LA EXPERIENCIA POLÍTICA DE LA
UNIDAD POPULAR

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La experiencia política de la Unidad Popular / De las palabras a los hechos

 

Agosto de 1973

 

El gabinete de seguridad nacional

El 26 de julio, ad portas del diálogo PDC-Allende, la Confederación de Dueños de Camiones, presidida por León Vilarín, integrantes de Patria y Libertad, había iniciado un nuevo paro indefinido aduciendo el incumplimiento por parte del gobierno de los compromisos adquiridos el año anterior con el entonces ministro del Interior Carlos Prats. Los camiones bloquearon el paso de vehículos en diversos tramos de la carretera Panamericana, interrumpiendo la cadena de abastecimiento.

En respuesta, el gobierno ordenó la requisición de todos los camiones que habían adherido a la paralización y nombró al subsecretario Jaime Faivovich, militante socialista vinculado al MIR, como interventor del transporte. El 31 de julio, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones solicitó a la Contraloría que declarara ilegales las requisiciones de camiones y dos días después exigía que Faivovich fuera removido de sus cargos de subsecretario de Transportes e interventor, por cometer abiertas y reiteradas irregularidades.

Rápidamente, diferentes gremios comenzaron a plegarse a la huelga de los transportistas, exigiendo el cumplimiento de los compromisos asumidos por el gobierno y la renuncia del subsecretario Faivovich. De forma paralela, se renovó el conflicto de los mineros de El Teniente por incumplimiento, de parte del gobierno, del compromiso de reintegrar a los 97 trabajadores despedidos por paralización de faenas en la huelga de junio. Desde los gremios también se repetían las acusaciones al presidente Allende, responsabilizándolo de la crisis moral, económica, política y social que afectaba al país.

En respuesta, el comité político de la UP denunció una “escalada sediciosa” y llamó “a las fuerzas patrióticas” a estar en estado de alerta, redoblar su vigilancia y movilizar los Frentes Patrióticos. El MIR aprovechó esta situación para insistir en que era el momento de la contraofensiva revolucionaria. En una línea similar, el dirigente socialista Adonis Sepúlveda sostuvo que el PS no capitularía jamás, agregando que no podía haber diálogo entre “víctimas y victimarios”.

Sorpresivamente, el 8 de agosto Allende anunció la formación de un nuevo gabinete, al que denominó de “seguridad nacional”, en que estarían los más altos representantes de las instituciones armadas y de orden. Al día siguiente, Prats asumió en Defensa; Montero en Hacienda; César Ruiz Danyau en Obras Públicas y Transportes; y el general director de Carabineros, José María Sepúlveda, en Tierras y Colonización.

El PDC valoró el patriótico sacrificio que hacían las FF.AA., pero advirtió que la sola incorporación de los comandantes en Jefe no garantizaba una real participación de las Fuerzas Armadas. Manifestó también que no rehuiría su cooperación para facilitar el consenso democrático indispensable para continuar el proceso de cambios, pero dentro del marco legal.

Carta de Radomiro Tomic a Patricio Aylwin, presidente nacional del PDC, en que rechaza sus declaraciones sobre el ingreso de las Fuerzas Armadas al nuevo gabinete, 9 de agosto de 1973

Declaración pública de Patricio Aylwin, presidente nacional del PDC, respecto de la incorporación de militares al gabinete, 10 de agosto de 1973

El Partido Nacional reaccionó sosteniendo que no veía ánimo de rectificación y criticando la decisión de las FF.AA. de ingresar al gobierno.

Por su parte, tras tensas negociaciones, las comisiones políticas de los partidos Comunista y Socialista emitieron el 11 de agosto un comunicado conjunto compartiendo la decisión de Allende, pero advirtiendo la necesidad de modificar de la ley de control de armas cuya aplicación, en los últimos meses, solo estaba dirigida en contra de organizaciones de izquierda.

Las declaraciones de la ultraizquierda fortalecieron el rechazo de sectores de la Unidad Popular al que llamaron “gabinete de la capitulación” y a la creciente tendencia transaccional del gobierno.

Al asumir las más altas autoridades militares y carabineros cargos ministeriales, el presidente Allende dispuso que fuesen subrogadas en sus respectivas instituciones; en el Ejército asumió el general Augusto Pinochet, en la Armada, el almirante José Toribio Merino y en la FACH el general del aire Gustavo Leigh, mientras que el general Jorge Urrutia asumió la dirección de Carabineros.

 

El PDC frente al nuevo gabinete

Al interior del PDC surgieron tres posiciones frente al nuevo gabinete. Por un lado, estaban quienes creían que el Ministerio cumplía con las exigencias y garantías que el partido había planteado. En consecuencia, su designación era un gran triunfo para la Democracia Cristiana, razón por lo cual debía prestar un apoyo irrestricto a los ministros uniformados colaborando lo más posible con ellos. Entre quienes pensaban de esta forma estaba Radomiro Tomic.

Carta de Patricio Aylwin a Radomiro Tomic, en que rechaza sus dichos respecto al general Carlos Prats y el rol de las Fuerzas Armadas en el gobierno, 29 de agosto de 1973

Carta de Radomiro Tomic a Patricio Aylwin, respecto al general Carlos Prats y el rol de las Fuerzas Armadas en el gobierno, 30 de agosto

La segunda posición era antagónica a ésta y coincidía con la declaración emitida por el Partido Nacional el 11 de agosto, tras la designación del nuevo el gabinete. Sus representantes consideraban que este era un Ministerio preeminentemente de la UP, sin ánimo de rectificación y que los jefes militares serían utilizados por Allende. Entre los que defendían esta posición estaban muchos militantes de base que, a esas alturas, eran los más críticos y severos en su postura anti gobierno, y algunos dirigentes, como Juan de Dios Carmona y Eduardo Frei.

Carta de Juan de Dios Carmona a Patricio Aylwin, presidente nacional del PDC, en que presenta su renuncia a la comisión política del partido, 14 de agosto de 1973

Declaración del presidente del Senado, Eduardo Frei Montalva, sobre el rol de los ministros militares, 20 de agosto de 1973

El 15 de agosto un grupo de diez senadores democratacristianos dio a conocer una declaración afirmando que el gobierno se mantenía en la ilegalidad y en abierta violación de la Constitución política. Tres días después, Eduardo Frei, por entonces presidente del Senado, hizo una declaración en que manifestaba su escepticismo respecto a que la incorporación de militares en el gabinete pudiera darle un giro al gobierno.

Declaración de Eduardo Frei Montalva en respuesta a una declaración del comité ejecutivo nacional de la Unidad Popular emitida el 16 de agosto, atribuyéndole responsabilidad en la crisis que vive el país, 18 de agosto de 1973

La tercera posición era la de la directiva y había sido explicitada en la ya referida declaración del 10 de agosto, es decir, que no bastaba con la presencia de las FF.AA. en el gabinete para garantizar la normalidad, sino del poder que tuvieran para restablecer el imperio de la Constitución.

Esta posición estaba lejos de pretender debilitar las facultades del Ejecutivo poniendo a las instituciones castrenses por sobre la coalición de gobierno, o que éstas desplazaran a la UP. Dentro de los pocos medios que quedaban, parecía una fórmula que podía evitar que Chile cayera en un gobierno totalitario o en una guerra civil.

 

Paros, violencia y terrorismo

De los cuatro ministros uniformados que había nombrado Allende, sin duda la tarea más difícil correspondía al general Ruiz, quien, desde el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, tenía la misión de resolver el paro de los camioneros y restablecer el abastecimiento a nivel nacional. Ello, agregado al hecho de que el alto mando de la FACH no le había otorgado el apoyo irrestricto para que asumiera como ministro, hacía que su misión fuese casi imposible.

El 12 de agosto se reunió el consejo de gabinete, presidido por Allende. En la oportunidad, Faivovich renunció a su cargo como forma de destrabar el conflicto y fue aprobada la idea de designar a interventores de las FF.AA. por la ley de seguridad interior del Estado.

Al día siguiente en la tarde, el presidente Allende se dirigió al país por cadena nacional de radios, intentando apaciguar el ambiente. En su alocución señaló que el paro de los camioneros tenía un carácter “sedicioso” y “subversivo” y que pretendía “derrocar al gobierno” y anunció que el Ejecutivo había decidido tomar todas las medidas para detener el “paro criminal”, aunque no especificó cuáles serían.

Declaración «El gobierno cumplió. Los camioneros mienten», 19 de agosto de 1973

Declaración de Patricio Aylwin «DC respalda paro y emplaza al gobierno a encarar la crisis del país», 20 de agosto de 1973

Carta de Patricio Rojas a Patricio Aylwin, presidente nacional del PDC, en que le adjunta Informe del paro del 21 de agosto 1973, elaborado por la CUT 

A las 23:00 horas de ese mismo día, en medio de un gran apagón que dejó a oscuras las ciudades desde La Serena hasta Rancagua, y a solicitud del ministro de Defensa, general Prats, la directiva del PDC se reunió con los ministros uniformados. El general Prats, a nombre del presidente de la República, solicitó el apoyo del partido para presentar un proyecto de ley con el fin de decretar estado de sitio, que enviaría al día siguiente al Congreso, lo que fue rechazado de manera terminante por la directiva democratacristiana.

El apagón ocurrido la noche anterior no era un hecho aislado. Una declaración que por esos días hizo el consejo de gabinete señalaba que en los últimos 20 días se habían producido 253 atentados, con 5 muertos, más de 100 heridos y significativos daños a la economía. El país vivía inmerso en una ola de terrorismo donde el “poder popular”, a través de los cordones industriales y comandos comunales, hacía continuos llamados a aplastar el golpe y liquidar a los fascistas, mientras que Patria y Libertad y el comando Rolando Matus, buscaban por todos los medios acelerar el caos y facilitar el golpe de Estado.

El 14 de agosto asumieron los interventores militares y se confirmó que Faivovich había dejado de serlo, pero que se mantendría en el cargo de Subsecretario. El gremio del rodado se negó a reanudar las faenas, exigiendo una vez más su renuncia, mientras que los senadores DC entregaban su respaldo a los transportistas y advertían al general Prats, como ministro de Defensa, estaba asumiendo el papel de colocar a las FF.AA. en una acción ilegal al servicio de la represión.

En el “ojo del huracán” estaban las Fuerzas Armadas. Los hechos que acontecieron esos días hicieron evidente que los ministros militares habían entrado sin ningún plan, ningún programa, ninguna exigencia ni garantía, sin que se les hubiese otorgado, realmente, ningún poder real.

Por el contrario, quienes habían asumido la subrogancia en las respectivas comandancias, iban adquiriendo cada vez mayor poder al interior de sus respectivas ramas, como lo demostraron algunos hechos ocurridos por esos días en la Armada.

 

Segundo diálogo (reservado) con Allende

El 14 de agosto Patricio Aylwin recibió un llamado del cardenal Silva Henríquez para señalarle que el presidente Allende le había pedido que posibilitara un encuentro con él a fin de buscar una nueva oportunidad para el diálogo. Sería una cena de carácter reservado en la casa del prelado, el viernes 17 a las 21:00 horas.

Durante la cena, y considerando el carácter bastante íntimo y el ambiente de cierta confianza que había, Aylwin le dijo a Allende: ¡usted tiene que escoger, presidente, usted tiene que elegir! El drama de un gobernante es que tiene elegir. No se puede estar bien al mismo tiempo con Dios y con el diablo. Hay que definirse. Usted no puede estar al mismo tiempo con Altamirano y con la Marina. No puede estar bien con el MIR y pretender estarlo con nosotros. Hasta ahora, usted parece conciliar lo inconciliable y, con su capacidad de persuasión, cree ir superando los obstáculos, pero eso es solo transitorio.

Al terminar la cena, y como Allende no entraba en materia, Aylwin le manifestó su preocupación por el conflicto de los transportistas, que tendía a generalizarse, la sit     uación de los trabajadores del cobre, la posible quiebra de la Papelera, la acción de los grupos armados y la no promulgación de la reforma constitucional.

Pero la mayor preocupación de Aylwin eran las reales intenciones del presidente; si sinceramente quería buscar un acuerdo o solo ganar tiempo y utilizar su reunión privada con él para aparentar ante el país y ante las Fuerzas Armadas, que estaba en conversaciones con la Democracia Cristiana para llegar a un arreglo de la crisis. Si se trataba de esto último, la conversación habría sido perdida y su único resultado sería debilitar la posición del PDC en beneficio de la extrema derecha.

Minuta «Entrevista con Allende y Cardenal (17 Ag.73) y pasos posteriores»

Minuta «Diálogo Cardenal – Allende. Historia de la entrevista entre el presidente Salvador Allende, el presidente del PDC Patricio Aylwin y el cardenal arzobispo de Santiago, tenido lugar el día 17 de Agosto de 1973», 10 de octubre de 1976

Carta de Patricio Aylwin al cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, adjuntándole su versión del diálogo sostenido por ambos con el presidente Salvador Allende, el 17 de agosto de 1973, 25 de noviembre de 1977

Carta del cardenal arzobispo de Santiago, Raúl Silva Henríquez, a Patricio Aylwin, acusando recibo de su carta en relación al diálogo político sostenido con el presidente Salvador Allende el 17 de agosto de 1973, 30 de noviembre de 1977

 

El fracaso del gabinete de seguridad nacional

Al día siguiente del diálogo privado, el gobierno informó oficialmente que el general del Aire César Ruiz Danyau había presentado su doble renuncia al presidente Allende, tanto como ministro de Obras Públicas y Transportes como comandante en jefe de la Fuerza Aérea.

En su editorial del 20 de agosto, el diario La Prensa señalaba que la renuncia del general Ruiz generaba serias interrogantes e implicancias políticas, especialmente respecto del manejo que el gobierno estaba haciendo de las FF.AA. El Siglo afirmó que la renuncia del general Ruiz estaba sirviendo para reactivar el clima sedicioso. Por su parte, El Mercurio acusó a Allende de confundir la obediencia militar con la obediencia política.

El presidente Allende debía nombrar un sucesor, pero en la FACH había mala disposición. Al interior de la institución se pensaba que el general Ruiz Danyau no había recibido el apoyo político necesario del gobierno para encarar el conflicto de los transportistas, y la oficialidad consideraba que su salida había sido poco decorosa y –como lo expresara públicamente un grupo de esposas de oficiales de la Fuerza Aérea – humillante.

Allende optó por ofrecer al general Leigh la comandancia en jefe y nombrar como ministro de Obras Públicas y Transportes al general del aire Humberto Magliochetti, quien asumió el 18 de agosto. En la oportunidad, anunció que Faivovich había renunciado a su cargo como subsecretario de Transportes y que el general del Ejército Herman Brady asumía como interventor general de los gremios del rodado. El camino para llegar a un acuerdo parecía despejarse.

El 23 de agosto un grupo de mujeres, esposas de oficiales del Ejército, a las que durante la jornada se irían sumando los propios generales y oficiales del Ejército, se reunieron en las afueras del domicilio particular de Prats, acusándolo de “traidor y de no representar al Ejército”. El propio Presidente Allende, junto a los ministros Fernando Flores y Orlando Letelier, acudieron a entregar su respaldo al general Prats. La manifestación duró todo el día y tuvo que ser disuelta por Carabineros.

Ante la negativa del alto mando del Ejército a firmar una declaración de solidaridad con Prats, el ministro y comandante en Jefe decidió renunciar a su cargo y solicitar su retiro de las filas del Ejército. Al día siguiente, 25 de agosto, se conoció un comunicado de la Armada informando que Montero reasumía la Comandancia en Jefe de la Armada y que el vicealmirante Merino asumía funciones como jefe de la Zona Naval en Valparaíso.

El denominado gabinete de seguridad nacional había durado menos de veinte días y estuvo lejos de lograr sus objetivos; hacia fines de agosto, el paro del transporte continuaba, la violencia seguía desatada, la economía mostraba los peores índices en tres años, y el proyecto de ley de las áreas de la economía continuaba entrampado en la discusión jurídica.

 

El acuerdo de la Cámara de Diputados

El 22 de agosto, cuando ya era inminente el fracaso del gabinete de seguridad nacional, la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de acuerdo sobre el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República, presentado de manera conjunta por la oposición.

Tras las elecciones de marzo, la derecha había proclamado explícitamente la ilegitimidad y el término del gobierno. Sus presiones sobre el PDC, siendo el partido principal de la oposición, eran constantes. De hecho, por medio de distintos canales, buscaba que apoyara alguna de las opciones que barajaba para provocar el término anticipado del gobierno.

La posición de la directiva del PDC fue que cualquier declaración o acción que se hiciese al respecto, debía estar dentro del marco de la Constitución y carecer de todo carácter golpista. De acuerdo a ello, Aylwin sugirió que, conforme a las facultades fiscalizadoras que la Constitución otorgaba a la Cámara de Diputados, ésta podía elaborar un proyecto de acuerdo que representara al presidente de la República y a los ministros, miembros de las FF.AA. y de Carabineros, las graves infracciones constitucionales y legales que a juicio de los diputados se estaban produciendo. Desde un comienzo, el PDC tuvo claro que la presentación del acuerdo solo tendría un carácter testimonial; para avanzar hacia una acusación constitucional se requería de dos tercios, lo que no obtendría.

Carta de Carlos Reymond, dirigente del PN, a Claudio Orrego Vicuña, exdiputado democratacristiano, sobre la autoría del proyecto de acuerdo de la Cámara de Diputados que declaró la inconstitucionalidad del gobierno de Unidad Popular, 29 de agosto de 1974 

La tarde del 22 de agosto, en una sesión especial convocada por el PDC y el PN para analizar la situación legal y política que afectaba al país, fue leído el proyecto de acuerdo. No había ninguna novedad en su contenido. Eran todas afirmaciones y demandas que en múltiples ocasiones el PDC había planteado y exigido de manera pública. Estaba dirigido al presidente Allende, máxima autoridad de la República, y a los ministros militares que habían sido designados por él para que colaborasen en tareas de gobierno, a quienes se les solicitaba adoptar las medidas necesarias en el ejercicio de sus funciones para que estas ilegalidades no se siguiesen cometiendo.

Algunos parlamentarios UP presentaron de inmediato un proyecto de acuerdo conteniendo conceptos para la defensa fundamental del régimen y con el objetivo de refutar el proyecto de la mayoría de la Cámara. Hecha la votación, el proyecto presentado por la oposición fue aprobado por 81 votos contra 47. Todos los diputados del PDC votaron a favor.

Recorte de prensa «Declara Acuerdo de la Cámara de Diputados.- El gobierno ha quebrantado gravemente la Constitución», 23 de agosto de 1973

El 24 de agosto el presidente Allende habló por cadena de emisoras advirtiendo que el “inmérito” acuerdo aprobado por la Cámara de Diputados carecía de validez jurídica y facilitaría la acción sediciosa. Acusó, asimismo, a la Cámara de querer constituirse en un poder paralelo.

En respuesta al presidente Allende, el 25 de agosto Aylwin insistió en que la Cámara de Diputados se había limitado a ejercer su atribución constitucional de representarle algunas de las observaciones que a la mayoría de los chilenos merecían las arbitrariedades que el gobierno cometía día a día, calificando de “tendencioso y antojadizo” interpretar el acuerdo de la Cámara como una incitación a las Fuerzas Armadas a actuar al margen de la autoridad. El objetivo era justamente lo contrario: evitar que el gobierno, abusando del deber de obediencia de las Fuerzas Armadas, las comprometiera políticamente y se sirviera de ellas para imponer un régimen totalitario que la mayoría del país repudiaba.

Declaración de Patricio Aylwin «Frente al proyecto de acuerdo. Presidente Allende eludió una vez más su alta responsabilidad de mandatario», 25 de agosto de 1973