LA EXPERIENCIA POLÍTICA DE LA
UNIDAD POPULAR
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La experiencia política de la Unidad Popular / Contraofensiva opositora
Contraofensiva opositora
¡No a la Cámara Única!
A fines de noviembre de 1971 la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados comenzó a revisar el proyecto de reforma constitucional. La oposición vio en él un intento de establecer, con el nombre inocente de Cámara Única, la Asamblea del Pueblo que postulaba el programa de gobierno de la UP, llamada a asumir la conducción superior del Estado y a la cual quedarían subordinados los poderes Ejecutivo y Judicial, tal como ocurría en las llamadas «democracias populares».
Artículo de Patricio Aylwin «Antecedentes y proyecciones de la Cámara Única», noviembre de 1971
Si el proyecto hubiera versado únicamente sobre el reemplazo del Congreso bicameral por la Cámara Única, la oposición no habría tenido otra alternativa que rechazarlo de inmediato. Pero como el gobierno, con el evidente propósito de hacerlo más atractivo en el evento de un pronunciamiento popular, había incluido en él otras ideas como la ampliación de las garantías constitucionales con nuevos derechos de carácter social, a los partidos opositores se les presentó la opción de aprobar en general el proyecto y rechazar, sin embargo, la iniciativa de Cámara Única.
Esto último fue lo que la DC decidió hacer. El 24 de noviembre de 1971 la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto con los votos de los diputados de la UP y de la DC. Los diputados del PN se abstuvieron. Dos días después, en discusión particular, la idea de establecer la Cámara Única fue rechazada. Igualmente fue rechazado el precepto que intentaba restablecer los pactos electorales. En cambio, fueron aprobados los preceptos que establecían nuevos derechos sociales y se aprobó, también, una indicación estableciendo la facultad del presidente de la República para disolver el Congreso una vez durante su mandato, pero previa celebración de un plebiscito, de modo que, si la ciudadanía entregaba su respaldo al jefe de Estado, este podía disolver el Congreso, pero en caso de que el presidente perdiera el plebiscito, debía renunciar.
Frente a esta actitud de la mayoría opositora en la Cámara de Diputados, la UP no presionó para precipitar el plebiscito y el 6 de diciembre el gobierno retiró la urgencia al proyecto en espera de una mejor oportunidad.
Hacia la delimitación de las áreas económicas
A fines de agosto de 1971, cerca de cuarenta trabajadores de la empresa Sumar, una de las textiles que habían sido requisadas, fueron exonerados por el interventor de la industria en una decisión que aprobó una asamblea de trabajadores. Las gestiones hechas por parlamentarios democratacristianos ante el ministro de Economía, Pedro Vuskovic, para obtener el reintegro de los despedidos, algunos de ellos dirigentes sindicales y varios militantes o simpatizantes de la DC, no dieron resultado.
Para entonces, diez diputados del PN habían presentado una acusación constitucional contra el ministro Vuskovic. Ella se fundaba en los procedimientos que el gobierno estaba utilizando para constituir el área social de la economía, que calificaban de contrarios a la Constitución y a las leyes y denunciaban como grave atropello al Estado de derecho.
En estas circunstancias, el 14 de septiembre el vicepresidente del PDC, senador Osvaldo Olguín, y los diputados Emilio Lorenzini, Ricardo Monares y Bernardo Leighton, se reunieron con Allende quien se comprometió a que dentro de veinticuatro horas serían reintegrados los trabajadores despedidos de Sumar, y a que presentaría al Congreso un proyecto de ley o de reforma constitucional para delimitar las áreas de la economía, cuyo borrador haría llegar dentro de ocho días a la directiva del PDC para conocer su opinión y procurar un acuerdo.
Ese mismo día, el consejo nacional de la DC emitió una declaración en la que, luego de informar al país de los compromisos contraídos por el jefe de Estado, afirmó que, en esas circunstancias consideraba “inconveniente la subsistencia de la acusación constitucional” en contra del ministro Vuskovic.
Recorte de prensa «Materias de la legislatura debatieron Tohá y Aylwin», 22 de septiembre de 1971
Pero como el gobierno no cumplía los compromisos adquiridos, un mes más tarde los senadores Renán Fuentealba y Juan Hamilton presentaron al Senado un proyecto de reforma constitucional para regular las áreas de la economía que interpretaba al PDC en su conjunto -los autores del proyecto representaban dos tendencias dentro del PDC- dejando en claro a Allende que no iba a negociar con un sector de nuestra colectividad, sino con todos.
No había transcurrido una semana cuando el gobierno envió a la Cámara de Diputados su propio proyecto de ley sobre la materia. Establecía tres áreas de propiedad de los medios de producción y otros recursos económicos y financieros: social, mixta y privada.
Proyecto de ley «Sobre áreas de la economía y participación de trabajadores», 21 de octubre de 1971
Bastaba leer ambos proyectos para advertir cuán diferentes eran sus criterios y propósitos. Mientras el de la DC perseguía someter el proceso de socialización de la economía al control del Parlamento, mediante la exigencia de autorización legal para nacionalizar empresas, e impedía que se continuara haciéndolo por medios puramente administrativos, el del gobierno daba a éste carta blanca para estatizar las 253 empresas que al 31 de diciembre de 1969 tenían un patrimonio igual o superior a 14 millones de escudos, sin perjuicio de dejarle abierta la puerta para seguir haciéndolo respecto de las demás mediante los procedimientos que había estado empleando de compra de acciones, requisiciones e intervenciones.
Ambos proyectos se tramitaron paralelamente y en forma acelerada; pero su suerte fue muy diversa.
El proyecto gubernativo, aprobado en general en la Cámara de Diputados, con los votos en contra del PN y la abstención del PDC, fue sustituido íntegramente en su discusión particular mediante indicaciones presentadas por los diputados democratacristianos, por lo que el gobierno perdió todo interés en su despacho y retiró la petición de urgencia para su tramitación.
Entretanto, la mayoría del Senado usó todos los recursos reglamentarios para despachar, con la máxima celeridad, la reforma constitucional propuesta por Fuentealba y Hamilton. La Cámara de Diputados lo despachó en sesión del 22 de diciembre de 1971. Tratándose de una reforma constitucional, quedó para ser ratificado, al cabo de sesenta días, por el Congreso Pleno.
A mediados de enero de 1972, el presidente Allende dio a conocer la lista de las 91 empresas que integrarían el área de propiedad social, y las 53 que pasarían al área mixta. La SOFOFA reaccionó en forma inmediata, llamando a la calma a las empresas que se encontraban en la nómina y acusando de “frivolidad» y «falta de criterio económico» la forma en que el gobierno pretendía manejar el sistema económico del país.
La Papelera ¡No!
El 17 de junio de 1971, el subsecretario de Economía, Óscar Guillermo Garretón, anunció oficialmente que, por ser considerada monopolio estratégico, en el curso del año la Papelera sería estatizada. El 1º de octubre, el ministro Vuskovic anunció que la Corfo abriría poder comprador de acciones de la empresa. La decisión se hizo efectiva el 8 de noviembre, día en que se dio inicio al proceso de compra.
El anuncio y su implementación motivaron fuertes reacciones, no solo de los sectores afectados, sino también de la oposición en general. La ofensiva desplegada con tanto éxito por la UP para tomar el control de los medios de comunicación justificaba el temor de que la expropiación de la Papelera tuviera por finalidad política poner en manos del gobierno el abastecimiento de papel a los diarios y revistas, lo que podría significar el fin de la libertad de prensa en el país.
Para calmar esta inquietud, Allende propuso una fórmula que daría participación a los dueños de diarios y revistas en la distribución del papel en caso de ser estatizada esa industria. Y el ministro Vuskovic anunció el pronto envío de un proyecto de ley para crear un Instituto Nacional del Papel Periodístico, con el fin de asegurar el adecuado suministro del papel necesario para la impresión de diarios, revistas y publicaciones periódicas. Pero, a pesar de estos ofrecimientos, la oposición desconfiaba.
A comienzos de diciembre se produjo un paro parcial en la fábrica de Puente Alto, las plantas de Bío-Bío y Valdivia fueron paralizadas y, por instrucciones de la CUT, la Federación Campesina «Liberación» bloqueó los caminos de acceso a los fundos que proveían de madera a la Papelera, a fin de privarla de aprovisionamiento de materia prima y provocar, de ese modo, su paralización.
Resultaba bastante claro para la oposición que los llamados a paro y el bloqueo de caminos eran medidas de presión para justificar la intervención de la empresa. Como era de esperarse, Allende optó por no tomar cartas en el asunto, confiado en que su proyecto sobre el Instituto Nacional del Papel Periodístico calmaría los ánimos y dejaría un camino más expedito para su objetivo de estatizar la principal industria productora de celulosa y de papel en el país.
El 21 de diciembre el proyecto fue presentado [Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, sesión n°27], pero el 11 de abril de 1972, la Cámara rechazó legislar sobre la iniciativa. Fracasada su estrategia, a partir de ese momento el Ejecutivo intensificaría sus esfuerzos por tomar el control de la Papelera y, en la misma medida, aunque por distintas razones, la oposición intentaría ponerle freno.
El conflicto en la universidad
Uno de los campos en que el enfrentamiento entre gobierno y oposición adquirió mayor gravedad fue el universitario, especialmente en la Universidad de Chile. A comienzos de junio de 1971 el presidente Allende promulgó los nuevos estatutos, conforme a los cuales se convocó de inmediato a elecciones para elegir rector, secretario general y Consejo Normativo Superior.
Dos listas postularon a los cargos ejecutivos: una, del Frente Universitario, que incluía a la DC, la derecha y sectores independientes, que llevaba a Edgardo Boeninger para rector y a Raúl Bitrán para secretario; la otra, de la Izquierda Unida, que proponía para rector a Eduardo Novoa y a Ricardo Lagos para secretario.
Recorte de prensa «Dos universitarios frente a frente», 6 de junio de 1971
Recorte de prensa «Boeninger y Novoa.- Dos visiones de la universidad», 7 de junio de 1971
En la elección del 10 de junio fueron elegidos Boeninger y Bitrán, pero en el Consejo Normativo Superior, organismo colegiado de cogobierno que debía delinear la política general de la casa de estudios, la Izquierda Unida eligió a 54 consejeros que, con los representantes del presidente de la República, subían a 56, mientras que el Frente Universitario, que incluía a la DC, la derecha y sectores independientes, quedó solo con 47.
Muy pronto se hicieron patentes las divergencias entre el rector y el Consejo, las que culminaron en abierto conflicto cuando, a mediados de octubre de 1971, en un claro intento de usar políticamente a la Universidad de Chile, la mayoría del Consejo, sin consultar previamente a la comunidad afectada, acordó suprimir la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales para incorporarla a una nueva Facultad de Ciencias Económicas, Jurídicas y Sociales, lo que después sería rechazado por la Contraloría General de la República. El 20 de octubre el Frente Universitario se tomó el local de la Escuela de Derecho de Santiago, en protesta contra la decisión del Consejo y exigiendo que fuera revocada.
Muy pronto el conflicto se generalizó en toda la universidad, provocando paralización de actividades, enfrentamientos entre ambos grupos y hechos de violencia que incluyeron una querella criminal en contra del rector Boeninger.
El 23 de noviembre, en sesión especial de la Cámara de Diputados destinada a «analizar la intervención de bandas armadas en la Universidad y la responsabilidad que cabe al gobierno» el diputado democratacristiano Bernardo Leighton hizo una apelación a la cordura y agregó: «Hay alguien que puede intervenir con eficacia en el caso de la Universidad de Chile. Ese alguien es el presidente Allende. Él es el presidente de Chile”. [Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, sesión n°17]
Este camino propuesto por Leighton fue, en definitiva, el que permitió encontrar la solución. Por instancias de Allende y de la dirección del PDC, los sectores en disputa aceptaron constituir una comisión que acordó la renovación total de las autoridades, tanto personales como colegiadas, lo que se efectuaría en abril de 1972. Aunque la solución lograda no significaba triunfo de una tendencia sobre otra, fue evidente que ella importó una derrota de la UP en su afán de lograr el «poder total» en la Universidad de Chile.
La “marcha de las cacerolas”
La política fuertemente redistributiva del gobierno había aumentado la capacidad adquisitiva de los sectores populares en términos muy superiores al incremento de la producción de bienes de consumo, y ésta ya empezaba a resentirse por efecto del desorden que en las empresas ocasionaban las tomas, requisiciones e intervenciones.
Desde mediados de 1971, en las grandes ciudades se venían haciendo sentir algunos signos de escasez de ciertos bienes de consumo popular, especialmente alimentos. Allende llegó a hablar de que el país estaba en una «economía de guerra”.
Discurso del presidente Allende al cumplirse un año de gobierno, 4 de noviembre de 1971
Junto con ello, los primeros síntomas de la psicosis de desabastecimiento estaban induciendo a muchos de los que podían hacerlo, a precaverse y disponer de reservas hogareñas, que se transformarían en verdaderos “acaparamientos”, de algunas mercaderías.
Tomando pie de este fenómeno, e invocando también la general repulsa que sobre todo en las mujeres suscitaba el clima de violencia que vivía el país, un grupo de damas que constituyeron lo que luego se conoció como el «Poder Femenino», convocó a un acto multitudinario de mujeres en protesta contra el desabastecimiento y la violencia. El llamado encontró entusiasta acogida y varios miles de mujeres de todos los barrios de Santiago, portando ollas, sartenes y banderas chilenas, participaron en lo que se denominó la “marcha de las cacerolas vacías» que tuvo lugar el 1º de diciembre de 1971.
La invitación fue ampliamente publicitada y la Intendencia de Santiago autorizó su realización, pero un día antes de que se llevara a efecto, la UP decidió hacer el mismo 1° de diciembre otra concentración de mujeres en la Alameda, frente a la Universidad de Chile, cambiando para ello el recorrido del desfile opositor. Esta decisión dio origen a graves incidentes que se prolongaron hasta la madrugada del día siguiente. El gobierno dispuso cadena nacional obligatoria de radios y luego decretó estado de emergencia; asumió como jefe de Plaza el general Augusto Pinochet, quien ordenó toque de queda por cinco días.
La UP acusó a «los fascistas» de haber desencadenado la violencia y de querer provocar un enfrentamiento. La oposición, por su parte, acusó la falta de garantías por parte del gobierno para realizar manifestaciones de protesta pública y denunció la participación de funcionarios del Servicio de Investigaciones en los incidentes; la pasividad del Cuerpo de Carabineros, que se limitó a mirar lo que ocurría, sin intervenir para proteger a las mujeres agredidas; y, sobre todo, la tolerancia y amparo a la actuación, cada vez más frecuente, de grupos armados ilegales.
Acusación constitucional contra el ministro Tohá
Los incidentes producidos con ocasión de la «marcha de las cacerolas» colmaron la capacidad de paciencia del PDC.
En el consejo plenario celebrado los días 22, 23 y 24 de octubre de 1971 en Cartagena, el presidente del partido, Narciso Irureta, había señalado que los propósitos de la DC de colaborar con el proceso de cambios se estaban estrellando con el actuar del gobierno, y había sido enfático al exigir la disolución de los grupos armados y el término de las campañas publicitarias de odio y difamación que estaban generando en el país un clima de creciente violencia.
Informe de Narciso Irureta en el consejo nacional del PDC, 22 de octubre de 1971
Al cabo de un mes, el 27 de noviembre, en su cuenta ante la junta nacional, Irureta insistió en la gravedad que entrañaba la agudización de la violencia. La junta fue categórica para expresar su decisión de rechazar con energía la violencia, la arbitrariedad, el sectarismo y cualquier nuevo atropello al estatuto de garantías constitucionales. Los abusos cometidos por el gobierno y partidarios suyos con ocasión de la marcha de mujeres obligaron a la nueva directiva, encabezada por Renán Fuentealba, a empezar su período con una acusación constitucional contra el ministro Tohá por las responsabilidades que le competían en los hechos del 1° de diciembre.
El 3 de diciembre el Consejo Nacional formalizó la acusación constitucional en contra del ministro Tohá y convocó a una gran concentración de masas para patentizar el respaldo popular con que contaba. El anuncio irritó a la UP, que advirtió que el mismo día sacaría trescientas mil personas a la calle, amenaza que no concretó.
El acto del PDC se realizó el 16 de diciembre en el Estadio Nacional, con una concurrencia multitudinaria y entusiasta. El presidente del partido, Renán Fuentealba, acusó a la UP de despreciar la colaboración de otras fuerzas y explicó los fundamentos de la acusación constitucional que se había decidido instaurar contra el ministro del Interior.
Discurso pronunciado por Renán Fuentealba en el Estadio Nacional, 16 de diciembre de 1971
El 28 de diciembre la acusación en contra del ministro Tohá fue presentada en la Cámara de Diputados siendo aprobada el 6 de enero de 1972. [Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, sesión n°38]
Conforme a la Constitución, desde ese momento el ministro Tohá quedaba suspendido de sus funciones, pero al día siguiente Allende lo nombró ministro de Defensa y trasladó a Alejandro Ríos Valdivia, que ocupaba esa cartera, a la de Interior. Tras la ceremonia de juramento, el PDC emitió una declaración en que acusaba de “violación flagrante” la designación de Tohá y agregaba que lo más grave de este hecho era comprometer ante la opinión pública a las Fuerzas Armadas.
Desde que fue presentada la acusación hasta la destitución del ministro Tohá, hubo una apasionada campaña publicitaria de uno y otro lado, así como amenazas de movilización popular contra el Congreso y contra los partidos opositores formuladas por personeros de la UP.
Columna de opinión de Eduardo Labarca «Y ahora: la ofensiva», 4 de enero de 1972
Entre el 18 y 22 de enero de 1972 el Senado debatió la acusación constitucional en contra del ministro Tohá. Por 26 votos afirmativos -exactamente la mayoría exigida por la Carta Fundamental- el Senado declaró culpable al ministro de los abusos de poder referidos en los capítulos 1 ,2, 3 y 5 de la acusación. Conforme al art. 42 de la Constitución, el ministro quedó destituido de su cargo. [Diario de sesiones del Senado, sesiones n°s 49, 50, 52, 54 y 56]
Voto político «Fundamento de voto del senador Patricio Aylwin», 22 de enero de 1972
El 24 de enero Allende aceptó la renuncia de José Tohá como ministro de Defensa. Alejandro Ríos asumió como titular de la cartera de Interior y, en carácter de interino, la de Defensa.
Ajuste ministerial, reflexión y desacuerdos en la UP
En medio del debate generado con motivo de la acusación constitucional en contra del ministro Tohá, el 16 de enero de 1972 la oposición triunfó en dos elecciones complementarias, hecho que sin duda enardeció aún más los ánimos.
Más allá de los análisis de lado y lado, sin duda que el resultado de las elecciones fue una grave derrota que sepultaba la esperanza que Allende había repetido hacía menos de un mes, el 21 de diciembre, en la plaza Bulnes, de definir pronto a su favor «la cuestión del poder» mediante un plebiscito. Más aún, era una advertencia de que, por el camino que llevaba, estaba perdiendo el apoyo popular indispensable para el éxito de su gobierno.
A fines de enero de 1972, Allende hizo un ajuste en su equipo ministerial para ampliar su base política mediante la incorporación del Partido de Izquierda Radical (PIR). Al proceder en esta forma, dejó en claro su deseo de robustecer la presencia moderadora de los sectores medios en su gobierno; pero para que ese paso no fuera tildado de retroceso por la vanguardia de su propio partido, puso al socialista Hernán del Canto, secretario general de la CUT, en el Ministerio del Interior.
Recorte de prensa «Superada crisis de gabinete. Juraron seis ministros», 29 de enero de 1972
El 1 de febrero el PIR emitió un documento en el que señaló algunas rectificaciones que creía necesarias para no restar el apoyo de los sectores que representaba a la tarea de construir un nuevo orden social.
Documento político del PIR que define su posición dentro de la Unidad Popular, 1 de febrero de 1972
Mientras que el PC hizo una seria autocrítica y se refirió específicamente a la DC y a la pequeña y mediana burguesía como a los sectores a los que había que tratar de neutralizar y ganar para los cambios, el MIR, MAPU y PS defendieron una revolución con toda la barba y no el reformismo que querían algunos.
Informe del PC relativo al momento político, 3 de febrero de 1972