En marzo de 1987, Patricio Aylwin escribió un artículo titulado “Los problemas de la justicia”, en el cual, junto con advertir los problemas que afectaban al poder Judicial, denunciaba que en los últimos tiempos “se ha ido ampliando asombrosamente la competencia de los tribunales militares, constituidos para juzgar a sus pares, pero que ahora -contrariando los principios que los justifican- juzgan mucho más a civiles que a uniformados, mediante procedimientos de excepción reñidos con viejos principios constitucionales”.

“Los problemas de la justicia”, Patricio Aylwin

Ya en la fase final de la campaña presidencial de 1989, un documento interno del Comando de la Concertación de Partidos por la Democracia, advertía que la justicia militar había derivado en “una verdadera arma represiva en manos del Gobierno, para perseguir conductas no tan solo delictivas, sino que también legítimas expresiones de protestas o disidencia”. En efecto, “los actuales procesados por estos tribunales especiales, largo más del 90% son civiles, y solo una ínfima minoría son uniformados”.

Junto con lo anterior, el documento señalaba que esta situación se había tornado “especialmente alarmante” en lo que dice relación con el juzgamiento de conductas a uniformados. En efecto, por sucesivas modificaciones se han ido creando privilegios en cuanto a su tratamiento y dificultando el esclarecimiento de los hechos mediante las calificaciones de secretas, de materias indispensables para la investigación, al solo juicio de los jefes respectivos, de lo que ha resultado un amplio campo de impunidad para quienes ha estado comprometidos en acciones represivas y violatorias de derechos humanos de las que han sido víctimas los civiles”.

Minuta “Administración de justicia”, Concertación de Partidos por la Democracia