En estos días, el tema de la Administración Pública ha adquirido una gran relevancia a propósito del denominado “Caso licencias”. Con ligereza y mediante generalizaciones indebidas, se ha denostado a los funcionarios públicos, calificándolos de parásitos, corruptos y otros adjetivos que no hacen sino reflejar la superficialidad de ciertos juicios moralizantes.
La complejidad inherente al ejercicio de la función pública exige responsabilidad tanto de quienes la desempeñan como de quienes la evalúan. Se trata de un debate de larga data, que demanda ser abordado con respeto y profundidad.
A comienzos de la década de 1960, Patricio Aylwin —entonces profesor de Derecho Administrativo— ofreció una conferencia en la que analizó las virtudes y falencias del sistema de control sobre la Administración del Estado.
En su introducción, Aylwin afirmaba: “Hablar en Chile de control de la Administración es referirse casi exclusivamente a la Contraloría General de la República. Tema espinudo y polémico, porque suscita encontradas opiniones no siempre exentas de pasión: muchos ven en la Contraloría el único baluarte contra la arbitrariedad de una Administración invasora y prepotente, y el único guardián de la probidad y corrección administrativas; otros, en cambio, ven en ella un estorbo, que obstruye, retarda y encarece la acción de los servicios públicos y que, por añadidura, mantiene un clima de inseguridad y desconfianza cuando de escándalo sobre los funcionarios se trata”.
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