Patricio Aylwin Presidente de Chile
(1990 – 1994)
Entre las acciones más notables y complejas del Gobierno del Presidente Aylwin, teniendo en cuenta que el General Pinochet se mantuvo como Comandante en Jefe de las FF.AA., destaca la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (25 de abril de 1990) encabezada por el jurista y ex parlamentario Raúl Rettig y un equipo transversal de personalidades que tuvieron la misión de investigar y elaborar un informe que diera cuenta de las violaciones a los derechos humanos durante el régimen militar.
Este documento, conocido como “Informe Rettig”, ( http://www.gob.cl/informe-rettig/ ) fue dado a conocer por el Presidente Aylwin en marzo de 1991 en una ceremonia solemne, ocasión en la cual pidió perdón, a nombre del Estado chileno, a las víctimas de las violaciones de los derechos humanos.
El trabajo de la Comisión Rettig se basó en la recopilación y análisis de los testimonios recogidos en todo el país de las víctimas de violaciones a los derechos humanos sufridas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. De acuerdo con el informe, los afectados fueron 2.279, de los cuales 164 fueron consideradas víctimas de la violencia política y 2.115, de las violaciones a los derechos humanos. La Comisión formuló una serie de recomendaciones a fin de fijar acciones de reparación moral y material para los familiares de las víctimas y establecer medidas legales y administrativas para impedir o prevenir nuevas violaciones a los derechos humanos.
Durante su gobierno, los tribunales acogieron la denominada “doctrina Aylwin”, que sostuvo que la Ley de Amnistía vigente no impedía investigar los casos de detenidos desaparecidos y otras violaciones a los derechos humanos. Solo podía amnistiarse un delito comprobado.
El malestar de las Fuerzas Armadas se hizo sentir en dos intentos prontamente frustrados de demostraciones de fuerza de los militares, encabezados por su Comandante en Jefe, el General Augusto Pinochet, como consecuencia de los inicios de procesos judiciales a los militares y un proceso en que estaba vinculado su hijo mayor. Por otra parte, se dictaron las llamadas “Leyes Cumplido”, que permitieron liberar o condonar penas a los presos políticos.
En el ámbito de la democratización, un hito fue la convocatoria por parte del gobierno a elecciones municipales el año 1992, tras veinte años de autoridades locales designadas, así como también la revitalización de las organizaciones sociales y comunitarias.
Bajo el concepto de “crecimiento con equidad”, el Gobierno de Patricio Aylwin tuvo un notable avance en el desarrollo económico-social de Chile. Fue prolífero en reformas, estimuló el crecimiento económico, la inversión, el aumento del empleo, y mejoraron significativamente las remuneraciones.
Su gobierno logró una sustantiva disminución de la pobreza, cambiando el escenario de los 5 millones de pobres que exhibía Chile en el momento en que tomó el gobierno para hacer el tránsito a la recuperación de la democracia.
En el terreno del desarrollo económico, el Gobierno de Aylwin registró grandes e históricos avances y un crecimiento nunca antes experimentado en Chile: en promedio, el PIB creció 7,3% anual durante su gobierno. Según las cifras del Banco Mundial, el producto creció de US$28.385 millones cuando terminó la dictadura en 1989 a US$55.154 millones en 1994, cuando concluyó el mandato de Patricio Aylwin.
Por su parte, la inflación se redujo desde el 27,3% en 1990 hasta el 8,9% en 1994; el desempleo bajó del 8,3% en que estaba el índice cuando comenzó la democracia, para caer a 5,5% en 1992 y subir al final del Gobierno de Aylwin a 6,7%. La fuerza del trabajo aumentó 2,6% y se incorporaron 132 mil personas al año al mercado laboral.
En 1990 el 41% de los chilenos vivía en situación de pobreza, es decir más de 5 millones de chilenos estaban en esta situación. Este porcentaje se redujo a un 28% al final de su periodo gracias a las siguientes medidas:
- Aumento de la inversión.
- Participación activa del Estado en el desarrollo de políticas sociales en ayuda de los sectores más vulnerables incrementando el gasto social en materia de vivienda, educación, salud, capacitación laboral, nutrición e infraestructura.
- Crecimiento económico y reactivación económica con equidad social.
- Aumento de los ingresos autónomos debido a la creación de empleos con un gran incremento en el Ingreso mínimo, incrementando el ingreso de los hogares más pobres en promedio en un 18%.
- Reforma Tributaria.
La Reforma Tributaria de 1990 tuvo como fin incrementar los recursos públicos para invertir en las necesarias políticas sociales tendientes a mejorar la equidad y disminuir la pobreza. La reforma, fruto de un acuerdo que involucró a todos los sectores, abarcó, en lo principal, las siguientes medidas:
- Cambio de la base del sistema de tributación sobre la renta de las empresas (impuesto de primera categoría) desde utilidades distribuidas a utilidades devengadas.
- Aumento de la tasa del impuesto a la renta de primera categoría desde 10% a 15%, hasta diciembre de 1993.
- Cambio en el sistema de tributación sobre la renta en la agricultura, minería y transporte desde renta presunta a renta efectiva.
- Eliminación de fuentes de evasión del impuesto a la renta a través de la subdivisión y formación de nuevas sociedades.
- Creación de un crédito tributario especial por las inversiones productivas efectuadas por las empresas.
- Cambio en la estructura de tramos para la aplicación de los impuestos a los ingresos personales (Impuesto Global Complementario e Impuesto Único al Trabajo), manteniendo el mínimo exento y las tasas marginales, con un incremento global de la carga tributaria para los contribuyentes de mayores ingresos, hasta diciembre de 1993.
- Aumento, hasta diciembre de 1993, de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) desde 16% a 18%.
La Reforma Laboral impulsada por el Gobierno también fue fruto de un acuerdo entre trabajadores, empresarios y gobierno, que apuntó, en primer lugar, a legalizar nuevamente las organizaciones sindicales y fortalecerlas, tras el escenario de proscripción total del movimiento sindical que instaló la dictadura. De esta manera, los trabajadores volvieron a levantar sus sindicatos, federaciones y confederaciones.
La política laboral desarrollada se inspiró en cinco tareas, realizando una significativa contribución a los logros de equidad y participación perseguidos:
- La dictación de una nueva legislación laboral: nuevo Código del Trabajo, el primero en Chile promulgado en democracia, pues los anteriores (1931 y 1987) fueron dictados bajo regímenes políticos de excepción. La filosofía que orientó esta reforma se basó en los principios de equidad, autonomía social y participación, y eficacia para el desarrollo. En concreto, esto se tradujo en: aumento de cinco a once meses en el monto máximo de las indemnizaciones por despido; la creación por vez primera de una indemnización para las trabajadoras de casa particular; en el perfeccionamiento del feriado progresivo; el fortalecimiento de la responsabilidad subsidiaria de los empleadores respecto de los derechos previsionales y laborales, entre otras medidas.
- Acuerdos sociales entre trabajadores, empresarios y gobierno que estimularan la cooperación. Y así, a partir de 1991 se promovieron los “Acuerdos Marco” para buscar la estabilidad entre los diversos actores sociales, suscribiéndose uno por año, en los cuatro años de gobierno.
- Aumento en más del 50% de la capacidad del Estado para fiscalizar la legislación laboral y previsional.
- Perfeccionamiento del sistema de seguridad social.
- Capacitación y formación profesional, elevándose en 40% el número de trabajadores que participaron en cursos financiados por franquicias tributarias, entre otros resultados.
- Gracias a estas medidas, entre 1990 y 1993, el empleo creció en 3% anual y la tasa de desempleo cayó a menos del 5%, la más baja en dos décadas. Los salarios reales crecieron en 4% al año, y los mínimos en promedio de 5,6%. Y las asignaciones familiares recibidas por los trabajadores de menores ingresos se incrementaron en cerca del 70%. Los pensionados, asimismo, recibieron un reajuste adicional de sus pensiones, por sobre el aumento del costo de la vida, que superó el 10%. Todo esto, mientras el gasto social del Estado en salud, educación, vivienda y seguridad social creció sobre el 30% durante los cuatro años de gobierno. Y la cantidad de familias bajo la línea de la pobreza se redujo en más del 25%.
En materia de educación, se modificó el estatuto docente, mejorando el régimen laboral de los profesores, sus remuneraciones y estabilidad. De igual manera, se apuntó al mejoramiento de la calidad de la educación y se avanzó en lo que luego sería el financiamiento compartido.
En materia ambiental se dictó la Ley de Bases del Medio Ambiente N°19.300, haciéndose el país cargo de la creación de una institucionalidad que velara por los problemas del medio ambiente. Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994. Además, se creó la Comisión Nacional de Medioambiente.
Se crearon trascendentes instituciones sociales del Estado de Chile, dando atención a los más vulnerables del país. La primera, en materia social, fue la trasformación de Oficina de Planificación Nacional (ODEPLAN) que pasó a ser el Ministerio de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN), concebido como una instancia fundamental en la planificación e implementación de las políticas sociales para nuestro país.
También se creó el Ministerio Secretaría General de la Presidencia que tendría a su cargo la relación con el poder legislativo y la coordinación de la agenda de reformas.
Las principales instituciones sociales creadas durante el Gobierno de Patricio Aylwin fueron:
FOSIS (Fondo de Solidaridad e Inversión Social): se creó el 26 de octubre de 1990. El FOSIS apoya a las personas en situación de pobreza o vulnerabilidad que buscan mejorar su calidad de vida. Según las necesidades, implementa programas en ejes de acción: expansión de capacidades, bienestar comunitario e inversión para las oportunidades.
SERNAM (Servicio Nacional de la Mujer): fue creado mediante la Ley N°19.023, promulgada el 26 diciembre de 1990, publicada el 3 de enero de 1991. Un gran hito, pues representa el primer organismo del Estado de Chile destinado a promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
CONADI (Corporación Nacional de Desarrollo Indígena): en 1990 se creó la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI). Tres años después, en septiembre de 1993, fue aprobada por el Congreso la Ley Nº19.253 de Pueblos Indígenas. Además, se creó la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena con el fin de promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional, a través de la coordinación intersectorial, el financiamiento de iniciativas de inversión y la prestación de servicios a usuarios y usuarias, son sus propósitos.
INJUV (Instituto Nacional de la Juventud): fue creado el 16 de febrero de 1991 por la Ley N°19.042. El INJUV orienta su trabajo a los y las jóvenes de entre 15 y 29 años, coordinando las políticas públicas de juventud que se originan en el Estado. Asimismo, genera programas que fomentan la inclusión y participación social, el respeto de sus derechos y su capacidad de propuesta, poder de decisión y responsabilidad.
FONADIS (Fondo Nacional de Discapacidad): se crea en enero de 1994, cuando se promulgo la Ley N°19.284 que establece normas ara la Plena Integración Social de las Personas con Discapacidad. Su misión fue: “contribuir a hacer efectivos los derechos de las personas con discapacidad, facilitando su inclusión en el sistema de protección social y promoviendo la igualdad de oportunidades y no discriminación, a través de una gestión coordinada, eficiente, participativa y ética”. Organismo precursor de lo que hoy es SENADIS (Servicio Nacional de la Discapacidad)
Fundación de la Familia: nace en 1990 con la misión de reconstituir el tejido social dañado en dictadura. Se abrieron Centros Familiares en diversos lugares de Chile, focalizando el trabajo con familias de escasos recursos, con el objeto de acercar las políticas sociales a estos sectores. Este trabajo continúa y hoy especialmente con enfoque territorial y de disminuir diversas brechas que van apareciendo.
PRODEMU (Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer): fue creada el 28 de noviembre de 1990, con el objetivo de facilitar la participación, organización y el desarrollo integral de la mujer a través de una estructura democrática y pluralista.
Fundación Integra: nace en 1990 orientando su trabajo a la educación inicial de los niños en extrema pobreza. Hoy cuenta con una extensa red de jardines infantiles y salas cuna gratuitas en todo Chile, y donde miles de niños y niñas reciben una educación parvularia pública y de calidad a través de un proyecto educativo que considera la participación activa de los equipos de trabajo, las familias y la comunidad, en un entorno acogedor, diverso y protegido.
Estas tres instituciones se han consolidado y representan actualmente una pieza esencial de la red de fundaciones a lo largo de todo el país de la actual Dirección Sociocultural de la Presidencia de la República.