Este 7 de septiembre se cumplen quince años del fallecimiento de Gabriel Valdés Subercaseaux (1919 – 2011), recordamos una de las tareas decisivas de su trayectoria: conducir el Senado que reabría sus puertas después de más de dieciséis años de clausura, en un contexto caracterizado por una democracia todavía frágil, marcada por las tensiones cívico-militares, las demandas de verdad y justicia y la necesidad de alcanzar acuerdos para hacer posible la transición.
Introducción
La gestión de Gabriel Valdés Subercaseaux como presidente del Senado coincidió con la totalidad del gobierno de Patricio Aylwin y, por consiguiente, con la primera etapa de la transición democrática chilena. Entre marzo de 1990 y marzo de 1994, Valdés debió encabezar una corporación que volvía a funcionar después de más de dieciséis años de interrupción, dentro de un orden constitucional que conservaba importantes enclaves heredados de la dictadura, entre ellos la presencia de senadores designados, que alteraba la representación surgida de las urnas y dificultaba la conformación de mayorías democráticas. Su tarea no se limitó, por tanto, a dirigir los debates legislativos: implicó reconstruir prácticas parlamentarias, restablecer la autoridad pública del Congreso y contribuir a que los conflictos políticos fueran procesados mediante procedimientos institucionales.
Los informes de prensa de la Fundación Patricio Aylwin permiten observar la dimensión pública de esa presidencia: sus relaciones con el Ejecutivo, su participación en negociaciones políticas, sus declaraciones sobre derechos humanos, Fuerzas Armadas, reformas constitucionales y asuntos internacionales. Los Diarios de Sesiones del Senado, en cambio, permiten examinar el funcionamiento cotidiano de su conducción: aplicación del Reglamento, organización de las comisiones, formación de acuerdos, determinación de los quórums, protección de los derechos de los senadores y resolución de controversias procedimentales.
La lectura conjunta de ambas fuentes permite sostener que la gestión de Valdés se caracterizó por una combinación de autoridad institucional, búsqueda de acuerdos y defensa de la autonomía parlamentaria. A ello se sumaba su reconocida capacidad oratoria: Valdés no solo dirigía los debates, sino que sabía interpretar políticamente cada momento, dotar de sentido a las decisiones del Senado y representar con elocuencia la dignidad de una institución que recuperaba su lugar en la vida democrática. Sin embargo, su conducción también revela una tensión persistente entre la eficacia legislativa y la amplitud de la deliberación, particularmente visible en proyectos políticamente sensibles.
La reconstrucción institucional del Senado
La primera sesión ordinaria del Senado, celebrada el 20 de marzo de 1990, permite apreciar la magnitud de la tarea inicial. El Congreso no retomaba simplemente una rutina suspendida: debía reconstruir su organización material, administrativa y política. Desde la Presidencia, Valdés sometió a la aprobación de la Sala los días y horarios de funcionamiento, dio cuenta de la constitución de los comités parlamentarios y encabezó la integración de las comisiones permanentes.
Los acuerdos adoptados en esos primeros días muestran una estrategia fundada en la negociación y el compromiso entre las distintas fuerzas políticas. Los comités resolvieron por unanimidad aumentar de catorce a dieciocho las comisiones permanentes, creando, entre otras, las de Vivienda, Transportes, Pesca y Acuicultura y Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía. La incorporación de esta última resulta especialmente significativa en el contexto de 1990, pues situaba institucionalmente los problemas de verdad, reparación y ciudadanía dentro del trabajo regular del Senado.
La Presidencia informó también de la aprobación unánime de un presupuesto transitorio para el funcionamiento de la corporación y de un régimen administrativo provisional para senadores y funcionarios. Al mismo tiempo, los comités acordaron solicitar a la Contraloría General de la República antecedentes sobre los gastos y contratos relacionados con la construcción y el equipamiento del nuevo edificio del Congreso en Valparaíso. La restauración institucional apareció así asociada desde el comienzo a la fiscalización y a la transparencia en el uso de los recursos públicos.
La integración de las comisiones también fue producto de un acuerdo unánime de los comités. Una vez aprobada, Valdés sostuvo que se había producido un “avance fundamental”, porque el Senado quedaba constituido en todas sus instancias (Diario de Sesiones del Senado, sesión 1.ª ordinaria, 20 de marzo de 1990).
El proceso de reconstrucción no se limitó al funcionamiento interno. Valdés procuró acercar territorialmente el Congreso a la ciudadanía. En noviembre de 1990 anunció la futura instalación de oficinas provinciales del Parlamento y sostuvo que los habitantes de Osorno o Valdivia no debían verse obligados a viajar hasta la capital regional para relacionarse con la institución. La descentralización del Congreso era entendida, por tanto, como una forma de representación y acceso ciudadano (Informe diario de prensa, 8 de noviembre de 1990).
Este proceso permite matizar la imagen de Valdés como un presidente definido principalmente por sus discursos o intervenciones públicas. Su primera contribución fue de naturaleza organizativa. La recuperación de la democracia requería convertir un conjunto heterogéneo de senadores —electos, designados e institucionales— en una corporación capaz de sesionar, formar comisiones y producir decisiones jurídicamente válidas.
Autoridad reglamentaria y conducción de la deliberación
Los diarios muestran que Valdés concibió la autoridad de la Mesa como una potestad sometida al Reglamento. Incluso en asuntos menores, como las manifestaciones provenientes de las tribunas, hizo cumplir las prohibiciones reglamentarias. No se trataba únicamente de conservar el orden material de la Sala. Después de años de clausura del Congreso, la observancia de las formas adquiría un valor político: demostraba que la autoridad parlamentaria dependía de reglas aceptadas por la corporación y no de una imposición externa (Diario de Sesiones, sesión 1.ª ordinaria, 20 de marzo de 1990).
Esta concepción se manifestó con mayor claridad en controversias legislativas complejas. Durante la discusión de la reforma de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, el 19 de mayo de 1992, surgió una duda sobre el efecto que tendría el rechazo de una indicación y sobre el quórum requerido para aprobar la disposición original. Valdés resolvió que el rechazo de la indicación no significaba la aprobación automática del inciso cuestionado. Este debía someterse después a una votación separada y obtener el quórum calificado correspondiente. La decisión protegía la coherencia del procedimiento y evitaba que una norma se considerara aprobada como consecuencia implícita de una votación anterior (Diario de Sesiones, sesión 60.ª ordinaria, 19 de mayo de 1992).
Otro ejemplo se produjo el 9 de marzo de 1994, cuando la Sala discutió si una disposición tenía rango orgánico constitucional por su posible incidencia sobre las Fuerzas Armadas y de Orden. Valdés declaró que la Mesa carecía de atribuciones para resolver por sí sola una controversia de esa naturaleza y sometió el asunto al pronunciamiento del Senado. Frente a la posibilidad de dejar la definición al Tribunal Constitucional, sostuvo que no correspondía que la Sala delegara una atribución que le pertenecía para resolver sus propios asuntos (Diario de Sesiones, sesión 33.ª ordinaria, 9 de marzo de 1994).
Esta defensa de la independencia de la Presidencia de la Corporación también apareció en sus declaraciones públicas. En enero de 1994, ante las condiciones formuladas por algunos sectores para respaldar su continuidad en el cargo, Valdés afirmó que no aceptaba otro condicionamiento que la Constitución, las leyes, el Reglamento del Congreso y su propia conciencia (Informe diario de prensa, 4 de enero de 1994).
Estos episodios revelan una forma de autoridad distinta del liderazgo puramente personal. Valdés no pretendía sustituir la voluntad de la Sala. Su función consistía en construir y proteger el procedimiento mediante el cual esa voluntad pudiera manifestarse. La conducción presidencial era fuerte precisamente porque se presentaba como una aplicación de reglas y no como la imposición de una mayoría circunstancial.
La política de los acuerdos
Los informes de prensa presentan a Valdés como uno de los principales promotores de acuerdos durante la transición. En julio de 1991 definió al Parlamento como el espacio donde debían alcanzarse los grandes acuerdos políticos exigidos por el país (Informe diario de prensa, 4 de julio de 1991). Los diarios permiten comprobar cómo esa orientación se traducía en prácticas específicas: reuniones de comités, suspensiones destinadas a negociar, ordenamiento consensuado de las tablas, trabajo paralelo de las comisiones y búsqueda de fórmulas capaces de reunir los quórums constitucionales.
La unanimidad no significaba necesariamente identidad ideológica. En el Senado coexistían la Concertación, la oposición de derecha y los senadores designados. Además, numerosas reformas requerían mayorías que el Gobierno no podía alcanzar por sí solo. El acuerdo constituía, por tanto, una necesidad derivada de la composición de la Cámara Alta y de las disposiciones de la Constitución de 1980.
Valdés convirtió esa necesidad en un principio de conducción. Los comités parlamentarios funcionaron como el principal espacio de negociación previa, mientras la Sala ratificaba, modificaba o rechazaba las soluciones elaboradas. Este método disminuía la incertidumbre legislativa y permitía procesar numerosos proyectos, pero no eliminaba los desacuerdos. La labor de la Presidencia era impedir que esas diferencias paralizaran completamente el trabajo parlamentario.
El informe aprobado por el Senado el 15 de junio de 1993 sobre la interpretación de los artículos 104 y 106 de su Reglamento resulta ilustrativo. La corporación sostuvo que el procedimiento legislativo debía ser ordenado, pero también suficientemente flexible para que las comisiones perfeccionaran los proyectos y recogieran los aportes individuales de los senadores. Bajo la conducción de Valdés, el Senado aprobó un criterio que buscaba equilibrar disciplina procedimental y flexibilidad deliberativa (Diario de Sesiones, sesión 5.ª ordinaria, 15 de junio de 1993).
Uno de los resultados más concretos de esta política se produjo al término del gobierno de Aylwin. En diciembre de 1993, Valdés reunió en la Casa del Senado a dirigentes de la Concertación, la oposición y representantes de los senadores designados para suscribir un acuerdo destinado a reducir el período presidencial a seis años sin reelección inmediata. Los firmantes se comprometieron a aprobar la reforma antes de la asunción del siguiente presidente de la República (Informes diarios de prensa, 9 y 10 de diciembre de 1993).
Esta práctica permite definir la política de los acuerdos con mayor precisión. No se trataba simplemente de moderar los discursos o evitar el conflicto, sino de diseñar procedimientos capaces de traducir posiciones inicialmente incompatibles en decisiones legislativas. Valdés actuó menos como arquitecto de una unanimidad ideológica que como organizador de una cooperación institucional entre actores que continuaban discrepando.
Colaboración con el Ejecutivo y autonomía del Senado
La sesión inaugural dejó establecida la relación que el nuevo Gobierno esperaba mantener con el Parlamento. El ministro del Interior, Enrique Krauss, declaró que el Congreso tendría un papel insustituible en la reconstrucción democrática y reconoció tanto la necesidad de apoyo legislativo como la legitimidad de una fiscalización crítica. La recepción de este mensaje por parte de Valdés simbolizó una relación de colaboración, pero no de subordinación (Diario de Sesiones, sesión 1.ª ordinaria, 20 de marzo de 1990).
Los informes de prensa registran la participación de Valdés en reuniones destinadas a coordinar las prioridades legislativas del Gobierno. En mayo de 1993, por ejemplo, el Ejecutivo anunció que el vicepresidente Enrique Krauss se reuniría con los presidentes del Senado y de la Cámara de Diputados para coordinar el envío de urgencias sobre treinta y tres proyectos considerados prioritarios (Informe diario de prensa, 28 de mayo de 1993).
Esa colaboración no impedía la existencia de discrepancias públicas. En octubre de 1992, ante un llamado de Aylwin para acelerar el trabajo legislativo, Valdés respondió que el Congreso cooperaría con los propósitos del Gobierno, pero afirmó que los parlamentarios trabajaban un cincuenta por ciento más que en 1973 y exhibían niveles históricos de asistencia. La respuesta fue interpretada como una defensa de la labor y dignidad del Parlamento frente a la crítica presidencial (Informe diario de prensa, 7 de octubre de 1992).
La continuidad de Valdés en la Presidencia también dependió de acuerdos políticos más amplios que la sola voluntad del Gobierno. En marzo de 1992 fue ratificado por unanimidad por los senadores democratacristianos, en el contexto del entendimiento alcanzado en 1990 entre la Concertación y la UDI para la constitución de la Mesa del Senado (Informe diario de prensa, 10 de marzo de 1992). Su permanencia reflejaba, por tanto, su capacidad para conservar la confianza de sectores situados a ambos lados de la división política.
En un discurso pronunciado durante la visita del presidente del Senado peruano, el 10 de marzo de 1992, Valdés definió a los parlamentos como expresiones plurales de la sociedad y afirmó que debían “equilibrar, regular y fiscalizar la acción pública”. Esta declaración proporciona una clave para interpretar su gestión. La estabilidad democrática no debía descansar en el predominio absoluto del Ejecutivo, sino en la existencia de un Congreso con legitimidad y competencias propias (Diario de Sesiones, sesión 42.ª extraordinaria, 10 de marzo de 1992).
La autonomía del Senado se expresó en la fiscalización administrativa, en la discusión de los quórums, en la posibilidad de solicitar el retiro de urgencias y en la negativa a que otros órganos sustituyeran anticipadamente las decisiones de la Sala. Valdés contribuyó así a reconstruir una relación entre poderes basada simultáneamente en la cooperación y el contrapeso.
Derechos humanos, reconciliación y relaciones cívico-militares
Los derechos humanos constituyeron uno de los campos más delicados de la transición. Los informes de prensa muestran a Valdés interviniendo reiteradamente en los debates sobre verdad, justicia, reparación y reconciliación, así como frente a las tensiones entre las autoridades civiles y militares.
En diciembre de 1990, ante el acuartelamiento del Ejército conocido posteriormente como “ejercicio de enlace”, Valdés interpretó el episodio como parte de las dificultades de una transición en la que las instituciones debían aprender a ocupar nuevamente el lugar que les correspondía. Afirmó que ese proceso debía desarrollarse dentro de la Constitución y las leyes, porque quien se apartara de ese marco obstaculizaba la voluntad democrática del país. El Senado reafirmó entonces su adhesión al Estado de derecho y a la estricta observancia de las funciones constitucionales de cada institución (Informes diarios de prensa, 20 y 21 de diciembre de 1990).
Pocos meses después, el Senado manifestó su respaldo unánime al trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación. El acuerdo, leído por Valdés, valoró la contribución de la Comisión al establecimiento de un clima de concordia y expresó la voluntad de apoyar las iniciativas destinadas a reparar a las víctimas (Informe diario de prensa, 5 de marzo de 1991).
El asesinato del senador Jaime Guzmán, ocurrido el 1 de abril de 1991, representó otra prueba crítica. Valdés declaró que “el Senado está herido”, informó que parlamentarios de Gobierno y oposición habían recibido amenazas y aseguró que los senadores no se ocultarían ante el terrorismo (Informe diario de prensa, 3 de abril de 1991). Al día siguiente, el Senado celebró una prolongada sesión secreta destinada a examinar las acciones contra el terrorismo y la delincuencia (Diario de Sesiones, sesión 41.ª extraordinaria, 3 de abril de 1991).
La estrategia de Valdés también incluyó la promoción del diálogo entre civiles y militares. En mayo de 1992 evaluó positivamente el grupo de reflexión formado por representantes de ambos sectores, porque había permitido mejorar el conocimiento mutuo, aumentar la confianza y abordar sin publicidad las preocupaciones comunes (Informe diario de prensa, 19 de mayo de 1992). Esta orientación buscaba someter las relaciones cívico-militares a una dinámica de interlocución institucional, aunque implicaba mantener parte importante de esas conversaciones fuera del escrutinio público.
La tramitación del proyecto de reparaciones para los familiares de las víctimas reconocidas por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, el 23 de enero de 1992, permite observar ese método en funcionamiento. La Mesa suspendió la sesión para que la Comisión de Derechos Humanos examinara numerosas indicaciones y convocó a los comités para evaluar las posibilidades de acuerdo. Una vez reanudada la sesión, Valdés ordenó la discusión y facilitó la aprobación del texto acordado por la comisión.
El episodio muestra una notable capacidad para coordinar a la Sala y a sus órganos internos en torno a una materia sensible. No obstante, también revela los límites del procedimiento. Algunos senadores objetaron que el segundo informe acababa de ser distribuido y que no habían dispuesto de tiempo suficiente para estudiarlo. Aunque reconocieron la necesidad de despachar el proyecto, denunciaron que estaban votando sin conocer cabalmente las modificaciones. Finalmente, la iniciativa fue aprobada con cuatro votos en contra (Diario de Sesiones, sesión 38.ª extraordinaria, 23 de enero de 1992).
Las controversias aumentaron en junio de 1993, cuando Valdés propuso agilizar los procesos judiciales por violaciones de los derechos humanos y planteó la posibilidad de que organismos religiosos o humanitarios recibieran información sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. La iniciativa recibió el respaldo de sectores del Gobierno y la derecha, pero fue cuestionada por el Partido Socialista, la Juventud Demócrata Cristiana, abogados de derechos humanos y organizaciones de familiares, que temían que la aceleración de las causas terminara restringiendo la investigación judicial (Informes diarios de prensa, 21, 22 y 25 de junio de 1993).
Valdés aclaró posteriormente que no era partidario de una ley de punto final y que consideraba indispensable conocer el paradero de los desaparecidos. No obstante, sostuvo que la permanencia de Augusto Pinochet al mando del Ejército constituía un hecho derivado del orden constitucional vigente (Informe diario de prensa, 25 de junio de 1993).
Este debate evidencia una de las mayores ambivalencias de su gestión. Valdés defendió la verdad, la reparación y la subordinación de las instituciones armadas al orden constitucional, pero privilegió soluciones rápidas y conciliadoras que fueron interpretadas por algunos sectores como una posible limitación de la justicia. Su posición debe comprenderse dentro de las restricciones políticas de la transición, aunque dichas restricciones no convierten todas sus propuestas en inevitables.
Proyección internacional y legitimidad democrática
Los informes de prensa atribuyen a Valdés una intensa actividad internacional, especialmente orientada a la reinserción de Chile en las redes parlamentarias y políticas de América Latina y Europa. No era un ámbito nuevo para él: contaba con una reconocida trayectoria internacional, construida como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva y, posteriormente, como alto funcionario de las Naciones Unidas. Esa experiencia, sumada a los vínculos establecidos a lo largo de su carrera, fortaleció su capacidad para representar al Senado y a la recuperada democracia chilena en el exterior.
Durante la visita del presidente estadounidense George Bush, en diciembre de 1990, Valdés llamó a fortalecer la unidad de los países latinoamericanos y sostuvo que las relaciones entre Estados democráticos debían prescindir de las amenazas, las sanciones y el uso unilateral de la fuerza (Informe diario de prensa, 7 de diciembre de 1990). En marzo de 1992 recibió al presidente del Senado peruano y destacó la función de los parlamentos en la integración regional y en la consolidación de la democracia (Diario de Sesiones, sesión 42.ª extraordinaria, 10 de marzo de 1992).
Esta proyección alcanzó un reconocimiento significativo en septiembre de 1993, cuando grupos parlamentarios latinoamericanos y europeos lo proclamaron candidato a la presidencia de la Unión Interparlamentaria, argumentando que Valdés ofrecía garantías a todos los sectores (Informe diario de prensa, 15 de septiembre de 1993).
La actividad internacional no fue simplemente protocolar. Después del aislamiento político de la dictadura, la presencia del Senado chileno en espacios internacionales contribuía a legitimar la recuperación democrática. Valdés utilizó la autoridad de su cargo para presentar al Congreso como una institución nuevamente capaz de representar la pluralidad del país y de participar en la comunidad parlamentaria internacional.
Balance
La gestión de Gabriel Valdés como presidente del Senado puede ser interpretada como una presidencia de reconstrucción institucional. Su principal logro no consistió en imponer un programa legislativo propio, sino en establecer las condiciones para que el Senado volviera a actuar como poder del Estado. Organizó sus instancias internas, fortaleció el trabajo de las comisiones, hizo de los comités un espacio de negociación y defendió la capacidad de la Sala para resolver sus controversias.
Los diarios confirman además que su autoridad se apoyaba en una cuidadosa combinación de Reglamento y negociación política. Valdés recurría a la norma para ordenar los debates, pero también suspendía sesiones, convocaba reuniones de comités y buscaba acuerdos cuando la aplicación mecánica del procedimiento amenazaba con bloquear la decisión. Su presidencia fue, en este sentido, formalista y pragmática a la vez.
El resultado fue un Senado capaz de contribuir a la gobernabilidad del período y de actuar como interlocutor del Ejecutivo. Sin embargo, este modelo tuvo costos. La búsqueda de acuerdos podía trasladar decisiones sustantivas hacia espacios de negociación previa y reducir el margen de deliberación pública. Además, frente a los conflictos relacionados con los derechos humanos y las relaciones cívico-militares, Valdés privilegió la reconciliación, el diálogo institucional y la aceleración de los procesos judiciales. Aunque sostuvo que era indispensable conocer el paradero de los detenidos desaparecidos y negó promover una ley de punto final, sus propuestas suscitaron críticas entre quienes temían que la búsqueda de una solución rápida pudiera restringir el esclarecimiento judicial.
En definitiva, Gabriel Valdés contribuyó decisivamente a transformar al Senado restaurado en una institución operativa, reconocible y políticamente relevante. Su legado no radica únicamente en los proyectos aprobados durante su presidencia, sino en la consolidación de una forma de conducción parlamentaria: autoridad sometida a reglas, cooperación sin subordinación al Ejecutivo y negociación como mecanismo de procesamiento del conflicto. Los informes de prensa muestran la proyección pública de ese liderazgo; los diarios de sesiones revelan su materialización cotidiana y permiten apreciar también sus tensiones. Consideradas conjuntamente, ambas fuentes presentan a Valdés como uno de los principales artífices de la reconstrucción parlamentaria chilena, aunque también como representante de una transición cuya estabilidad descansó en acuerdos que no siempre resolvieron plenamente las demandas de democratización y justicia.
Magdalena Eichholz C. / Carlos Bascuñán E.