El pasado 25 de junio el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) dio a conocer su informe de la misión de observación que realizara en Colonia Dignidad, actual Villa Baviera, analizando en él su historial en materia de derechos humanos.
El informe, aprobado por unanimidad del Consejo del INDH, se hizo público en una ceremonia realizada el mismo día en un teatro céntrico de Santiago, encabezada por Consuelo Contreras, su directora. En representación de la Fundación Patricio Aylwin, participó comentando el informe su director, José Aylwin Oyarzún. Asistió también al evento el presidente de la Fundación, Miguel Aylwin Oyarzún.
El informe del INDH analiza un largo período que va desde el establecimiento de la ex Colonia en Chile a comienzos de la década de los sesenta hasta el año 2024. En él se identifican las múltiples irregularidades de su funcionamiento, los numerosos delitos cometidos por sus jerarcas (incluyendo sodomía, abusos deshonestos, secuestros, cuasidelito de homicidio, delitos tributarios, asociación ilícita). Como consecuencia de ello el informe sostiene se violaron, entre otros derechos, la vida, la integridad física y psíquica, la prohibición de tortura, la libertad de circulación y de expresión, los derechos laborales, los derechos de la niñez y de la mujer.
También se identifican las principales víctimas del actuar delictivo de la ex Colonia. Entre ellos destaca a los colonos de nacionalidad alemana, los que fueron sometidos por sus jerarcas, encabezados por Paul Schäfer, a un control férreo, trabajo forzado, abusos de menores, así como también a los campesinos de los predios rurales aledaños, desplazados sus vivienda, impedidos del derecho de libre circulación, cuyos hijos en algunos casos fueron apropiados y sometidos a abusos en la ex Colonia. A ellos se agregan, dada la estrecha vinculación de la cúpula de la colonia con los servicios secretos de la dictadura, las víctimas de la represión entre 1973 y 1990, quienes fueron objeto de detención, tortura y desaparición en las propiedades tanto rurales como urbanas de la ex Colonia.
El informe sostiene que “pocas veces se ha observado en la historia del país un caso en el que se planteen tantas y tan diversas denuncias, en un período tan extenso y que involucra la vulneración de la casi totalidad del catálogo de derechos humanos”.
En el se analiza la responsabilidad que cabe al Estado chileno, tanto por acción, como por omisión, en las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en la ex Colonia. Al referirse al rol del Estado el informe destaca las actuaciones de Patricio Aylwin, primero como senador de la zona en que está ubicada la ex Colonia, actual Villa Baviera, quien tempranamente en 1968 denunció las irregularidades y abusos que ya en esa época tuvieron lugar en ella, solicitando investigación de los mismos ante el Senado y el gobierno de la época, sin ser escuchado. Igualmente destaca su actuación en 1991 cuando, como Presidente de la República, decretó la cancelación de la personalidad jurídica de la denominada “Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad”, exigiendo el respeto de la legislación chilena por parte de sus integrantes. También destaca la importancia que tuvo la Comisión de Verdad y Reconciliación creada en 1990 por el Presidente Aylwin, en cuyo informe final de 1991 se señala la relación existente entre los servicios secretos de la dictadura y la ex Colonia y se da cuenta de que sus dependencias funcionaron en ese período como sitio de detención, muerte o desaparición.
La importancia de dichas actuaciones develando tempranamente las irregularidades y abusos de la ex Colonia, hasta entonces ignoradas por la sociedad chilena, y más tarde para poner término a las mismas y promover la justicia a las víctimas de los delitos por ella cometidos fue destacada tanto en las intervenciones de la Directora del INDH, como en los comentarios realizados al informe por José Aylwin.
En informe del INDH concluye identificando los desafíos aun persistentes en el conocimiento de la verdad de las graves violaciones de derechos humanos allí ocurridas, en la realización de justicia, en la reparación a las víctimas, y en la adopción de medidas, como el establecimiento de un sitio de memoria en los inmuebles de propiedad de la ex Colonia, que permita visibilizar lo allí ocurrido y evitar su repetición a futuro.