en el Golfo Pérsico -que tanto daño está causando en los más diversos confines de la Tierra y que ocasiona la peligrosa incertidumbre que hoy vivimos- podríamos decir que el mundo avanza hacia una etapa superior de humanizacíon, con todo lo que significa de crecimiento de la libertad, la justicia y la paz.

     La civilización ha avanzado en la medida en que se ha extendido la aceptación y la observancia generalizada de las normas que deben regir la conducta de los hombres y las naciones, para hacer posible la convivencia, la colaboración y el bien común de toda la humanidad.

     Es necesario que todas las naciones, débiles o poderosas, comprendan que Naciones Unidas está dispuesta a proteger la vigencia de esas normas.  Quienes las violenten o desprecien no pueden esperar nuestra indiferencia y, menos, nuestra aprobación.  Naciones Unidas está para apoyar y promover la paz, la justicia, el derecho y también el bienestar y el progreso de todos.  Estas son las bases del bien común nacional e internacional y el sustento de un ordenamiento civilizado de la humanidad.

     Chile cree, señor Presidente, que todos nosotros, “los pueblos de las Naciones Unidas”, en el umbral del siglo XXI, tenemos un futuro no desprovisto de obstáculos, pero también colmado de promisorias perspectivas, cuya realización dependerá de nuestra decidida voluntad de trabajar juntos y de observar rigurosamente los principios de la Carta y de ser solidarios.

     A esta magna tarea, Chile, dentro de sus medios y posibilidades, se suma con fe y entusiasmo.  Esta es la nueva oportunidad que se brinda a nuestra generación para construir un mundo mejor.  Es el desafío vital par todos los Gobiernos y los pueblos de la Tierra.

     Muchas gracias.

Señoras y Señores:

     En primer lugar, quiero expresar mis agradecimientos muy sinceros a la Asociación de Ciencias Políticas por el alto honor que me confiere al recibirme como su miembro honorario.

     En verdad, a lo largo de mi vida me ha tocado ser actor en la vida política y ser también, en alguna medida, académico preocupado del estudio de los fenómenos políticos.

              ACCION POLITICA Y CIENCIA POLITICA

     Entre la Ciencia Política y la política hay relaciones y hay, naturalmente, diferencias.  La Ciencia Política estudia los fenómenos del acontecer político.  El político es un actor de esos fenómenos.

     Sin duda que para el político las enseñanzas de la experiencia que recoge la Ciencia Política, no pueden ser indiferentes.  Constituyen un aporte importante para la determinación de su conducta.  Demuestran cómo se han desenvuelto procesos políticos que en un momento determinado tienen lugar en un país, cómo se han desarrollado en otros.  Y, aún cuando cada país tiene su propia realidad y cada circunstancia histórica es distinta, así como ningún ser humano puede pretender construir su vida sobre la base de imitar la de otro, esas experiencias enseñan, al mostrar -al menos- algunas cosas que deben evitarse y caminos que abren perspectivas, o señalar otros que conducen a fracasos.

     En los últimos años, la realidad de los países de latinoamérica ha incentivado una gran preocupación de la Ciencia Política por el análisis de los procesos de transición desde regímenes dictatoriales o autoritarios a la democracia, tanto en nuestro continente, como en la vieja Europa y otras zonas de la tierra.

     Esos estudios han sido -sin duda- útiles a quienes actuamos en el quehacer político, para sacar consecuencia y, de alguna manera, guiar nuestra conducta.

         UN TEMA QUE EXIGE ESTUDIO:EL REGIMEN POLITICO

     Hoy en día, creo que vuestra Asociación tiene en nuestra nación un amplio campo de actividad que puede ser también de gran provecho para la colectividad nacional.  El país empieza a estar, de algún modo, preocupado del tema del régimen político.  Chile tiene una historia de régimen presidencial.  Sin embargo, la experiencia de los últimos decenios anteriores al setenta y tres, provocó serias reservas acerca de la forma cómo se desarrolló el presidencialismo chileno, fundamentalmente por la circunstancia de estar divididas las corrientes de opinión en tres grandes tendencias. 

     Eso determinó que los gobiernos democráticos no fueron generalmente gobiernos de la mayoría, sino que gobiernos de la minoría más numerosa.  Eso, sin duda contribuyó a debilitar la eficacia del sistema y a producir su quiebre.  Por eso se habla como mucha asiduidad, sobre todo en sectores jóvenes de la política chilena, de la conveniencia de emprender una reforma hacia un régimen semipresidencial o semiparlamentario.

     Yo no voy a opinar esta tarde sobre esa materia.  Pero quiero pedirles a Uds. que se preocupen seriamente del tema.  Creo que él necesita una gran maduración.  Hay que estudiar en profundidad los pro y los contra antes de tomar cualquiera decisión.  Es necesario que el país se forme conciencia acerca de lo que significa uno y otro sistema y que analice cómo podría funcionar un sistema distinto, teniendo en cuenta la larga tradición histórica presidencialista de Chile.

     Creo que vuestra Asociación, así como también los Institutos Universitarios vinculados a los estudios políticos y las Academias de Estudio, debieran promover investigaciones, análisis, debates sobre esta materia.  El país no debiera ser convocado a tomar decisiones en el ámbito político constitucional, sobre una materia tan trascendental, sin que las ideas se hayan decantado suficientemente y se haya producido una maduración y el máximo de consenso nacional al respecto.

     En esta etapa, en que se habla tanto de la necesidad de los consensos y en que la experiencia demuestra que eso es lo que el país anhela, que eso es lo eficaz, y se entiende que la concertación es el mejor camino para lograr resultados eficaces, positivos, pacíficos, esta necesidad adquiere principal relevancia en lo que se refiere al régimen político.  Si hay algo que necesita y debe suscitar el consenso general, es el régimen político, éste no puede ser impuesto por una minoría o por una mayoría, sino que debe ser aceptado colectivamente, ojalá como una base consensual, ya que se trata de reglas del juego de la convivencia colectiva.

                   CONDUCTA POLITICA Y PODER

     Pero no es precisamente sobre el régimen político y su posible reforma sobre lo que yo quería reflexionar ante Uds. esta noche.  Ya que me proporcionan la oportunidad de hacerlo, debo decir francamente que más que aprovechar las experiencias y lecciones de la Ciencia Política para determinar la conducta de un político en funciones de gobierno, pienso que lo fundamental es tratar de concordar la conducta política con los valores éticos fundamentales en los cuales se cree y que la sociedad comparte.

     Quiero por eso reflexionar sobre la ética y la política.

     La política es una actividad que tiene mala fama.  El hombre común la mira con reticencia, con desconfianza.  A los políticos los cree demasiado habilidosos o a veces demasiado pillos.  Piensa que hay algo de diabólico en la actividad política.

     Maquiavelo aconsejó al Príncipe a “aprender a no ser bueno”, con lo cual, sin duda, dio una orientación que justifica o da pábulo a esa desconfianza ética del común de los mortales respecto de la actividad política.

     Curiosamente, este descrédito moral del hombre político, ha sido recogido por pensadores ilustres.  Stephan Zweig subtitula su biografía sobre Fouché, a quien pinta como lo que fue -un hombre, por decir lo menos, bastante versátil, audaz y desprejuiciado- con la frase “Contribución al Estudio de la Tipología del Hombre Político”.  Y Ortega y Gasset titula su análisis sobre Mirabeau, a quien pinta como un individuo que vivió en el linde de lo ilícito e inmoral toda su vida: “Mirabeau o el Político”.

     Tal vez esto tenga que ver con aquella vieja y tan repetida frase de Lord Ashton, “El poder tiende a corromper, y el poder total corrompe absolutamente”.

     La historia de la política y los políticos se vincula, generalmente, al ejercicio del poder.  El poder seduce y los hombres, por llegar al poder y por conservarlo, suelen incurrir en muchas claudicaciones y cometer, también muchos abusos.  Tal vez de allí derive este descrédito generalizado de la acción política, que -a mi juicio- es injusto.

                   LA POLITICA MAQUIAVELICA

     ¿Es cierto que la política escapa a la moral?  Eso es lo que enseña Maquiavelo.  Maquiavelo no rechaza los valores morales, no llama bien al mal ni mal al bien.  Simplemente niega a los valores morales toda aplicación en la política, con lo que legítima la inmoralidad política.  Para él lo importante en la política es la eficacia, obtener el resultado que se quiere.  Y el principal resultado a que ha de aspirar el Príncipe debe ser mantenerse en el poder y acrecentar su poder.  Ese fin justifica todo los medios, sin consideraciones de orden ético, que no rigen en ese campo.

     Más que inmoral, el político sería -y es lo que sostiene Ortega y Gasset en su trabajo sobre Mirabeau- amoral.  La reglas morales que rigen para el común de los mortales no se aplicarían en la acción política.

     Yo creo que esta concepción deriva de un error básico: que el fin de la actividad política sea el poder: conquistarlo, ejercerlo y conservarlo.  En verdad, ésta es sólo una cara de la medalla.  La política es, antes que nada, una actividad humana, es una actividad que se ejerce por las personas y como tal está regida por la moral, que regula la conducta humana en cuanto al bien y al mal que cualquier conducta humana entraña.

          EL BIEN COMUN, FIN DE LA ACTIVIDAD POLITICA

     La política se ocupa del gobierno de las naciones. 

     ¿Quiénes hacen política?  Hacen política los gobernantes; hacen política los ciudadanos.  Cuando los ciudadanos eligen gobernantes o parlamentarios, hacen política.  Hacen política los funcionarios del aparato estatal que desempeñan funciones de autoridad o que cumplen cometidos estatales en los distintos ámbitos del quehacer social.  Hacen política los dirigentes sociales, los dirigentes de las distintas organizaciones o comunidades que forman la sociedad.  Hacen política los dirigentes de los partidos políticos.  Hacen política los medios de comunicación social, que no se limitan a informar, sino que informan desde el ángulo de sus propias concepciones, porque cada uno ve las cosas según el color del cristal con que las mira y porque, según esas mismas concepciones, procuran orientar a la opinión pública para ir formando criterios que conduzcan a la acción.

     ¿Cuál es el fin de esta actividad de gobernar a los países?  El fin de la actividad de gobierno no puede ser otro que realizar el bien común de la sociedad, generar las condiciones que hagan posible, a los hombres, a las familias y a las asociaciones, el logro de su propia perfección, mejorar la vida humana; que posibiliten el pleno desarrollo de todas las personas.

     Quien lucha en la vida política, lucha según sus propias concepciones por lograr para su país el mayor bien posible, bien colectivo y bien individual, bien -como dice Maritain- común al todo y a las partes, a la colectividad como conjunto y a cada uno de los seres humanos que conforman esa colectividad.

                       AUTORIDAD Y PODER

     Queda así en claro que el poder no es el fin de la actividad política; es, simplemente, un medio de que dispone la política y el político para cumplir el fin de lograr el bien común, de realizar el bien común.  Y este poder adquiere dos formas de expresión: autoridad y poder propiamente tal. 

     Porque no son sinónimo autoridad y poder.  La autoridad es un concepto moral, es el derecho a dirigir y a ordenar, a ser escuchado y a ser obedecido.  El poder es un concepto sociológico, es la fuerza de que disponemos para obligar a otros a escuchar y a obedecer.

     Maritain dice: “El justo, privado de poder, acrecienta su autoridad.  El tirano, el gángster, el terrorista, ejerce un poder sin autoridad”.  La autoridad se funda en la razón.  El poder se funda en la fuerza.  El poder es atributo de la autoridad, pero no es la fuente de la autoridad. 

     El que funda su autoridad sólo en la fuerza que es capaz de usar, carece de verdadera autoridad; no ejerce una influencia natural sobre las conciencias.  Puede vencer, pero no convencer.

     Sólo el que tiene autoridad aceptada por el respaldo de la colectividad como legítima, es quien ejerce una verdadera influencia directiva y tiene capacidad de conducción.

     En la democracia la autoridad se funda en la voluntad del pueblo, y el poder de esa autoridad en el sistema institucional que lo consagra.  La autoridad supone, en la democracia, el consentimiento de aquellos sometidos a ella.  Como ha dicho, con razón, Burdeau, lo distintivo de la democracia es que integra el concepto de libertad con el de autoridad.  La libertad se concilia con la autoridad -al parecer conceptos contrapuestos-desde el momento en que la autoridad del gobernante se funda en el consentimiento libre de los gobernados.

     Esa autoridad democrática supone una relación de confianza entre gobernantes y gobernados.  Sólo en la medida en que el gobernante cuente con un respaldo de confianza colectiva, tiene verdadera autoridad.  Y esa relación de confianza, indudablemente, sólo se puede construir sobre bases morales.  Estas bases morales son la verdad, la honradez, la justicia, la solidaridad.

              BASES ETICAS DE LA ACCION POLITICA

     Yo diría el respeto a la verdad por todos, empezando por quienes gobiernan -esto que ahora se llama “la transparencia”- es condición sine qua non para una convivencia colectiva pacífica.  No hay convivencia pacífica, ni en el seno del hogar, ni en el seno de la nación, ni en la comunidad internacional, allí donde impera la mentira.  La mentira suscita la desconfianza.  Al que se le sorprende mintiendo, o al que no se le cree, se desconfía de él.  La desconfianza suscita la odiosidad; la odiosidad suscita la violencia.

     Se da, así, lo que planteó Solyenitzyn en su carta a la Academia de Estocolmo, agradeciendo el premio de que fue objeto: “la mentira y la violencia están indisolublemente ligadas en la historia”.  Para que haya convivencia pacífica, para que haya credibilidad, es indispensable que todos procuremos vivir en la verdad, conforme a la verdad, respetando la verdad.  Que los gobernantes seamos escrupulosos en decir siempre la verdad y que los opositores no recurran a apartarse de la verdad para procurar combatir al gobierno.

     No necesito hablar sobre la necesidad de la honestidad, de la honradez, otro elemento esencial de la confianza colectiva.  Baste recordar el viejo aforismo de los Romanos:  “la mujer del Cesar no sólo necesita ser honrada, sino que debe también parecerlo”.  Es fundamental en la actividad pública, para contar con la confianza indispensable para ejercer la autoridad, ser escrupuloso en materia de honestidad.

     Pero yo diría, que aparte de estos valores, indispensables a toda conducta humana y naturalmente a la conducta política, la acción política requiere de otras dos virtudes:  la virtud de la justicia y, la virtud de la solidaridad, empleando la palabra más usada en nuestros días para referirse al amor cívico, al amor al prójimo, la caridad en el sentido cristiano.

     La acción política se achata, se empequeñece, sin verdad, sin honestidad, sin justicia, sin el afán de darle a cada uno lo que es suyo, sin el afán de proceder rectamente, no sólo aplicando la letra de la Ley, sino que yendo al derecho más que a la Ley. 

     La búsqueda del bien común exige buscar condiciones de justicia en las relaciones sociales.  Y sin solidaridad, que significa la disposición de ayudarnos los unos a los otros, especialmente de ayudar los más fuertes a los más débiles, los que están en la buena a los que están en la mala, de modo que todos puedan sentirse miembros de una misma comunidad, no hay política verdaderamente humana.  Verdad, honestidad, justicia, solidaridad, son piedras angulares de carácter ético sobre las cuales se construye la acción política.

               LA POLITICA, EL PODER Y EL EXITO

     El poder, es un medio de que se vale el político para procurar realizar estos valores en la práctica, en la contingencia de una sociedad.  Para lograr eficacia en la realización del proyecto de sociedad más justa y más solidaria -según la imagen que cada cuál tenga del bien común- se necesita del poder como instrumento.

     Por eso, el triunfo político consiste en ganar y conservar el poder, pero no puede agotarse en eso.  “¿Qué saco -dirá alguno- con servir al pueblo si pierdo el poder?”.  Pero a esa pregunta cabe contestar “¿Cuál es el verdadero éxito, conservar el poder a cualquier precio o satisfacer las aspiraciones colectivas de bienestar, de justicia, de libertad, de progreso del pueblo?”.

     Maritain analiza ese tema en un ensayo que tituló “El Fin del Maquiavelismo” y dice que la historia nos enseña que quienes en algún momento aparecieron como grandes triunfadores, que lograron el poder total, que lo ejercieron por largo tiempo, que lo conservaron durante años y decenios, terminaron siendo destruidos por su propia maquinaria; la maquinaria del poder los devoró, los destruyó, sumiendo a sus países, las más de las veces, en grandes catástrofes, en dolores o sufrimientos indecibles, generalmente en guerras.

     Por eso, para juzgar el éxito en la vida política se necesita, según Maritain -y creo que tiene razón- la dimensión del tiempo.  No hay que juzgar en función del éxito inmediato.  El verdadero éxito es el que perdura, el que se traduce en un mejoramiento efectivo de las condiciones de vida, de las posibilidades de un pueblo.  El verdadero éxito es el que se traduce en la realización del bien común, aún cuando quien lo ejerce termine perdiendo el poder.

      El mérito de la democracia es que permite que el pueblo vaya distribuyendo el ejercicio de la autoridad y del poder mediante la alternativa.  El que es hoy gobierno mañana puede ser oposición; el que es hoy oposición, mañana puede ser gobierno.  Y eso debe inducir al gobernante a no abusar de su poder, porque quien lo suceda podría hacer lo mismo con él.  Pero eso también debe inducir al opositor a no pedirle al gobernante cosas que él después no vaya a ser capaz de  realizar.

                  LAS LIMITACIONES DEL PODER

     Y esto nos lleva, al tema de las limitaciones del poder.  Quien juzga simplemente, puede imaginar que cuando se llega al gobierno, se puede hacer desde allí todo lo que se quiere.  Y la verdad es que la acción del político se compone, por una parte, de las nobles aspiraciones que lo inspiran, las metas que busca, los valores en que cree y que trata de convertir o encarnar en la realidad y, por otra parte, de la realidad que lo limita, que lo limita por falta de recursos, por falta de instrumentos jurídicos, por falta de medios económicos, por falta de consenso colectivo, o por mil variadas circunstancias.

     Es bueno tener siempre presente que gobernar no es hacer lo que se quiere, sino que es hacer lo que se puede de lo que se quiere.  Por eso se ha dicho que la “política es el arte de lo posible”.  Esto, a veces, nos encajona en situaciones en que ninguna alternativa es verdaderamente buena, o ninguna es tan buena como se quisiera, las circunstancias exigen escoger entre alternativas que todas aparecen malas, o apenas regulares.  Entonces, lo correcto, lo ético, lo corajudo, es escoger el mal menor y no simplemente levantar las manos o intentar a toda costa una solución perfecta, ideal, pero imposible en la realidad.

     Es aquí donde entra en juego la virtud de la prudencia.  El gobernante, el político, ha de tener coraje, valor, audacia, para luchar por aquello en que cree, por ser fiel a sus convicciones.  Pero ha de tener también prudencia para no embarcarse en aventuras, para no precipitar al país en caminos que conduzcan a desastres o a males mayores.

     De esto se ha hablado cuando se ha hecho el distingo entre lo que Max Weber llama la ética de la convicción o el testimonio y la ética de la responsabilidad.

     Todos quisiéramos ser esencialmente fieles a nuestras convicciones.  Todos quisiéramos morir con la bandera al tope, dando testimonio de nuestra lealtad a los principios, a los valores, a los ideales en los cuales creemos.  Pero no siempre esto es lo que mejor sirve a la sociedad, lo que conduce al bien común.  Y en la lealtad a nuestros principios y valores debemos tener siempre en cuenta los condicionamientos que surgen de las consecuencias que nuestros actos puedan producir, porque un hermoso testimonio no pasaría a ser más que eso y puede ser dañino en vez de beneficioso, si conduce a una situación negativa desde el punto de vista social.

     Excúsenme lo desordenado de estas reflexiones.  Hubiera querido tener tiempo para escribirlas y desarrollarlas con mejor método, pero en cierto modo el Directorio de la Asociación Chilena de Ciencias Políticas me ha hecho tomarme un recreo en mis ocupaciones para preparar esta exposición, y no me alcanzó el tiempo para lograr afinarla como hubiera deseado.

     Quisiera terminar diciendo que creo realmente que la política es una actividad regida por la ética, y creo que la democracia es, como ha dicho Maritain, el camino para obtener una “racionalización moral de la vida política”, o como en la cita de Montesquieu que le oímos hace un momento a Gustavo Lagos, es “el régimen basado en la virtud”.

     Muchas gracias.

Como bien recordó Myriam Salinas, para mí es muy grato volver a estar aquí, que fue el primer lugar donde me encontré, en el curso de la campaña que precedió a mi elección para la función que desempeño, con una comunidad universitaria.  Muchos de ustedes deben recordarla, que fue una sesión entusiasta pero, al mismo tiempo, controvertida.  Ustedes me plantearon algunos temas en los cuales nuestros puntos de vista no coincidían plenamente y hablamos con mucha franqueza sobre cómo ustedes y yo veíamos las tareas de la universidad.

     Ahora llego hasta aquí en el ejercicio de esta tarea tan delicada, que importa tanta responsabilidad que el pueblo de Chile, y formando parte de ese pueblo, muchos de ustedes tuvieron la gentileza de encomendarme, confiando en los valores y los principios programáticos que mi nombre encarnó.

     Puedo decirles que en el ejercicio de esta función me esfuerzo por ser leal a los valores en que creo, y que siempre he expuesto a la confianza que mis compatriotas me han otorgado y a los compromisos que contrajimos con el país en las bases programáticas que le propusimos en el período electoral.

     Gobernar es tarea difícil, porque son muchas las cosas que uno quiere hacer y no todas se pueden, porque las limitaciones son grandes, porque todo el mundo aspira a que su problema sea resuelto, y son tantos los problemas de los distintos sectores que se corre el peligro, con facilidad, de, por atender los planteamientos de unos, olvidar los de otros.

     Creo que uno tiene que tratar de proceder con el máximo sentido de justicia, prefiriendo a aquellos que más lo necesitan por estar más postergados y procurando conjugar las distintas soluciones, de modo que junto con significar caminos de justicia, signifiquen también caminos de progreso para el país entero.

     En el ámbito que a ustedes toca no intento halagarlos al decirles que ustedes pueden contar con que, por vocación, tengo puesta la camiseta universitaria.  Fui catedrático, fui dirigente estudiantil y me formé, incluso diría que hice buena parte de mi camino en la vida política, a partir de mi formación universitaria.  Creo en el papel fundamental de las universidades para el desarrollo de nuestra Patria.

     Dentro de este espíritu, también tengo puesta la camiseta, aunque sean muchos los años que nos separen, de la juventud.  Tal vez nada me preocupa tanto como qué va a pasar con la juventud de Chile.

     Ha dicho Myriam Salinas que a ella le preocupa que los jóvenes aparecen como los grandes ausentes, que entre ellos no ha prendido la idea del Instituto Nacional de la Juventud, que aparecen poco vibrantes, como, no sé si desesperanzados, pero poco comprometidos con el proceso que está viviendo Chile.  Yo tengo la misma percepción.  Encuentro preocupante que habiendo sido los jóvenes quienes levantaron con mayor entusiasmo la bandera de la libertad, de la democracia, de la dignidad de la persona en épocas pasadas, ahora que estamos construyendo la democracia se vuelquen hacia la consideración personal de cada cual o hacia conductas egoístas o hedonistas, se dejen caer en tentación por la drogadicción u otras formas de satisfacción inmediata y no aparezcan vitalmente comprometidos en la etapa que estamos viviendo.

     Alguna responsabilidad debemos tener los viejos en esto que pasa.  Pero yo hago un llamado a todos, a viejos y jóvenes, y esto vale especialmente para el ámbito universitario, a catedráticos, autoridades universitarias, a estudiantes, a profesores, a dirigentes estudiantiles, para preocuparse de esta especie de apatía que se manifiesta, por ejemplo, en el hecho de que en las elecciones estudiantiles baja enormemente la participación, como si esto no importara, como si ya hubiéramos llegado a la meta, “conquistamos la democracia y ahora cada uno se preocupa de sí mismo”.

     Y no es así.  Conquistamos la democracia, que es un sistema de convivencia, pero en este sistema de convivencia tenemos que trabajar para hacer que sea realmente lo que esperábamos de él, un sistema de convivencia que conduzca al respeto efectivo de cada cual, que conduzca al progreso y perfeccionamiento de cada cual, que conduzca a crear en nuestra Patria condiciones de vida para todos los chilenos, de dignidad, de libertad, de justicia y de solidaridad, que abra caminos al bienestar de todos.

     Yo me atrevo a hacerles un llamado a los jóvenes de esta universidad, como a todos los jóvenes de Chile, para que se sientan comprometidos con el destino de la Patria y no esperen simplemente que las cosas se solucionen por obra de otros, mientras ellos miran qué es lo que ocurre.

     He escuchado con interés las palabras de vuestros dirigentes y del señor rector en relación con los temas que preocupan a esta universidad y al sistema universitario, en general.

     Yo quiero partir, yendo de lo general a lo particular, por decirles que, consecuente con esta preocupación y este afecto mío, este cariño por la vida universitaria y las universidades, partimos a poco de asumir designando una comisión, que preside el catedrático José Joaquín Brunner, integrada por personeros altamente calificados del mundo universitario, de las más distintas posiciones en el ámbito ideológico-doctrinario, para que cumpliera dos tareas: una, preparar un proyecto de ley sobre la educación superior en Chile que reemplace a la legislación existente, que a todos nos merece serios reparos; y, segundo, en un plazo más largo, que defina criterios para distintos aspectos de las políticas universitarias que deba poner en práctica el gobierno del país.

     La semana pasada la Comisión Brunner entregó su proyecto de Ley General de Educación.  Ese proyecto no va a ser enviado al Congreso de inmediato, porque queremos que sus ideas centrales puedan ser debatidas, puedan pasar por el cedazo de una maduración en los distintos ambientes universitarios del país.  Las ideas centrales de ese proyecto se resumirán en un documento que se hará llegar a todas las universidades, para que académicos, trabajadores y estudiantes, puedan asimilarlas, puedan estudiarlas, puedan dar su opinión, de tal manera que el proyecto de ley que el gobierno envíe en Marzo próximo al Congreso Nacional, no sea sólo el fruto de esta comisión de alta jerarquía que propone este proyecto, sino que también sea el fruto de la contribución, del estudio generoso de todos los sectores interesados.

     El sistema, se habrán dado ustedes cuenta, el estilo con que estamos tratando de gobernar, es el de buscar grandes acuerdos, el de, sin renunciar a las ideas centrales y a nuestros compromisos fundamentales con el país, no tratar de imponer nuestras ideas, creyéndonos sabios que lo vamos a resolver todo, sino el tratar de someter esas ideas a debates lo más amplios posible, de tal manera que todos los interesados aporten sus luces, y que las ideas que, en definitiva, se conviertan en realidad, hayan pasado por este cedazo, hayan recibido el máximo de aportes y representen no la visión de unos contra otros, sino que, en la medida de lo posible, la expresión de los grandes acuerdos que en el país deben existir, frente a grandes problemas que todos sabemos que existen.

     Consecuente con ese criterio, estamos preocupados de resolver algunos problemas específicos que afectan al sistema universitario y que tenemos que abordar, desde ya. 

     Unos dicen relación con la necesidad de dar apoyo para el desarrollo y mejoramiento institucional de las universidades públicas derivadas, regionales.  En la Ley de Presupuestos para el año 91 contemplamos un fondo de 1.500 millones de pesos para este fin.  La Universidad Arturo Prat podrá acceder a este fondo, que será manejado por el Ministerio de Educación, a través de su división superior.

     Nos preocupa el tema, tal como lo debatimos hace año y meses, cuando estuve aquí, de el financiamiento de los estudios.  Yo les confieso, yo fui formado en un sistema de universidades gratuitas.  En mi tiempo el que obtenía éxito en el Bachillerato, la entonces Prueba de Aptitud Académica, podía entrar sin dificultades a la universidad y no le costaba un peso sus estudios.

     Hay países como Alemania, en donde las universidades están abiertas a quienes acreditan méritos para ingresar a ella, sin costo alguno.  Hay otros países en los cuales eso no es posible o no se practica.

     Dados los recursos con que Chile cuenta, no es posible pensar en un sistema íntegramente gratuito de enseñanza universitaria en nuestro país.  Todavía hay niños que no tienen pleno acceso a los ocho años de enseñanza básica, todavía hay muchos muchachos y muchachas que no logran cursar la enseñanza media, y el sistema de enseñanza media adolece de serios defectos.  En este país tenemos una grave falencia de enseñanza profesional y técnica, a nivel medio, que capacite a los niños y niñas para adquirir habilidades que les permita afrontar la vida con éxito, si es que no han de llegar a la universidad.

     En consecuencia, la cuota de recursos que se pueden destinar al mundo educacional tiene que darle preferencia a la enseñanza básica, luego a la media y, dentro de la media, a la técnica industrial y, en tercer término, a la universitaria.

     Pero eso no significa que debemos dejar entregada la enseñanza universitaria sólo al financiamiento derivado del pago, porque eso significaría que sólo pueden llegar a la universidad los que puedan pagar, y eso sería tremendamente injusto, puesto que hay gente, hay muchachos y muchachas, que tienen capacidad, que son valores para la Patria, que es necesario que desarrollen todas sus aptitudes y que, sin embargo, no tienen con qué pagar.

     Por eso es que, dentro del ánimo de ir ayudando a todos los jóvenes con aptitudes para que puedan realizar sus estudios universitarios, en el Presupuesto de 1991 contemplamos recursos por 1.364 millones de pesos para otorgar una equivalente a cinco mil becas de arancel.  Este número de becas se incrementará en igual cantidad de año a año, hasta llegar a 20 mil becas en 1994.  La asignación de estas becas será hecha por las respectivas universidades, considerando antecedentes socioeconómicos de los alumnos, lugar de proveniencia, carrera a la que ingresa, expectativas de rentas futuras, etc.

     Creemos, de ese modo, ir abriendo camino a que haya justicia en el acceso a las universidades.

     En cuanto al sistema de pago de los demás, estamos considerando posibilidades diversas, desde el arancel diferenciado hasta un sistema de crédito fiscal, sobre bases nuevas, que vincule el préstamo a la capacidad de pago, es decir, que vincule el otorgamiento del préstamo, fundamentalmente, a la situación económica del solicitante y que vincule su forma de pago a los efectivos ingresos que el profesional recibido pueda percibir del ejercicio de su profesión.

     Creemos que hay cierta base de justicia en que el profesional universitario, que de alguna manera forma parte de una elite privilegiada, puesto que ha logrado acceso a estos niveles superiores, tome el compromiso de contribuir, de alguna manera, a devolver a la sociedad el esfuerzo que ésta hace para costear su educación superior.

     En relación a los deudores del crédito fiscal atrasado, el Gobierno ha enviado a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece una reprogramación de las deudas vencidas por concepto de crédito fiscal y universitario, estableciéndose un plazo de 12 años para su pago, con un tope máximo de 5 por ciento de los ingresos del deudor, y el saldo que queda al cabo de los 12 años, se condona.

     Es política del Gobierno que los nuevos préstamos universitarios que se concedan a partir del año 91, sigan, en general, estos mismos lineamientos.

     En relación a la situación especial de esta Universidad Arturo Prat, yo puedo decirles que en lo que resta de este año, en el presente mes de Noviembre y el próximo de Diciembre, se dará un aporte extraordinario a la Universidad Arturo Prat de 60 millones de pesos, 45 millones como suplemento del Fondo de Crédito Universitario y 15 millones para aliviar la situación presupuestaria de la universidad.

     En total se asignarán 4 mil millones de pesos a todo el sistema universitario, y en la distribución de estos fondos, el aporte de la Universidad Arturo Prat, que actualmente percibe, como lo dijo el señor rector, un 0,4 y fracción por ciento de los aportes fiscales, representará un 1,5 por ciento de esos aportes.  conforme a la Ley de Reajustes, se dará a la Universidad Arturo Prat el 25 por ciento de los aportes directos e indirectos y de crédito universitario.

     Estamos preocupados de resolver el problema de las universidades y es probable que muchos de ustedes digan “bueno, no nos resuelve íntegramente el problema; las deudas que tiene la universidad exceden los 100 millones y  vamos a recibir 60”.  Yo admito que es así, yo hubiera querido traerles la solución total, pero la Universidad Arturo Prat es una de las muchas universidades que -ésta en mayor medida que otra, proporcionalmente- tienen problemas semejantes, y las disponibilidades tenemos que distribuirlas, teniendo en cuenta los problemas de todos.

     Sin embargo, con esto queremos significar no sólo un respaldo y una ayuda efectiva para ir encarando el problema, sino también la disposición que nos inspira de trabajar con comprensión y buscando, en conjunto con las autoridades de cada universidad, las mejores soluciones.

     Yo quisiera terminar estas palabras expresándoles que es nuestro ánimo, en todos los ámbitos del quehacer nacional, gobernar escuchando a la gente.   Por eso, ha sido grato para mí escuchar hoy día la voz de los alumnos, de los trabajadores y de la autoridad de esta universidad.  Y así como yo escucho, espero ser escuchado.  Dialogando, poniendo cada cual buena voluntad, esforzándonos por encontrar los mejores caminos, estrujando el magín para encontrar soluciones efectivas a los problemas que nos afectan, no limitándonos a quejarnos o a cruzarnos de brazos en espera que los problemas se resuelvan solos o nos lo resuelva otro, sino que trabajando en conjunto es como construimos el porvenir de la universidad, es como construimos el porvenir de Chile.

     Este es el espíritu que debe inspirarnos, un espíritu de esfuerzo, de colaboración, de participación, respetándonos todos, y procurando todos contribuir con lo mejor de nosotros mismos a hacer de Chile la Patria buena que queremos.

     Muchas gracias.

Señoras, Señores:

     Agradezco a ENADE su invitación a participar en este importante evento.  Tuve el honor de hacerlo el año pasado, siendo entonces candidato a la Presidencia de la República.  Lo hago hoy como Presidente de Chile.  Es ésta, por consiguiente, ocasión propicia para reflexionar con los empresarios de mi patria, que anualmente se congregan en este Encuentro Nacional de la Empresa, sobre lo que ha pasado en estos ocho meses de gobierno con los planteamientos y propuestas que entonces formulé y sobre los desafíos que Chile enfrenta hacia el futuro en el campo de su desarrollo económico y social.

1. Lo que dijimos y lo que hemos hecho.

     Sostuve en esa ocasión que “el país necesita del cambio en lo político y social, conjuntamente con la estabilidad y el progreso en lo económico”, como manera de conciliar democracia y desarrollo.  Consecuentemente, anuncié nuestro propósito de hacer un gobierno que asegurara “el cambio con estabilidad”.

     Mi planteamiento recogía dos aspiraciones muy profundas que anidan en el alma nacional: la aspiración de la mayoría de los chilenos a alcanzar un régimen de veras democrático y a mejorar substancialmente sus condiciones de vida, con la aspiración generalizada a prosperar sin violencias, sobresaltos, ni incertidumbres.  Consecuente con esos anhelos y con los valores y principios que he profesado toda mi vida, sostuve la necesidad imperiosa y urgente de hacer algunos cambios importantes y de realizarlos en un clima de orden, por los caminos del derecho, asegurando la estabilidad y el progreso.

     En el área de los cambios, señalé la necesidad de hacer un significativo esfuerzo social con el fin de lograr un desarrollo con equidad.  Anuncié -aunque no fuera popular en plena campaña electoral- que para poder llevar a cabo dicho esfuerzo, especialmente en programas de salud, educación y vivienda, sería necesario aumentar los impuestos. Dije, también, que estimaba indispensable introducir reformas a la legislación laboral, porque el actual sistema no tiene una adecuada legitimidad social, ni favorece la identificación del trabajador con su empresa y, en consecuencia, no contribuye eficazmente al crecimiento de la productividad.  Sostuve que aspirábamos a construir un acuerdo lo más amplio posible entre trabajadores y empresarios acerca de las reglas del juego en el ámbito económico y en sus relaciones recíprocas.

     En cuanto a las que llamé “áreas de estabilidad”, sostuve que mantendríamos una política orientada a fortalecer una economía abierta, con reglas claras y estables, adecuados estímulos a la inversión y para el fomento de las exportaciones, asegurando las condiciones de estabilidad macroeconómicas indispensables para incentivar el proceso de desarrollo.

     Por último, señalé que nuestro gobierno no sería el triunfo de unos sobre otros y que por eso invitábamos a los diversos sectores de la sociedad a participar en la tarea común de avanzar juntos en una nueva fase de modernización de Chile.

     Eso dije hace un año.  Eso es lo que hemos estado haciendo en estos meses de gobierno.

     Hemos iniciado las transformaciones necesarias en función de cumplir con el esfuerzo nacional que permita lograr desarrollo con equidad.  Con este propósito se ha incrementado significativamente el gasto social, asegurando al mismo tiempo para éste un financiamiento acorde con el objetivo de mantener los equilibrios macroeconómicos indispensables para sostener el crecimiento de nuestra economía.

     La Reforma Tributaria permitió aportar una importante cantidad de recursos para mejorar significativamente la asignación familiar, el subsidio único familiar y las pensiones mínimas.  Adicionalmente, contribuyó a financiar gran parte del suplemento de los presupuestos de salud, vivienda, educación y otros programas sociales.  El acuerdo logrado sobre esta reforma fue una promisoria demostración de la voluntad de todos los sectores de participar en el esfuerzo social que el país necesita.

     En el campo de las relaciones del trabajo, consecuentes con nuestros anuncios, enviamos al Parlamento un conjunto de proyectos orientados a perfeccionar y hacer más equitativa la institucionalidad laboral.  Desde la etapa de su elaboración y formulación y durante el proceso parlamentario, estos proyectos  han sido debatidos con todos los sectores sociales y políticos.  Ello ha hecho posible que en los últimos días estas reformas, que se encuentran en una de las áreas más sensibles de cambio, hayan logrado el consenso necesario para asegurar su legitimidad y, por lo tanto, su eficacia y estabilidad.

     Quisiera decir que comparto las palabras que acabamos de oír al Presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio, en el sentido de que la trascendencia y eficacia de una legislación laboral, reside no sólo en que sea justa, sino en que sea percibida también como justa por los distintos actores sociales, tanto empresarios como trabajadores.  Y comparto también su criterio, que es el del gobierno, en cuanto a la conveniencia de que el debate sobre estas materias y la aprobación definitiva de la legislación al respecto, se perfeccione cuanto antes y termine cuanto antes, para quedar definidas las reglas, y en esta materia no haya factores de inquietud ni de perturbación

     Estas iniciativas de cambio se han insertado en el marco de una conducción rigurosa de las políticas públicas -que ha preservado los equilibrios fundamentales para un crecimiento basado en la inversión y el ahorro- como de un fortalecimiento de la inserción internacional de nuestra economía.  Manifestación de esta coherencia en el manejo de la política económica durante estos meses ha sido la firme y constante decisión con que se ha sostenido un adecuado control de la inflación, apoyando el ajuste que fue necesario implementar como consecuencia de la tendencia inflacionaria heredada del régimen anterior y pese a las dificultades derivadas de una coyuntura externa desfavorable.  Es también expresión de esa coherencia el criterio de austeridad puesto en práctica por el Gobierno en el diseño del presupuesto público del próximo año.  Estas políticas, como muchas otras, constituyen una demostración de la voluntad de mantener la estabilidad y continuidad necesarias en todas aquellas reglas e instrumentos que componen la base de la estrategia de crecimiento y desarrollo que el país ha venido implementando en los últimos años.

2. Llamado a superar la desconfianza.

     Quiero ser muy franco.  El año pasado me escucharon Uds. con deferencia, pero la mayoría no ocultó su escepticismo.  Muchos dudaron de la fuerza de nuestras convicciones, o no creyeron en nuestra decisión ni capacidad para cumplir lo que planteamos.

     En los ocho meses de nuestra gestión gubernativa hemos demostrado con hechos nuestra consecuencia.  Estamos haciendo precisamente lo que anunciamos. 

     Los vaticinios alarmistas de nuestros detractores han sido desvirtuados por los hechos.  A pesar de los problemas que hemos debido afrontar -algunos herencia del pasado; otros que han sobrevenido, como la crisis del petróleo- el país vive y progresa bajo un régimen de derecho, la convivencia democrática se consolida, en las relaciones laborales prevalece un clima de entendimiento, las bases de nuestra economía están sanas, hemos controlado el peligro de inflación, las inversiones aumentan y hay justos motivos para mirar el porvenir con esperanza y optimismo.

     Sin embargo, no puedo ocultarles que percibo, de buena parte del empresariado, una actitud de recelo y desconfianza que me parece injusta y negativa.

     Uno de los muros que ha separado a los chilenos con mayor intensidad, es la desconfianza.  En el pasado, hubo motivos para las desconfianzas de unos y de otros: entre partidos políticos, entre civiles y militares, entre trabajadores y empresarios.  La desconfianza nos llevó a sentirnos permanentemente amenazados y nos dividió en sectores antagónicos y excluyentes.

     Creo firmemente que hoy esas desconfianzas no se justifican y, lo que es grave, hacen daño al país.  Veo en ellas apego a tendencias del pasado que es preciso superar.  No podemos seguir apostando -como una crónica anunciada y a pesar de la realidad- al caos  Al estancamiento económico, la regresión a políticas estatistas y tantas otras catástrofes imaginarias.  Tales fantasmas sólo crean confusión y dan pretextos a quienes buscan servir mezquinos intereses con miras de corto alcance y sin sentido de país.

     También resulta un anacronismo pensar que empresarios y trabajadores deban identificarse necesariamente con posiciones ideológicas contrapuestas.  Este es un lastre que debemos ser capaces de superar y que muchos aún no se atreven a hacerlo.

     Aprovecho esta ocasión para hacerles un ferviente llamado a desterrar definitivamente las desconfianzas y superar los esquemas añejos que aún persisten, para mirar hacia el futuro con optimismo, porque así lo exigen los grandes desafíos que juntos los chilenos debemos encarar, que si somos capaces de trabajar con empeño y solidaridad, estamos en óptimas condiciones para superarlos y salir airosos.

3. Signos alentadores.

     Quienes vivimos en este final de siglo, somos testigos y también actores de fenómenos que están transformando profundamente la convivencia en el mundo entero.  Son signos alentadores.

     A. La democracia.

     Uno de esos signos es el proceso de democratización de las sociedades, fundado en el reconocimiento y afirmación de la dignidad de la persona humana.

     La libertad como fundamento de la vida individual y social se alza por todas partes por sobre los bloques definidos ideológicamente.  Hemos presenciado cómo, frente al monólogo del Estado, se ha ido imponiendo  el diálogo de la sociedad.  La democracia está triunfando en el mundo entero.  

     Nuestro país no ha sido observador en este proceso, sino que lo ha vivido intensamente.  En pocas ocasiones de nuestra historia Chile ha sido más contemporáneo del mundo que en el presente.

     La humanidad ha comprendido que la libertad es un valor indivisible; que no hay mayores falacias que creer que se puede tener libertad económica o se puede tener justicia social sin tener libertad política, como si la capacidad creadora del hombre pudiera admitir alguna forma de sojuzgamiento.  La experiencia está enseñando que la convivencia civilizada y el progreso se construyen sobre las bases de la libertad y de la justicia.

     Ante nuestras conciencias la democracia surge no sólo como un imperativo ético, sino también como un imperativo de eficiencia.  Es éste el sistema que nos permite el mejor uso de nuestra creatividad y de nuestra energía, porque ya no es necesario desgastarse en levantar barreras frente a diversos enemigos.  Lo que hoy nos une como nación es mucho más fuerte que nuestras legítimas diferencias.

    B. La creatividad personal y colectiva.

     Nunca ha sido tan evidente como ahora la maravillosa creatividad de que es capaz el ser humano.  Este es el otro signo alentador.

     El hombre vive, con asombro, un proceso de aceleración del tiempo histórico, en que una década de antaño equivale a un par de semanas de hoy.

     Por eso el éxito de las economías modernas depende de su capacidad para adaptarse a los cambios e innovar.  De allí que la función fundamental de los gobiernos sea crear un contexto que estimule la creatividad. Y las empresas deben estar abiertas al cambio económico, tecnológico y social.

     La creatividad supone empresas capaces de integrar armónicamente en su interior a profesionales, técnicos y trabajadores. Es el propósito común el que permite elevar la productividad, diseñar procesos, productos nuevos y mejorar la calidad. De ahí que el éxito de la empresa dependa de todos sus integrantes.

     La innovación exige el desarrollo de una base empresarial extensa. En el comercio internacional hay lugar para todos aquellos que sean eficientes.  No sólo hay grandes empresas exportadoras; también hay medianas y pequeñas.  En el vasto mercado mundial actual, aquellos empresarios que poseen capacidad de gestión, sea cual sea su tamaño, encontrarán un lugar promisorio.

     Por otra parte, la creatividad depende también de la calidad de los recursos humanos. La ventaja comparativa esencial para tener éxito en el mundo moderno está en la calidad de la gente y su formación. La modernidad no reside sólo en las máquinas, sino fundamentalmente en la capacidad creativa de las personas.

     Quiero decir que suscribo plenamente lo que le acabamos de oír al Presidente de ICARE, don Gustavo Vicuña, sobre la importancia que en este sentido tiene el proceso educativo.  El esfuerzo educativo que debemos hacer en nuestro país, para estar a la altura de los tiempo, es una de las cosas sobre las cuales el Gobierno pide a todos los chilenos la mayor comprensión y solidaridad.

4. Nuestro gran desafío económico.

     Estos signos promisorios están presentes en el desarrollo nacional.  De nuestra capacidad de afianzarlos y vigorizarlos dependerá en gran medida el éxito o fracaso de la actual generación chilena en el empeño de incorporar a nuestra patria al mundo de las naciones prósperas.

     La economía chilena de nuestros días es muy distinta a la de las décadas de los 50 o los 60. Hoy Chile es un país en que el sector exportador juega un rol importante; los empresarios nacionales tienen mentalidad exportadora y están dispuestos a penetrar los mercados externos y competir allí, de igual a igual, con los empresarios más eficientes del mundo.

     El nivel de exportaciones chilenas de este año superará los US$ 8.500 millones; la participación relativa de las exportaciones en el PGB (Producto Geográfico Bruto) sobrepasará al 30{bc6225fcc5011f5a41e0ff76244c1d68d13cda7c949a7d0918ed5668f2d69b7a}.  Mientras que en las décadas del 50 y 60 había en Chile fundamentalmente dos grandes empresas exportadoras, hoy hay más de 4.000 exportadores, la mayoría de ellos chilenos.

     No obstante lo anterior, hay que señalar que éste es sólo el comienzo.  Medidas las exportaciones en términos per cápita, Chile exporta US$ 650 por habitante.  Este nivel está muy por debajo del logrado por los países asiáticos, como Corea y Taiwán, en que el nivel de las exportaciones supera los US$ 1.500 por habitante, y el de las naciones escandinavas, que han alcanzado niveles superiores a US$ 4.000 por habitante.

     Chile se encuentra sólo en la primera fase del desafío exportador.  La variedad de recursos naturales que nuestro país posee le ha proporcionado ventajas comparativas para tener éxito en esta etapa.  Pero es necesario pasar a una nueva fase.

     Esto implica aumentar el nivel de competitividad internacional de la economía chilena, no únicamente en recursos naturales como cobre, productos forestales, productos marítimos y frutícolas, sino en bienes que posean un mayor nivel de elaboración, que tengan más valor agregado.

     Ello requiere inversión en tecnología y en personas.  Sólo aumentando el nivel del trabajador chileno, será posible alcanzar este objetivo.  Eso es lo que han hecho las economías exportadoras exitosas, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros.

5. Responsabilidad del Gobierno, de Empresarios y de Trabajadores.

     La importante tarea que tenemos por delante requiere del sector público y del sector privado; del gobierno, de los empresarios y de los trabajadores.

     El gobierno ha asumido su parte con responsabilidad.  Hemos realizado una política seria y eficaz en el manejo macroeconómico, en la apertura de la economía internacional y en la creación de nuevos espacios mediante el mejoramiento de las relaciones internacionales de Chile, que hace factible un mayor despliegue de la actividad económica nacional.

     Hemos sido responsables en el esfuerzo de justicia social y no hemos rehuido empeño ni generosidad para crear un ambiente de colaboración nacional. Sabemos que queda mucho por hacer y mucho que mejorar en nuestra propia tarea.

     En este nuevo contexto, pienso que el empresariado debe asumir una mayor responsabilidad en el desarrollo social del país. La inversión en educación, en salud y en bienestar debe ser compartida, y los empresarios deben asumirla con mucho más energía que en el pasado.

     La experiencia de los países avanzados, con economías más dinámicas, nos revela que la existencia de sindicatos fuertes y de una atmósfera de colaboración y participación entre empresarios y trabajadores ha sido un factor decisivo para el éxito.

     No olvidemos que en una economía abierta  la colaboración y la unidad interna son indispensables para triunfar. En una economía cerrada, la pérdida de eficiencia que significan los conflictos y tensiones puede ser absorbida con una alta protección del exterior. Pero en una economía abierta eso no es posible.  Por lo tanto, adquiere mucho mayor fuerza la necesidad de la colaboración. Los tiempos nos exigen un esfuerzo solidario.

     La colaboración es la otra cara de la competencia.  Términos que en otra época podían aparecer antagónicos, son hoy día complementarios.  No son los aranceles los que aumentarán nuestra riqueza.  Es la colaboración la que nos hará más competitivos en los mercados internacionales.

     Son tres las áreas fundamentales en que esta colaboración debe expresarse:

     Primero: Colaboración entre empresarios y trabajadores.

     Se ha iniciado un camino promisorio que debe ser profundizado.  El proceso de concertación social que se ha ido desarrollando entre la CUT y la Confederación de la Producción y del Comercio debiera extenderse a las empresas, en la búsqueda de acuerdos que permitan relaciones armónicas y favorezcan la productividad.

     Segundo: Colaboración entre el sector público y el sector privado.

     No valen ya las disputas del pasado. La penetración de mercados externos, el desarrollo de una base tecnológica sólida, el afianzamiento de una capacidad de educación y formación técnica profesional, la disposición  de servicios más competitivos internacionalmente, son tareas que se deben emprender conjuntamente con una mirada de mediano plazo.

     Como un aporte a esta función, el gobierno dará nuevos pasos, flexibilizando la acción de la Corporación de Fomento y de la Corporación del Cobre, para estimular nuevas inversiones conjuntas en empresas mixtas.

     Tercero: Colaboración  entre empresas privadas.

      El tamaño de nuestras empresas es pequeño frente al mercado mundial.  La necesidad de preservar la calidad de las empresas chilenas exige de esfuerzos mancomunados para la penetración de mercados, para el control de la calidad, para el desarrollo de nuevos productos en el país.  La torpeza o desidia de un solo exportador irresponsable puede significar un grave costo para todos.

     Es ésta una tarea indispensable, que radica fundamentalmente en los propios empresarios.

Señoras y señores,

     No me canso de repetirlo, porque lo creo esencial: Chile enfrenta el desafío de consolidar su democracia -con todo lo que significa de libertad, vigencia de los derechos humanos y respeto a la dignidad de las personas- y al mismo tiempo impulsar el desarrollo y crecimiento económico indispensable para derrotar la pobreza, para alcanzar mejores niveles de vida para su pueblo y para avanzar hacia nuestra plena integración en el mundo moderno, y hacer todo ello en un clima de paz interna, justicia social y solidaridad nacional.   

     Esta no es sólo la tarea de un gobierno; es la tarea de todos los chilenos. Todos podemos contribuir eficazmente a su logro, si somos capaces de superar naturales egoísmos y vencer explicables diferencias.  A todos los llamo a colaborar con buena voluntad.

     En esta tarea los empresarios tenéis un papel insustituible, que requiere de vuestro esfuerzo, comprensión, disciplina, creatividad y generosidad.  Es el aporte que Chile espera de vosotros.  Yo estoy cierto que no se lo negaréis.

     Muchas Gracias.

Compatriotas:       

Esta noche me dirijo a ustedes para tratar de un tema doloroso que aún divide a los chilenos: el de las violaciones a los derechos humanos cometidas en los últimos años.

Al asumir el Gobierno, dije que ésta es una herida abierta en el alma nacional, que sólo podríamos cicatrizar si procurábamos reconciliarnos sobre las bases de la verdad y de la justicia.

Con ese propósito, constituimos la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, integrándola con personas de reconocido prestigio y autoridad moral en el país, para que luego de recibir, recoger y analizar todos los antecedentes que les fuera posible, emitieran en conciencia un Informe sobre las más graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el país entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.  Expresamente precisamos que, para estos efectos, se entendería por graves violaciones “las situaciones de detenidos desaparecidos, ejecutados y torturados con resultado de muerte, en que aparezca comprometida la responsabilidad moral del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio, como asimismo los secuestros y los atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos”.

Al cabo de nueve meses de esforzada labor, la Comisión emitió dicho Informe, acordado por la unanimidad de sus miembros, del que me hizo pública entrega el 8 de febrero recién pasado.  Cumpliendo lo entonces anunciado, hoy lo pongo en conocimiento del país, para lo cual se ha hecho entrega de su texto íntegro a las más altas autoridades públicas, sociales y morales de la Nación y a los medios de comunicación.

Después de haber leído cuidadosamente el Informe, creo mi deber reiterar, en esta oportunidad, el reconocimiento que merecen los integrantes de la Comisión y sus colaboradores, por la abnegación, espíritu público, eficiencia, responsabilidad y objetividad con que cumplieron su tarea.  Pienso que su valioso aporte compromete la gratitud de todos los chilenos.

I.- ¿QUE DICE EL INFORME?

 1º.- Relación de Hechos

En sus primeras 1094 páginas, luego de definir conceptos y describir el marco histórico político y el marco jurídico institucional en que los hechos acontecieron, relata por orden cronológico todos los casos en que la Comisión se formó la convicción de haberse cometido una violación de derechos humanos con resultado de muerte o desaparición, individualizando a las víctimas y señalando los antecedentes y circunstancias en que el hecho ocurrió.

 Partiendo del concepto de que “existen ciertos valores de humanidad que deben ser respetados no solamente por el Estado sino por todos los actores políticos” y acorde con el decreto que creó la Comisión, el Informe califica de violaciones a los derechos humanos “no sólo ciertos actos cometidos por agentes del Estado, sino también otros perpetrados por particulares que actúan bajo pretextos políticos”.

La relación divide el período en tres etapas: primero, la comprendida entre el 11 de septiembre y el 31 de diciembre de 1973, en que hubo algunos enfrentamientos, detenciones masivas en casi todo el país, ejecuciones de muchos prisioneros políticos y los primeros desaparecimientos; luego, el período de la DINA, hasta agosto de 1977, en que se llevó a cabo una acción sistemática para exterminar a quienes ese organismo atribuía más peligrosidad política y se produjo el mayor número de desapariciones de personas, y finalmente, la etapa en que la DINA fue sustituida por la C.N.I., en la que, luego de un lapso de relativo apaciguamiento, se produjeron numerosas acciones violentas con resultados fatales, sea en atentados cometidos por grupos armados o terroristas, sea en operativos destinados a combatirlos, sea con motivo de las protestas que tuvieron lugar a partir de 1983.

En cada período se señalan la naturaleza y caracteres de los organismos represivos, los procedimientos preferentemente empleados por ellos, los lugares de detención, los métodos de tortura y de ejecución de las víctimas.  Se relatan, también, los atentados a los derechos humanos cometidos por particulares bajo pretexto políticos y las acciones de violencia política de que resultaron víctimas fatales.  Se reseña, asimismo, la actitud asumida ante esos hechos por los diversos actores de la sociedad civil: políticos, sociales, espirituales y medios de comunicación.

El balance de todo el período arroja 2279 víctimas, de las cuales 164 son consideradas por la Comisión “víctimas de la violencia política” y 2115 calificadas de “víctimas de violación a sus derechos humanos”.

 Estos últimos, a su vez, se pueden clasificar en:

a)Muertos por agentes del Estado o por personas a su servicio:

 – En virtud de Consejos de Guerra 59     

– Por exceso de represión durante las protestas 93     

– En ejecuciones alegando ley de fuga 101     

– En otras ejecuciones y muertos en tortura 815

  sub total                 1.068

b)Detenidos por agentes del Estado y desaparecidos:     957

c)Muertos por atentados cometidos por particulares  bajo pretextos políticos:  90   

Total                     2.115           

El Informe precisa que la Comisión conoció otros 641 casos, que individualiza, respecto de los cuales no pudo formarse convicción y considera necesario que se continué investigando.       

La Comisión expresa que frente a estos hechos, “el Poder Judicial no reaccionó con la suficiente energía” (p.126), lo que produjo “en alguna importante o involuntaria medida, un agravamiento del proceso de violaciones sistemáticas a los derechos humanos, tanto en lo inmediato, al no brindar la protección de las personas detenidas en los casos denunciados, como porque otorgó a los agentes represivos una creciente certeza de impunidad por sus acciones delictuales” (p.128).                           

2º.- Recomendaciones         

En las 74 páginas siguientes (de la 1096 a la 1168) del Informe, la Comisión da cumplimiento al encargo que se le hizo en el decreto que la creó, de “recomendar las medidas de reparación y reivindicación que crea de justicia” y “las medidas legales y administrativas que a su juicio deban adoptarse para impedir o prevenir” nuevas violaciones a los derechos humanos.           

A.-Reparación a las víctimas         

Luego de expresar que “la desaparición o la muerte de un ser querido son pérdidas irreparables”, por lo que “no es posible establecer correlación entre el dolor, la impotencia y las esperanzas de las víctimas con las medidas” que sugiere, el Informe señala que “la reparación moral y material parecen ser una tarea absolutamente necesaria para la transición hacia una democracia más plena entendiendo por reparación “un conjunto de actos que expresen el reconocimiento y la responsabilidad que le caben al Estado en los hechos y circunstancias que son materia” del Informe.  Este precisa que “la reparación ha de convocar a toda la sociedad chilena.  Ha de ser un proceso orientado al reconocimiento de los hechos conforme a la verdad, a la dignificación moral de las víctimas y a la consecución de una mejor calidad de vida para las familias más directamente afectada.  El proceso de reparación supone el coraje de enfrentar la verdad y la realización de justicia; requiere de generosidad para reconocer las faltas y de actitudes de perdón para llegar al reencuentro entre los chilenos” (p.1096).       

En el plano de la reparación moral, propone “reivindicar públicamente el buen nombre de las víctimas” mediante actos que sugiere a modo ilustrativo.   Propone, asimismo, establecer un procedimiento especial de declaración de muerte de personas detenidas desaparecidas.         

Las recomendaciones relativas al bienestar social tienden “a reparar el daño moral y patrimonial que afecta a los familiares directos de las víctimas”, para lo cual propone, entre otras cosas, establecer por ley “una pensión única de reparación” y medidas destinadas a proporcionar a esos familiares una atención especializada en salud, formas de reparación en el plano educativo y con respecto a los problemas de vivienda, condonación de ciertas deudas y exención de la obligatoriedad del servicio militar a los hijos de las víctimas.        En este mismo orden de cosas, el Informe propone la creación de una Fundación de Derecho Público, autónoma, dirigida por un Consejo de más alto nivel y prestigio, que continúe las tareas de “tratar de determinar el paradero de las víctimas” de desaparecimiento, dictaminar acerca de los casos de posibles víctimas respecto de los cuales la Comisión no alcanzó al formarse convicción, centralizar y mantener los archivos y antecedentes sobre las violaciones a los derechos humanos, prestar asesoría legal y asistencia social a los familiares de las víctimas y las demás funciones que la ley le encomiende.       

Frente al grave problema de “determinar el paradero de las víctimas” en los casos de “personas detenidas desaparecidas” y de “ejecutados sin entrega de los restos mortales a sus familiares”, propone “penalizar el ocultamiento de este tipo de información” y, al mismo tiempo, “garantizar reserva y eximir de responsabilidad por su eventual participación, a quienes proporcionen estos antecedentes” (p.1161).         

B.- Prevención de eventuales violaciones         

Luego de señalar que “no existió en Chile, en la época en que estas violaciones se cometieron, una conciencia nacional suficientemente firme respecto del deber imperioso de respetar los derechos humanos”, el Informe formula numerosas sugerencias para mejorar la legislación nacional en la materia, perfeccionar el Poder Judicial a fin de que cumpla efectivamente su rol de garante de los derechos esenciales de las personas, lograr en las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad la plena conciencia sobre el valor de los derechos humanos y el consiguiente compromiso de respetarlos en el ejercicio de sus funciones, crear una institución cuya misión sea de protección de los derechos humanos y tratar de consolidar, a partir del sistema educacional y en todos los ámbitos de la vida social, una cultura verdaderamente respetuosa de los derechos humanos.                             

3º.- Víctimas         

Finalmente, en un segundo volumen de 635 páginas, el Informe contiene una breve reseña biográfica, por orden alfabético, de cada una de las 2279 personas respecto de las cuales se formó la convicción de que murieron o desaparecieron como víctimas de violación de sus derechos humanos o como víctimas de la violencia política, entre ellos 132 miembros de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad.        Hasta aquí el resumen del Informe.  Ojalá lo lean y mediten.  Os invito a hacerlo.                              

II.- REFLEXIONES NECESARIAS         

Permítanme ahora compartir con ustedes algunas reflexiones que golpean mi conciencia de ser humano, de chileno y de Presidente de la República a raíz de la lectura del Informe y de los intercambios de opiniones que ha tenido a su respecto con personas representativas de diversos sectores de nuestra Patria.                       

1º.- El tema de la verdad

 El imperio de la verdad es el fundamento de toda convivencia.  Esto es válido en los múltiples niveles de la vida social, desde el hogar hasta la comunidad universal; rige tanto para las relaciones familiares como para las relaciones en el seno de las Naciones y aún entre éstas.

Donde la verdad no es respetada, se quiebra la confianza entre las personas; surgen la duda, las descalificaciones y, consiguientemente, los odios y la tentación de la violencia.  La mentira es la antesala de la violencia e incompatible con la paz.

En este tema de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, la verdad fue ocultada durante mucho tiempo.  Mientras unos la denunciaban, otros -que sabían- las negaban, y quienes debieron investigarles, no lo hicieron.  Se explica así que mucha gente, tal vez la mayoría, no creyera.  Y esa discrepancia fue un nuevo factor de división y odiosidad entre los chilenos.

El Informe que hoy entrego a conocimiento público esclarece la verdad.  Por los propios antecedentes del Informe y por la calidad de sus autores -varios de los cuales fueron partidarios y colaboradores del régimen pasado- esa verdad debe ser aceptada por todos.  Nadie, de buena fe, podría desconocerla.

No digo que sea una verdad “oficial”.  El Estado no tiene derecho a “imponer” una verdad.  Pero, convencido de ella, yo llamo a todos mis compatriotas a asumirla y a actuar en consecuencia.  Compartida por todos, esa verdad, por cruel y dolorosa que sea, removerá un motivo de disputa y división entre los chilenos.

El  reconocimiento  de  esta verdad es independiente del juicio que cada cual tenga sobre los acontecimientos políticos de la época, ni sobre la legitimidad del 11 de septiembre de 1973.  Eso lo juzgará la historia; pero ningún criterio sobre el particular borra el hecho de que se cometieron las violaciones a los derechos humanos que describe el Informe.  Como éste asevera, “la situación al 11 de septiembre de 1973 y sus consecuencias pusieron objetivamente en riesgo los derechos humanos e hicieron más probables sus transgresiones, pero en ningún caso las justificaron” (p.24).

Tampoco puede invocarse, para negar o desconocer esta verdad, un supuesto estado de “guerra interna” que habría existido, ni la necesidad de defender a la Patria del terrorismo.  Todos sabemos -y el Informe lo establece- que las Fuerzas Armadas y de Orden tomaron el control total del país muy rápidamente, a lo más en pocos días.  Por otra parte, la guerra también tiene sus leyes.  Nada justifica que se torture y ejecute prisioneros, ni que se haga desaparecer sus restos.

2º.- El tema del perdón y la reconciliación.

Muchos compatriotas piensan que es tiempo de poner “punto final” a este asunto.  Por el bien de Chile, debemos mirar hacia el futuro que nos une más que al pasado que nos separa.  Es mucho lo que tenemos que hacer para construir una sociedad verdaderamente democrática, impulsar el desarrollo y alcanzar la justicia social, para que desgastemos nuestros esfuerzos en escudriñar heridas que son irremediables.  Y nos recuerdan las palabras de S.S. Juan Pablo II en su visita: “Chile tiene vocación de entendimiento y no de enfrentamiento.  No se puede progresar profundizando las divisiones.  Es la hora del perdón y la reconciliación”.

¿Quién podría no compartir estos anhelos?  Para realizarlos, sin embargo, hay que empezar por precisar quiénes son los ofendidos llamados a perdonar y quienes los ofensores que han de ser perdonados.  Yo no puedo perdonar por otro.  El perdón no se impone por decreto.  El perdón requiere arrepentimiento de una parte y de la otra, generosidad.

Cuando fueron agentes del Estado los que ocasionaron tanto sufrimiento, y los órganos competentes del Estado no pudieron o no supieron evitarlo o sancionarlo, y tampoco hubo la necesaria reacción social para impedirlo, son el Estado y la sociedad entera los responsables, bien sea por acción o por omisión.  Es la sociedad chilena la que está en deuda con las víctimas de las violaciones de derechos humanos.

Por eso es que las sugerencias sobre reparación moral y material que formula el Informe son compartidas por todos los sectores.

Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de Presidente de la República, a asumir la representación de la Nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas.

Por eso, también, pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos los que hayan tenido participación en lo excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo.       

El pueblo de Chile siempre ha querido y admirado a sus Instituciones Armadas y de Orden.  Ellas se identifican con las glorias de la Patria, con el espíritu varonil de los chilenos y con abnegadas acciones en la vida cotidiana o frente a graves emergencias.  El anhelo de reconciliación, en un Chile verdaderamente unido, exige remover los obstáculos que aún perjudican esos sentimientos.  Todos debemos contribuir a ello.       

He dicho en más de una ocasión que mi mayor anhelo como gobernante es alcanzar la unidad nacional en democracia.  Ello exige de todos y de cada uno un gran esfuerzo para ponerse en el lugar de los demás y procurar comprenderlos, con humildad para reconocer las propias faltas y limitaciones y generosidad para perdonar las ajenas.

3º.-  El tema de la justicia

La justicia es la mayor de las virtudes sociales, base insustituible de la paz.

Sabemos que, por las limitaciones propias de la condición humana, la justicia perfecta es generalmente un bien inalcanzable en este mundo.  Lo cual no obsta a que todos anhelemos siempre la mayor justicia que sea posible.       

La justicia no es venganza; por el contrario, la excluye.  No se sanciona ni repara un delito, cometiendo otro análogo.  Nadie tiene derecho a causar un daño al prójimo, ni menos a atentar contra la vida ajena, a pretexto de justicia.  Quien lo hace se convierte también en delincuente contra los derechos humanos y merece la mayor condenación social.  Admitir la vindicta privada es sustituir el derecho por la violencia, en que la ley de la fuerza prevalece sobre la razón y la justicia.       

En este tema de las violaciones a los derechos humanos, el esclarecimiento y aceptación de la verdad, como surge del Informe, ya es parte importante del cumplimiento de la justicia para con las víctimas.  También importan actos de justicia la reivindicación moral de la dignidad de éstas y las reparaciones a sus familiares que el Informe propone.       

Pero ello no basta.  La justicia exige, también, que se esclarezca el paradero de los desaparecidos y que se determinen las responsabilidades personales.       

En cuanto a lo primero, la verdad establecida en el Informe es incompleta, puesto que en la mayoría de los casos de detenidos desaparecidos y de ejecutados sin entrega de sus restos a los familiares, la Comisión no tuvo medios para encontrar su paradero.       

En lo que respecta a la determinación de las responsabilidades, es tarea que dentro de un Estado de Derecho corresponde a los Tribunales de Justicia, en conformidad al ordenamiento jurídico y con las garantías del debido proceso.  La Comisión de Verdad y Reconciliación no pudo entrar en este aspecto, porque el propio decreto que la creó le negó esa facultad en virtud de claros preceptos constitucionales.       

En uno y otro caso, la Comisión ha enviado los antecedentes respectivos al tribunal correspondiente.  Espero que éstos cumplan debidamente su función y agoten las investigaciones, a lo cual -en mi concepto- no puede ser obstáculo la ley de amnistía vigente.                     

4º.-  Terrorismo y violencia         

Los criterios expuestos no deben ser interpretados por nadie como signos de tolerancia o debilidad en la lucha contra el terrorismo y la violencia de sectores extremistas.       

Es decisión de mi gobierno combatir con la mayor energía el terrorismo y toda forma de violencia, de quienquiera que provenga.  Lo importante es encontrar mecanismos eficaces para derrotarlos y ponerles término.  La experiencia de otros países demuestra que los caminos del derecho son para ello más eficaces que la simple confrontación armada.  Nos resistimos a aceptar que para combatir el terrorismo, repudiable entre otras razones porque viola los derechos humanos, sea indispensable emplear métodos que incurran en análogas violaciones, porque tales métodos, moralmente inaceptables, ayudan en la práctica a alimentar la espiral de la violencia.                           

III.  DECISIONES         

En presencia del Informe que he reseñado, teniendo en cuenta las reflexiones precedentes y a fin de encarar los problemas derivados de las violaciones de derechos humanos con la mayor responsabilidad, eficacia y prontitud, creo necesario adoptar las medidas que paso a enunciar:       

1º.-  Hago un ferviente llamado a todos mis compatriotas a aceptar la Verdad que se expone en el Informe y a ajustar su conducta a ese reconocimiento;           

2º.-  Acogiendo la sugerencia del Informe, reivindico pública y solemnemente la dignidad personal de las víctimas en cuanto hayan sido denigradas por acusaciones de delitos que nunca les fueron probados y de los cuales nunca tuvieron oportunidad ni medios adecuados para defenderse.       

3º.-  En el curso del presente mes, el Gobierno presentará al Congreso Nacional un proyecto de ley para concretar las proposiciones del Informe en cuanto a pensión única de reparación a los familiares directos de las víctimas, procedimiento especial de declaración de muerte de personas detenidas desaparecidas, otras prestaciones de carácter social y creación de una institución de Derecho Público que se haga cargo de las tareas que el Informe señala;       

4º.-  Hoy mismo he enviado a la Corte Suprema un oficio en que le adjunto el texto del Informe y le solicito que, en ejercicio de sus atribuciones, instruya a los tribunales correspondientes para que activen con la mayor diligencia los procesos actualmente pendientes sobre violaciones de derechos humanos y los que deban instruirse con motivo de los antecedentes que la Comisión de Verdad y Reconciliación les remitió, haciéndole presente que en mi concepto, la amnistía vigente, que el Gobierno respeta, no puede ser obstáculo para que se realice la investigación judicial y se determinen las responsabilidades, especialmente en los casos de personas desaparecidas;       

5º.-  El Gobierno pedirá por intermedio del Ministro de Justicia y con arreglo al art. 26 bis del Código de Procedimiento Penal, la intervención del Ministerio Público en primera instancia cada vez que lo estime necesario;       

6º.-  Personalmente he pedido a los señores Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas y al señor General Director de Carabineros la cooperación de sus instituciones para establecer el paradero de los detenidos desaparecidos y de los ajusticiados cuyos restos no han sido entregados a sus familiares;       

7º.-  El Gobierno dará instrucciones especiales a los Servicios de Orden y Seguridad Pública para que presten la más diligente cooperación a los Tribunales de Justicia para el éxito de las investigaciones en los casos referidos;       

8º.-  Se enviará próximamente al Congreso Nacional el proyecto de ley, que le fue propuesto por el Capítulo Chileno del Ombudsman y que el Gobierno ha hecho suyo, para crear la institución del Defensor del Pueblo, que se encargará fundamentalmente de cautelar el respeto y plena vigencia de los derechos humanos; y       

9º.-  Finalmente, el Ministerio de Justicia constituirá a la mayor brevedad un equipo de trabajo que prepare el o los proyectos de ley necesarios para introducir en nuestra legislación las reformas que la Comisión de Verdad y Reconciliación sugiere para la mejor protección de los derechos humanos.       

Independientemente de lo expuesto, creo oportuno anunciar que, coincidiendo con algunas de las sugerencias del Informe, el Gobierno tiene preparados los proyectos de ley necesarios para perfeccionar y modernizar la Administración de Justicia.  Siendo ésta una materia en que existe muy alto consenso nacional, es mi propósito procurar rápidamente los acuerdos necesarios para que dicha reforma judicial pueda presentarse próximamente en términos que faciliten su debate y aprobación parlamentaria en el más breve lapso.

RUEGO A LOS CHILENOS

 Al finalizar esta exposición, quiero rogar a todos mis compatriotas que se esfuercen por asumir esta verdad con entereza y responsabilidad.  Debemos ser capaces de sacar lecciones de la experiencia para que NUNCA MAS en Chile vuelva a pasar algo semejante.  Esta es la tarea de todos, de la que nadie puede excluirse.       

Si el dolor, el espanto y la justa indignación nos movieran al odio y a la violencia, pronto caeríamos en lo mismo.  Sería reanudar la lucha fratricida, destruir nuestra renaciente democracia y renunciar al anhelo de paz que todos abrigamos.       

Todos los chilenos pueden tener la certeza de que el gobierno cumplirá su deber, consecuente con los principios morales que lo inspiran, sin otras miras que la justicia, la reconciliación y el bien común de la Patria.       

Pero ésta no es sólo tarea del gobierno.  Lo es igualmente de los otros Poderes del Estado, de las Instituciones Armadas, de las autoridades espirituales, de las organizaciones sociales y de toda la comunidad nacional.  A todos pido su cooperación para que juntos, respetándonos y ayudándonos, con comprensión y generosidad, hagamos lo necesario para sanar las heridas del pasado y construir un futuro de justicia, de progreso y de paz para Chile.

Amigos, profesores y estudiantes de esta casa de estudios: 

         Cuando el señor rector me invitó a venir a la Universidad Católica de Valparaíso, para conocerla y hacer reflexiones en torno al centenario de la Encíclica “Rerum Novarum”, no vacilé en aceptar gustoso. 

         Estoy aquí con mucha satisfacción, satisfacción que obedece a un doble motivo.  Siempre para mí estar en el seno de una Universidad es una experiencia enriquecedora.  La Universidad es, por su naturaleza, un centro superior de cultura.  Aquí se viene en busca de la verdad, del perfeccionamiento, de la superación.  Aquí se cultivan las facultades superiores del ser humano.  La Universidad es un refugio, no aislado del mundo, sino que en medio de la sociedad, y pertenecer a ella es un privilegio.  No todos tienen oportunidad de ser universitarios, y quienes tienen acceso a la Universidad deben valorar lo que ello significa, lo que les impone en exigencia de autodisciplina, de esfuerzo, de superación, de afán de saber y de perfección, y lo que le impone como norma de conducta de convivencia universitaria.  La convivencia universitaria es, por su naturaleza, una convivencia que se funda en la razón, en el diálogo, en la capacidad de debatir sin renunciar jamás a las armas propias del pensamiento, del raciocinio.

         Fui durante muchos años estudiante y académico en la Universidad de Chile y en la Católica de Santiago, y cada vez que piso los claustros universitarios, me siento en mi propia casa.  Estoy contento de estar aquí entre ustedes.

         Y hacer algunas reflexiones en torno al centenario de la Encíclica Cuadragésimo Annus, es para mí algo que me resulta no sólo fácil, sino que, además, me permite expresarme en lo más profundo de mis propias convicciones. 

         Cada ser humano enfrenta la vida desde la perspectiva de su visión del mundo, y su visión del mundo se funda en la fe que profesa, en los valores en que cree, en los principios que lo inspiran. 

         Para mí, esa fe, esos valores, esos principios, son los que nacen del Evangelio, y se expresan en el mundo de lo social, en el humanismo cristiano.  Hablar de la Encíclica “Rerum Novarum” es hablar de una de las piezas claves en el desarrollo de esta concepción, del mundo y de la sociedad, que es el humanismo cristiano.  El humanismo cristiano, como ustedes saben, se nutre, fundamentalmente, del Evangelio de Cristo, de los documentos que constituyen la Doctrina Social de la Iglesia, y del pensamiento de ilustres pensadores, que inspirados en aquellos documentos, han desarrollado toda una visión de la sociedad y de su desarrollo, sobre la base de esos pilares.

         El eje central de la Doctrina Social de la Iglesia, es el tema de la justicia.  Rerum Novarum fue escrita para denunciar el escándalo de su época.  León XIII habló de que ese escándalo era que multitud de trabajadores obreros estuvieren sujetos a una condición que difiere poco de la de los esclavos, según sus palabras, y frente a ese escándalo persiguió proclamar las condiciones fundamentales de la justicia en la coyuntura económica y social de entonces.

         Han pasado cien años.  La Iglesia ha proclamado los mismos valores y principios para un mundo cambiante, que tiene problemas diferentes, pero en que subsisten similares desafíos.

         Rerum Novarum coincidió con uno de los momentos más dolorosos de nuestra historia.  Cuando la Guerra Civil del 91 dividía a los chilenos en torno al carácter del sistema político, cuando la industria del salitre transformaba miles de peones en obreros que buscaban tímidamente alguna forma de organización para reivindicar sus derechos, cuando este país agrario comenzaba a industrializarse.

         El Papa León XIII dio entonces el primer pronunciamiento eclesiástico sobre la nueva realidad social creada por la revolución industrial, una sociedad de la cual fue radicalmente crítico.  Lo sustantivo de su crítica radicaba en que los hombres, al negar a Dios, se erigían ellos mismos en Dioses y a sus ideologías en religiones.  Denunció la condición de injusticia al que estaba sometido el trabajador y enunció los deberes del Estado en defensa de la dignidad humana, así como de los deberes de la propiedad privada y del capital, para no transformarse en objeto de explotación sino del goce de un derecho justo.

         Rerum Novarum interpretó los signos de las cosas nuevas de su tiempo, desde los valores permanentes de la Iglesia.  Por eso fue capaz de transformarse en guía y en modelo de acción para los hombres.

          La Doctrina Social de la Iglesia ha sido una orientación fundamental para los católicos a lo largo del siglo.  Ella ha contribuido a modelar muchos aspectos de la Europa de hoy, a través de organizaciones sindicales, empresariales y de partidos políticos.  En Chile su influencia también ha sido profunda.

         Aún cuando Rerum Novarum no fue acogida por los laicos al momento de su publicación -en Chile ni siquiera la publicó el diario católico de la época, aduciendo que no correspondía a nuestra realidad-  precisamente ante la primera crisis de carácter social que vivió el país en los años 20 y siguiente, muchos católicos encontraron en Rerum Novarum un camino de acción que significó un aporte sustantivo para el desarrollo del país.

         Podrían recordarse aquí muchos nombres ilustres de sacerdotes, de políticos y de dirigentes sindicales que, inspirados en los principios de la Doctrina Social de la Iglesia, prestaron valiosos servicios al país.  Permítanme sólo recordar, entre los religiosos, al Padre Fernández Pradel, al Obispo don Manuel Larraín y al Padre Alberto Hurtado.  Entre los políticos, al doctor González Cortés, a Bernardo Leighton, al doctor Cruz-Coke, a Eduardo Frei.  Y entre los hombres de trabajo, dirigentes sindicales, a uno, muerto recién no hace un año, cuya vida encarnó, como verdadero ejemplo, la vocación cristiana al servicio de sus compañeros trabajadores: don Clotario Blest.

         Cuando apareció la Encíclica Rerum Novarum, hace un siglo, naturalmente fue objeto de críticas.  Desde un extremo se la sindicó despectivamente como “reformista”, cuando no se la censuró y persiguió abiertamente, como sucedió en los países llamados “socialistas”.  Desde otro ángulo, el del liberalismo, aún aquel de origen católico, a veces en forma sutil, se desvalorizó su mensaje bajo la arrogancia tecnicista de que la Iglesia no tiene competencia en las ciencias económicas, como si cualquier corriente de pensamiento y cualquiera disciplina pudiera sutraerse del marco valórico al cual deben someterse sus conclusiones y consecuencias.

         Sin embargo, las enseñanzas de la Rerum Novarum navegaron por un siglo duro, que confirmó históricamente los peligros sobre los que se había alertado.  La revolución rusa, el fascismo y el nazismo, los socialismos reales y la pauperización del tercer mundo, confirmaron los asertos de la Encíclica.

         Pero al mismo tiempo, durante este siglo, se ha ido gestando una épica nueva.  Al capitalismo salvaje sucedió el bienestar de las naciones desarrolladas;  el desarrollo tecnológico ha impreso a la economía un rumbo de fuerte internacionalización, en que se abren posibilidades para las naciones marginadas, y el dolor de la dignidad humana vejada por el Estado, en nombre del partido o de la seguridad nacional, empezó a transformarse en fuerza redentora.

         Cuando muchos de los procesos descritos por la Rerum Novarum comenzaron a vivir su agotamiento, se hizo evidente hasta qué punto los valores por ella proclamados, que parecían ir en contra de la historia, iban, precisamente, según el curso de la historia.

         De allí entonces que Centésimus Anus, la Encíclica recientemente promulgada por Juan Pablo II, al cumplirse cien años de la anterior, sea no sólo una confirmación ética de los valores permanentes de la Iglesia, sino también de su validez histórica.  Centésimus Anus ofrece a la sociedad contemporánea la invitación más abierta y creativa para hacernos cargos de nuestro presente y de nuestro futuro.  El Chile que recibe Centésimus Anus es un Chile muy distintos del que recibió a Rerum Novarum.  Si Rerum Novarum nos sorprendió en medio de una Guerra Civil, ésta nos encuentra en proceso de reconciliación.  Si en ese entonces los problemas del mundo moderno nos parecían lejanos, hoy convivimos plenamente.

         Nadie diría que el mensaje de Centésimus Anus no se ajusta a nuestra realidad, sino todo lo contrario.

         No deja de ser significativo que Juan Pablo II, junto con resaltar la validez de la antropología cristiana y referirse extensamente a las causas profundas del derrumbe de los sistemas socialistas, se refiera al espíritu libertario que recorre al mundo y se centre en un año: 1989.  Es que ése es el año en que se derrumban los muros que dividían a los hombres, y ello fue el logro de hombres y mujeres que lucharon por la paz, con las armas de la paz.

          Para nosotros, y el Papa se refiere a ella en el contexto latinoamericano, es el año de recuperación de nuestra democracia y también es el triunfo de un pueblo que creyó firmemente en que sólo se podía derrotar un régimen autoritario por medios consecuentes con los valores que se proclamaban, que la violencia no se combate con la violencia; que la dignidad no se recupera negándole la dignidad a otro; que la libertad es inseparable del respeto al derecho.

          Mil novecientos ochenta y nueve es para nosotros el año en que, superando los dogmatismos del pasado, nos embarcamos en un proyecto de Nación para el nuevo siglo.

          ¿Qué vigencia tiene, frente a este proyecto de Nación para el futuro, los valores proclamados en la Doctrina Social de la Iglesia y por el Humanismo Cristiano?

         Hoy los desafíos del mundo no radican, como en el pasado, en una pugna fundamentalmente ideológica.  Ellos nos permite liberar energías para concentrarnos en las tareas del futuro.  Entre ellas, la que sigue vigente y debe concitar nuestro mayor esfuerzo, es la lucha por la justicia y por la superación de la pobreza.  Hemos ganado la batalla de la libertad.  Ahora tenemos que ganar la batalla de la justicia social, tenemos que derribar el muro de la pobreza. 

         La tarea de la justicia social exige preocupación especial por que haya justicia distributiva en las relaciones entre los hombres y requiere, al mismo tiempo, preocupación por el crecimiento económico y el desarrollo.

         Como lo he repetido en múltiples ocasiones: no se trata sólo, para los países en vías de desarrollo como el nuestro, con un ingreso relativamente bajo, con distribuir equitativamente ese ingreso.  Si distribuyéramos por igual entre todos los chilenos el ingreso nacional, muy pocos quedarían satisfechos.  Hay que hacer un esfuerzo de distribución equitativa, fundada en los valores morales, fundada en el concepto de justicia, fundada en el respeto esencial a la dignidad de la persona humana, que exige que todo ser humano tenga lo necesario para vivir dignamente.

         Pero hay que hacer también un esfuerzo para el desarrollo y el crecimiento, hay que hacer un esfuerzo muy grande para que haya más bienes disponibles, precisamente, para llenar el vacío que provoca la pobreza.

         Sobre esta perspectiva, valoramos un sistema económico regido por el mercado, que ha demostrado ser eficaz para lograr el crecimiento.  La Iglesia ha valorizado siempre la propiedad privada y la iniciativa individual, pero a la vez ha delimitado muy claramente cuál es su ámbito específico, y el peligro que significa traspasar los criterios del mercado a otros ámbitos de la sociedad y de la vida humana.  La libertad económica es solamente un elemento de la libertad humana.  Cuando aquélla se vuelve autónoma, es decir, cuando el hombre, considerado más un productor o un consumidor de bienes o como un sujeto que produce y consume para vivir, entonces pierde su necesaria relación con la persona humana y termina por alienarla y oprimirla.  Estas son palabras de Centésimus Anus.

         Tenemos que tener en cuenta, como lo repite reiteradamente Juan Pablo II en su reciente Encíclica, y ya lo había afirmado León XIII en Rerum Novarum, y mucho antes Santo Tomás en sus escritos: “el derecho de propiedad privada no puede olvidar el destino universal de los bienes, que han sido creados por Dios para servir las necesidades de todos los hombres y no de unos pocos”.

         La Encíclica nos advierte que ese objetivo de desarrollo y crecimiento no se agota en la elevación del nivel de los más pobres, pueblos o personas, a los niveles de los más ricos, sino que tiene como norte fundar sobre el trabajo solidario una vida más digna, hacer crecer efectivamente la dignidad y creatividad de toda persona, su capacidad de responder a la propia vocación y, por tanto, al llamado de Dios. 

         El mercado, por lo tanto, es un instrumento insuficiente por sí solo para solucionar otros problemas.

         Por eso el rol del Estado resulta crucial para garantizar el orden público y la vigencia del Estado de Derecho, y el respeto a las garantías individuales, así como para procurar la seguridad para dar oportunidades a los más pobres.

         Esto no significa un Estado paternalista, que ha perdido su sentido y eficacia.  Pero sí, un Estado que tiene el deber de crear las condiciones para que la creatividad y la iniciativa de las personas pueda asumir la tarea de vencer la pobreza.

         El cambio del rol del Estado en la sociedad contemporánea nos lleva a imaginar nuevas formas para construir esa sociedad justa que anhelamos.  Esta es una tarea también de los jóvenes.

         Hoy día hay en nuestro país una tendencia de mucha gente a creer y a sostener, a veces con un dogmatismo un poco infantil, que el Estado sería poco menos que el enemigo del progreso y de la modernidad, que para ser una Nación moderna hay que dejar que la vida se desenvuelva, ojalá, sin ninguna intervención del Estado.  El Estado tendría sólo un papel subsidiario, según el cual le correspondería una intervención indirecta para crear condiciones favorables al libre ejercicio de la actividad económica.

         Se olvida que según los principios contenidos en la Doctrina Social de la Iglesia, expresados en Rerum Novarum y ahora en Centésimus Anus, hay otro principio, aparte del principio de la subsidiariedad: hay el principio de solidaridad que el Santo Padre nos recuerda que, según sus palabras, “exige al Estado intervenir directamente, poniendo en defensa de los más débiles, algunos límites a la autonomía de las partes”. 

         En verdad, yo pienso que el Estado tiene, como órgano de la sociedad encargado de tutelar el bien común, que cumplir cuatro formas de intervenciones:

         Una primera intervención es para regular la actividad privada.  ¿Pone alguien en duda, en nuestros tiempos, que el tráfico en las ciudades tiene que ser regulado porque si no se produciría una anarquía?  ¿Pone alguien en duda que la necesidad de defender la salud de los habitantes exige regulaciones de orden sanitario?  ¿Que las necesidades de mantener el orden público exigen regulaciones de tipo policial?  ¿Que las necesidades de preservar el medio ambiente y la renovación de los recursos renovables exige regular la pesca, regular la explotación de los bosques, regular las aguas? 

         Es función del Estado dictar estas reglas que regulan la conducta de la gente, con el fin de asegurar el bien común, de asegurar que prevalezca el interés general sobre los intereses particulares, de asegurar una adecuada convivencia y también de proteger a los más débiles, a fin de que en las relaciones entre las gentes se dé un mínimun de justicia.  Porque si ustedes dejan que las relaciones entre el fuerte y el poderoso y el débil queden entregadas, simplemente, al principio de la libre contratación, va a ocurrir que el pez gordo se come al más chico, va a ocurrir que los débiles quedarán a merced de los poderosos.  Y por eso el Estado tiene que dictar leyes, reglamentos, regulaciones, por ejemplo, de las relaciones laborales, para proteger a la parte más débil.

         En segundo lugar, el Estado tiene otra forma de intervenir consecuencial a la anterior.  No sacaríamos nada con dictar regulaciones a la actividad privada, si al mismo tiempo no ejercemos una función de control o fiscalización para asegurar que esas regulaciones se cumplan.  Podemos tener la mejor legislación sanitaria del mundo, pero si no hay inspectores de salud que aseguren su cumplimiento, esa legislación podría ser estéril.  Y así, en los distintos campos de la actividad al Estado le toca fiscalizar o controlar la actividad privada, para que las regulaciones establecidas en bien común, sean efectivamente respetadas.

         También le toca al Estado una tarea de estimular la actividad privada, fomentar la actividad productiva, la actividad cultural, ayudar a la gente que quiere hacer cosas a que pueda hacerlas.  De allí los distintos mecanismos de subsidios, subvenciones, ayudas presupuestarias, las acciones de organismos que es necesario crear, que prestan asistencia técnica; de ahí la tarea en la educación, destinada ¿a qué?, a ayudar a la gente a que se ayude a sí misma, a que progrese, a que cree, porque, por ejemplo hoy en día en Chile todos decimos que hay un campo inmenso para la pequeña y mediana industria, que este país debiera seguir el ejemplo de naciones que han superado el subdesarrollo y han logrado altos niveles de desarrollo, lo que ocurre, entre otros, en Europa, gracias no sólo a las grandes empresas, a grandes fábricas, sino al desarrollo multitudinario de la pequeña y mediana empresa.

         Ese es un desafío que tenemos los chilenos.  ¿Cuánto chileno tiene habilidades y quiere trabajar, quiere producir algo y se encuentra con que carece de los medios para ello?  Toda una política estatal de ayuda a la pequeña empresa, es una forma de ayudar al que tiene iniciativa para que pueda realizar su anhelo y convertirse en un sujeto creador, en un elemento positivo para la sociedad.

         Pero hay también ocasiones en que el Estado no sólo regula la actividad privada, la fiscaliza o la estimula.  Hay ocasiones en que el Estado sustituye a la actividad privada.                          

Razones superiores de interés general exigen que ciertas tareas las tome el Estado en sus manos.  Está de moda hablar de las privatizaciones, y para algunos progresar sería privatizarlo todo.  ¿Se les ha ocurrido privatizar a las Fuerzas Armadas?  ¿Se les ha ocurrido privatizar a la Administración de Justicia?   ¿Y si es tan buena la fórmula privada por qué no lo hacemos?

         A nadie se le pasa por la mente, porque se entiende que hay actividades que por su vinculación con el bien común general de la Nación tienen que estar por encima de los intereses particulares, y sólo pueden estar en manos de la sociedad entera, y el órgano jurídico y político de la sociedad entera es el Estado.  Mañana dirán que yo soy estatista.  No soy estatista, pero a cada uno lo que le corresponde.

     Cuando están comprometidos intereses superiores, cuando determinadas actividades constituyen servicio público, cuando -como en el caso de ciertas nacionalizaciones, en nuestro caso, en su tiempo, el petróleo, el cobre- la sociedad estima que está vitalmente comprometido en el desarrollo de cierta actividad el interés superior del Estado, de la sociedad entera, es legítimo que el Estado la tome en sus manos.

         A pesar de los grandes cambios acaecidos en las sociedades más avanzadas, nos dice en su reciente Encíclica Juan Pablo II, “las carencias humanas del capitalismo, con el consiguiente dominio de las cosas sobre los hombres, están lejos de haber desaparecido.  Es más, para los pobres, a la falta de bienes materiales, se ha añadido la del saber y del conocimiento, que les impide salir del estado de humillante dependencia”.

         Tenemos que encontrar, y ese es un gran desafío, fórmulas no ideologizadas pero inspiradas en valores que busquen soluciones prácticas a los grandes problemas de nuestro tiempo, y uno de los fenómenos propios del mundo que hoy vivimos, es la sustitución del protagonismo del Estado por el protagonismo de la sociedad.  Aún en ciertas concepciones del socialismo moderno se pone el acento en ir reemplazando esa concentración de poder en el Estado, que nosotros rechazamos en nombre de la libertad, en nombre del humanismo, que conduce a otra forma de explotación y de dominación, que ha sido repudiada por el mundo contemporáneo, simbolizando este repudio en lo que ha ocurrido, precisamente, en los últimos dos años en la Europa Oriental, el derrumbe de los llamados socialismos reales, pero ese protagonismo del Estado, en lo que se refiere a los intereses generales, exige una mayor participación de la propia sociedad en diversos campos del quehacer social.

         Los desafíos que enfrentamos y las causas por las cuales vale la pena jugarse, están cada vez menos ligadas al Estado y más ligadas a la sociedad. 

         Y esto nos exige buscar formas de intervención de la sociedad y esto, en el fondo, tiene un nombre: participación.  Se trata de crear instancias o cauces, a través de los cuales las distintas realidades básicas de la vida social, las familias, los sindicatos, el vecindario, el mundo de las distintas actividades, se agrupen y puedan contribuir a resolver sus propios problemas, las juntas de vecinos, las organizaciones comunitarias, las cooperativas, los sindicatos, las federaciones de estudiantes, las organizaciones profesionales, son entidades a través de las cuales la sociedad se expresa y puede ir creando una malla de participación, de tal manera que nadie sea víctima de una imposición autoritaria, de un aparato burocrático venido desde arriba, sino que sea partícipe activo, junto con sus pares, en la solución de los problemas que les afectan.

         Quisiera, finalmente, referirme a otro aspecto que destaca la Encíclica reciente, que es el relativo al valor del conocimiento y de la cultura.  Para los estudiantes, como la mayoría de los aquí presentes, que tienen el privilegio de acceder al conocimiento, el que, como lo señala Juan Pablo II, se ha transformado en una nueva forma de propiedad, equivalente a los que antes fuera propiedad de la tierra o del capital, la vida los convoca a asumir las tareas de su tiempo.

         El triunfo de la democracia y de la libertad, los consensos en nuestra sociedad sobre valores fundamentales de la convivencia política, democracia, derechos humanos, así como de ciertos instrumentos del sistema económico, permite abocarse de lleno, en forma crítica y constructiva, al problema de los valores y su encarnación concreta en la vida social.

         Juan Pablo II nos invita a reflexionar sobre la ecología, pero no sólo la ecología que señala los equilibrios entre el hombre y la Naturaleza, sino el equilibrio del hombre consigo mismo y sus semejantes, es decir, la ecología humana.  Uno de los mayores riesgos de la juventud contemporánea es entregarse al excepticismo, que es el puente que conduce a un consumismo exitista y autocomplaciente, que de tanto buscar el placer pierde la capacidad de gozar.  También la desesperanza puede conducir a la delincuencia o a la drogadicción.

         Otros creen que al haberse desvanecido las grandes utopías, no hay causas suficientemente heroicas como para convocar el entusiasmo y la pasión de la juventud. 

         Para todos ellos Centésimus Anus muestra que subsisten las grandes causas y que el ser humano real, concreto e histórico, es el centro de ellas.  También nos muestra cómo grandes utopías que buscaron extirpar el mal, atropellaron la dignidad de hombres de carne y hueso.

         La antropología cristiana nos enseña que la naturaleza humana es perfectible, pero no perfecta; que el mal se anida en el corazón de cada uno de nosotros y no en una raza, un credo o una ideología.  La Encíclica nos recuerda la parábola del trigo y la  cizaña.  “No están separadas, y sólo toca al padre separar y distinguirlas en su momento”.  Cuando los hombres se creen en posesión del secreto de una organización social perfecta, que haga imposible el mal, piensan también que pueden usar todos los medios, incluso la violencia y la mentira para realizarla, la política se convierte entonces en una religión secular, que cree, ilusoriamente, que puede construir el paraíso en este mundo.

         Por eso estamos todos llamados a construir una vida cada vez más plena y esta tarea no es monopolio ni de un partido, ni de una Nación, ni de una religión.  Es ese humanismo integral el que nos permite soñar la sociedad que queremos, sin traicionar la esencia del ser humano, sino permitiéndole su máxima expresión.

         En ella el Estado, la economía, la propiedad, incluso la democracia, son instrumentos, no fines,  para esta tarea. 

         Los jóvenes de hoy, mucho más que los de ayer, tienen las puertas abiertas para venturar un futuro que sea para el hombre, con su trabajo, con su grandeza, con sus temores, con su egoísmo y con su generosidad.

         El mundo moderno ha demostrado sus éxitos pero también sus flaquezas.  Una cultura se define por los valores en que se sustenta. 

         Ustedes, jóvenes estudiantes, como todos los jóvenes del mundo, tienen el porvenir en sus manos, la capacidad de construir ese porvenir va a depender, fundamentalmente, de la capacidad que ustedes demuestren de esforzarse, de superarse, de tener amplitud de criterio, de buscar valores sólidos en los cuales afirmarse, para no construir sobre la arena sino sobre roca, y para, con visión de futuro, asentados en esos valores, con fe en Dios y fe en el hombre, ir avanzando, inspirados, fundamentalmente, en la creencia de que todos somos hijos de un mismo Dios, llamados a amarnos los unos a los otros, así, sobre la base de esos valores, y poniendo cada cual lo más de sí mismo, con espíritu de justicia y de solidaridad, construiremos lo que se ha llamado por un Papa “la civilización del amor”.

         Muchas gracias.

Señoras y Señores:

     No puedo ocultar la honda emoción con que recibo el honroso grado que hoy me otorga la Univer­sidad de Georgetown.  Lo agradezco en nombre propio, pero principalmente en nombre del pueblo de Chile, quien dando muestras de su amor a la liber­tad, conquistó la democracia con coraje y sabiduría.

     En esos años difíciles, ustedes nos acompañaron recibiendo a algunos de nuestros compatriotas y aportando vuestra refle­xión para compren­der los procesos de democratización en América Latina.

     Por eso hoy quiero dar testimonio del enorme valor que tiene el mundo de las ideas para quienes actuamos en el mundo de la contingen­cia.

     Yo fui, como ustedes, un hombre de las aulas, y parte de mi corazón quedó en ellas.  También he sido y sigo siendo un hombre de la política, y desde ese escenario veo la urgencia de renovar las relaciones entre estos dos mundos. 

     En este tiempo de perplejida­des y esperanzas, cuando los esquemas conceptuales que nos movilizaron parecen agotarse, vuestra reflexión debe dotar de nuevos conteni­dos al pensamiento y la actividad política que la alejen del riesgo del puro pragmatismo y de convertirse en una mera ad­minis­tración del poder por el poder.

     Soy también un político católico, y como tal creo que las universidades católicas, herederas de tan rica tradición, deben refor­zar su misión de pensar el mundo desde la ciencia y desde la ética.

     Por ello valoro especialmente la decisión de esta Universidad de establecer un Centro de Estudios Avanzados de Etica, para la enseñanza y la investigación.

     Comparto plenamente la elocuente declaración acerca de la necesidad de tal Centro que se encuentra en la descripción de su programa:  “Para que el hombre y la mujer modernos no sean abrumados por sus logros tecnológicos, sus diferencias culturales o la seducción de sus propios intereses, deben ser capaces de realizar reflexiones y juicios morales maduros”.

     Obedeciendo a mi inquietud en este sentido, es que quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la necesaria  vinculación entre la ética y la política, desde la perspectiva de mis convic­ciones y mi experiencia como político chileno.

     La historia nos muestra que aunque luchar por una causa justa o ceñirse a parámetros éticos no siempre tiene ventajas prácti­cas.  También es cierto -como lo afirmó Maritain- que las victo­rias que no están fundadas en el bien, por su propia naturaleza son efímeras.  Ello constituye fundado motivo de esperanza para todos los verdaderos constructores de la paz.

     La generación a que yo pertenezco tuvo la opor­tunidad de compro­bar­, con espanto, los efectos de triunfos políticos que cosecharon lideraz­gos crueles e inmorales, como los de un Hitler o un Stalin.  En nuestras naciones latinoamericanas hemos vivido también las consecuencias de doctrinas que no tuvieron en consideración la dignidad humana y que en aras de la justicia o la seguridad atropellaron valores fundamentales y terminaron por destruir nuestra convivencia.

     En este tiempo, cuando las ideas de libertad, justicia y solida­ridad resuenan con fuerza en todo el globo, el Ma­quiavelis­mo teórico y práctico continúa, sin embargo, reteniendo dema­siados discípu­los.

     Muchos políticos de nuestro tiempo parecen creer que para tener éxito se requiere ser flexibles frente a las exigen­cias de la ética.  En nombre de un pretendido realismo en política, y en aras de una supuesta mayor eficacia y eficiencia, se justifican actos cuya moralidad es objetable.

     Esta situación se traduce en una dramática dualidad: políti­cos que de buena fe buscan el bien de sus pueblos terminan tole­rando resquicios y excusas para justificar actuaciones reñidas con la moral, ya sea en los medios o en la conducta personal.

     A su vez, los pueblos, que en un principio reaccionan indignados ante estos hechos, terminan por caer en un profundo escepticismo frente a todos los políticos y a la política misma como actividad.

     Es ésta una realidad que se da, en diferentes grados, en las democracias modernas, lo cual plantea un inmenso desafío de vivir la política de acuerdo a principios y valores.

     Vengo de un país lejano y joven, que siente orgullo de su histo­ria, de una larga tradición democrática, en una región convulsionada, y de generaciones de políti­cos que concibieron la fun­ción pública como un servi­cio.

     Me formé en esa escuela.  Soy hijo de un juez, ejercí la profesión de abogado marcado por una vocación de justicia, y llevo medio siglo en la actividad política, intentando luchar por los ideales que abracé en mi juventud y que aún siguen plenamente vigentes.

     Vengo también de un país que ha vivido experiencias difíciles y dolorosas, pero que ha sabido encontrar sus propios caminos de solución a los con­flictos.

     En estos largos años, he aprendido que la acción del políti­co se compone, por una parte, de las nobles aspiraciones que lo inspiran, los valores en que cree y que trata de encarnar en la realidad y, por otra parte, de la realidad misma que limita, ya sea por falta de recur­sos, de instru­mentos jurídi­cos, de medios económicos, de consenso colectivo, o por mil otras circunstan­cias.

     Por eso, gobernar no es hacer lo que se quiere, sino lo que se puede de lo que se quiere.  Ello justifica aquello de que la “política es el arte de lo posible”.  Esto, a veces, nos encajona en situaciones en que ninguna alternativa es tan buena como se quisiera y las circunstancias exigen escoger entre alter­nativas que aparecen todas malas, o apenas regulares.  Entonces, lo co­rrecto y lo valiente es escoger el mejor bien posible, o incluso el mal menor, y no intentar a toda costa una solución perfecta, ideal, pero imposi­ble en la realidad, ni tampoco levantar las manos y darse por vencido.

     Es en estos casos donde se hace necesaria la virtud de la prudencia.  El gobernante, el político, ha de tener coraje, valor, audacia para luchar por aquello en que cree.  Pero ha de tener también pruden­cia para no embarcarse en aventu­ras o caminos que conduz­can a desastres o a males mayores.

     Nunca olvidaré la impresión que me causó en una ocasión en que tuve el privilegio de ser recibido por el Santo Padre Pablo VI, cuando al contarle yo las cuitas de la realidad que vivíamos me instó a tener “coraggio, paciencia y audacia”.  Aparentemente resultan contradictorios, sin embargo son complementarios. 

     Max Weber ha distinguido entre la ética de la convicción o el testimonio y la ética de la responsabilidad.  Esta última no puede identificarse con un pragmatis­mo vacío, sino debe ser conjugada con una buena dosis de convic­ción. 

     Por ello, el gran desafío ético y político para quienes aspiran a servir a sus pueblos es ser capaz de renunciar a construir las utopías, pero sin renun­ciar a los ideales ni al sueño de un mundo mejor.

     Verdad, honestidad, justicia, solidaridad, son piedras angulares de carácter ético sobre las cuales se construye la acción políti­ca.  También lo es el ser capaz de llegar a compromisos. De ceder, no para comprometer los ideales; sí para comprometer los intere­ses personales, de partido o de ideolo­gía, pues todos ellos deben ser subordinados al bien de la comunidad, norte de la actividad del político.

     La experiencia de estos años en Chile ha estado marcada por estos criterios.  Los chilenos hemos recuperado pacíficamente nuestra democracia a través de un largo camino, recorrido con perseveran­cia por un pueblo que aprendió en el sufrimiento a privilegiar la razón sobre la fuerza.  Aprendimos también a buscar la solu­ción de los conflic­tos, partiendo de la reali­dad y conciliando la afirmación de los valores fundamentales, con el coraje y la prudencia.

     Es cierto que esta senda ha impuesto limitaciones a nuestra acción, que pueden no ser comprendidas por quienes obser­van desde fuera nuestro proce­so.  Pero ha sido justamente este delicado equili­brio entre continuidad y cambio el que nos ha permitido recorrer con éxito el complejo paso entre un régimen autoritario y un régimen democrático, sin los costos de muerte y destrucción con que suelen ir acompañados los derrumbes de las dictaduras.  Estamos ciertos también de que ésta es la forma de construir un sistema sólido para los chilenos de hoy y para los de mañana.

     Como Presidente de Chile, creo que el mayor valor de esta experiencia no reside en ser un interesante modelo para el estudio de las transiciones a la democracia, sino en la opción moral que ha hecho nuestro pueblo por la paz, la justicia y la libertad.  En esto reside la clave más profunda para compren­der por qué este proceso ha sido ejemplar en más de un sentido.

     Nuestro pueblo asumió frente al autoritarismo una lógica políti­ca de negociación y búsqueda de una solución pacífica de los conflictos, que finalmente superó a la lógica de la guerra que carac­terizó la acción autoritaria. 

     A ello contribuyó la existencia de dirigentes políticos y parti­dos vigoro­sos que pudie­ron dotar al proceso de transición de la sabi­duría capaz de combinar la pruden­cia con la firmeza en los principios, de evaluar adecuadamente los riesgos y las oportunidades, de saber cuándo transigir y cuándo perseverar. 

     Ello nos permitió movilizar a más del noventa por ciento de los electores potenciales para concurrir al plebiscito de 1988, sobre cuya lim­pie­za existían funda­das dudas. 

     El triunfo en ese evento nos permi­tió derrotar al autoritarismo y, luego, elegir democráticamente Presidente Chile y parlamen­tarios en 1989.

     Como aquí lo ha recordado tan bien el profesor Valenzuela, ese sentido de la realidad, el afán de buscar lo que une por sobre lo que divide, el afán de decir “nunca más a la guerra entre chilenos”, es lo que ha permitido la Concertación de Partidos que en el pasado fuimos antagónicos y tuvimos duros encuentros entre nosotros y que, sin embargo, hemos en la experiencia aprendido que es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y que viniendo desde distintas corrientes filosóficas, de pensamiento, con distintas inspiraciones, podemos unir nuestras voluntades y nuestra acción para construir juntos un Chile que garantice a todos sus habitantes una convivencia fundada en los valores de la paz, del respeto a la dignidad humana, de la vocación por la justicia y, sobre todo, del amor a la libertad.

     La atenuación de los ideologismos y una convergencia hacia progra­mas y objetivos de interés nacional, ha permitido el surgimiento de un nuevo estilo de hacer política en nuestra Patria, que se ha expresado en una voluntad compartida por aliados y adversa­rios de buscar los más amplios consensos posi­bles para la solución de los grandes problemas nacionales, como las relaciones exterio­res, la defensa nacional y la proyec­ción económica de Chile.

     Es éste un estilo que se ajusta a nuestra tradición y que esperamos ir profundizando, de manera que nuestra Patria pueda enfren­tar los grandes desafíos que tiene por delante: consolidar su democracia, crecer económicamente y lograr una efectiva integración de todos los chilenos en el esfuerzo y en los benefi­cios del desarrollo, para mejorar la vida de nuestro pueblo.

     Muchas gracias.

Señores Delegados; señores representantes de organismos internacionales:

     En primer lugar quiero expresar, en nombre del Gobierno de Chile, nuestra satisfacción por el hecho de que esta Conferencia se haya realizado en nuestro país, haber podido ser la sede de una reunión de alto nivel, con una sólida preparación documental, para analizar un problema de tanta importancia para la vida de nuestros pueblos.

     En verdad, el tema de la pobreza es, a mi juicio, el mayor desafío que tenemos los países no sólo del mundo en desarrollo, no sólo de América Latina y el Caribe, sino del mundo entero, a esta altura de los tiempos, cuando la humanidad se acerca al inicio del tercer milenio de nuestra era. 

     Cuando el progreso científico-tecnológico ha llevado a la humanidad a un grado de capacidad tan grande para dominar la naturaleza, para extraer de ella todas sus potencialidades en beneficio del ser humano, resulta un verdadero escándalo y algo irracional, y que golpea la conciencia, el que haya tantos millones de pobres y de gente en extrema pobreza en este mundo que, al mismo tiempo, ha llegado a un nivel de abundancia jamás imaginado en otros tiempos.

     Hay un contraste, entonces, entre las potencialidades demostradas por la humanidad para su desarrollo, el alto grado de desarrollo alcanzado en gran parte de los países y al mismo tiempo, este fenómeno de pobreza y de pobreza extrema que afecta a un porcentaje tan grande del mundo.

     Esto no sólo golpea la conciencia moral; también es un factor evidente de inestabilidad social, económica y política.  No se puede esperar que las naciones vivan en paz, que impere el orden y la tranquilidad, en un mundo en el cual hay contrastes tan agudos entre las posibilidades y el bienestar alcanzado por muchos y la situación de miseria que afecta a tantos otros.

     Por eso, el que se realicen encuentros como éste, en que los gobiernos de los países de América Latina y el Caribe, con la colaboración de CEPAL y del PNUD, se reúnen para intercambiar sus experiencias sobre cómo enfrentar este desafío tan grande, creo que es muy positivo y muy esperanzador.

     Dentro de ese mismo espíritu de crear conciencia en toda la humanidad sobre la significación de este problema y buscar acuerdos, no sólo entre los países del mundo en desarrollo, sino que también de los países del mundo desarrollado y altamente industrializado, es que Chile ha propuesto en las Naciones Unidas, con el apoyo -entiendo- de todos los que están aquí presentes y de muchos otros países, la celebración de una Cumbre Mundial Sobre el Desarrollo Social, idea que ya está aceptada y que debiera concretarse el año 1995.

     Creo que la experiencia que vamos acumulando en nuestros países en la lucha contra la pobreza, puede ser un aporte positivo y debe dar derroteros para llevar proposiciones concretas a esa Cumbre, para que permitan que ella dé los frutos que la humanidad tiene derecho a esperar, a esta altura de los tiempos, de un encuentro de esa naturaleza.

     No me voy a detener a exponer aquí lo que el Gobierno de Chile está haciendo en relación a este tema de tanta significación, porque ha sido objeto de vuestros análisis y sería redundante, y porque en la exposición inicial el Ministro Sergio Molina dio una información acabada sobre ello. 

     Sólo  quiero destacar que para nosotros es claro que la lucha contra la pobreza entraña la concordancia de dos políticas: una política en el campo económico y una política en el campo social, que de algún modo han de integrarse en una globalidad.

     Hablando en el lenguaje más simple, sin ningún tecnicismo, simplemente con la voz del hombre común, es claro que la pobreza no se derrota si no hay crecimiento, si no aumenta la riqueza y, en consecuencia, en los países como los nuestros, en vías de desarrollo, la necesidad de políticas económicas que generen crecimiento sobre bases de estabilidad son fundamentales para derrotar la pobreza.

     Si no aumentamos el ingreso per cápita de nuestros países, no lograremos los recursos suficientes para derrotar la pobreza.  Cualquiera política meramente redistributiva o de carácter populista repartirá la pobreza, disminuyendo los desequilibrios internos, pero no nos permitirá superar la pobreza, salir de la pobreza. 

     Para salir de la pobreza tenemos que crecer, y para crecer tenemos que tener políticas, en lo económico, equilibradas, políticas que contemplen las exigencias básicas para sustentarse en bases sólidas.  No provoca crecimiento sostenido políticas que descuidan los equilibrios macroeconómicos y que conducen, más tarde o más temprano, a explosiones inflacionarias que destruyen todo lo que se haya avanzado. 

     Pero yo tengo la convicción de que para derrotar la pobreza no basta con crecer; el mero crecimiento no conduce, necesariamente, a que los sectores más postergados de la sociedad y, por consiguiente, más afectados por el fenómeno de la pobreza o de la extrema pobreza, salgan de ella.

     Quienes piensan que el crecimiento por sí solo conduce a la solución de este problema, no aprecian debidamente la forma inequitativa en que, por la presión misma de la fuerza de los distintos actores sociales, se distribuye el resultado del progreso y del crecimiento.  La gente que está en la indigencia, muy a menudo sigue en la indigencia, por mucho que crezca el país y por mucho bienestar que haya en otras capas sociales.

     De ahí que nosotros hayamos hablado, en nuestro país, de una política de crecimiento con equidad.  Es decir, que al factor económico de crecimiento agregamos el componente social de equidad social, justicia social.  Esto entraña una serie de políticas, sobre las cuales yo no me voy a detener aquí, porque son las que han estado estudiando ustedes y ustedes las conocen mejor que yo, en cuanto personas especializadas en el tema.  Hay que realizar políticas concretas, en las cuales el Estado no puede ser un mero observador.  No se puede esperar que ellas resulten por la mera aplicación de las leyes del mercado o las iniciativas privadas.  El Estado, como gestor del bien común, tiene que diseñar e impulsar políticas, políticas que no las va a realizar sólo el Estado, que deben ser llevadas a cabo con participación de todos los sectores, pero que entrañan orientaciones que importen verdaderos compromisos nacionales y, yo diría, internacionales.

     Creo que, como bien señalaba Sergio Molina recientemente, en este esfuerzo es muy importante lograr grandes consensos nacionales, lograr que las divisiones político-partidistas, propias de todo sistema democrático y yo diría más, consecuencia inevitable de la libertad humana, que permite que convivan en una misma sociedad distintas visiones, distintos criterios, distintas ideas, no sean obstáculo para que en un problema de tanta significación como es el de la pobreza, se busquen y se encuentren criterios que logren un grado de consenso, de aceptación generalizada, como para que comprometan a los distintos sectores sociales.

     El compromiso del sector empresarial en este tipo de políticas es muy importante para lograr que sean plenamente eficaces.  En el ámbito, por ejemplo, de la capacitación para el trabajo, factor fundamental para derrotar la pobreza, las meras políticas de Estado, a través de centros de educación técnica, de el sistema educacional, probablemente no van a producir todos los frutos que podrían lograr, si de parte de los sectores empresariales no hay la adecuada cooperación y no se combina la enseñanza teórica con la práctica de estos trabajadores que están en formación, en las propias empresas donde van a tener sus oportunidades de trabajo en el futuro.

     Creo que, aparte de este consenso político y social, compromiso de todos los sectores políticos, o de la mayoría, compromiso de los actores sociales, trabajadores y empresarios, creo que en esta política contra la pobreza es necesario, al mismo tiempo, como lo destacaba Sergio Molina, encontrar de parte del Estado los mecanismos más eficientes que sea posible.

     No basta tener la buena voluntad, no basta crear servicios que procuren ayudar a los pobres a salir de la pobreza, no basta con otorgar subsidios; es necesario que todo esto se realice con la capacidad y eficiencia que se requiere para lograr verdaderos frutos, y eso exige de parte de los gobiernos las reformas administrativas necesarias para darle al Estado el máximo de eficacia.

     Yo creo que uno de los desafíos que tenemos hoy día los países del mundo en desarrollo y los países de América Latina y el Caribe, concretamente, es el de, junto con reducir el tamaño de nuestros Estados, hacer que nuestros Estados sean más eficientes y dotar al personal del servicio público de la capacidad y de los estímulos y de la mística necesarios para cumplir su tarea con la necesaria eficacia.

     Yo quiero terminar estas breves palabras agradeciendo el aporte que cada uno de los países aquí representados ha hecho en este encuentro a esta tarea común, destacando la trascendencia que tiene para el destino de nuestro continente.

     Yo tengo mucha fe en que nuestros países de América Latina y el Caribe están iniciando una etapa en su vida política y económica, en su desarrollo histórico, que les abre grandes perspectivas. 

     La consolidación de sistemas políticos democráticos entre nosotros; la convicción que la experiencia nos ha producido, de que no se pueden esperar milagros ni por la vía de las políticas populistas, ni por la vía de los ensayos autoritarios; que, logrando institucionalizar nuestros sistemas políticos por caminos compatibles con la libertad y con la mayor participación, podemos avanzar hacia el progreso; que nuestro continente y todos nuestros países están dotados de recursos naturales suficientes como para que, adecuadamente trabajados, nos permitan lograr niveles de crecimiento compatibles con el desarrollo de los tiempos y con las necesidades de nuestra población; la disposición que prevalece en nuestras sociedades de buscar consensos o acuerdos nacionales para impulsar políticas realistas y eficaces; la cooperación recíproca de los distintos países, con sus propias experiencias que deben servirnos como experiencias propias, no sólo al país que las realiza sino a todos los demás; todo esto nos permite pensar que podemos encarar el futuro con esperanza y con optimismo.

     Yo creo que el desarrollo de los medios de comunicación ha creado también, en las poblaciones víctimas de la extrema pobreza y de la pobreza, cada vez más conciencia de que para salir de esa situación tienen que ser no sólo receptores pasivos de beneficios que les llegan, sino que actores activos de el proceso de su dignificación y mejoramiento de condiciones de vida.

     Como ustedes saben, yo vengo llegando de una visita a algunos países del Asia, y me ha impresionado extraordinariamente el dinamismo con que están creciendo las economías de esa parte del mundo. 

     Yo creo que América no puede quedarse atrás, que esta América Latina y estos países del Caribe también tenemos condiciones para imprimir a nuestro desarrollo un dinamismo semejante, y que haciendo un esfuerzo concertado, aunando nuestras experiencias, como se hace en esta Conferencia, vamos a ir progresivamente avanzando en este tremendo desafío de derrotar la pobreza.

     Yo confío en que en el curso de este decenio de los noventa nuestros países serán capaces, ayudándose recíprocamente, de dar un paso decisivo para derrotar definitivamente la pobreza del seno de nuestras naciones.

     Muchas gracias.

Amigas y amigos todos:

     He venido gustoso a este Congreso que el Partido Socialista realiza acá en La Serena, para traer un cordial saludo, un saludo que no es meramente protocolar, que nace de un sentimiento profundo de amistad y de reconocimiento.

     Creo que es ésta la ocasión precisa para que exprese mi profunda gratitud por la colaboración leal, eficiente, decidida, que mi gobierno ha contado de parte del Partido Socialista.  Quienes lo han representado en los niveles gubernativos han cumplido su tarea de manera destacada.  Pero no sólo ellos; los parlamentarios del partido, los dirigentes a niveles provinciales y comunales, las bases del partido, han respaldado, han sido uno de los sostenes de mi Gobierno.

     Y yo comprendo que esto no ha sido fácil para todos.  Yo comprendo que para mucho militante de base socialista, que durante tantos años fue adversario político y participó en confrontaciones más o menos duras con el partido del Presidente de la República, el Partido Demócrata Cristiano, puede haber sido algo difícil acomodarse a esta disposición de apoyo y solidaridad decidida con el gobierno que yo he encabezado.

     Por eso, esta actitud tiene un doble mérito: no es sólo que el Partido Socialista se ha sentido parte de este gobierno y le ha prestado su respaldo, sino también que el Partido Socialista ha sido capaz de superar los recuerdos o resquemores del pasado, pensando en una tarea común para el presente y el futuro.

     En ese sentido, creo, sin inmiscuirme en los problemas propios de ustedes, que este Congreso tiene enorme importancia, como lo tuvo el que celebró, a mediados de año, la Democracia Cristiana, y hace poco tiempo el Partido Radical.  Es un Congreso Programático, es un congreso en que se analiza la tarea cumplida, pero las tareas por delante.  Y en ese análisis, indudablemente que ustedes, como los demás partidos, están llegando a criterios que confirman el acierto y necesidad de la Concertación de Partidos por la Democracia.

     Esa Concertación, que nació de la lucha contra la dictadura, de la alianza de los demócratas para superar el régimen autoritario derrotándolo en su propia cancha y construir por la vía democrática una nueva sociedad en Chile, no fue una mera alianza electoral.  Hay identidad de valores fundamentales entre todos los partidos que forman la Concertación, sean de inspiración socialista, de inspiración laica, de inspiración cristiana, de inspiración, todos, humanista.

     Yo diría que esos valores son, en primer lugar, nuestra afirmación común de la democracia.  Creemos en la democracia y creemos que la democracia se funda en el respeto a los derechos sagrados de la persona humana,  en la afirmación de la libertad de todas las personas, en el pluralismo, en la convivencia, más allá de las divergencias y distintas opiniones.

     Somos demócratas y hemos consolidado en nuestras conciencias la necesidad de la democracia como el mejor régimen de convivencia humana, y rechazamos las tentaciones populistas o autoritarias que crean que para lograr cualquier fin de bien común, es posible sacrificar la libertad y destruir los derechos humanos.  Nosotros proclamamos como primer valor los derechos humanos.

     Pero nos une un segundo factor: todos los partidos que formamos la Concertación por la Democracia creemos que no basta con que las sociedades crezcan y se modernicen, que es necesario superar el problema de la extrema pobreza que aflige a vastos sectores de la humanidad y de nuestro propio país, y afirmamos, junto con el valor de la libertad y de los derechos humanos y, en cierto modo, como complemento de esos mismos valores, el valor de la justicia social.

     No creemos que basta con que los países crezcan si ese crecimiento ha de significar que algunos prosperan en la abundancia y llegan a niveles de vida de los países más ricos, mientras otros siguen viviendo en la pobreza o en la miseria.

     Queremos justicia, pensando que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y que esa igualdad en dignidad de la persona humana significa la necesidad de buscar medios de vida que le permitan a todos tener acceso a una condición acorde con los tiempos.  Este es un valor que nos identifica. 

     Y hay un tercer valor que nos identifica: vivimos tiempos en los que la experiencia universal parece demostrar que los caminos de desenvolvimiento más eficaces de la economía se fundan en los mecanismos del mercado. 

     Pero frente a los mecanismos del mercado, nosotros afirmamos que el Estado, como órgano superior del bien común, como institución en que se organiza la sociedad para el ejercicio de la autoridad y la satisfacción de las necesidades colectivas, no puede cruzarse de brazos, no es un mero espectador; que el Estado tiene una función directriz que cumplir, porque eso es exigencia de su propia naturaleza, de ser órgano de realización del bien común.

     Lo dije en el Congreso del Partido Democratacristiano y lo repito aquí, convencido de que democratacristianos y socialistas, y también radicales y PPD y humanistas y los demás partidos que forman parte de la Concertación, todos participamos de la misma idea: no queremos la dictadura del Estado, pero tampoco queremos la dictadura del mercado.

     Estas identidades nos unen por encima de nuestras naturales diferencias.  Porque, es claro, por algo la Concertación es una coalición de partidos, por algo no formamos todos un solo partido;  cada uno tiene su propia filosofía, su propia experiencia de vida, su ángulo desde el cual encara la vida.  Hay formaciones doctrinarias, hay aspiraciones últimas que pueden diferir.  Pero dentro de esa diversidad nos unen, frente a las tareas que tiene Chile hoy y en el futuro inmediato, esta comunidad de valores.

     Inspirados en esta comunidad de valores, hemos trabajado juntos, primero, para derrotar la dictadura, lo que hicimos en el plebiscito del 5 de Octubre del 88; luego, para conquistar la Presidencia de la República y la mayoría en el Congreso Nacional, lo que hicimos el 14 de Diciembre de 1989.  Inspirados en esa comunidad de valores, hemos trabajado juntos desde el 11 de Marzo de 1990, y seguiremos trabajando en las tareas del gobierno hasta el término de mi mandato, el 11 de Marzo de 1994.

     Recibo con profunda satisfacción las expresiones de la cuenta del presidente Ricardo Núñez, en el sentido de que el Partido Socialista entiende que su compromiso con la Concertación y con mi gobierno dura hasta el último día de mi gobierno; vamos a trabajar sin cesar.

     El hecho de que tengamos una campaña electoral presidencial y parlamentaria por delante no puede ser obstáculo a que sigamos trabajando juntos en el compromiso que tenemos con el pueblo de Chile, que nos dio su confianza para que cumpliéramos la tarea que nos encomendó, durante todo el período de mi gobierno.

     Pero esa misma responsabilidad señala la necesidad fundamental de hacer todo lo que esté en nuestra mano por mantener, proyectar hacia el futuro y vigorizar la Concertación de Partidos por la Democracia.  Yo creo que éste es un deber histórico. 

     No hay en la realidad política chilena otra alternativa de gobierno que concilie los valores que he señalado; porque fuera del espectro de la Concertación, en el resto del espectro político, los partidos políticos que encarnan otras corrientes de opinión no comparten del mismo modo, a lo menos dos de los tres valores fundamentales que señalé. 

     Aparte de que su respaldo a la democracia merece pasarse por el cedazo del análisis de su conducta cuando respaldaron -y todavía respaldan y procuran impunidad- las violaciones de los derechos humanos y cuando se empeñan en mantener normas constitucionales que son manifiestamente antidemocráticas, porque pretenden ponerle frenos o bozales a la expresión de la voluntad del pueblo y de ese modo limitar la autoridad de los poderes del Estado generados democráticamente, por la acción de otras instituciones que no tienen esa connotación.

     Aparte de ello, es claro que no les preocupa, como a nosotros, la justicia social, porque creen que los mecanismos de mercado por sí solos resuelven los problemas no sólo económicos sino también sociales.  Y por eso discuten las políticas tributarias que exigen a los que ganan más y a los que pagan más contribuir mayormente para financiar las políticas sociales de salud, de educación, de vivienda, de capacitación para el trabajo de los sectores más pobres de nuestra sociedad.

     Tienen también una visión distinta del rol del Estado.  Se inclinan por un Estado que quieren cada vez achicar más, reducir más, no sólo en cuanto los excesos de una maquinaria estatista burocrática, entrometida en tareas que no son propias de su función, que puede ser un estorbo para el crecimiento y la agilidad de las sociedades, sino también en tareas que a nosotros nos parecen fundamentales de la acción del Estado, precisamente, para promover la justicia social y para evitar los abusos de un capitalismo desenfrenado.

     Por eso, no hay otra alternativa de gobierno, a menos que quisiéramos volver al esquema de los tres tercios, que significa inestabilidad política, disminución de la eficiencia del aparato del Estado, gobiernos de minoría.  Si queremos gobiernos realmente de mayoría, la única que interpreta a la inmensa mayoría de los chilenos, es la mayoría que formamos los partidos de la Concertación.

     Por eso, tenemos el deber de encontrar manera de asegurar la proyección hacia el futuro de la Concertación.  Es decir, de asegurar que el próximo gobierno pueda pertenecer a esta misma línea de pensamiento, de acción, que constituyen los partidos de la Concertación, y avanzar hacia nuevas etapas de un programa en que se concilien, cada vez de mejor manera, una democracia sólida, efectiva y plena, con el pleno desarrollo de la equidad y de la justicia social.

     Esto nos exige un esfuerzo grande, porque es legítima la diversidad en el seno de la Concertación, y son legítimas las aspiraciones de cada partido para postular sus posiciones; pero debemos entender, y éste es un llamado que no me canso de formular, no sólo al Partido Socialista y al PPD y al Partido Radical y a los demás partidos de la Concertación, sino también a mi partido, el Partido Democratacristiano:  tenemos que hacer un esfuerzo grande, y no podemos seguir perdiendo el tiempo en tratar de concretarlo, de elaborar un programa común, base indispensable para la acción común. 

     Hay identidad en las líneas fundamentales que plantean los distintos partidos.  En este Congreso ustedes han analizado y han resuelto seguir estudiando proposiciones programáticas; lo mismo está haciendo la Democracia Cristiana, lo mismo el Partido Radical, entiendo que el PPD tiene proyectado un Congreso para hacer otro tanto, sé que el Partido Humanista Verde hace otro tanto, los otros  grupos, Izquierda Cristiana, Mapu, el Partido Social Demócrata, el PAC, que forman parte de la Concertación, también están preocupados de lo mismo.

     Pero no debemos encerrarnos cada uno en su propio programa.  Hay que entender estos programas partidistas como aportes de cada partido a un programa común de la Concertación, primera tarea que tenemos ante el país, y que yo creo que la conciencia de la inmensa mayoría de los chilenos espera de nosotros y que si no fuéramos capaces de concretar nos cobraría caro. 

     Luego, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo, en un procedimiento legítimo, no una fórmula elaborada de antemano con resultado conocido, un procedimiento democrático, adecuado, para elegir un candidato común que me suceda en la Presidencia de la República.  Tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en una alianza electoral que nos permita conquistar la mayoría del Parlamento, los dos tercios del Parlamento a que tenemos derecho.

     Todas las encuestas de opinión pública revelan que arriba del 60 por ciento de los chilenos respaldan a este gobierno, respaldan a los partidos de la Concertación.  Debiéramos ser capaces de tener 80 diputados en las próximas elecciones, unidos los partidos de la Concertación.  Es decir, la mayoría necesaria para el quórum calificado que exige cualquier reforma constitucional; debiéramos ser capaces de superar nuestra representación en el Senado, para estar en mejores condiciones para avanzar en las reformas que esperamos, que anhelamos, que constituyen nuestro compromiso con Chile, que el país necesita para perfeccionar su democracia.

     Debiéramos ser capaces también, y necesitamos hacerlo, convenir un pacto político.

     Perdónenme que con mucha franqueza les diga que yo creo -sé que no es una opinión compartida generalmente en los partidos políticos- que debiera mantenerse el carácter suprapartidario del gobierno.

     Yo creo que la única manera de que un Presidente de la República cumpla con el país entero y tenga la autoridad suficiente para ejercer plenamente sus funciones, es sobre la base de que los partidos políticos que lo apoyan le den, como me la dieron a mí, la facultad de elegir libremente sus equipos directivos, sus principales colaboradores, sin imponer cuotas de partidos, sin entrar a repartijas, sin debilitar la facultad presidencial radicándola en organismos que no tienen la misma responsabilidad política ante el país.

     Eso no significa darle una carta blanca al Presidente.  Eso significa que el Presidente tiene un compromiso como el que yo he tenido, compromiso de lealtad con el programa convenido, compromiso de lealtad con quienes lealmente lo apoyan, y dentro de su discreción, sobre la base de esa relación que en mi caso se ha producido, humana, cordial, de confianza, que me han otorgado ustedes a mí, pero yo también a sus dirigentes, que el Presidente cumpla sus tareas.

     Pero eso exige un complemento: en la realidad política chilena pueden y deben convenirse ciertas normas que importen un pacto político, que fije criterios fundamentales para el manejo del gobierno, a los cuales el Presidente de la República, elegido por todos, dotado de confianza, de las atribuciones propias de su cargo, tenga sin embargo el compromiso político y moral de ceñirse.

     Yo creo que si somos capaces de esta tarea, tarea para la cual nos quedan pocos meses; tarea de conformar un programa común, de establecer un procedimiento para elegir un candidato común, de convenir un pacto parlamentario adecuado y de convenir un pacto político que rija las orientaciones fundamentales y los mecanismos de concertación para el próximo gobierno, debiéramos estar en condiciones, el próximo año, en un año más, de no sólo prolongar la Concertación eligiendo un Presidente de la República que continúe y profundice la obra de mi gobierno, sino también de conquistar una mayoría parlamentaria que le dé a ese gobierno herramientas que el mío no ha tenido.

     Esta es nuestra tarea; éste es nuestro desafío. 

     A este desafío yo llamo a los socialistas de Chile, como llamo a los democratacristianos, como llamo a los militantes del PPD, del Partido Radical, del Partido Humanista, del Partido Social Demócrata, de los demás partidos de la Concertación, los llamo a todos a que hagamos este esfuerzo.  Chile nos mira.  Chile no entendería, y el mundo no entendería, que no fuéramos capaces de ponernos de acuerdo.

     Tenemos una responsabilidad histórica, una responsabilidad histórica con el destino de la Patria, pero, sobre todo, con el destino inmediato de 5 ó 6 millones de chilenos que aún viven en pobreza, que esperan un futuro gobierno que siga adelante la tarea, de hacerle justicia, de crear para ellos una sociedad más justa, más digna, más humana.  Esa es la tarea, y yo estoy cierto que ustedes y los demás partidos de la Concertación, incluso el mío, por supuesto el mío, deberemos avanzar en esa línea y daremos respuesta favorable a lo que Chile espera de nosotros.

     Muchas gracias.

Amigas y amigos:

     He aceptado gustoso la invitación del Instituto Chileno de Estudios Humanistas para participar en este acto, tanto por la importancia del tema: “La Concertación de Partidos por la Democracia: Desafíos y Perspectivas”, como muy especialmente por tratarse de un homenaje a Radomiro Tomic.

El legado de Tomic

     Más allá de la comunidad de fe, de inspiración filosófica, de ideales políticos democratacristianos y de la amistad que me unió a Radomiro, creo de justicia dar testimonio, a un año de su muerte, de lo mucho que Tomic significó para toda la generación de chilenos de que formo parte. 

     Entendiendo que la vida no se justifica si no como servicio, él mismo señaló que cuando llegó a Santiago como joven estudiante, venido de Antofagasta, buscaba con afán “una hermosa razón para vivir”.  Inspirado por su fe cristiana y por su amor a la Patria, encontró esa razón en la tarea de jugarse por entero, junto a quienes tenían sus mismos ideales, por construir en Chile una forma de sociedad y convivencia que mereciera llamarse cristiana.  En las palabras de Jacques Maritain, “una sociedad vitalmente cristiana”.

     Ello significaba, sobre todo, abrir al vasto universo de los pobres acceso al bienestar y horizontes de desarrollo personal. Tomic denunciaba con vehemencia la hipocresía de una sociedad que diciéndose representativa de la civilización cristiana occidental, sacraliza formas de organización y de convivencia -entre las naciones y en el seno de ellas- que por sus tremendas injusticias y desigualdades son la negación misma de los valores cristianos.

     Tomic tenía mucho de poeta, de pensador y de hombre de acción.

     Como poeta, su palabra tenía una fuerza que conmovía al auditorio y le comunicaba un fuego idealista.  Sabía matizar la ternura con el vigor, y su palabra embelesaba a los oyentes y movilizaba a la juventud. 

     Como pensador, Radomiro fue un estudioso, conocedor profundo de la realidad de Chile, de sus problemas, de sus necesidades, y que con visión moderna, inspirado en los valores del humanismo cristiano, señaló caminos para la solución de los problemas patrios, y trascendió las fronteras nacionales señalando criterios para las políticas del mundo en desarrollo frente a las grandes naciones industrializadas. 

     Pero, sobre todo, Tomic fue un luchador, un hombre que entregó su vida para tratar de encarnar en la realidad práctica las aspiraciones e ideales por los cuales se jugaba.  Luchó con tesón, más allá de los honores y de las situaciones de poder que en esta lucha conquistó, porque fue, por encima de todo, tremendamente fiel a sus principios e incluso renunció a posibilidades que la vida le otorgaba por mantener la consecuencia con lo que él creía.

     Convencido de que para construir un mundo verdaderamente humano se necesitaban cambios profundos y revolucionarios, y convencido también de que tales cambios exigían la unión de todos los que querían un mundo mejor, se empeñó en forjar entendimientos y colaboración entre la Democracia Cristiana y los sectores de la izquierda chilena, en lo que en algún momento llamó la Unión Política y Social del Pueblo. 

     Esta idea estuvo latente y renovada permanentemente en el pensamiento de Radomiro Tomic.  No es éste el momento para analizar las circunstancias, de carácter ideológico y de oportunidad, que hicieron inviable, en esa época, dicho propósito de Tomic; pero sí es justo señalar que, en alguna medida importante, esa idea tiene mucho de precursora de la Concertación de Partidos por la Democracia.

     Y entro ahora en el tema específico de esta conferencia, es decir, las reflexiones que me parece oportuno hacer en este momento sobre la Concertación de Partidos por la Democracia. 

La identidad de la Concertación Democrática

     Cuando queremos analizar los desafíos y perspectivas de la Concertación de Partidos por la Democracia, debemos partir por precisar la razón de ser de esta Concertación, los rasgos que definen su identidad, lo que pudiéramos llamar su especificidad en el espectro político nacional.

     Yo diría que, desde su origen, esos rasgos definitorios de su identidad son fundamentalmente dos, a los cuales se puede agregar otros a que también me referiré: en primer lugar, la lucha por la democracia y, en segundo término, la lucha por la justicia social.

     Los partidos políticos que integran la Concertación de Partidos por la Democracia -más allá de sus diferencias ideológicas, de las distintas vertientes de pensamiento filosófico de que nutren su doctrina y sus programas, de los roles antagónicos que en el pasado jugaron entre sí, de las controversias que patrocinaron o de que fueron sujetos-, se caracterizan, en la actual etapa del desarrollo histórico chileno, por su profunda vocación democrática.  Patrocinan un régimen político fundado en la libertad; afirman la inviolabilidad de los derechos humanos como base de toda convivencia social; sostienen la generación popular del poder político: que el Gobierno, la autoridad, precisamente para que se concilie con la libertad de las personas y de los grupos, han de fundarse en el consentimiento colectivo expresado mediante renovación periódica de los poderes públicos a través de la elección popular.

     Esta concepción es compartida por todos, y el hecho de compartir esta vocación democrática fue el origen o causa fundante de la Concertación.  La Concertación reunió a quienes quisimos terminar el régimen autoritario en Chile, nos unimos para restablecer en Chile un régimen político democrático, fundado en los valores que he señalado.  La Concertación nació llamando a los chilenos a votar que NO a la prolongación del régimen autoritario en el plebiscito del 5 de Octubre del ’88. 

     Este rasgo es distintivo, porque diferencia a los partidos de la Concertación de los otros partidos políticos chilenos, que se identificaron en el apoyo al autoritarismo o a su perpetuación, llamando a votar que Sí, para continuar ese régimen. 

     El tema de los derechos humanos es, en este sentido, tremendamente significativo, trascendente, en la definición de unos y otros.  En la Concertación nos unimos quienes reclamamos el conocimiento de la verdad y que, en la medida humanamente posible, se hiciera justicia en relación a la violación de esos derechos. Quienes no estuvieron con nosotros, negaron que hubiera habido tales violaciones o buscaron argumentos para procurar evitar el esclarecimiento de la verdad y que se haga justicia.       La vocación política libertaria y democrática es, pues, el primero de los rasgos que identifican a la Concertación. 

     Pero hay un segundo rasgo, que en términos sencillos yo califico como la lucha por la justicia social, por la defensa de los más pobres, idea que se expresó en la etapa de gestación y nacimiento de la Concertación, en lo que llamamos el cobro de la deuda social.  Los partidos que nos agrupamos en la Concertación sostuvimos que el régimen pasado -dictatorial en su primera etapa, autoritario en la segunda-, había agudizado las diferencias sociales, había postergado la situación de los más pobres, y que el país tenía una deuda social con esos sectores.  Consiguientemente, demandamos políticas sociales en beneficio de los sectores populares. 

     Y también en este aspecto ese planteamiento nos tipifica y diferencia de quienes se situaron en otras posiciones, los que negaron que hubiera deuda social, los que negaron que en Chile hubiera 5 millones de pobres.  Hay aquí otro claro elemento diferenciador e identificador de los partidos de la Concertación. 

     A estos rasgos tipificantes, comunes y diferenciadores de estos partidos, deben agregarse otros en cierto modo complementarios o consecuenciales.

     Yo diría que uno de éstos es el concepto de que la democracia lleva envuelto el valor de la igualdad.  El acta de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos de Norteamérica afirma: “los hombres nacen libres e iguales”.  Las declaraciones de derechos humanos afirman la igualdad esencial de todos los seres humanos, cualesquiera que sea su raza, grado de educación, fortuna; igualdad esencial en dignidad; para los cristianos, igualdad en su condición de hijos de Dios. 

     Este sentido igualitario es compartido por los Partidos de la Concertación por la Democracia.  En mayor o menor medida, a todos nos preocupa la injusticia que representan las desigualdades que las condiciones económico-sociales crean en la sociedad y buscamos caminos para construir una sociedad en que esa igualdad esencial sea respetada y se traduzca en igualdad de oportunidades para todos los seres humanos.

     Otro rasgo también tipificante de los partidos de la Concertación, más allá de sus diferencias, es la valoración de la sociedad como elemento fundamental de la acción humana y, consiguientemente, de la participación y la solidaridad. 

     Para captar el sentido de esta valoración, lo mejor es contraponerla a las concepciones esencialmente individualistas que prevalecen en otros sectores, donde, más que la sociedad, se afirma al individuo, y más que la solidaridad, se señala como valor social la competencia.  Para éstos, el mundo, la sociedad humana, es un cardumen de individuos, que cada uno lucha por sobrevivir, compite con los demás y trata de llegar más lejos o más arriba.  Frente a ese sentir individualista, es un rasgo común a los partidos que integran la Concertación, provenga su filosofía del humanismo cristiano, del racionalismo laico, de concepciones socialistas, de concepciones ecologistas, todos coincidimos en destacar que la sociedad humana no es un simple conglomerado de individuos aislados que compiten entre sí, sino que es un conjunto de sociedades, una comunidad de comunidades que, empezando por la familia, por el barrio, por la ciudad, por la empresa, por la escuela, por la Nación, llega a la humanidad, en que todos somos miembros de una comunidad humana, que en alguna medida tiene un destino común, en cuya realización todos tenemos que participar, en mayor o menor medida, cuyo bien común se construye mediante esa participación, y en que el valor de la solidaridad es fundamental.

     Finalmente, yo diría que también otro rasgo identificador de los partidos de la Concertación de Partidos por la Democracia, frente a los otros partidos del espectro político chileno, es el rol que en el desarrollo social atribuimos al Estado.

     Cualesquiera que sea nuestra inspiración ideológica y no obstante los cambios determinados por la experiencia histórica y por los acontecimientos del último decenio, que han descartado las utopías estatistas, las concepciones que pretendieron lograr una sociedad ideal a base de controlarlo y manejarlo todo desde el Estado, es rasgo común de los partidos de la Concertación que no somos de los que denostamos al Estado y creemos que el Estado es un Leviatán, un monstruo diabólico que absorbe a los seres humanos y que hay que reducirlo a la nada o por lo menos al mínimo. 

     Entendemos que el Estado es parte de la sociedad civil, un órgano de ella, cuyo fin es procurar el bien común, el orden público, la vigencia del derecho, la búsqueda de la justicia.  Parte de la sociedad política que se especializa en los intereses del todo.  Es decir, órgano del bien común.  Porque es indudable que en la convivencia colectiva, frente a la lucha de los intereses individuales contrapuestos, hay aspectos que interesan por común a todos, de los cuales es necesario preocuparse; hay necesidades comunes que satisfacer.  Y el Estado es, precisamente, el órgano que, razonablemente y conforme a normas de derecho, realiza esa actividad de procurar el bien común.

     Tal vez podríamos agregar un último rasgo distintivo.  Yo diría que los partidos de la Concertación de Partidos por la Democracia pretendemos ser progresistas en vez de conservadores.

     Hay en las sociedades, en los temperamentos humanos, quienes tienden más bien a tenerle miedo a los cambios, a aferrarse a lo existente, a arraigarse más en el pasado; son conservadores.  Y hay quienes, valorizando en mayor o menor medida el legado y la trascendencia del pasado, de los valores históricos en una sociedad, miran con cierto optimismo y confianza las posibilidades de avance, de progreso hacia mejores condiciones.

Diversidad y Unidad Nacional

     Al señalar estos rasgos, que en mi concepto nos identifican y nos diferencian de otros, no pretendo dividir a la sociedad chilena ni revivir polarizaciones ideológicas del pasado.  El país es testigo de que como gobernante he buscado, por sobre todo, la unidad de los chilenos y el entendimiento entre los distintos sectores políticos, sociales y económicos del país. 

     Soy un convencido de que, cualesquiera que sean nuestras posiciones políticas, es mucho más lo que hoy une a los chilenos que lo que nos separa, y creo que todo actor del proceso político debe tener en cuenta esa realidad y debe procurar consolidarla.

     Pero querer la unidad, buscar el entendimiento, reconocer que es más lo que nos une que lo que nos separa, no nos puede llevar a ignorar la realidad de los hechos, a desconocer que hay diferencias, y es legítimo que haya diferencias, es bueno y es humano que haya diferencias.  Debemos respetarnos en esas diferencias, pero, lógicamente, debemos entendernos quienes tenemos mayor afinidad entre nosotros, y otros que tienen otras afinidades se entenderán entre ellos.  Esto es lo que determina, en una sociedad pluralista, las coaliciones de partidos políticos.

     Buscamos acuerdos y unidad precisamente porque tenemos diferencias.  Si no tuviéramos diferencias no tendría sentido estar buscando consensos, los consensos se producirían solos.  Esas diferencias se expresan en tendencias, reales en la sociedad chilena y vivas hoy día.

     Algunos ejemplos ilustran este pensamiento. 

     La posición de los distintos sectores políticos chilenos frente a la Constitución de 1980.  Hay algunos para los cuales es intocable: o es muy buena o, si no es tan buena, hay que defenderla de todos modos.  Otros sostenemos que esa Constitución, que es democrática en lo fundamental, tiene deficiencias que afectan a una plena democracia en Chile, que limitan el ejercicio de nuestra democracia, y que, aunque en estos tiempos, probablemente por circunstancias propias de la transición que vivimos y de la prudencia con que mi gobierno ha manejado la situación y los Partidos de la Concertación han respaldado esa conducta, no se han traducido en conflictos graves, podrían, en otras circunstancias, ser causa de conflictos.

     Por eso los Partidos de la Concertación queremos las reformas de la Constitución del 80 en las materias que han sido planteadas ante el país y ante el Congreso Nacional.  Y los sectores ajenos a la Concertación, que forman la oposición a mi gobierno, la defienden como algo sagrado.  No todos, pero en gran medida, y de hecho obstaculizan la búsqueda de acuerdos para hacer las reformas que permitan perfeccionarla.

     Otro tema:  la visión sobre el rol de las Fuerzas Armadas.

     En toda sociedad democrática las Fuerzas Armadas tienen, y en Chile históricamente la han tenido, y creo que nadie pretende desconocer, un importante rol, para asegurar la defensa de la soberanía nacional y aun la vigencia del Estado del derecho.  Son profesionales, apolíticas, “no deliberantes”, dice la Constitución -la de ahora y las anteriores-, jerarquizadas y esencialmente obedientes.  ¿Obedientes a quién?  A la autoridad de los Poderes constitucionales del Estado y, fundamentalmente, al Jefe del Estado, el Presidente de la República, a quien la Constitución encomienda disponer sobre las Fuerzas Armadas.

     Pero hay sectores en este país para los cuales las Fuerzas Armadas tendrían otro papel:  serían las garantes del statu quo, de que no haya cambios, de que las cosas permanezcan como están; serían sus defensores, y se sienten tentados a recurrir a su apoyo, mezclándolas, de ese modo, en la política y apartándolas de su rol de instituciones de la Nación entera, por encima de las contingencias políticas. 

     Destaco el hecho, porque me parece muy preocupante que en estos días alguien haya planteado la tesis de la “independencia” de las Fuerzas Armadas.  En ningún país democrático del mundo las Fuerzas Armadas son independientes.  Los únicos independientes son los Poderes del Estado.  En nuestra Constitución Política las Fuerzas Armadas son dependientes, por mandato expreso de la Constitución: dependientes del Ministerio de Defensa Nacional y, por consiguiente, del Presidente de la República.  Y no se diga que esto significa politizar a las Fuerzas Armadas.

     En la historia de este país no ha habido ningún Presidente de la República que haya intentado descabezar a las Fuerzas Armadas o apartarlas de su rol institucional haciendo nombramientos o provocando retiros para ponerlas al servicio de una contingencia política.

     Las Fuerzas Armadas intervinieron contra el gobierno del Presidente Allende; pero el Presidente Allende había nombrado Comandante en Jefe del Ejército al General Prats, ratificando el nombramiento hecho por su antecesor, que era el que seguía en el orden de prelación al general Schneider cuando fue asesinado, y el Presidente Allende, cuando el General Prats se retiró, nombró Comandante en Jefe del Ejército al General Pinochet, por recomendación del General Prats y por ser quien le seguía.

     La dignidad de Presidente de la República imprime carácter, y ningún Presidente de la República va a rebajarse de su función de Jefe Superior de la Nación y de Jefe de las Fuerzas Armadas, entrando a utilizarlas con fines mezquinos o pretendiendo apartarlas de sus funciones o politizarlas.  Es ofender al Presidente de la República, no a mí, sino que a quien quiera que desempeñe estas funciones, sostener esa tesis. 

     Las diferencias son aún mayores en política social.  El contenido y orientación de la política social, el financiamiento, la manera de encarar el tema de la pobreza, la búsqueda de transformaciones que, aunque cuesten sacrificio a los que tienen más, permitan efectivamente construir una sociedad justa, humana para todos, el incentivo a la participación popular, los esfuerzos de solidaridad, la demanda de impuestos -que son contribuciones para solucionar los problemas de los que más sufren y más necesitan- encuentran siempre dos reacciones: la de los que entendemos que son sacrificios necesarios y de justicia para crear una sociedad más justa y solidaria, y la de los que buscan argumentos, de todo orden -“que va a disminuir la inversión, que va a haber desconfianza”, etc.- para rechazar estas políticas. 

     Unos hablan de crecimiento y modernización, y ponen el énfasis en el mercado, en la competencia, en la capacidad de emprender.  Otros, sin desconocer la necesidad de modernizaciones, de eficiencia, hablamos de crecimiento con equidad, ponemos el énfasis en la justicia, en la solidaridad, en la capacitación.

Desafíos y perspectivas

     De lo dicho nacen los desafíos de la Concertación de Partidos por la Democracia.  Yo diría que el desafío es uno solo: ser capaces de seguir dando gobierno a nuestro Chile.  De eso se trata, tan simple como eso, tan serio como eso, tremenda exigencia: ser capaces de seguirle dando gobierno a Chile.

     Esto nos exige, les exige fundamentalmente a los Partidos de la Concertación por la Democracia, reforzar la identidad común, estos rasgos comunes que he descrito en términos generales, que se expresaron en las “Bases Programáticas de la Concertación” en la campaña electoral del 89, y que tienen que ser actualizados en un programa común de la Concertación para la nueva etapa de gobierno, un programa común que presentarle al país.  Porque, más allá de nuestras diferencias, tenemos ideales comunes, principios comunes, criterios comunes, proponemos tal programa de acción para seguir avanzando en la realización de estos ideales comunes.

     Exigencia fundamental que pesa sobre todos los partidos.  Es una responsabilidad histórica, y Dios nos libre de que no sean capaces de cumplirla.

     En segundo término, yo creo que hay que ponerse de acuerdo para elegir un Presidente.  Es decir, para encontrar una fórmula razonable, equitativa, honorable, de designar un candidato común. Pero no basta con eso.  Es necesario elegir un Parlamento.  Estamos en condiciones de hacerlo, y el país no entendería que no fuéramos capaces de ponernos de acuerdo para presentar ante el país una alternativa que asegure a la Concertación la mayoría parlamentaria que es necesaria para que el próximo gobierno pueda hacer lo que mi gobierno no ha podido.

     En este mismo sentido, es necesario ponerse de acuerdo para seguir gobernando juntos, dentro de un esquema de gobierno suprapartidario.

     Considero mi deber insistir en esto.  Creo que la experiencia histórica, y específicamente la experiencia de mi gobierno, demuestra la necesidad de que los partidos que respaldan a un gobierno, que la coalición gubernativa, le otorgue un margen de confianza al Presidente de la República para que él pueda ser quien gobierne, dentro del marco del compromiso programático, pero no sujeto a los acuerdos y revisiones de sus políticas, y especialmente de sus designaciones, por las directivas de los partidos políticos.

     Entiendo por gobierno suprapartidario un gobierno que se identifica, como el mío se ha identificado, con los partidos que lo apoyan, que procura una participación equitativa de todos ellos en las tareas, pero que entiende que su responsabilidad es con el país entero y que el árbitro para decidir en cada circunstancia la forma como se enfrente esa responsabilidad es el Presidente de la República, en quien los partidos y el pueblo al elegirlo han hecho confianza.

     ¿Cuáles son ahora -y con esto termino- las perspectivas? 

     Los que acabo de señalar son, a mi juicio, los desafíos.  Creo que si somos capaces, si los partidos -en esto yo no voy a ser actor y, en consecuencia, la responsabilidad en esta parte recae sobre los partidos-, si los partidos de la Concertación son capaces de superar estos desafíos, si estamos a la altura de lo que la historia reclama de nosotros, indudablemente que vamos a tener éxito.  Modestamente creo que vamos a tener éxito y las perspectivas serán buenas para la Concertación, pero sobre todo buenas para Chile, para su pueblo, porque, sin falsa modestia, creo que lo hemos hecho bien y creo que tenemos la confianza de la mayoría de los chilenos.

     Muchas gracias.  

Compatriotas de los pueblos indígenas;

estimados amigos:

     La organización de Naciones Unidas estableció que este año 1993 fuera el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas, lo cual significa una valiosa oportunidad para poner el tema de los pueblos indígenas en las discusiones a nivel nacional.

     Nuestro país apoya esta iniciativa y espera que ella pueda concluir en la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que se prepara desde hace varios años.

     Los derechos humanos son un proceso creativo, de ampliación permanente de la capacidad del ser humano para ser más humano.  La búsqueda de la justicia, es una motivación constante de la humanidad.  Por ello, se van abriendo nuevos caminos y perspectivas para la aplicación de los derechos humanos.

     Hace poco tiempo concurrimos a una Cumbre Mundial de la Infancia, donde en nombre de Chile me correspondió firmar la Carta Universal de los Derechos del Niño, en el marco de un año internacional dedicado a esa materia.  Asimismo, participamos el año último en la Cumbre Mundial del Medio Ambiente.  Son éstas áreas nuevas del derecho internacional, que antes no eran conocidas, que se han ido perfeccionando con el paso del tiempo, con la transformación de nuestras sociedades modernas, que junto al progreso han traído también problemas relacionados con el medio ambiente, la familia, el cuidado de los niños.  Surgen así nuevos derechos humanos, como el de vivir en un ambiente libre de contaminación y nuevas legislaciones en el ámbito internacional y nacional.

     En este marco se sitúa la ley de bases sobre el medio ambiente que está actualmente en el Parlamento.

     En este plano de los nuevos derechos humanos, de estas nuevas expresiones legislativas, se ubican también los derechos de las poblaciones y pueblos indígenas del mundo. 

     Este era también uno de los temas olvidados.  Desde hace unos veinte años a esta parte el tema se ha ido planteando con creciente vigor en las mesas de discusiones internacionales.  Al igual que en el caso del medio ambiente, los organismos internacionales comienzan a poner especial cuidado en el tratamiento que los Estados nacionales hacen de ese sector de su población, sus pueblos indígenas.  Así como el desarrollo y la modernización de un país no puede arrasar con los recursos naturales del mismo, tampoco el desarrollo y la modernización del país pueden terminar o arrasar con sus recursos étnicos y culturales, que forman la base de una sociedad.

     Es uno de los peligros de este fin de siglo.  La universalización de las comunicaciones, de los sistemas de vida, de los productos de consumo, de los valores de todo tipo, son sin duda una amenaza para la vida de la cultura y las poblaciones indígenas. Ya no existe rincón de la Tierra que pueda ser catalogado de aislado o sin contacto.  En cualquier parte del planeta se puede conectar la televisión a los satélites, o hacer llamadas por teléfono a cualquier otra parte del mundo. 

     Los indígenas no escapan a esta realidad, pero no siempre la pueden aprovechar a su favor; muchas veces sufren sólo los malos efectos de esta modernización.

     Por ello, el reconocimiento de derechos culturales propios a esas poblaciones, de derechos sobre sus recursos, de derechos sobre cómo autodeterminar su propio destino, es una necesidad imperiosa en este momento de la humanidad.  Si ello no ocurriera, si las naciones del mundo no tuvieran conciencia del peligro que se cierne sobre estas poblaciones, estaríamos quizás en presencia, en los próximos años, de procesos etnocidas de gran envergadura.  El mundo vería disminuidos sus recursos culturales, sus lenguas, sus conocimientos técnicos, a una sola dimensión, a la dimensión que la sociedad urbana industrial occidental ha propuesto.   Todos sabemos las ventajas y beneficios que ha logrado esta civilización, pero también sabemos de sus limitaciones. 

     La desaparición de culturas alternativas priva a la humanidad de conocimientos que se basan en otros parámetros, en otras dimensiones de la vida humana.  La tecnología occidental, que se ha mostrado fuertemente depredadora, tiene mucho que aprender de la tecnología de las poblaciones indígenas, que se fundamenta, por ejemplo, en una relación diferente con la naturaleza, una relación de respeto entre el hombre y la naturaleza y no una relación utilitaria, de obtener de ella sólo provecho, ganancia o lucro.

     El gobierno que presido ha tratado de establecer una relación nueva entre el Estado de Chile y las comunidades indígenas que forman parte de la Nación chilena.

     En Nueva Imperial, pocos días antes de ser elegido Presidente, me reuní con la casi totalidad de los dirigentes nacionales de los pueblos indígenas, muchos de los cuales se encuentran hoy día aquí en este acto.  Allí escuché los planteamientos que se hacían, estuve de acuerdo con algunos y en desacuerdo con otros.  Desde el primer día hablamos francamente.  Incluso algunos de los planteamientos que señalé no gustaron al público presente, pero estuvimos de acuerdo en ciertos lineamientos centrales y desde entonces fuimos construyendo un acuerdo más profundo, basado en el respeto y en la verdad.

     Al inaugurar hoy solemnemente este año de las poblaciones indígenas creo que podemos evaluar cómo hemos ido avanzando.

     Quisiera, en primer término, expresar mi reconocimiento por el apoyo que las comunidades indígenas han dado a mi gobierno.  Yo sé que esto no ha sido siempre fácil.  Aunque ha habido quienes permanentemente han llamado a los dirigentes a cortar por el camino fácil de la publicidad, del efectismo, de la acción directa y temeraria, y aunque muchas veces los dirigentes tienen legítimas razones para estar impacientes, ha sido fundamental para el movimiento indígena poseer un marco adecuado para actuar en este proceso de transición a la democracia.

     El movimiento indígena -me complazco en reconocerlo- ha aportado positivamente a la redemocratización del país, ha buscado caminos de participación, ha actuado a través de los cauces legales de participación que se han ido creando, no se ha dejado llevar por los cantos de sirenas que habrían conducido, sin duda, a mayores tropiezos y a violencia en la democratización del país.

     En Nueva Imperial asumimos tres grandes compromisos.  El primero se refería al “reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y sus derechos económicos, sociales y culturales fundamentales”; el segundo, a la creación por ley de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Fondo de Etnodesarrollo; y el tercero, a la creación de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas.

     Analicemos cada uno de estos puntos.  Con fecha 10 de Octubre de 1991 envié al Congreso Nacional el proyecto de reforma constitucional que modificaba el Artículo 1º de la Constitución, y que decía:  “El Estado velará por la adecuada protección jurídica y el desarrollo de los pueblos indígenas que integran la Nación chilena”.

     Como ustedes saben, este tema provocó gran polémica en el Congreso Nacional.  Una reforma Constitucional de esta envergadura debe contar con una amplia mayoría, yo diría casi con un consenso del Parlamento.  No bastan sólo los votos de los partidarios de mi gobierno.  Ha habido oposición al tema.  Ha sido aprobado en general en la Cámara, pero falta la discusión en particular, la que ha está diferida para más adelante.

     Creo que este proyecto de reforma constitucional ha puesto el tema de los orígenes de nuestra sociedad chilena, del reconocimiento de su diversidad cultural, de la tolerancia a las diferencias no sólo en la legislatura, sino que en la sociedad misma.

     El segundo compromiso se refería a la dictación de una ley para constituir la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena y el Fondo para su desarrollo.  En Enero recién pasado ha sido aprobado -como ustedes saben- por la honorable Cámara de Diputados por la unanimidad de sus miembros. 

     Yo quisiera en esta oportunidad felicitar a los parlamentarios por el trabajo realizado, ya que el texto que ha sido aprobado cautela los principios básicos que han inspirado nuestra política y establece mecanismos de desarrollo que pueden llevar un verdadero progreso a este sector del país.  Hace unas semanas el proyecto ha comenzado a ser analizado en el Senado y confiamos en que tenga un pronto despacho y que, en la medida en que sea necesario, pueda tener los perfeccionamientos que a juicio del Senado sean necesarios.

     El gobierno ha sido cuidadoso en establecer un adecuado financiamiento para este proyecto de ley.   No se trata sólo de establecer normas que garanticen derechos y establecer cauces de participación, sino también de dotar a los organismos respectivos de los recursos necesarios para poder llevar adelante una política de desarrollo de nuestros pueblos indígenas.

     El tercer compromiso, la creación de la comisión Especial de Pueblos Indígenas, se cumplió inmediatamente de que asumimos el gobierno.  Esta Comisión ha sido una instancia de participación importante de las organizaciones indígenas, que ha permitido canalizar las demandas e inquietudes del sector.   Hoy día cuenta con ocho oficinas a lo largo del país y atiende permanentemente las inquietudes y asuntos que las comunidades le presentan.  Sus programas alcanzan a cientos de comunidades.

     El gobierno, de esta manera, muestra su voluntad de defender al más débil, a quienes no tienen la posibilidad de ser defendidos.

     Hemos escuchado las críticas que han hecho los dirigentes por la lentitud en la tramitación de la nueva legislación.  Es verdad que a veces no es fácil comprender el ritmo con que trabaja el Parlamento, pero no cabe duda que una ley de esta envergadura debía tomar el tiempo necesario. 

     Permítanme insistir en esta materia.  El Parlamento es el lugar de encuentro de la Nación donde los representantes del pueblo intercambian puntos de vista para establecer las bases fundamentales de la convivencia colectiva expresadas en la leyes del país.  Como éste es un país muy pluralista, con muchas ideas, y respetamos las ideas de cada cual, el Parlamento es un foro de debate, y la ley, expresión de la voluntad colectiva, es el fruto de la búsqueda de un acuerdo o, cuando no se logra el acuerdo, de la opinión de la mayoría.  El esfuerzo que se hace en el Parlamento es el de lograr la mayor dosis de acuerdo que sea posible, de tal manera que las leyes sean lo más representativas de la opinión de todos y tengan, por consiguiente, una base de apoyo más grande.

     Esto explica que los procedimientos de la democracia son más lentos.  Los gobiernos dictatoriales pueden dictar normas de un día para otro.  Entre cuatro paredes se estudian y se deciden.  La democracia genera sus normas mediante la búsqueda y la participación.  Y, en consecuencia, el proceso es más lento.

     Lo importante es que esta ley ha avanzado y yo confío en que este año se aprobada por el Senado y convertida en ley de la República, dando así el nuevo marco del desarrollo indígena en la nueva democracia que hemos conquistado para Chile.

     El programa de becas indígenas ha sido otro logro de significación durante mi gobierno.  Este programa prácticamente no existía, ya que el monto de las becas había llegado a ser simbólico.  El año último, el ’92, se entregaron 4.500 becas, correspondiendo 700 a la enseñanza superior.  Este año se aumentará aún más el monto, esperando llegar a 900 becas, destinadas a la enseñanza superior. 

     Debo llamar la atención que será quizás un hecho histórico nunca antes visto la cantidad de estudiantes universitarios de origen mapuche, aymara, Rapa Nui, lo cual permitirá en un futuro próximo que las comunidades cuenten con profesionales de su mismo origen para que los apoyen en su desarrollo.

     El año pasado, el programa de proyectos productivos realizado por la Comisión Especial de Pueblos Indígenas y por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social, FOSIS, alcanzó a 470 proyectos en comunidades, lo que significa poco más de un tercio de las comunidades del país.  El monto invertido es de más de 1.200 millones de pesos.

     Estos proyectos tienen un especial interés, ya que han sido elaborados, en su mayoría, y ejecutados por las propias comunidades.  El gobierno le entrega herramientas para que se desarrollen las comunidades, pero son éstas las que deben hacerlo de acuerdo a sus propios intereses, criterios y definiciones.

     El programa de viviendas ha permitido que numerosas familias puedan mejorar sus condiciones.  Para lograrlo hubo que hacer una modificación legislativa, por lo que esperamos que este año 93 se amplíe mucho más.

     A pesar de todo lo que realizamos, tenemos conciencia de que no hemos reencauzado aún clara y categóricamente la situación de los indígenas de Chile.  Siguen siendo de los más pobres de nuestros pobres.  Falta mucho por hacer.  Es necesario la realización de planes mejor coordinados, de programas globales que afecten cada uno de los problemas existentes.  Es necesario que en esos programas la participación de las comunidades indígenas sea protagónica.  Esperamos que la ley indígena será el instrumento más importante que permitirá el desarrollo de este sector e institucionalizará cauces adecuados de una efectiva participación.

     Quisiera también recordar acá en esta solemne ceremonia que mi gobierno apoyó plenamente la iniciativa de la creación del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe.  En Madrid firmamos el acta de compromiso que creó este organismo internacional.  Tenemos muchas expectativas de que se convierta rápidamente en un instrumento del desarrollo de las comunidades indígenas y en un foro de primera importancia sobre estas materias en América Latina.

     El país será representado en el Fondo por dos delegados acreditados, uno por el Gobierno y otro elegido por las organizaciones indígenas.  Pensamos que éste es un hecho histórico que merece destacar.  Es por ello que el representante indígena que las organizaciones presenten al Ejecutivo para su acreditación tendrá una gran responsabilidad.  Me he informado que en el día de mañana, aquí en Valparaíso, ustedes procederán a nombrar a ese representante ante dicho organismo internacional.  Los animo a que busquen a la mejor persona de sus filas, capaz de representar, con justicia, lealtad, altura de miras y a la vez energía cuando sea necesario y con el máximo de capacidad, a su pueblo, para llegar a acuerdos y consensos.

     El Año Internacional de las Poblaciones Indígenas es un buen momento para que nos veamos a nosotros mismos, que miremos nuestro pasado, pero sobre todo que miremos al futuro y busquemos construir una sociedad de hermanos, de personas que se respetan recíprocamente, así mismas y a los demás, que no se miran en menos por razones de color de piel, de costumbres, de culturas, de modos de ser.  Que esta sociedad pequeña que tenemos sea capaz de convivir con tolerancia, en toda su diversidad, con la riqueza enorme que esa propia diversidad le da, que no se desaten en nuestra cultura visiones simplistas, animosidades tan absurdas como las que hoy vemos en otros lugares del globo, donde por razones de intolerancia se matan hermanos con hermanos.

     Chile es un país pequeño y nos enorgullecemos de todos los que aquí vivimos, de los indígenas que habitaron estas tierras desde más de 10 mil años, que amaron sus tierras y las defendieron con ardor, que las siguen amando.  Nos enorgullecemos también de toda la gente de este país, de la gente común, que ha construido un país lleno de variedades, de diferencias, de rincones, en que cada uno tiene algo que aportar.  Los indígenas de Chile tienen un lugar en esta sociedad.  Este debiera ser el legado de mi gobierno.  Esto es lo que yo anhelo que sea, en esta materia, el legado de mi gobierno.

     Los mapuches, los aymaras, los pascuenses, los atacameños y todos los grupos indígenas, por pocos que aún sobrevivan, como es el caso dramático de las comunidades del extremo sur, tienen un lugar en este país.  Es su país, es su tierra, es la tierra de sus padres y de los padres de sus padres.  Merecen el reconocimiento y respeto de la sociedad.  Deben también aportar a la construcción de una sociedad más justa y más buena para todos sus hijos.  Este es el deseo de mi gobierno al inaugurar el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas.

     Muchas Gracias.

Señoras y señores:

     Muy breves palabras, porque creo que ya está todo dicho.  Simplemente manifestar la satisfacción que para mí significa poder promulgar esta ley que representa la culminación de un proceso de enfrentar, por parte del Estado y de la sociedad chilena, un problema real que afecta a muchos habitantes de este país, como de todos los países del mundo, respecto del cual, en el pasado, ha existido, más bien, cierto grado de indiferencia colectiva.

     Uno de los objetivos fundamentales de mi gobierno ha sido luchar por la equidad, por construir en nuestra Patria una sociedad más justa, más humana, para todos sus habitantes.  Esto implica procurar avanzar hacia condiciones de mayor igualdad, supliendo la debilidad de sectores que, por una u otra razón, son postergados o discriminados: los pobres, los niños, las mujeres, los discapacitados.

     Nos hemos esforzado por tratar de impulsar el desarrollo de nuestro país sobre la base de no olvidarnos de esos sectores ni de esperar que el crecimiento les llegue como consecuencia de un simple derrame del bienestar de algunos, sino como fruto de un sentido de justicia que inspire la convivencia nacional, sobre la base del respeto a la dignidad esencial de toda persona humana.

     Esta ley procura avanzar en ese sentido, impulsa y facilita el desarrollo personal de los discapacitados y sus posibilidades de integrarse a la sociedad y participar en la vida nacional.  Es un paso importante. 

     Como en todas las leyes, sólo son el primer paso, establecen el marco para un trabajo de la sociedad entera.  Hasta ahora en Chile ha habido organizaciones privadas y corporaciones de beneficencia, instituciones de carácter social o religioso, y alguna cooperación de parte del Estado para ayudar de alguna manera a los sectores de quienes esta ley se preocupa. 

     Desde ahora, aparte de esa acción privada, habrá una preocupación especial de parte de la sociedad entera y del órgano público que la representa, que es el Estado.

     Pero debemos entender que ésta es una tarea común, en que han de participar los propios discapacitados, el Estado y sus órganos, las organizaciones privadas, el mundo empresarial, la sociedad entera.

     Hago votos porque este paso se traduzca en los frutos de equidad y de humanización de la vida de nuestro país que anhelamos.

     Muchas gracias.

Señoras y señores:

     Para el Presidente de la República de Chile es muy grato dar la bienvenida en nuestra Patria a los distinguidos participantes en este encuentro, venidos de distintos países amigos, que hoy se reúnen aquí para intercambiar opiniones sobre los criterios fundamentales que, en virtud de nuestros comunes principios humanistas y democráticos, debieran orientar la conducta de las personas, las naciones y la comunidad internacional, frente a las nuevas realidades a que el mundo se aboca en vísperas de iniciarse el Siglo XXI.

     Vivimos tiempos de perplejidad.  Los cambios históricos que se han precipitado o hecho patentes en los últimos tiempos: el derrumbe de las ideologías que hasta hace poco disputaban la conducción del mundo; los vertiginosos avances tecnológicos de las sociedades industriales, especialmente en el campo de las comunicaciones; las tendencias aparentemente irrefrenables hacia el consumismo y el pragmatismo que prevalecen en nuestros días -para limitarnos a citar los más significativos-, no sólo nos abocan a nuevas realidades, en gran medida imprevistas, sino que también plantean nuevos problemas e interrogantes.

     El derrumbe de los totalitarismos -fascista y comunista- no ha traído necesariamente la democracia.  El fin de la bipolaridad y la guerra fría no ha generado la paz.  Los aparentes triunfadores -el post modernismo y el libre mercado- no aseguran el bienestar a los pueblos ni derrotan a la miseria y al hambre.

     Frente  a  estas  realidades,  gran parte de los seres humanos -tal vez la mayoría- se sienten desorientados, se tornan escépticos y se hacen más egoístas.  Ni las jerarquías espirituales, ni los grandes pensadores, ni los líderes políticos, dan respuestas satisfactorias capaces de orientar a la Humanidad.

     A quienes creemos en la dignidad esencial de la persona humana -y por eso somos humanistas- y en la capacidad de los pueblos de gobernarse por sí mismos -y por eso somos demócratas-, estos hechos nos abocan al tremendo desafío de encontrar esas respuestas que los pueblos nos piden.

     En esta reunión, en la que -convocados por la Internacional Demócrata Cristiana y con el patrocinio de la Comunidad Europea- participan personalidades representativas de diversas corrientes espirituales, orientaciones filosóficas y tendencias políticas, se intentará, precisamente, abocarse a ese desafío.

     Para Chile es muy honroso que este encuentro -que sin duda deberá ser seguido de otros que profundicen los pasos que aquí iniciemos- se realice en nuestra Patria.  Aunque somos un país pequeño del mundo en desarrollo, situado en los confines de la Tierra, desde nuestros orígenes como Nación independiente hemos sido singularmente receptivos al acontecer del mundo occidental.  Hemos experimentado, en la escala correspondiente, análogos problemas y conflictos; hemos intentado soluciones semejantes y, sobre todo, entre nosotros han tenido especial vigencia sus grandes ideales y tendencias.

     El conservadurismo primero y, en seguida, el liberalismo, inspiraron nuestra institucionalidad y nuestra vida política en el siglo pasado; luego -en este siglo- lo hizo el racionalismo laico y, después, el socialismo y el pensamiento democratacristiano.  Tuvimos uno de los partidos comunistas más fuertes de Occidente.  Tuvimos un Frente Popular en el gobierno en los mismos tiempos que Francia y España.  También tuvimos la amenaza nacional-socialista.  Y en los últimos decenios hemos vivido las experiencias de la “Revolución en Libertad”, del “Socialismo en Democracia”, de la dictadura militar inspirada en las ideologías de la seguridad nacional y del libre mercado y, finalmente, de la transición democrática que he tenido el honor de encabezar, procesos todos que han suscitado singular interés en otras latitudes.

     Si es cierto que la experiencia enseña, la vivida por nosotros me mueve a aportar a este encuentro algunas modestas reflexiones en torno al tema que nos preocupa.

     La  primera  es  que el Humanismo, cuyo principio fundamental -cualquiera que sea su inspiración espiritual o filosófica- es el respeto a la dignidad del ser humano, y la Democracia, única forma de organización social que pone como fundamento del orden político la dignidad del hombre libre, son por su esencia inseparables.  Sólo en sociedades democráticas pueden germinar y fructificar los ideales humanistas, y el cultivo de estos ideales es el alimento insubstituíble de que se nutre la vida democrática.  Consolidar y perfeccionar la democracia es preparar el terreno para que florezcan los humanismos.  Proclamar y practicar los valores humanistas es perfeccionar el contenido y razón de ser de la democracia.

     A partir del reconocimiento de esta identidad debemos trabajar para dar sentido u orientación a nuestro mundo y construir un futuro mejor.

     Se ha dicho que han muerto las utopías.  Yo no comparto ese diagnóstico.  Lo que ha entrado en crisis terminal son las ideologías totales que conciben la historia como un laboratorio y al ser humano como pieza funcional de un experimento diseñado desde el poder.  Lo que ha entrado en crisis es el concepto cientificista de lo humano.

     Si pensamos en lo que ha sido el desarrollo de las ideologías desde la Revolución Francesa, donde en cierto sentido se sitúa su origen, hasta nuestros días, es posible pensar que son precisamente las corrientes humanistas las que han subsistido a esta crisis de fin de siglo.  Son ellas, entroncadas en una larga tradición, las que han triunfado y las que tienen la posibilidad de enfrentar los nuevos y viejos problemas del mundo de hoy.  Aquí no hay espacio para la complacencia.  Lo hay para la responsabilidad y para la consecuencia.

     El humanismo de hoy tiene en cierto sentido tareas aún más complejas que las del pasado.  Su lucha ya no es contra ideologías totales, como lo fueron el fascismo, el nazismo o el comunismo.  Su lucha principal es contra el vacío de ideas, contra el desencanto del puro pragmatismo, contra la complacencia de la riqueza y la herida de la pobreza.  Su profundo desafío es recoger y dar respuesta a la sed de sentido y dignidad que define a la naturaleza humana.

     Una vida verdaderamente humana sólo puede cimentarse en la vigencia simultánea de la libertad y de la justicia, valores sin los cuales no es alcanzable el mínimo de seguridad que requiere la existencia civilizada de hombres y mujeres.

     Hay quienes afirman que la libertad, o la autonomía personal, o el acceso al conocimiento y la cultura, son lujos que sólo pueden permitirse quienes tienen resuelto los problemas básicos de la subsistencia.  “Primero vivir, después filosofar”, dice el adagio. 

     Pero también se ha dicho: “No sólo de pan vive el hombre”.  Quien vive en condiciones de pobreza tiene la misma necesidad de encontrar un sentido a su existencia que el que vive en la abundancia.  No se puede sacrificar el reconocimiento de los derechos básicos inherentes a la dignidad de las personas, so pretexto de que ellos deban subordinarse temporalmente al logro de fines que se suponen más urgentes, consistan estos en la “grandeza nacional”, en la “construcción de una sociedad sin clases” o en la “prosperidad económica”.

     Creo que la llave maestra del quehacer político consiste en la capacidad de conciliar la libertad y la justicia.  En estos dos valores fundamentales se sintetizan las naturales aspiraciones humanas al orden, a la seguridad, a la igualdad y al respeto a la propia identidad.

     Suele ocurrir que estos valores entran en contradicción entre ellos.  Las exigencias de la libertad no son necesariamente del todo compatibles con las que impone la igualdad.  La libertad absoluta dejaría a las ovejas a merced de los lobos, a los más débiles a merced de los poderosos.  Es la perversión en que incurren los liberalismos extremos.  De la misma manera, elevar al absoluto la igualdad o la seguridad, cercenaría la libertad de manera incompatible con la dignidad humana.

     Los ensayos comunistas sacrificaron la libertad al afán de justicia implícito en la construcción de una sociedad igualitaria.  El resultado fue la deshumanización totalitaria.  El individualismo capitalista sacrifica la justicia a la libertad de los mercados, en el afán de lograr la prosperidad.  El resultado es la deshumanización egoísta de las sociedades de consumo.

     El humanismo implica el respeto al pluralismo propio de las sociedades modernas, donde conviven hombres y mujeres de diversas condiciones, creencias, ideas y aspiraciones.  Esto exige practicar la virtud de la tolerancia.

     El  humanismo  busca  el  bien  y la verdad; pero como sabe que siendo el hombre criatura imperfecta, en la existencia conviven -como el trigo y la cizaña- la verdad con el error y el bien con el mal, busca el bien y la verdad y lucha por ellos con todas sus fuerzas, pero no desprecia a los que yerran y sabe perdonar a los pecadores.

     El humanismo exige reconocer y proclamar la primacía de la razón sobre la fuerza.  Esto obliga a renunciar a la tentación de la violencia y proscribirla como incompatible con la dignidad humana.

     El humanismo cree en la razón y por eso busca llegar a la verdad mediante el raciocinio que procura convencer.  Pero como nadie es dueño absoluto y exclusivo de la verdad, recurre al diálogo y a la búsqueda de acuerdos o consensos como la mejor forma de convivencia.

     El humanismo conoce la distancia entre los ideales y la realidad, como también las limitaciones de la condición humana para alcanzar lo que desea.  Por ello aconseja la modestia y practica la prudencia.

     La experiencia enseña que en la realidad de la vida suele hacerse prácticamente imposible realizar el bien que se quiere o conciliar satisfactoriamente los valores en juego.  La práctica política está plagada de dilemas, muchas veces angustiosos y casi siempre exige establecer prioridades.  No todo es posible al mismo tiempo.  A menudo hay que escoger y hacerlo implica sacrificar.  Un sentido humanista de la responsabilidad obliga en esos casos a proceder con criterio equitativo y, si no se encuentra ninguna solución plenamente satisfactoria, aplicar el principio ético del mal menor.

     El humanismo reconoce que el destino de las personas no depende sólo de sí mismas, sino también, en gran medida, de la sociedad de que forman parte y de las demás personas que la integran y con las cuales convive: de ahí que practique y preconice la solidaridad.

     El humanismo reconoce que el mayor anhelo natural del hombre es la paz.  Pero sabe, al mismo tiempo, que ésta sólo puede construirse sólidamente sobre las bases de la verdad y de la justicia.  De ahí que sea respetuoso de la verdad y se afane por alcanzar la justicia.

     Si miramos a nuestro mundo y no nos quedamos en la superficie caleidoscópica del diario acontecer que publicitan los noticiarios, sino que intentamos penetrar en la vida cotidiana, los anhelos y fracasos, los sentimientos y aspiraciones de la multitud de hombres y mujeres que viven, se aman y se odian, sufren y gozan, se esfuerzan o se dejan llevar por la corriente, son capaces de anónimos heroísmos y de pecados miserables, comprendemos que la humanidad está necesitada y ansiosa de grandes y sólidas orientaciones que, a partir del conocimiento y comprensión de la realidad, señalen caminos de superación y de esperanza.

     Quienes nos proclamamos humanistas y demócratas, tenemos el deber de responder a este anhelo.  Confío en que el esfuerzo de reflexión que ahora iniciamos en esta lejana Nación del mundo, sin otros títulos que nuestra buena voluntad y el valor de nuestras convicciones, nos ayude a cumplir esta tarea.  Deseo el mayor éxito a esta Conferencia.

     Muchas gracias.

Me es muy grato tener la ocasión de recibirlos.  Para mí es un gran honor la distinción con que ustedes me han honrado.  Espero que nos veamos esta tarde en un acto que, confío, tendrá la solemnidad que se merece.

     El Centro para la Democracia realiza una labor muy importante para los valores democráticos en el mundo, y hemos tenido nosotros motivos para conocerlo directamente por el respaldo que hemos recibido en nuestra lucha por restablecer la democracia en nuestro país.

     Estoy encantado de tener esta oportunidad y me gustaría poder escucharlos también a ustedes.

Estimadas amigas todas y amigos:

     ¿Qué puedo decirles?  En primer lugar, gracias.  Como ha recordado aquí Leonor, durante estos cuatro años ustedes han trabajado con mucha abnegación, entusiasmo, espíritu de sacrificio, vocación, en una causa hermosa, en una tarea difícil, que al principio era desconocida, que tuvieron muchas dificultades y que siempre sigue teniendo dificultades.  Hay que lidiar con mucha gente, hay que resolver muchos problemas, los medios se hacen siempre pocos para las necesidades, pero la causa justifica cualquier sacrificio.  Y ustedes han cumplido su tarea con generosidad, no mirando su interés personal, sin ninguna segunda intención, aquí no ha habido búsqueda de aprovechamiento político, ni de ningún orden, ha habido una especie de consagración a una misión que era de servicio a quienes puede con razón pensarse que son los que más necesitan en nuestro país.

     Si en general la pobreza es el problema fundamental que un país como Chile tiene que encarar, los niños pobres son quienes más requieren de una acción organizada, seria, eficaz, que les levante sus posibilidades de vida. 

     Los Centros Abiertos, que a estos niños en edad preescolar les proporcionan la alimentación y les proporcionan formación, que van permitiendo que se desarrollen como personas y que cuando lleguen a la edad escolar no estén en una situación de inferioridad con respecto a los niños que tienen medios, cuyas familias tienen medios para llevarlos a un jardín infantil y darles una educación preescolar.

     Ustedes saben, por la experiencia que han vivido, que este es uno de los aspectos más dramáticos de la realidad de la pobreza, el que por mal nutrición, por falta de hábitos adecuados, por falta de ejercicio intelectual, estos niños se van quedando atrás, y el círculo vicioso de la pobreza se singulariza en ellos, puesto que esa inferioridad en que se encuentran les impide competir, en esta sociedad caracterizada por la competencia, en condiciones equitativas con los niños de mejor condición.

     Pero ustedes han ido más lejos, se han esforzado por, de alguna manera, vincular en este programa de desarrollo integral a las propias familias, con lo cual no sólo protegen a los niños, sino que ayudan al mejor desarrollo de las comunidades familiares de estos sectores más necesitados. 

     Es una labor generosa, es una labor hermosa y, les reitero, en nombre del gobierno, en nombre de lo que nosotros hemos querido hacer en este período para la historia de Chile, mis profundos agradecimientos.

     Quisiera insertar un poco esta tarea dentro del conjunto.  Nosotros nos propusimos en estos años cambiar, si dijéramos, la tónica moral de las relaciones entre los chilenos.  Esas relaciones fueron, durante muchos años, de conflicto, de profunda división, estaba dividido el país en amigos y enemigos, el que no estaba de acuerdo era enemigo.  No necesito recordar todos los sufrimientos que eso significó.

     Yo creo que mi gobierno ha interpretado un sentimiento muy profundo del alma nacional, y creo que fundamentalmente de las mujeres de Chile, al buscar restablecer un clima de paz en la convivencia entre los chilenos, un clima de entendimiento, de búsqueda de acuerdos, de relaciones respetuosas, de reconocimiento del derecho a la diversidad: somos iguales en dignidad en cuanto a personas humanas, pero eso no significa que tengamos que pensar lo mismo y tengamos que ser en todo semejantes; cada uno tiene su propia individualidad, tiene su personalidad.

     Reconocer el derecho a discrepar, admitir que no somos los depositarios exclusivos de la verdad y que quienes piensan distinto de nosotros pueden tener también su dosis de verdad y merecen tanto respeto como nosotros, es una base elemental de una convivencia humana.  Y creo que en eso hemos tenido un éxito muy grande, que en el fondo se debe fundamentalmente a que ha interpretado el anhelo profundo de la mayoría de los chilenos.

     Más allá de otras tareas, difíciles y dolorosas, como los problemas relacionados con la justicia y la verdad en materia de derechos humanos, con los problemas relacionados con el perfeccionamiento de nuestra institucionalidad democrática para extender la democracia a las regiones y a las comunas, más allá de los esfuerzos de la reinserción internacional del país, más allá de los esfuerzos del crecimiento económico, porque desde el comienzo afirmamos que el drama de la pobreza y de las injusticias y desigualdades que entraña no se soluciona simplemente repartiendo lo poco que se tiene, que era fundamental, y es fundamental, sigue siéndolo, para que nuestro país supere la pobreza, que haya desarrollo económico, que haya crecimiento, que haya más inversiones, que haya más producción, que haya más exportaciones.  Y esa ha sido otra de nuestras tareas fundamentales.

     Pero junto con eso, para nosotros ha sido fundamental y prioritario lo que llamamos, en su momento, “pagar la deuda social”, es decir, tratar de crear condiciones de convivencia en Chile, no sólo de respeto y de vigencia de libertades, sino de equidad económico-social, mejorar la condición de los más pobres, porque el mercado por sí solo no cumple estas funciones.  El mercado puede impulsar el consumismo y puede impulsar la creatividad y la creación de riqueza, pero el mercado no es justo en la distribución de la riqueza; el mercado no tiene consideraciones éticas ni sociales; el mercado suele ser tremendamente cruel y favorecer a los más poderosos, que compiten en mejores condiciones, y agravar la miseria de los más pobres, aumentar las desigualdades sociales.

     De ahí la importancia que para nosotros ha tenido la política económico-social, el pago de la deuda social, que partió con la reforma tributaria, con las políticas de remuneraciones, que partió con un reajuste privilegiado a las remuneraciones mínimas, a las pensiones mínimas, a las asignaciones familiares, que impulsó los acuerdos entre trabajadores y empresarios a través del diálogo entre la Confederación de la Producción y del Comercio y la Central Unitaria de Trabajadores con el gobierno y, sobre todo, a través de nuestros esfuerzos en materia de salud, de educación y de vivienda.

     Este es el sentido profundo de la tarea que hemos cumplido.  Y al terminar nuestro período yo creo que podemos mirar con cierta satisfacción lo que hemos hecho.  Estamos muy lejos de las metas que anhelamos, tiene que ser muy claro que falta mucho, porque con 3 mil dólares por habitante Chile sigue siendo todavía un país pobre, y porque esos 3 mil dólares están muy mal repartidos, siguen estando mal repartidos, pero un millón de chilenos han salido de la situación de lo que llaman los economistas el límite de la pobreza y se han incorporado a niveles de vida más humanos, y unos 400 mil han salido de la extrema pobreza y se encuentran en una situación con más posibilidades para el futuro.

     Pero todavía queda mucho.  En este país de 13 millones y medio de habitantes hay 4 millones de pobres, y hay todavía unos 300 mil chilenos en extrema pobreza.  Uno siente la sensación de la impotencia de no haber podido hacer más, pero la experiencia también enseña que no todo se puede al mismo tiempo, que el tiempo es un factor fundamental del accionar humano, que para que el amor germine se necesita tiempo, para que la planta fructifique se necesita tiempo.  Creo que hemos empleado bien nuestro tiempo, y lo hemos hecho bien con la colaboración de muchos chilenos de buena voluntad, fundamentalmente muchas mujeres chilenas.  A ustedes les doy las gracias.

Señoras y señores:

     Es para mí un gran honor la distinción con que me honra la Universidad de Concepción.  La recibo con profundo reconocimiento y gratitud.  Expreso mis agradecimientos más profundos al señor Rector, por sus palabras tan generosas.

     Esta Universidad, que en Marzo próximo cumple 75 años de funcionamiento, se ha ganado su merecido prestigio como el más antiguo y principal centro de educación superior del país con sede fuera de la capital.  Sin duda, ella no ha sido sólo un importante centro de formación profesional para las juventudes de las provincias  del centro y sur del país -el único durante muchos años-, sino también ha contribuido poderosamente a cultivar el tradicional amor propio de la sociedad penquista, elevar el nivel de su cultura y desarrollar la conciencia regionalista de la zona del Biobío.

     Creo de justicia rendir un homenaje, en esta oportunidad, al inspirador,  gran artífice de su creación y, durante varios decenios Rector de esta Universidad, don Enrique Molina Garmendia, a quien -creo oportuno confesarlo aquí- admiro desde mi mocedad.  Fue un gran humanista, que en épocas de cientificismo racionalista proclamó y defendió la trascendencia de los valores espirituales en la vida humana.  Supo conciliar su vocación intelectual con su capacidad de acción, expresada en su gestión como Rector de los Liceos de Talca y de Concepción y en la creación de esta Universidad.  Fue uno de esos hombres que contribuyeron a gestar la gran clase media chilena, que desde fines del pasado siglo hasta la primera mitad del presente se distinguieron por su afán de superación, su capacidad intelectual, su integridad moral y su espíritu de servicio público, virtudes que los convirtieron en los artífices de una nueva etapa en la historia de Chile y promotores del proceso de su democratización.

     Cumplido este grato deber, entro en la materia de mi intervención.

                     Idealismo y Realismo

     Las reflexiones que sobre este tema paso a desarrollar son fruto, principalmente, de mi propia experiencia, mucho más que de eruditas lecturas.  Creo que la mejor manera de corresponder al alto honor que la Universidad de Concepción me confiere, no es intentando hacer una exposición de catedrático versado en filosofía, sociología y derecho político -que no lo soy, aunque algo sepa de esto último-, sino mediante un testimonio personal de lo que he vivido en más de medio siglo de actividad política.

     No está de más decir que al hablar de “idealismo” y “realismo” en esta exposición, no nos referiremos a las acepciones metafísicas que esos conceptos tienen en filosofía, sino a un significado más vulgar, relativo a la posición o actitud de las personas en relación con los ideales. 

     Siguiendo a Ferrater Mora, “llamamos ‘idealista’ a toda doctrina -y a veces simplemente a toda actitud- según la cual lo más fundamental y aquello por lo cual se supone que deben dirigirse las acciones humanas, son los ideales -realizables o no, pero casi siempre imaginados como realizables-“.  Así entendido, “el idealismo se contrapone al realismo, entendido este último como la doctrina -y a veces simplemente la actitud- según la cual lo más fundamental y aquello por la cual se supone que deben dirigirse las acciones humanas son las “realidades” -las “duras realidades”, los “hechos contantes y sonantes-“.  Este sentido de idealismo suele ser ético o político, o ambas cosas a un tiempo.  Puede considerarse también como simplemente “humano”, en tanto que lo que se tiene en cuenta es la acción del hombre y, especialmente, la acción del hombre en la sociedad”.  Hasta aquí Ferrater Mora.

     El idealismo entraña confianza y fe en el hombre, en su capacidad de perfección y de bien; cree en los valores éticos como móviles  rectores de la conducta humana; impulsa a luchar por causas nobles vinculadas al progreso de las personas y las sociedades; alimenta sueños de un mundo mejor e invita a hacer lo posible -incluso a costa de sacrificios- por convertirlos en realidad.

     El realismo se atiene a los hechos.  A partir de la experiencia, advierte que el ser humano es criatura limitada y débil, capaz de virtudes y de pecados, de grandezas y miserias.  No rechaza los grandes sueños, pero tampoco se deja tentar por ellos. Aprecia las dificultades y limitaciones, examina las probabilidades y no se arriesga a causas que juzga imposibles.

     El idealismo es optimista; el realismo es escéptico.

     Idealismo y realismo conviven en la existencia de las sociedades y de las personas, como lo refleja la gran novela de Cervantes, espejo de la vida humana.  Don Quijote es idealista; Sancho Panza, realista.

     En la política, parte importante de la actividad humana, también conviven idealismo y realismo, tal vez más que en ninguna otra.

                          La política

     La política se ocupa del gobierno de las naciones, materia que por su naturaleza interesa a todos -aún a aquellos que creen o dicen no importarle-, puesto que la calidad de la vida de las personas, sus posibilidades de trabajo, sus esperanzas de un futuro mejor, dependen -en mayor o menor medida- de que en su país haya buenos o malos gobiernos.

     En la política se encuentran y conviven múltiples intereses, a menudo divergentes.  Y aunque el fin del quehacer político sea el bien común -en lo que todos convienen-, es una actividad, por su naturaleza, competitiva y aún conflictiva, porque no todos concuerdan sobre en qué consiste ese bien común, ni, menos aún, sobre la mejor manera de lograrlo.  El choque de intereses encontrados, de concepciones ideológicas diversas, de convicciones diferentes sobre la jerarquía de los valores más importantes de la convivencia humana -el orden, la libertad, la justicia, la fraternidad-, de personalidades distintas -cada una con sus virtudes y defectos, sus ideales y ambiciones, su nobleza y sus pasiones- hacen de la política una actividad no sólo compleja y difícil, sino también polémica y confrontacional.  Si la vida es lucha, la vida política lo es en grado sumo.

     Con la característica, agravante, que la vida política es, por su naturaleza, pública y no privada.  La mayor parte de la actividad humana se desarrolla en el campo de lo que llamamos “privado”, porque sólo interesa a sus actores.  Así ocurre con las relaciones de familia, con el ejercicio de las profesiones llamadas liberales, con el trabajo en el seno de las empresas. 

     Algunas actividades, como las comunicaciones sociales, ciertos espectáculos artísticos y competencias deportivas, tienen cada vez un mayor carácter público.  Pero ninguna actividad es tan pública como la política, puesto que se ocupa, precisamente, del interés colectivo, de lo que los romanos llamaron -con acierto- la “cosa pública”. 

     De aquí que los políticos seamos -por la propia naturaleza de nuestra actividad- quienes más expuestos estamos al juicio público y, por consiguiente, a la crítica -adversa o favorable- de todo el mundo.

     Precisados los conceptos anteriores, podemos entrar al análisis sobre el lugar y la influencia que ocupan idealismo y realismo en la actividad política.

                 Prejuicios sobre la política

     Para hacerlo con seriedad, debemos -en mi concepto- desprendernos del prejuicio, bastante generalizado, de que la política es una actividad reñida con la moral o, al menos, indiferente a ella.  Ganada por esta creencia, mucha buena gente rehuye la política como algo pecaminoso, de la que nada bueno puede esperarse: un mundo cargado de mentiras, negociados, deslealtades y obscuras pasiones, donde sólo triunfan los ambiciosos y amorales.

     Esta idea vulgar, que Maquiavelo sintetiza en su consejo al Príncipe de “aprender a no ser bueno”, suele encontrar acogida aún en espíritus selectos.  Stephen Zweig -en un libro admirable- estudia la vida de Fouché -a quién describe como inconsecuente, intrigante, traidor y amoral- como una “aportación a la tipología del hombre político”.  Ortega y Gasset, por su parte, titula “Mirabeau o el político”, a su ensayo sobre el famoso orador de los Estados Generales, a quien describe como “ocupado en un tráfago de amores turbulentos, de pleitos, de canalladas, que rueda de prisión en prisión, de deuda en deuda, de fuga en fuga” y a quien califica como “arquetipo del político”.

     Entre nosotros, si nos atenemos a lo que expresan recientes encuestas de opinión pública, menos de un tercio de los chilenos creen que los políticos trabajan pensando en el interés del país; la gran mayoría supone que lo hacen en interés personal o de sus partidos.

     Lo curioso es que, a pesar de estas opiniones o contradiciéndolas, en las elecciones del mes pasado sufragaron más del 91{bc6225fcc5011f5a41e0ff76244c1d68d13cda7c949a7d0918ed5668f2d69b7a} de los ciudadanos inscritos, es decir, la abstención fue inferior al 9{bc6225fcc5011f5a41e0ff76244c1d68d13cda7c949a7d0918ed5668f2d69b7a}, y de los votos emitidos sólo un 5,6{bc6225fcc5011f5a41e0ff76244c1d68d13cda7c949a7d0918ed5668f2d69b7a} fueron nulos o en blanco, todo lo cual denota que no debe ser tan negativo el concepto que los chilenos tienen de sus políticos, puesto que confían en ellos al otorgarles sus sufragios.

             ¿Por qué y para qué se hace política?

     Prejuicios aparte, para determinar con seriedad el papel que idealismo y realismo juegan en la acción política, debemos procurar dar respuesta a algunas preguntas que la gente suele formularse: ¿qué motivos o móviles inducen a las personas a participar en esta actividad?, ¿qué objetivos o fines persiguen al hacerlo?, ¿de qué manera los hechos o circunstancias de la realidad limitan o desvían la consecución de esos fines?  En otros términos, ¿por qué y para qué se actúa en política, de qué dependen los resultados de esa acción y en qué medida ellos corresponden a sus motivos y fines?

     Mi experiencia me lleva a pensar que -sin perjuicio de excepciones, como las hay en todas las actividades humanas- la gran mayoría de los hombres y mujeres que se comprometen en la acción política lo hacen por razones nobles, generosas, desinteresadas.  El amor a la Patria, el afán de libertad, la conciencia de tener un compromiso con la sociedad, anhelos de justicia o sentimientos de solidaridad social, la adhesión a valores morales cuya vigencia colectiva se cree necesaria, son las razones que generalmente motivan a las personas a comprometerse en la acción política. 

     Lo hacen inducidos por un afán idealista de asegurar la independencia o promover el desarrollo nacional, de lograr una sociedad más justa, fraterna o solidaria, de contribuir al bien común.  Buscan, sobre todo los jóvenes, eliminar o superar los defectos, vicios o limitaciones del orden social que suscitan su rechazo y hasta indignación, para construir una nueva sociedad libre de esos males y más acorde con sus ideales de bien, paz, justicia y amor.

     Creo que la historia confirma esta opinión.  Desde la antigüedad griega y romana, los grandes políticos que han participado en el gobierno de sus pueblos lo han hecho generalmente inspirados en nobles sentimientos cívicos y buscando objetivos de bien público.  Especialmente ilustrativo es el caso de los Libertadores de América, artífices de la Independencia de las Repúblicas de nuestro continente. 

     Podrá decirse que la historia muestra también casos de gobernantes y políticos ansiosos de poder o de riqueza, fanáticos, tiranos, crueles y corrompidos.  Es verdad; pero creo que esos casos, por muy relevantes que sean, constituyen la excepción, y aún muchos de ellos -aunque parezca paradoja- han actuado o lo hacen motivados por lo que en su concepto constituyen objetivos de bien público. 

     Pero más allá de las intenciones -se dice que el infierno está plagado de buenas intenciones- lo que interesa al común de los mortales es el quehacer o la acción política en sí y, sobre todo, en sus resultados. “¡Por sus frutos los conoceréis!”

     ¿De qué manera la actividad política corresponde a aquellos motivos de bien público que la inspiran y se traduce en logros concordantes con los objetivos que persigue?

                Las limitaciones de la realidad

     Aquí es donde entran en juego las limitaciones que impone la realidad: realidad de las personas y de los hechos, subjetiva y objetiva.

1. a) Limitaciones subjetivas.- El tema del poder.

     En primer lugar, la política -como toda actividad terrenal-, adolece de la imperfección propia de la naturaleza humana.  Siendo el hombre una criatura débil, limitada, pecadora, a menudo se encuentra, como San Pablo, con que no hace el bien que quiere y hace el mal que no quiere.  Esto ocurre en todos los ámbitos de la vida humana; obviamente, la política no es ni tiene por qué ser una excepción.

     La capacidad del político para el desempeño de sus tareas, su inteligencia, sus conocimientos, su vocación de servicio, su compromiso vital con los valores, principios o ideales que proclama, su temperamento y condiciones para el trato con las personas, son circunstancias que influyen decisivamente en los resultados de su acción.

     A estos factores personales se agrega uno muy importante en el caso de los políticos: lo que podríamos llamar su sensibilidad ante el poder.  El poder no es un fenómeno exclusivo de la política; también se da en otros ámbitos: en el seno de las empresas, de las organizaciones sociales, de la magistratura, de las instituciones armadas, de las propias iglesias.  Pero en ninguno tiene tanta significación como en el ejercicio de las funciones públicas vinculadas al gobierno del Estado.

     La tarea del político es, precisamente, ocuparse del gobierno, y cuando asume cargos que importan intervención directa en esa función -en el ámbito nacional, regional, provincial o comunal-, sea por elección popular o por nombramiento, pasa a participar, en mayor o menor medida, en el ejercicio del poder público.  Y esto, en cierto modo, imprime carácter, influyendo en la vida y personalidad de quienes se encuentran en tal situación.

     El poder, quiérase o no, otorga privilegios.  Quien ejerce autoridad recibe tratamientos especiales; “su señoría”, “honorable”, “ilustrísimo”, “excelencia”.  En las ceremonias públicas ocupa los primeros lugares.  Dispone de bienes y servicios especiales: automóvil, chofer, seguridad personal, escoltas.  Todo esto halaga el amor propio y suscita la vanidad.

     Quien ejerce autoridad puede, de algún modo -y aún sin salirse del marco del derecho-, favorecer a los amigos, postergar a los que no lo son y hasta perjudicar a sus enemigos si los tiene.

     Quien  detenta  poder  es  objeto  de  atenciones  especiales -invitaciones, obsequios-, no sólo de parte de sus amigos, sino de muchos que quieren congraciarse con él.  Y si no tiene fama de integérrimo, no faltará quien le insinúe, del modo más inocente, la posibilidad de alguna actividad, operación o negocio, perfectamente lícito, o no tanto, que le proporcione directa o indirectamente un beneficio.

     Todas estas circunstancias pueden ir produciendo en el político, si no tiene modestia personal y firmeza de carácter, un acostumbramiento que lo lleve a olvidar o posponer sus grandes ideales o debilite la pureza de sus convicciones.

     Ya lo dijo Lord Acton: “el poder tiende a corromper y el poder absoluto tiende a corromperse absolutamente”.  De ahí la necesidad, que Montesquieu señaló con sabiduría, de que el poder sea repartido en órganos distintos, para que “el poder detenga al poder”.  En los modernos Estados democráticos, la separación de los poderes públicos, la regulación de los procedimientos administrativos, los mecanismos de fiscalización y publicidad de la gestión pública, con el consiguiente control de los medios de comunicación y de la opinión pública, frenan los abusos del poder y defienden a los países de la corrupción, a menos -claro está- que se trate de vicios explícita o implícitamente aceptados por la sociedad en su conjunto.

     El mayor peligro que el poder entraña es que se convierta en fin de la política.  Es la concepción de Maquiavelo, quien recomienda al Príncipe utilizar cualquier clase de medios, incluso los más perversos y criminales, para ganar poder, conservarlo y acrecentarlo.  Desde el momento en que esto se acepta, se olvidan los ideales, se sacrifican los principios y se transforma la política en una mera lucha por el poder.

     Esto es la perversión de la política, cuyo fin es el bien común de la nación, para cuyo logro el poder no es más que un medio.

     Cierto es que en el mundo de la política lo que cuenta es el éxito y éste se mide por la posesión del poder.  Los triunfos, en política, consisten en ganar poder y conservarlo.  ¿Qué saco con servir al pueblo, si pierdo el poder?  Pero ¿de qué me sirve el poder, sino para servir al pueblo?

                   Política y moral

     Para resolver esta antinomia debemos recordar que la política, como toda actividad humana, queda regida por la moral, que se ocupa precisamente de los actos humanos en cuanto al bien o al mal que ellos entrañan.  Y debemos también recordar que la vida de las naciones trasciende a la de los hombres y tiene una dimensión de tiempo que obliga a juzgar los hechos y lo bueno o malo de ello en su perspectiva histórica.

     ¿Tiene éxito el gobernante que lleva a su pueblo a la desgracia, pero se mantiene por la fuerza en el poder?  ¿O lo tiene el que mejora las condiciones de vida de su pueblo, aunque pierda el poder?  ¿Tiene éxito el político cuya conducción divide a su pueblo y lo sume en el odio y la violencia, si logra conservar el poder?  ¿O lo tiene el que prefiere ceder el paso a un adversario a cambio de salvar la unidad de su pueblo y lograr la paz social?

     Por mi parte, pienso que un gobierno tiene verdadero éxito cuando su política y sus realizaciones satisfacen las aspiraciones fundamentales del pueblo, le permiten vivir en paz, justicia, libertad y bienestar y significan independencia, progreso y prestigio para su Patria.  Eso es lo verdaderamente importante para el país y no quién detente el gobierno.  Porque ni el éxito consiste en el poder, ni éste es el fin de la política, sino sólo un medio para alcanzar el bien común, verdadera meta de toda buena política.

1. b) Limitaciones objetivas

     Aparte de las circunstancias referidas, que limitan o condicionan el quehacer político por factores que dicen relación con las personas que participan en él, hay otras limitaciones que derivan de factores puramente objetivos, que forman parte de la realidad en la que se inserta la acción política.

     Como en toda conducta humana, para que en la actividad política la idea se convierta en hecho, es necesario un esfuerzo inteligente y hay que superar muchos obstáculos.

     Cuesta poco formular un programa político atractivo, que exprese a cabalidad las aspiraciones ideales.  El cumplimiento de ese programa, por mucha que sea la voluntad política de quienes lo impulsan para llevarlo a cabo, va a depender de múltiples circunstancias ajenas a ellos: la viabilidad de sus propuestas, su compatibilidad con otras acciones de gobierno, la disponibilidad de recursos financieros y de equipos profesionales y técnicos capaces, el apoyo político suficiente para adoptar las decisiones que correspondan.

     Mientras   más “idealista” sea un proyecto, más difícil será su realización, por los obstáculos que encontrará tanto en la inercia de la existencia que repugna al cambio, como en los intereses cuya resistencia provoque.  Mientras más profundas sean las transformaciones que se busquen, mayor será esa resistencia.

     La política del testimonio, muy fácil desde la oposición, rara vez es viable para quienes tienen la responsabilidad de gobernar.  Los pueblos reclaman y esperan de éstos acciones concretas, realizaciones efectivas, que signifiquen solución de problemas colectivos, mejoramientos reales, progreso.  Y les piden también estabilidad política, seguridad ciudadana y paz cívica.

     En la complejidad de la vida moderna, los ámbitos político, económico, social e internacional suelen estar interconectados, de manera que las decisiones que se adopten en uno de ellos suelen tener repercusiones en los otros.  Esto exige coordinar las acciones y evaluar con visión de conjunto las resoluciones que se quieran tomar.

     En principio, en un sistema democrático la mayoría manda y la minoría fiscaliza.  Pero esto, en la práctica, no es tan sencillo. Hay temas que, por su naturaleza, reclaman políticas de Estado, que requieren un gran respaldo nacional.  Los sistemas constitucionales suelen exigir, como el vigente en Chile, mayorías especiales, superiores a la simple -lo que se llama quórum calificado- para legislar sobre materias importantes, lo que puede hacer necesario buscar acuerdos entre gobierno y oposición.  La alternativa es lograr acuerdo o, simplemente, renunciar al proyecto que el gobierno cree necesario.  En la realidad política compleja de las democracias modernas, rara vez funciona la estrategia del todo o nada; el bien común exige transacciones.

     En la sociedad juegan intereses contrapuestos.  Por mucha que sea la voluntad del gobierno de mejorar a los sectores más postergados, tiene que evaluar los efectos que sus decisiones puedan producir en la marcha de la economía, por la reacción de quienes se sientan afectados.

     Por otra parte, en las metas u objetivos de un gobierno ha de haber, lógicamente, un orden de prioridades, no sólo en razón de su importancia y urgencia, sino también por la interdependencia y condicionamiento de unos respecto a otros.

     En la experiencia de mi gobierno, por ejemplo, de las cinco grandes tareas que nos propusimos, todas coordinadas entre sí, sin duda la fundamental era culminar exitosamente el proceso de transición a la democracia, hasta lograr la consolidación de un régimen de derecho, democrático, estable y sin riesgos de ruptura o retroceso.  Ello exigía, como requisito indispensable, lograr en el país un clima de reconciliación y unidad nacional, por encima de las legítimas discrepancias.  Lo que, a su vez, requería evitar la agudización de conflictos que, reeditando las divisiones y odios del pasado, volvieran a enfrentar a los chilenos entre amigos y enemigos.

     Estos criterios inspiraron nuestra política en relación al trascendental y delicado tema de las violaciones a los derechos humanos fundamentales -especialmente del derecho a la vida- cometidos durante el régimen pasado.  Un imperativo ético esencial exigía esclarecer ante la conciencia nacional y mundial la verdad de lo ocurrido; es lo que hizo el Informe de la Comisión Rettig.  Un elemental sentido de justicia exigía procurar reparaciones a las víctimas y a sus familiares, lo que se ha hecho en importante medida mediante la ley que creó la Corporación de Reparación y Reconciliación y la que legisló a favor de los exonerados políticos. 

     Muchos reclaman, además, el castigo de los culpables, aspiración legítima, pero muy difícil de satisfacer, por la existencia de una ley de amnistía, por el tiempo transcurrido y por las reacciones que suscita en importantes sectores de la comunidad nacional. 

     Nos ha parecido que el único camino que concilia la legítima demanda de justicia con las circunstancias referidas, ha sido dejar este tema en manos de los tribunales, a los que naturalmente corresponde.  Lamento que mi iniciativa para agilizar los procesos y facilitar el esclarecimiento de la tragedia de los compatriotas desaparecidos, no haya logrado el respaldo necesario para su aprobación.

     Análogos criterios han inspirado la conducta de mi gobierno  respecto de los llamados “presos políticos”: personas procesadas por delitos comunes o terroristas cometidos como forma de lucha contra la dictadura.  Mi gobierno propuso una legislación que, manteniendo la decisión definitiva en manos de los tribunales -a los que naturalmente corresponde- facilitara soluciones de justicia mediante la rebaja de la penalidad excesiva y la apreciación de las circunstancias de cada caso y del trato muchas veces inhumano sufrido por los procesados.

     Como el país sabe, esa ley no fue aprobada y en reemplazo se facultó al Presidente de la República para indultar a los condenados.  Algunos me critican muy acerbamente por el ejercicio que he hecho de esa facultad, acusándome de promover la impunidad de la delincuencia común y terrorista.  Tengo la conciencia muy tranquila sobre la forma cómo he procedido en la materia, estudiando los antecedentes y circunstancias de cada caso.  Nadie que haya cometido delito ha quedado impune; me he limitado a reducir o conmutar la pena, conforme a criterios de justicia.

     Otra materia significativa, entre muchas, en que mi gobierno debió compatibilizar sus objetivos para lograr su viabilidad, fue el tema de la llamada “deuda social”.  No habría sido posible encarar eficazmente los graves déficits con que recibimos al país en materia de salud, educación, vivienda y, también, infraestructura, si el Fisco no hubiera dispuesto de mayores recursos; para obtenerlos fue necesario empezar por la reforma tributaria, que por la correlación de fuerzas en el Parlamento sólo fue posible mediante una negociación.  Otro tanto cabe decir de las mejoras salariales, para cuyo logro promovimos acuerdos entre trabajadores y empresarios que hicieran posible compatibilizar el mejoramiento social con la estabilidad y el desarrollo económico, conforme a nuestra política de crecimiento con equidad.

     Estos ejemplos, como muchos otros que podríamos citar, muestran que toda política, para prosperar, necesita conciliar los ideales que la inspiran y las metas que persigue, con las circunstancias que configuran la realidad objetiva.

     Pienso que si mi gobierno ha tenido éxito -como creo- en el cumplimiento de las cinco grandes tareas que nos propusimos: consolidación y perfeccionamiento democrático, reconciliación nacional, crecimiento económico, justicia social y reinserción internacional de Chile -aunque en algunas de ellas el avance no haya sido todo el que anhelábamos-, es porque en su formulación como programa conciliamos los valores e ideales que las inspiraron con un diagnóstico adecuado de la realidad y porque en la tarea de cumplirlas, sin perder nunca de vista los fines que nos propusimos, empleamos la flexibilidad necesaria para orillar obstáculos y aunar voluntades.

      Lo que se debe, lo que se quiere y lo que se puede

     Resumiendo lo expuesto, me atrevo a aseverar que mi ya larga experiencia me ha enseñado que la acción del político se compone, por una parte, de las aspiraciones que lo mueven, de los valores en que cree y que trata de poner en práctica y, por otra, de la realidad misma que lo limita, ya sea por sus propias debilidades o por hechos objetivos que condicionan su actividad.

     Explicado lo anterior cabe preguntarse: ¿qué papel juegan los ideales y cuál la realidad en la política?

     Sin vacilar expreso mi convencimiento de que por su propia naturaleza, son ideales los que motivan la acción política y determinan sus objetivos.  El idealismo está en el principio y el fin de la acción política.  Esto no es sólo lo que debe ser, por exigencia ética; es, también, lo que generalmente ocurre.

     Lo que mueve a los hombres y mujeres a comprometerse en la vida política, sacrificando intereses y comodidad, es el compromiso con sus ideales.  Esto es especialmente cierto en los jóvenes, cuya visión crítica del mundo con que se encuentran y sus naturales anhelos de un mundo mejor lleva a querer transformaciones profundas, a concebir utopías y a comprometerse en la acción para realizarlas.

     El mero realismo, el reconocimiento y aceptación de la realidad, carece de la fecundidad indispensable para mover a los seres humanos a comprometerse en una actividad tan absorbente y sacrificada como la política.

     Podrá decirse que hay políticos a quienes lo que los motiva es el poder; entran a la actividad política en busca de poder.  No podría negarlo; pero creo que son los menos y que, generalmente, fracasan.  Porque la política es muy competitiva, exige muchos sacrificios y jamás garantiza el acceso al poder.  Porque siendo una actividad que, al menos en democracia, se realiza siempre a la vista de todo el mundo y está expuesta a la evaluación general y a las consiguientes críticas, el político que no encarna ideales o causas de bien público, y el que no es consecuente con ellas, pronto se desprestigia y pierde crédito en el concepto público.  Al político cuya motivación principal es el poder le ocurre lo que al jugador: casi siempre pierde y generalmente termina arruinado.  La política concebida como mera lucha por el poder, es un vicio deleznable, que envilece a los que lo practican y daña a las sociedades.

     Los ideales que mueven a la acción política tienen, generalmente, una inspiración o un contenido moral; responden a valores en los cuales se cree.  El anhelo de una vida mejor, plenamente humana, inspira a los diversos movimientos o corrientes políticas, según las concepciones predominantes y las circunstancias históricas de cada época.  La libertad, el respeto a la dignidad de las personas, la igualdad, la justicia, la solidaridad, el amor al prójimo, a la Patria, a la humanidad o a la naturaleza, o los anhelos humanos de orden, seguridad y paz, son valores que están en la base de los ideales políticos.

     ¿Y qué papel juega, entonces, el realismo?  Yo diría que es condición o requisito indispensable para la eficacia de la acción política.  De nada sirven los ideales en abstracto, salvo para soñar.  La acción política pretende aplicarlos a la realidad, lo que en el fondo implica el intento de mejorarla o perfeccionarla: cambiar lo que “es” por lo que “debe ser”.  Y esto exige conocer la realidad y aceptarla, como un hecho, tal cual es, nos guste o no.

     Los ideales, propósitos o programas políticos meramente teóricos están condenados al fracaso.  La primera condición para su éxito es su viabilidad.  Y no serán viables si no parten del reconocimiento y aceptación, como “un hecho de la causa” -en términos forenses- de las circunstancias que configuran la realidad histórica sobre la cual se pretende actuar.  Los ideales políticos concebidos en abstracto son meros sueños o utopías.  Y las utopías, necesarias para levantar el vuelo, sólo tienen eficacia histórica cuando se logra aterrizarlas.

     “Yo soy yo y mi circunstancia”, enseña Ortega y Gasset.  Y así como la “circunstancia”, si no determina, al menos limita y condiciona la vida de cada persona, también es condicionante de la vida de las naciones.  No es “buena política” la que no sea capaz de conciliar el “idealismo” con el “realismo”, lo que implica admitir las cosas como son: la situación política, económica, social y cultural del país en el cual se pretende actuar; sus circunstancias geográficas e históricas; sus instituciones y el régimen jurídico; los sentimientos, opiniones y aspiraciones de la gente.

     Uno de los elementos de esta realidad es el factor “tiempo”. No se puede hacer cualquier cosa, incompatible con la realidad.  Y aunque ninguna realidad es inmutable, las posibilidades de cambiarla son limitadas y exigen tiempo.  Nada se logra de la noche a la mañana.

     La acción política requiere decisión; lo que se llama “voluntad política”: querer hacer lo que se anhela.  Pero no basta con “querer”; es necesario también “poder”.  Querer lo que no se puede es puro voluntarismo, que conduce al fracaso, a estrellarse contra el muro.

     De aquí que se haya definido a la política como “el arte de lo posible”.  Yo creo que gobernar es hacer lo que se puede de lo que se quiere, de lo que se debe.

     Lo primero es determinar “lo que se debe”, esto es, las conductas -acciones u omisiones- que la recta razón señala como necesarias o convenientes para lograr el bien común y que corresponden a los ideales de libertad, justicia, solidaridad, paz u otros que se profesen.

     Pero exigencias de viabilidad o compatibilidad exigen generalmente establecer prioridades.  Estas determinan “lo que se quiere”: la decisión política de hacer tales o cuales cosas de las que se deben y no hacer o postergar la ejecución de otras.

     Finalmente, no todo lo que se quiere es viable: las circunstancias suelen impedirnos hacer lo que queremos.  De ellas depende “lo que se puede”.

     En la vida política, como en la personal, la realidad limita nuestra conducta.  A menudo nos encontramos conque ninguna de las posibilidades corresponde adecuadamente a lo que queremos, y las circunstancias nos exigen escoger entre alternativas que no nos satisfacen.  Entonces, lo justo, correcto y valiente es no intentar a toda costa la solución ideal pero imposible, ni tampoco darse por vencido, sino escoger el mejor bien posible o, en su defecto, el mal menor.

     Es en estos casos cuando se hace necesaria la virtud de la prudencia.  El político, para ser consecuente, debe tener valor, coraje y audacia para luchar por aquello en que cree.  Pero ha de tener también prudencia para no embarcarse en aventuras o caminos que conduzcan a fracasos, desastres o males mayores.

     Esto es lo que le exige su deber elemental de ser siempre responsable.  Responsable, ante su pueblo y ante la historia, del bien y del mal que causen sus decisiones y actuaciones.

     Así se conjugan, en política, idealismo y realismo.

     Muchas gracias.

Intervención En La Entrega Del Premio Héroe De La Paz, Condecoración Alberto Hurtado

Excelentísima señora Michelle Bachelet, Presidenta de la República de Chile.

Rev. Padre Fernando Montes, Rector de la Universidad Alberto Hurtado.

Autoridades.

Señoras y señores.

Amigas y amigos.

Es para mí muy alto honor –que jamás imaginé recibir ni soñé merecer- este Premio “Héroe de la Paz, Alberto Hurtado” con que me honra la Universidad que lleva su nombre. Como lo dijo el Rector Fernando Montes en el discurso de instauración de este Premio, “el Padre Hurtado sobrepasó su tiempo…, fue un modelo de una fe que puede unir…, que no aparece como una trinchera que divide, sino como una mano que se extiende con respeto” y “que fundamenta valores que podemos compartir todos, como el amor al pobre, la sed de justicia, la paz y la solidaridad”.

Recibo y agradezco este generoso homenaje con profunda emoción, que al menos tres circunstancias justifican:

Primero: porque me lo otorga esta Universidad, que recoge el espíritu y la acción del Padre Hurtado, cuyo testimonio animó a muchos jóvenes a asumir la causa de la justicia social desde los valores del Evangelio y a comprometerse en el campo de la política. Ese testimonio sigue plenamente vigente y ojalá siga inspirando a los jóvenes –como los que hoy nos acompañan en este acto- a entender la acción de servicio público como una expresión del amor al prójimo;

Segundo: porque se me otorga en este día en que con Leonor, que me acompaña, cumplimos sesenta años de matrimonio. Todo lo que hemos   hecho lo hemos hecho juntos, a pesar de las   muchas  horas que mis actividades profesionales o políticas han sustraído a la convivencia del hogar; y

Tercero:  porque, encontrándome en la etapa final de mi vida –el próximo mes cumpliré noventa años- consagrada desde que tenía treinta en su mayor parte a la actividad política, que entre 1945 y 1965 compartí con el ejercicio de mi profesión de abogado y con la docencia en las facultades de Derecho de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica y en el Instituto Nacional y en el período 1976 a 1988 con un reducido ejercicio de la abogacía, ahora soy simplemente lo que se llama un jubilado, lo que no me impide seguir pensando en el destino de nuestra patria y de la Humanidad.

En este largo recorrido he conocido alegrías y dolores; he sabido de derrotas y   triunfos; he tenido aciertos y he cometido errores. Como toda acción humana, la política está sujeta a las grandezas y miserias de nuestra condición. Sin embargo, nunca he dejado de creer lo que, junto a mis hermanos aprendí en el hogar de mis padres: que el servicio público es una forma de luchar por una sociedad mejor. Por eso, recibo este homenaje más que como un reconocimiento personal, como un reconocimiento a la política como una actividad noble y necesaria para el buen desarrollo de la sociedad y la construcción del bien común.

Valoro especialmente el gesto de la Universidad Alberto Hurtado de reivindicar la política en tiempos en que ésta aparece desprestigiada ante la opinión pública. No puedo dejar de manifestar mi preocupación por ello, ya que durante mi larga experiencia he aprendido que la calidad de la política es un factor fundamental para el progreso de los pueblos. Sin calidad de la acción política la democracia se debilita como forma de gobierno representativo; la gente deja de creer en un proyecto colectivo. Sin calidad de la política es difícil lograr el necesario crecimiento económico, porque los mercados son implacables frente a la desconfianza, como en otras naciones se está viendo en estos días. Sin calidad de la política es más difícil que los frutos del crecimiento económico lleguen a todos.

Estamos prontos a cumplir veinte años desde el plebiscito de 1988, que permitió recuperar la democracia por los cauces de la paz y de la institucionalidad. Con ello se inició un período de nuestra historia que -mirado en perspectiva- pienso que será considerado uno de los más fructíferos de nuestra vida republicana. Chile ha consolidado su democracia, alejada felizmente de los populismos que tanto retraso han producido en otras naciones. Al mismo tiempo, hemos avanzado intentando conciliar el crecimiento económico con la justicia social en un mundo globalizado. Miro con satisfacción lo que hemos logrado:  somos el único país de Latinoamérica que ha reducido la pobreza en más de la mitad durante estas dos décadas, el 70{bc6225fcc5011f5a41e0ff76244c1d68d13cda7c949a7d0918ed5668f2d69b7a} de nuestros jóvenes que están en la universidad son primera generación de sus familias que acceden a la educación superior; la mayoría de las familias chilenas tiene hoy una vivienda propia; todos tienen acceso a un sistema de salud con atención básica garantizada. Al mismo tiempo, vivimos en una sociedad más libre, con más opciones y mayor conciencia de los derechos de las personas. ¿Que queda mucho por hacer? No cabe duda. Pero si bien tenemos legítimos motivos para impaciencia y frustración por aquello que no hemos conseguido -fundamentalmente el anhelo de lograr una sociedad sin grandes desigualdades- no tenemos razones para pesimismos ni complejos frente a lo que hemos sido capaces de hacer.

Y permítanme una reflexión. En la base de nuestros avances está la calidad de la política expresada en haber dejado la división de los chilenos entre amigos y enemigos políticos para convertirnos en adversarios, dispuestos a respetarnos en nuestras diferencias pero también a unirnos en torno a los intereses superiores de nuestra patria; en el reemplazo de la confrontación, la descalificación y la violencia por la búsqueda de acuerdos a través del diálogo. Nunca hemos avanzado más como país que cuando los dirigentes y los partidos políticos hemos estado disponibles para intercambiar opiniones, buscar consensos y colaborar.

Pero es evidente que ello no depende sólo de la buena voluntad de los actores. La calidad de la política requiere de instituciones adecuadas. Uno de los desafíos que debemos abordar hacia el futuro es mejorar nuestra institucionalidad política. Chile ha cambiado, nuestra sociedad es más compleja y diversa que antes, las personas tienen distintas formas de participar en la vida colectiva, pero el sistema político no está dando cuenta de esta transformación. No puede ser que tengamos dos millones de jóvenes sin ejercer la ciudadanía. Cuesta entender porqué no hemos sido capaces de lograr la inscripción automática y abrir la competencia en nuestro sistema electoral. Cuesta entender que no hayamos podido reformar la ley de partidos políticos para hacerlos más abiertos y cercanos a las nuevas realidades. Cuesta entender el centralismo que aún prima en nuestro país. Nos dicen que esos son temas que no preocupan a la gente. Pero un dirigente político no se debe sólo a darle gusto a la gente con las preocupaciones de su vida cotidiana, sino a hacer aquello que el bien común exige. La institucionalidad puede terminar afectando la vida cotidiana de las personas, como lo vivimos durante tantos años a raíz de la crisis de nuestra democracia. Por eso me atrevo a aprovechar esta tribuna para enviar este recado a quienes hoy tienen responsabilidad en la conducción política.

Por otra parte, quisiera reivindicar también la convicción que tengo de que la política no consiste en conquistar el poder para hacer lo que una persona o un grupo o un conjunto de partidos quieran, aún cuando estén inspirados en nobles ideales. Al contrario, sigo pensando que los proyectos se logran con la mirada puesta en los principios que queremos impulsar y defender, pero también considerando la realidad. Sé que la afirmación “en la medida de lo posible” es objeto de bromas y críticas. Sin embargo, estoy convencido de que el voluntarismo es un atajo engañoso. La exitosa transición a la democracia que tuve el honor de encabezar fue posible porque conciliamos nuestros ideales con la realidad, porque buscamos acuerdos, porque intentamos construir un país para todos los chilenos.

Cometería una grave injusticia si en estas palabras de reconocimiento no expresara públicamente mi profunda gratitud a todos los que me han ayudado con su ejemplo, sus enseñanzas y su colaboración, a ser lo que he sido y a hacer lo que he podido a lo largo de mi vida, especialmente a mis padres Miguel Aylwin y Laura Azócar, a Leonor mi mujer, a quien ya me he referido; a mis hermanos Carmen, Andrés, Arturo y Tomás; a mis maestros en el Liceo de San Bernardo, en el Internado Nacional Barros Arana, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile; a mis guías espirituales Padre Salesiano José Bourzotti, Monseñor Francisco Vives y Monseñor Manuel Larraín; a los líderes que me orientaron en mi compromiso político de servir a Chile encabezados por Eduardo Frei Montalva, Jorge Rogers Sotomayor, Radomiro Tomic; a tantos camaradas demócratas cristianos, a mis hijos y nietos y a todos los que con generosa entrega, buena voluntad y espíritu fraternal han colaborado conmigo en la tarea de servir a Chile inspirados en los ideales del Humanismo Cristiano.

He tratado de no ser un viejo nostálgico del pasado. Más bien quisiera ser un joven de 90 años que mira con fe el porvenir de Chile. Veo el futuro con optimismo y confío en que sabremos afrontar bien los desafíos de este mundo, que a veces nos parece tan difícil de entender. En todo caso, he amado a mi patria y he intentado servirla de la mejor forma. Dios ha sido generoso conmigo, ustedes también. Muchas gracias.

PATRICIO AYLWIN AZOCAR

Señor Guillermo Tagle Quiroz, Presidente del Directorio de ICARE, e integrantes de ICARE.

Autoridades asistentes a esta ceremonia.

Estimados amigos y amigas:

Ustedes han sido generosos conmigo al otorgarme este premio.

Me honra y lo agradezco.

Lo recibo como un reconocimiento al valor de la política y a los valores de la democracia que he procurado servir durante mi vida.

Aprendí de mis padres que el sentido de la vida se encuentra en el compromiso con ideales superiores. Mi padre nos trasmitió su vocación por la justicia. Mi madre nos legó su amor a Chile, su fe y su vocación social.

He tenido el privilegio de recorrer un largo tiempo de nuestra historia patria, viviendo sus éxitos y fracasos, sus alegrías y dolores.

De esa experiencia puedo compartir mi convicción de que Chile se construye con el aporte de todos.

Que la democracia hay que cuidarla, porque es el único camino para resguardar la dignidad humana, ampliar la libertad y promover la justicia social.

Que la política es una actividad noble que debe conciliar intereses diversos en la búsqueda del bien común. Ello implica un diálogo entre los principios que se profesan y la realidad que se quiere cambiar. El voluntarismo es un atajo engañoso. No es posible lograr lo imposible.

Que cuando se deteriora la convivencia política, la consecuencia es la división de los chilenos.

Que el diálogo y la búsqueda de grandes acuerdos permiten avanzar más que los intentos de imposición de unos sobre otros.

La exitosa transición a la democracia que tuve el honor de encabezar fue posible porque conciliamos nuestros ideales con la realidad, porque buscamos acuerdos y porque intentamos construir un país para todos los chilenos.

Mi vida ha transcurrido principalmente en el ámbito público, la de ustedes en cambio en el mundo privado. No siempre estos mundos se han comprendido. La colaboración entre ambos es indispensable para fortalecer la sociedad democrática.

Por eso, me honran y agradezco las palabras que aquí se han dicho.

Muchas gracias.

PATRICIO AYLWIN AZOCAR