Midiendo Fuerzas

 

La Escuela Nacional Unificada

El proyecto de la Escuela Nacional Unificada (ENU) había comenzado a perfilarse en el contexto del desarrollo del Primer Congreso Nacional de Educación de fines de 1971. En agosto del año siguiente, el documento que resumía los puntos principales del Congreso fue enviado a los establecimientos educacionales con proposiciones para establecer la nueva estructura de educación que el gobierno quería instalar. Sin embargo, los resultados de esta consulta, nunca fueron de dominio público.

«Revista de Educación. Boletín de divulgación técnica del Ministerio de Educación Pública. n°s 36, 37 y 38»

«Revista de Educación. Boletín de divulgación técnica del Ministerio de Educación Pública. n°39»

A fines de octubre, el gobierno dictó el decreto Nº 2.048 de “Democratización de la enseñanza”, que creaba consejos de educación regionales, provinciales y locales, junto con consejos de comunidad escolar, consejos de trabajadores de la educación y comités directivos de establecimientos en cada una de las organizaciones educativas dependientes del Ministerio de Educación. La proporción de funcionarios públicos, dirigentes de la CUT, dirigentes del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación (SUTE) y de otras organizaciones de la comunidad, en los distintos niveles (local, provincial y regional), demostraba una inequívoca intención de control de la educación por parte de los partidos de la Unidad Popular y del gobierno mismo.

Al ser presentado este decreto a la Contraloría General de la República, ésta lo rechazó el 8 de enero de 1973, advirtiendo que los consejos y comités “de la naturaleza de los que contempla el documento del rubro solo podría establecerse mediante ley”, lo que suponía un debate en el Congreso Nacional, espacio que el gobierno deseaba evitar.

Informe «Enfoque crítico sobre el decreto de democratización de la educación chilena», enero de 1973

Oficio de la Contraloría General de la República informando que ha decidido devolver sin tramitar el decreto N°2048, 9 de enero de 1973

Haciendo caso omiso a lo resuelto por la Contraloría, a mediados de febrero, la Superintendencia de Educación dio a conocer el “Informe sobre Escuela Nacional Unificada. Un sistema nacional para la educación en una sociedad de transición al socialismo” que contenía los aspectos generales de la reforma educacional, y el 6 de marzo el presidente Allende insistió con el decreto N°224, firmado por él, el ministro y el subsecretario de Educación.

Informe «Informe sobre Escuela Nacional Unificada», febrero de 1973

Decreto N°224 de Democratización educacional, 6 de marzo de 1973

«Discurso pronunciado por el ministro de Educación, compañero Jorge Tapia Valdés, en el acto inaugural del seminario sobre Escuela Nacional Unificada», 25 de marzo de 1973

Discurso del ministro de Educación, Jorge Tapia, en la inauguración del año escolar, 25 de marzo de 1973

En el contexto de polarización que ya se ha descrito, el “Informe sobre Escuela Nacional Unificada” y los sucesivos documentos que el Ministerio de Educación dio a conocer a la opinión pública, encendieron más los ánimos, generando una polémica de la que se hicieron parte los partidos políticos, las agrupaciones estudiantiles y diversas organizaciones de la sociedad civil, desatándose una contraofensiva ideológica donde la Iglesia y las Fuerzas Armadas asumieron un rol protagónico en contra de los planes del gobierno.

Declaración «La DC frente a la Escuela Nacional Unificada», marzo de 1973

Informe técnico sobre educación elaborado por el PDC, marzo de 1973

Informe «¿Por qué nos oponemos al proyecto del gobierno sobre la ‘Escuela Nacional Unificada’?”, 15 de marzo de 1973

Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, FEUC «ENU. El control de las conciencias», abril de 1973

Informe del PN «Escuela Nacional Unificada», 12 de abril de 1973

Artículo de Alejandro Silva Bascuñán «La Escuela Unificada Socialista es inconstitucional», 13 de abril de 1973

El fracaso de la puesta en marcha de la Escuela Nacional Unificada implicó un duro golpe para el gobierno de la Unidad Popular, que entendió el cuestionamiento y la movilización que suscitó el proyecto como un nuevo intento de la oposición para desestabilizarlo. También hay que destacar el efecto que el retiro del proyecto por parte del Ejecutivo provocó en los sectores del polo izquierdista, que vieron cómo claudicaba una de las reformas más sustanciales del programa de la Unidad Popular.

«El momento actual de la educación en Chile. Documento de trabajo elaborado por el Episcopado chileno», junio de 1973  

 

Las áreas de la economía vuelven a tomarse el debate

A mediados de abril de 1973, y ya con un gabinete integrado solo por civiles, Allende envió a la Contraloría un decreto de insistencia que ordenaba a este organismo tomar razón de 42 resoluciones de requisición de empresas que habían sido rechazadas como ilegales por la Contraloría.

Expediente temático con recortes de prensa sobre los recientes fallos de la Contraloría respecto a las requisiciones que ha hecho el gobierno de la Unidad Popular y la respuesta de esta, 15 de marzo de 1973

La noticia provocó una inmediata reprobación; el gobierno del señor Allende extremaba su conducta casi permanente de hacer lo que le daba la gana con absoluto menosprecio por las normas jurídicas que regulaban el ejercicio del poder en un Estado de derecho.

Declaración del senador Patricio Aylwin en que rechaza el uso de los decretos de insistencia por parte del gobierno, 16 de abril de 1973

Publicación periódica. Boletín de Información General N°116 «Decretos de insistencia (4-XI-1958 a 4-V-1973)»

La respuesta desde el Ejecutivo fue que los decretos de insistencia sí eran un mecanismo legítimo en la legislación chilena y, por tanto, cualquier acusación en contra del gobierno y sus ministros solo podía tener un fundamento político y no jurídico.

El 17 de abril de 1973 el presidente Allende envió una solicitud de urgencia a la Cámara de Diputados para el despacho del proyecto de las áreas de la economía. El 25 de ese mes, la Cámara rechazó 10 vetos del Ejecutivo al texto de reforma constitucional. La ley establecía que, en ese escenario, el Presidente de la República debía convocar a plebiscito para que el pueblo decidiera, o promulgar la reforma tal como el Congreso la había aprobado. Tras evaluar ambos caminos, Allende recurrió a un tercero.

El 10 de mayo, a través de cadena nacional de radiodifusoras, Allende anunció que enviaría el tema de los vetos al Tribunal Constitucional, advirtiendo que el “proceso seguido por la actual mayoría de ambas Cámaras encierra una gran amenaza contra la esencia misma de nuestro sistema institucional. Se pretende desconocer el mandato de la Constitución que determina que la mayoría del Congreso no puede imponer su voluntad por sobre la del jefe de Estado, sin contar con los dos tercios de los votos de sus miembros”. A juicio del Ejecutivo, correspondía que el Tribunal Constitucional se pronunciara al respecto, ya que se trataba de un conflicto de carácter jurídico.

Oficio N°35 del Tribunal Constitucional de Chile en que comunica resolución recaída en requerimiento Rol N°15 sobre inconstitucionalidad de algunas normas del proyecto de ley sobre áreas de la economía, 12 de mayo de 1973

En respuesta, la oposición defendió la validez de la votación en el Congreso argumentando que el criterio señalado por el Ejecutivo solo era aplicable a los proyectos de ley y no a las reformas constitucionales, advirtiendo además que no correspondía que el Tribunal Constitucional se pronunciase sobre la materia, ya que las reformas constitucionales no eran de su competencia.

Oficio N°15793 del Senado de Chile en que acompaña respuesta al requerimiento hecho por presidente de la República respecto del proyecto de reforma onstitucional relativo a las áreas de la economía, 17 de mayo de 1973

Nuevamente se llegó a un impasse entre el poder Ejecutivo y el Legislativo, lo que por momentos hacía recordar la situación producida en la crisis y posterior guerra civil de 1891.

Documento político del PDC sobre el proyecto de las tres áreas de la economía, mayo de 1973

El poder popular se organiza

Los debates sobre la Escuela Nacional Unificada y la reforma constitucional de las áreas de la economía, agregaron más conflictividad al contexto de desorden callejero, colapso económico y división de un gobierno que se veía cada vez más tensionado por la radicalización de grupos violentistas de su sector.

Grandes promotores de este clima fueron dos nuevas formas de organización popular: los llamados cordones industriales y los comandos comunales.

Los primeros habían comenzado a gestarse a mediados de 1972, cuando los sindicatos empezaron a tener un rol protagónico en la expropiación de las industrias, el mantenimiento y la extensión de las ocupaciones, lo que se intensificó a partir del paro de octubre de ese año, en que muchas empresas quedaron a cargo de sus directivas sindicales.

A la cabeza de las empresas ocupadas, los sindicatos se fueron agrupando con sus vecinos de barrio para coordinarse y representar las inquietudes de la clase obrera. Nacieron así verdaderos cordones en los barrios industriales que, con sus barricadas y movilizaciones, fueron logrando rápidamente lo que pedían, sin tener que esperar la tramitación legal o administrativa, consolidando una base de poder propia.

A diferencia del denominado “polo izquierdista”, integrado por el MAPU de Garretón, la Izquierda Cristiana y el ala más revolucionaria del PS, el PC se mostró poco favorable a este tipo de organización, insistiendo que el camino para avanzar hacia el poder total era fortalecer la presencia de la CUT, incluso creando una estructura comunal, más cercana a la masa trabajadora.  

Por su parte, los comandos comunales tuvieron su primer antecedente en la Asamblea del Pueblo de Concepción que se constituyó el 26 de julio de 1972 con el respaldo del MIR, el PS y el MAPU.

Poco a poco, estos órganos embrionarios de poder popular se fueron estructurando de acuerdo a un principio de orden territorial que cubría a todas las organizaciones de base. Sus integrantes eran estudiantes, pobladores, dueñas de casa, obreros, campesinos, etc. Hasta el paro de octubre su carácter fue más bien de resistencia popular. Pero a partir de ahí, el poder popular tomó conciencia de su fuerza, actuando de forma organizada con el objetivo de llevar la violencia política a la calle.

Para mayo de 1973 los cordones industriales y comandos comunales habían alcanzado una vida orgánica y regular, integrados por una masa con conciencia revolucionaria. El gobierno había comprendido que le eran útiles ya que le permitían revitalizar su presencia en los sectores populares, optando por apoyarlos de manera indirecta, promoviendo su actuar y haciendo “vista gorda” frente a las acciones violentistas que se sucedían por todo el territorio nacional.

Folleto «La Democracia Cristiana defiende el derecho a comer de todos los chilenos», mayo de 1973

Declaración «La DC emplaza al gobierno UP a poner término al abastecimiento injusto», 17 de mayo de 1973

En medio de este clima, el 8 de mayo la UP, acusando una vez más a la oposición de estar llevando al país hacia una guerra civil, advirtió que recurriría “a todos los medios a su alcance para evitar tan canallesco propósito. Oponerse a la guerra civil significa movilizar a todo el pueblo a través de sus organizaciones de masas contra las provocaciones fascistas y reaccionarias y profundizar a la vez las realizaciones programáticas de la UP, entregándole al pueblo un real poder de decisión en los problemas que atañen a su propio destino”.

Al día siguiente de esta declaración, el vicepresidente del PDC, Osvaldo Olguín, afirmó categóricamente que “no va a haber guerra civil, debemos buscar soluciones racionales, para lo cual necesitamos eliminar el odio y el insulto en la lucha política, porque solo la democracia es una buena solución para nuestros problemas”.

Recorte de prensa «Solo la democracia es una buena solución para Chile», 10 de mayo de 1973

Columna de opinión de Luis Corvalán «¡No a la guerra civil!», 11 de mayo de 1973