Con una alta convocatoria y la presencia de autoridades, representantes de los sectores público y privado, la academia y organizaciones vinculadas a la conservación, se realizó en la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Chile el seminario “100 años de conservación en Chile”, en el marco del centenario del Parque Nacional Vicente Pérez Rosales.
Durante el encuentro se realizó un reconocimiento a cinco expresidentes de la República por su aporte a la conservación en Chile, poniendo en valor el camino construido durante las últimas décadas.
La conmemoración permitió observar cómo, a lo largo de un siglo, la preocupación inicial por proteger territorios de especial valor natural se amplió hasta comprender el medio ambiente como una dimensión esencial del desarrollo, la calidad de vida y la responsabilidad del Estado. En ese proceso, el gobierno de Aylwin marcó una etapa decisiva al incorporar de manera sistemática la cuestión ambiental a las políticas públicas y vincularla con el crecimiento económico, la equidad social, los derechos humanos y la participación ciudadana.
El gobierno de Patricio Aylwin en la historia de la conservación ambiental de Chile
«Te di un pedazo de la tierra bien plantado de árboles y amenizado por aguas y ahora me lo devuelves yermo. Ahora sabes. Te lo di para probarte, para ver quién eras… Mira lo que me entregas. No me importa tanto la tierra como lo que hiciste con ella… No me cuesta reparar lo que destruyes. Pero tu propia destrucción me importa y me cuesta. La tierra es tu retrato». (Luis Oyarzún, en: Discurso de Patricio Aylwin con motivo de la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago, 5 de junio de 1990)
Desde que el Parque Nacional Vicente Pérez Rosales fue establecido, el 17 de agosto de 1926, como el primer parque nacional del país, la preocupación por proteger territorios de especial valor natural se amplió hasta comprender el medio ambiente como una dimensión esencial del desarrollo, la calidad de vida y la responsabilidad del Estado.
Dentro de ese recorrido, el gobierno de Patricio Aylwin ocupó un lugar relevante. Entre 1990 y 1994, la cuestión ambiental comenzó a incorporarse de manera sistemática a las políticas públicas y a relacionarse con los principales desafíos de la transición democrática.
Al asumir el gobierno, Aylwin reconoció que el país enfrentaba un deterioro prolongado de sus recursos naturales. Los bosques nativos, los suelos, la fauna y los recursos marinos habían sido utilizados con una perspectiva de corto plazo, mientras la contaminación del aire y de las aguas afectaba crecientemente la calidad de vida de la población.
Frente a esta realidad, su gobierno sostuvo una idea que orientó su política ambiental: “No habrá verdadero desarrollo, ni tampoco justicia, si nuestro medio ambiente continúa destruyéndose o deteriorándose”. (Discurso con motivo de la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago, 5 de junio de 1990)
La conservación dejó así de entenderse únicamente como la protección de determinados paisajes o especies y pasó a formar parte de una concepción más amplia del desarrollo nacional.
El gobierno de Aylwin no planteó una oposición entre crecimiento económico y protección de la naturaleza. Chile necesitaba crecer, generar empleo, construir infraestructura y aprovechar sus recursos para enfrentar la pobreza. Sin embargo, ese crecimiento debía respetar los límites impuestos por la naturaleza y asegurar que sus beneficios se distribuyeran con equidad. Se trataba de “hacer crecer nuestra economía, de asegurar una distribución socialmente justa de los beneficios de dicho crecimiento y de garantizar que este proceso no atente contra el derecho de las futuras generaciones a gozar de un medio ambiente sano”. (Discurso ante la reunión de expertos para revisar el borrador del Plan de Acción para el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, Santiago, 13 de julio de 1990)
Esta perspectiva condujo a la incorporación del concepto de desarrollo sustentable. Cuidar las aguas, limpiar el aire, proteger los suelos y utilizar racionalmente los recursos forestales y marinos no representaba un obstáculo para el progreso. Por el contrario, significaba preservar las bases que lo hacían posible. El objetivo consistió en “asegurar la compatibilidad del desarrollo, del crecimiento, con la adecuada preservación del medio ambiente”. (Discurso en la ceremonia de firma del proyecto de Ley del Medio Ambiente, Santiago, 14 de septiembre de 1992)
La búsqueda de ese equilibrio también supuso reconocer que el mercado no garantizaba por sí mismo la protección de la naturaleza. La actividad económica, impulsada por la obtención de beneficios inmediatos, podía trasladar sus costos ambientales al conjunto de la sociedad. Aylwin advirtió que la “mano invisible” de Adam Smith “no parece poder conducir por sí sola la actividad económica por caminos coincidentes con la armonía y protección de la naturaleza”. (Discurso sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, Washington, 14 de mayo de 1992)
Correspondía, por tanto, al Estado establecer límites, regulaciones e incentivos inspirados en el bien común.
Uno de los principales aportes de su gobierno fue el avance desde las declaraciones generales hacia una institucionalidad ambiental. En junio de 1990 se creó por decreto la Comisión Nacional del Medio Ambiente como instancia de coordinación entre los ministerios y organismos que poseían competencias en esta materia. Su propósito no fue establecer una estructura burocrática paralela, sino articular las capacidades existentes, otorgarles respaldo político y orientar la elaboración de una política nacional.
La Comisión debía identificar los problemas ambientales del territorio, sistematizar las normas dispersas, coordinar la acción del Estado, extender su presencia a las regiones y abrir canales de participación ciudadana. También debía preparar una legislación general que otorgara continuidad a la política ambiental más allá de un gobierno determinado.
Este proceso culminó con la tramitación de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. La Ley N.º 19.300, promulgada en marzo de 1994, estableció un marco institucional y jurídico permanente para la gestión ambiental chilena y consolidó legalmente la Comisión Nacional del Medio Ambiente. Constituyó uno de los hitos centrales del gobierno de Aylwin en esta materia y una base sobre la cual se desarrolló posteriormente la institucionalidad ambiental del país.
La política impulsada durante esos años también amplió el significado ético de la conservación. El medio ambiente comenzó a ser entendido como parte de los derechos humanos. El derecho a la vida y a la dignidad perdía parte de su contenido cuando las personas debían respirar aire contaminado, consumir aguas insalubres o vivir en territorios degradados. La propia Constitución reconocía el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y el deber del Estado de tutelar la preservación de la naturaleza.
Pero este derecho tenía como contrapartida una obligación. “La defensa del medio ambiente no es sólo un derecho de cada hombre sino, al mismo tiempo, un ‘deber humano’”. (Discurso sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, Washington, 14 de mayo de 1992)
No se trataba exclusivamente de aumentar las responsabilidades exigidas al Estado, sino de reconocer que las personas, las empresas y las instituciones debían modificar los comportamientos que dañaban el patrimonio común.
En esta concepción ocupó un lugar central la responsabilidad hacia las futuras generaciones. Los recursos naturales no pertenecían exclusivamente a quienes podían utilizarlos en el presente. Eran bienes recibidos de las generaciones anteriores que debían conservarse para quienes vendrían después. Al referirse al bosque nativo, Aylwin rechazó su destrucción mediante la tala rasa, porque constituía “una riqueza que viene de tiempos inmemoriales y que no pertenece a esta generación, sino que a la Patria en su prolongación en el tiempo”. (Intervención en el acto “Acción Ciudadana para el Medio Ambiente, Santiago ¿Cómo vamos?”, Santiago, 22 de abril de 1993)
Esta idea se vinculó con una visión humanista y cristiana de la relación entre las personas y la naturaleza. El ser humano podía aprovechar los bienes naturales, pero no considerarse su dueño absoluto. Su responsabilidad quedó expresada con especial fuerza en el poema de Luis Oyarzún citada por Aylwin en uno de sus discursos:
«Te di un pedazo de la tierra bien plantado de árboles y amenizado por aguas y ahora me lo devuelves yermo. Ahora sabes. Te lo di para probarte, para ver quién eras… Mira lo que me entregas. No me importa tanto la tierra como lo que hiciste con ella… No me cuesta reparar lo que destruyes. Pero tu propia destrucción me importa y me cuesta. La tierra es tu retrato». (Luis Oyarzún, en: Discurso de Patricio Aylwin con motivo de la creación de la Comisión Nacional del Medio Ambiente, Santiago, 5 de junio de 1990)
La forma en que una sociedad utilizaba y conservaba su territorio revelaba su escala de valores y su capacidad para actuar con responsabilidad.
El gobierno de Aylwin incorporó, además, la dimensión internacional de la problemática ambiental. En el contexto de la reinserción de Chile en el mundo, promovió una participación activa del país en la cooperación latinoamericana y en los debates previos a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro en 1992.
Su posición reconoció que el daño ambiental desconocía las fronteras: “Así como el daño al medio ambiente es universal en su impacto, universal también debe ser el esfuerzo para enfrentarlo”. (Discurso sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente, Washington, 14 de mayo de 1992)
Sin embargo, las responsabilidades no eran iguales. Los países industrializados habían contribuido en mayor medida al calentamiento global y al deterioro de la capa de ozono, mientras las naciones en desarrollo debían enfrentar simultáneamente la pobreza, el endeudamiento y la presión por explotar sus materias primas. Aylwin habló, por ello, de una “deuda ambiental” de los países desarrollados.
Su reparación exigía cooperación, transferencia tecnológica, mejores condiciones comerciales y recursos que permitieran a las naciones más pobres alcanzar el desarrollo sin reproducir los mismos daños. América Latina, a su vez, debía dejar de depender exclusivamente del aumento de las exportaciones de recursos naturales e incorporar conocimiento, tecnología y valor agregado a su producción. (Discurso ante la reunión de expertos para revisar el borrador del Plan de Acción para el Medio Ambiente en América Latina y el Caribe, Santiago, 13 de julio de 1990”)
La protección del medio ambiente se concibió, finalmente, como una tarea colectiva. El gobierno tenía la responsabilidad de legislar, coordinar y fiscalizar, pero necesitaba la colaboración de las municipalidades, las universidades, la comunidad científica, las Fuerzas Armadas, las empresas, los trabajadores, las organizaciones sociales y la ciudadanía.
Especial importancia se atribuyó a los niños y los jóvenes, tanto por su sensibilidad frente a la naturaleza como porque serían ellos quienes recibirían las consecuencias de las decisiones adoptadas. La conservación también dependía de acciones cotidianas: cuidar los árboles, no arrojar basura, separar los residuos, utilizar responsablemente el agua y proteger los espacios públicos.
Al observar los cien años de conservación en Chile, el gobierno de Patricio Aylwin representó un momento de ampliación decisiva. La protección de determinados territorios naturales se transformó en una política que vinculó medio ambiente, desarrollo económico, equidad social, derechos humanos y participación ciudadana. La creación de una institucionalidad especializada y la aprobación de una legislación ambiental general permitieron que la conservación adquiriera un lugar permanente dentro de las responsabilidades del Estado.
Su legado radicó en haber comprendido que proteger la naturaleza no significaba inmovilizar al país, sino asegurar que su desarrollo tuviera continuidad, legitimidad y sentido humano. En ese marco, la conservación apareció como una responsabilidad compartida entre generaciones: recibir un patrimonio, utilizarlo con prudencia y entregarlo sin destruir las posibilidades de quienes habitarían Chile en el futuro.