LA EXPERIENCIA POLÍTICA DE LA
UNIDAD POPULAR
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La experiencia política de la Unidad Popular / Las fuerzas armadas emergen como actores
Las fuerzas armadas emergen como actores
La tradición de las FF.AA. se pone a prueba
A pesar de la brutalidad del asesinato del general René Schneider, las Fuerzas Armadas reafirmaron su tradición constitucionalista no deliberante y privilegiaron el hecho de que cualquier acción distinta -considerando los resultados electorales y las expectativas populares – podía desencadenar una crisis de magnitud.
Su posición fue explicitada en el estatuto constitucional de garantías democráticas, que sustituyó el artículo 22 de la Constitución por el siguiente: “La fuerza pública está constituida única y exclusivamente por las Fuerzas Armadas y el Cuerpo de Carabineros, instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes”.
La preocupación respecto a la implicancia que podría llegar a tener una presencia más activa de las FF.AA. en el quehacer nacional y la inquietud creciente sobre cuál sería su actitud en la eventualidad de que el conflicto que encaraba el país se agudizara, estuvo presente en el trasfondo político nacional como un fantasma desde el asesinato del general Schneider, y se fue ahondando de manera paulatina durante el gobierno de la Unidad Popular.
Relación con las FF.AA.
Al asumir la Comandancia en Jefe de las Fuerzas Armadas, el general Prats continuó con la doctrina institucional que había distinguido a su antecesor, René Schneider. Por su parte, el presidente Allende, consciente de que encabezaba un gobierno que quería cambiar la estructura básica de la sociedad en términos que el mundo militar, de mentalidad tradicional, no aceptaría, desde un comienzo trató afianzar la adhesión de las Fuerzas Armadas, haciendo esfuerzos muy superiores a los que habían hecho sus antecesores, como incrementar su presupuesto, modernizar su equipamiento e implementar una política de defensa orientada a valorar la función militar. Estos hechos y actitudes fueron generando roces y dificultades al interior de los Institutos Militares y en la propia UP, siendo también un gran escollo para un acercamiento con el PDC.
Dentro de la izquierda había una preocupación constante y una línea de orientación política en relación con las Fuerzas Armadas, pero ésta oscilaba entre el respeto y la desconfianza, a lo que se sumaba la intención de algunos sectores de sustituirlas por unas fuerzas armadas populares.
La posición del PDC había sido explicitada en el estatuto de garantías democráticas presentado a Allende en septiembre de 1970, donde manifestaba que las Fuerzas Armadas debían ser garantía para la convivencia democrática y que, para ello, se debían respetar sus estructuras orgánicas y jerárquicas, sus sistemas de selección, la disciplina vigente, así como asegurarles un equipamiento adecuado para velar por la seguridad nacional. Señalaba también la necesidad de no desviarlas de sus funciones específicas, ni crear organizaciones armadas paralelas a ellas.
Anteproyecto de reforma constitucional preparado por la DC, octubre de 1970
Por el lado de la derecha, no había claridad respecto del pensamiento que animaba a las FF.AA. De allí que estaba alerta a cualquier oportunidad para influir sobre ellas, dando gran relevancia o promoviendo cualquier rumor respecto de infiltraciones “marxistas” entre los uniformados.
Los sectores más extremos propiciaban abiertamente una salida militar para derrocar al gobierno marxista. El Partido Nacional hasta ese momento buscaba su término por la vía constitucional, fuera a través de su derrota electoral, de un plebiscito o de un acuerdo parlamentario. También había quienes acusaban a las Fuerzas Armadas de haberse entregado “por un automóvil nuevo, por una casa, por aumento de sueldo” en alusión a la política de beneficios que el gobierno de la Unidad Popular tenía con los Institutos Armados. Existían, asimismo, algunos grupos derechistas, especialmente aquellos vinculados con El Mercurio, que estaban permanentemente explorando cuántos y quiénes dentro de las jerarquías militares estaban a favor de un golpe de Estado. Para marzo de 1972 ya era evidente que había militares en retiro que mantenían vinculaciones al menos con el sector más radical de la derecha.
Todo ello se daba en un contexto en que la presencia de grupos armados era una de las principales preocupaciones dentro de la oposición. Durante el invierno de 1972 se informó a la opinión pública del intento de un sector de ultra izquierda de dar un golpe de Estado para acelerar la revolución. Una veintena de personas habrían formado parte de este grupo, el cual, para financiar su cometido, había realizado numerosos asaltos a bancos. Todos ellos fueron detenidos y se les aplicó la ley de seguridad interior del Estado. El suceso dio lugar a sesiones especiales del Senado. [Diario de sesiones del Senado, sesiones n°s 40 y 43, 25 y 27 de julio de 1972, respectivamente]
En su conjunto, estos hechos servían para que se configurara una sensación de crisis de orden público frente a la cual las miradas se dirigían a las FF.AA., ya sea para prevenirlas o para que directamente intervinieran en la situación.
Aumenta la presencia de las FF.AA.
A mediados de 1972 las Fuerzas Armadas fueron convocadas por el gobierno para asumir una presencia cada vez más activa en la vida pública como consecuencia de la agitación social reinante, desempeñando funciones de mediadores o interventores en numerosos conflictos como huelgas o paros.
El ejercicio de cargos y funciones de responsabilidad política fue posibilitando el surgimiento de posiciones de carácter político al interior de las FF.AA. que, estimuladas por diferentes sectores, se fueron agudizando al punto de verse cuestionado el principio de “no deliberación” que las obligaba.
De forma paralela, en la oposición se iba consolidando la percepción de que las Fuerzas de Orden y Seguridad eran condescendientes con el régimen de la Unidad Popular. En el caso específico del PDC, había preocupación y descontento. A través de una carta pública dirigida al presidente Allende, acusó al gobierno de envolver a las FF.AA. en situaciones políticas ajenas a ellas, como tomas, estatizaciones, o la pugna con los gremios.
La actitud asumida por el PN fue distinta. Intensificó las acciones de masa, incentivó a sus grupos de choque y fue haciendo suyos los conceptos desarrollados por dirigentes empresariales, con quienes fue estrechando vínculos, elaborando un discurso y un proyecto alternativo al de la UP, donde las Fuerzas Armadas tenían un rol fundamental.
Para agosto de 1972 ya se había instalado la idea de que el devenir de los acontecimientos estaba ligado a la actitud que los Institutos Armados adoptarían finalmente y el lugar y objetivos en que depositarían sus lealtades, idea que comenzó a generar una gran incertidumbre dentro de todo el espectro político: ¿qué harían las FF.AA. si el conflicto seguía escalando?
Septiembre de 1972 fue especialmente tenso para las Fuerzas Armadas. En la oposición política de derecha se empezaba a hacer explícito el argumento de que éstas, en algún momento, tendrían que intervenir.
Lealtades en tela de juicio
Las Fuerzas Armadas fueron adquiriendo un inusual protagonismo en el escenario nacional debido a las tareas que asumieron a partir de la instauración de estado de emergencia decretado por el gobierno el 12 de octubre.
La cadena obligatoria de radioemisoras establecida por el jefe de la zona de emergencia, general Héctor Bravo, pero que era administrada por la Oficina de Información y Radiodifusión de la Presidencia de la República, produjo un duro roce entre las FF.AA. y los partidos políticos de oposición, que reiteraron sus acusaciones al gobierno de escudarse en las FF.AA. para que lo protegiera en las flagrantes violaciones que cometía contra los derechos de las personas -entre ellos la libertad de prensa- y sostuvieron que La Moneda estaba usando a las instituciones armadas como barrera entre el pueblo y el gobierno. [Diario de sesiones del Senado, sesión n°18 114 de octubre de 1972)
A raíz de esta situación, se gestionó una reunión de personeros de la oposición con el comandante en jefe Carlos Prats para discutir lo de la cadena obligatoria. En ese encuentro, Prats asumió como propia la responsabilidad de haber implantado la cadena radial, relevando de responsabilidad al gobierno y justificando la medida por la gravedad de la situación desatada por el paro. El hecho también fue tratado en el Senado, ocasión en la que senador del PDC Tomás Pablo llamó al comandante en jefe a reconocer su “error” al solicitar la cadena de radios, “a fin de que quienes infrinjan la Constitución y la ley no sigan parapetándose detrás de nuestras Fuerzas Armadas”. Pidió que se enviara al general su intervención para que conozca “la opinión de un hombre que tuvo confianza en él en una época, pero que en este instante se extraña de que, invocando su nombre, el gobierno actúe fuera de la Constitución y de la ley. [Diario de sesiones del Senado, sesión n°25, 26 de octubre de 1972]. En respuesta, el general Prats envió una carta a Ignacio Palma, camarada y presidente de la Cámara Alta, reclamando por las apreciaciones del senador Pablo; “Es a mí a quien realmente extraña que el honorable senador haya olvidado la letra y el espíritu del nuevo artículo 22 de la Constitución que establece que en un Estado de derecho las FF.AA. son instituciones esencialmente profesionales, jerarquizadas, disciplinadas, obedientes y no deliberantes… Tal precepto es doctrina institucional y como comandante en jefe soy y seré leal al gobierno constitucional vigente”, afirmó el general Prats en su misiva. [Diario de sesiones del Senado, sesión n°28, 31 de octubre de 1972]
En medio de la agitación del “paro de octubre”, se conmemoró el segundo aniversario de la muerte del general Schneider. Los homenajes que se le rindieron se prestaron para todo tipo de reflexiones y disertaciones respecto del rol de las FF.AA. y, aunque parecían ser de carácter general, en realidad eran profundamente contingentes. La Democracia Cristiana planteó la paradoja de que las FF.AA. estuvieran siendo usadas bajo el argumento de “obedecer al gobierno constitucional” en contra de la propia Constitución.
El 30 de octubre el diario El Mercurio publicó un artículo de Patricio Aylwin titulado “La doctrina Schneider”. En él se destacaba que uno de los más valiosos servicios que el general Schneider había prestado a Chile fue el haber afianzado “el irrestricto respeto” de las FF.AA. a la Constitución Política del Estado y se advertía que las FF.AA. no debían dar cumplimiento a órdenes emanadas de la administración civil que fueran de dudosa legalidad o abiertamente ilegales.
El general Prats respondió a Aylwin a través de un artículo publicado el 5 de noviembre, donde señalaba estar en desacuerdo con los “matices interpretativos” formulados por Aylwin respecto de la doctrina Schneider, especialmente sobre la “interpretación del concepto de subordinación de las FF.AA. al poder civil”. Para Prats, las FF.AA. estaban subordinadas a la autoridad presidencial y eran “el instrumento legítimo que el presidente de la República” tenía para hacer que se respetara la Constitución. Agregando que no era de competencia de las FF.AA. “calificar de por sí, si determinadas órdenes o decisiones del Ejecutivo eran ilegales”.
La hasta entonces irreprochable conducta profesional de Prats quedó en entredicho por la posición política que asumió ante estos episodios y, si bien la tensión se alivió cuando el 28 de octubre el gobierno puso fin a la cadena de radios, el ingreso de las FF.AA. al gobierno abriría un nuevo escenario, más difícil aún, en las relaciones con los militares.
El ingreso de las FF.AA. al gobierno
El último día de octubre se anunció que todos los ministros habían presentado su renuncia. El 2 de noviembre juró el nuevo equipo ministerial que integraba a los comandantes en jefe de las tres ramas armadas: Prats a cargo de la cartera de Interior, el almirante Ismael Huerta en Obras Públicas y el general del Aire, Claudio Sepúlveda, en Minería.
Mientras Carlos Altamirano afirmó que esta decisión había sido cuanto menos “apresurada”, porque el partido tenía la convicción de que el paro nacional estaba a punto de ser quebrado, tanto la DC como el PN expresaron su confianza en Prats. Se suponía que la presencia de los uniformados operaría como una contención en los afanes del gobierno de aplicar su programa, daría garantías al acto eleccionario de marzo del año siguiente y sería una señal, desde la institucionalidad democrática, hacia todos aquellos sectores que esperaban que las FF.AA. se tomaran el poder.
Sin embargo, Patria y Libertad estimó que la nueva configuración del gabinete no cambiaba para nada lo que ellos llamaban “el proceso totalitario marxista”. Al otro extremo del espectro, el MIR también rechazó el gabinete cívico-militar, sosteniendo que no era concebible dentro del proceso político que vivía el país, la existencia de unas Fuerzas Armadas no deliberantes.
Al asumir, Prats dejó muy en claro en su discurso que la presencia “circunstancial” en el gabinete no significaba que el gobierno de la Unidad Popular alteraría su programa y que las FF.AA. no adquirían compromiso político alguno.
Pero el protocolo del gobierno complicaba, al menos en apariencia, la promesa de no politización, inmiscuyendo al general en situaciones que eran percibidas como confusas por la ciudadanía que estaba en la oposición a la UP.
Un ejemplo de ello ocurrió en noviembre de ese año cuando el presidente Allende emprendió un largo periplo por varios países, entre ellos, Cuba, la URSS, México y Estados Unidos, donde asistió a la Asamblea General de las Naciones Unidas. El general Prats, con la investidura de Vicepresidente de Chile, amén de la foto oficial, invitó a los jefes de los partidos de la UP a una comida en su residencia y recurrió -tal como hacía Allende- al GAP como su escolta. Gestos como éstos desataron una muy ruda campaña en la prensa opositora.
Desde las tribunas de las Naciones Unidas, Allende fue ovacionado. La mayoría de los países del mundo de algún modo se identificaban o se sentían interpretados por «la experiencia chilena».
En diciembre, el cada vez más debilitado clima de consenso que se había establecido entre la oposición y los militares, comenzó a resquebrajarse.
A mediados de mes, el PN y la DR presentaron una acusación constitucional en contra del ministro de Hacienda Orlando Millas, a quien calificaron como el “principal inspirador y conductor” de las represalias que surgieron en lo relativo a los acuerdos que pusieron fin al paro de octubre.
El 27 de diciembre el ministro del Interior aseguró ante el Congreso -al que concurrió para explicar una serie de hechos de violencia que se vivían en el país- que, tal como fuera anunciado, no se estaban aplicando represalias contra quienes habían tomado parte en la huelga. Prats aprovechó la ocasión para reiterar lo dicho por el gobierno el 12 de diciembre, respecto a que, en el futuro, este no aceptaría nuevos paros, agregando que no era aceptable que “en nuestro país se vuelva a producir un paro de las características que tuvo el de octubre” porque ello “significa conducir a Chile a la guerra civil y nuestra nación sería arrastrada a un caos del cual no se podría recuperar ni en cincuenta años”. En la misma ocasión, el senador Fuentealba acusó al gobierno de no haber cumplido su promesa respecto a que no habría represalias tras el paro, razón por la cual el PDC había decidido votar favorablemente la acusación constitucional en contra del ministro Millas. Por su parte, el senador Bulnes, del Partido Nacional, comenzó a plantear derechamente que era preferible que los uniformados “no continuaran en el Ministerio”, ya que no era conveniente para el país que las FF.AA. “aparecieran como identificadas con una corriente política”. [Diario de sesiones del Senado, sesión n°55, 27 de diciembre de 1972]
Al día siguiente, la Cámara de Diputados votó a favor de acusar constitucionalmente al ministro Millas. Para entonces, la actuación de las Fuerzas Armadas como parte del gobierno había devenido en decepción. Era claro que su ingreso al Ejecutivo no estaba significando un mejoramiento en la fluidez de las relaciones con la UP. Como estamento, los Institutos Armados eran un mundo aparte y más bien alejado de los círculos políticos, incluso a nivel de contactos más personales.