LA EXPERIENCIA POLÍTICA DE LA
UNIDAD POPULAR
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La experiencia política de la Unidad Popular / De las palabras a los hechos
De las palabras a los hechos
El cónclave de El Arrayán
A fines de enero de 1972 los dirigentes de la UP y las autoridades de gobierno, con el propio presidente Allende a la cabeza, se reunieron en un encuentro de análisis y reflexión. Fue lo que se llamó el «cónclave de El Arrayán», donde, reconociendo la necesidad de hacer algunas rectificaciones, acordaron no detenerse, sino profundizar y desarrollar durante ese año el cumplimiento del programa: completar rápidamente lo esencial del área de propiedad social, afianzar el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores y sentar bases firmes para el desarrollo futuro.
Declaración oficial sobre las conclusiones del cónclave de El Arrayán, 9 de febrero de 1972
Sin embargo, no hubo definición respecto a la DC, ni a cómo continuar conformando el área social, ni respecto al MIR y su política de tomas, reflejo de los serios desacuerdos, especialmente entre socialistas y comunistas, que quedaron de manifiesto en los plenos que unos y otros celebraron a mediados de marzo de 1972.
Los hechos se encargaron muy luego de demostrar que el “Documento de El Arrayán” era solo una declaración de intenciones que nunca llegarían a traducirse en hechos concretos. Lejos de ello, los sectores de gobierno y sus órganos de publicidad vigorizaron sus acusaciones contra los opositores, y prosiguieron y acentuaron las arbitrariedades de la administración y los actos de violencia de grupos vinculados al régimen.
Ejemplo de ello fueron las acusaciones de un supuesto fraude que habría perpetrado la administración democratacristiana para financiar la candidatura presidencial de Radomiro Tomic; la campaña desatada en contra del expresidente Frei, de su exministro de Hacienda, Andrés Zaldívar y del PDC, con motivo de la denuncia publicada en marzo de 1972 por el Washington Post sobre las maniobras de la ITT; las denuncias de un “complot golpista” en Chiñigüe; y la de un nuevo complot para derribar al gobierno, en el que estarían involucrados elementos de Patria y Libertad y militares en servicio activo y en retiro. La Cámara de Diputados se reunió en sesión especial para recibir información sobre estos últimos hechos por parte del ministro del Interior, Hernán del Canto. Pero su exposición no resultó muy convincente. El senador democratacristiano Rafael Moreno señaló que, en lo corrido de su periodo, el gobierno llevaba denunciados nueve complots, ninguno de los cuales había sido comprobado. [Diario de sesiones del Senado, sesión n°3, 29 de marzo de 1972]. Una semana después, el senador democratacristiano Benjamín Prado, recordó las múltiples denuncias gubernativas sobre supuestos atentados contra el presidente de la República cuyos antecedentes nunca fueron proporcionados. [Diario de sesiones del Senado, sesión n°8, 6 de abril de 1972]
Discurso del expresidente de la República, Eduardo Frei Montalva, 10 de abril de 1972
Expediente temático con recortes de prensa sobre la reunión en Chiñigue, 5 de marzo de 1972
Cualquiera que discrepaba del gobierno era acusado de fascista, y el principal acusado era el Parlamento, considerado una “trinchera de los fascistas”.
En forma paralela a estos hechos, las medidas represivas del gobierno comenzaron a tornarse habituales.
Pero el suceso que causó mayor revuelo como expresión de conducta arbitraria del gobierno, fue la internación ilegal de cierta carga que el director general del Servicio de Investigaciones, Eduardo Paredes, trajo consigo al regresar de una visita a Cuba. La comisión de la Cámara concluyó que los funcionarios de Aduanas permitieron el ingreso ilegal de esos bultos “debido exclusivamente a la presión del señor director general del Servicio de Investigaciones y, en especial, a la intervención personal y presión indebida del señor ministro del Interior, Hernán del Canto”. [Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, sesión n°14, 19 de julio de 1972]
El hecho fue motivo de escándalo durante largo tiempo y, por la personalidad del director general Paredes, las características del equipaje y la forma subrepticia con que se procedió, en la opinión pública quedó flotando la creencia de que esos bultos contenían armamento.
Finalmente, otro suceso que también revistió caracteres de escándalo fue la adquisición de numerosos automóviles por parte de Miria Contreras Bell, secretaria privada del Presidente Allende, conocida como “La Payita”. [Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, sesión n°21, 8 de agosto de 1972]
La violencia recrudece
En la declaración de El Arrayán la UP se había propuesto completar durante 1972 la reforma agraria, reafirmando su política contraria a las tomas indiscriminadas de predios, y avanzar en la constitución del área de propiedad social sobre la base de una movilización efectiva de sus trabajadores.
Sin embargo, al tiempo que la CORA y el Ministerio de Economía agilizaban sus procedimientos para expropiar predios y requisar industrias, los activistas políticos -que muchas veces eran funcionarios de gobierno- comenzaron a promover la ocupación de campos y fábricas por grupos de trabajadores.
Recorte de prensa «CORA ordena negar derecho de reserva de los agricultores», 26 de enero de 1972
A partir de inicios de marzo de 1972 la ola de ocupaciones de predios agrícolas comenzó a agudizarse. Según datos oficiales de la Dirección General de Carabineros, la policía registraba 1.458 ocupaciones ilegales de fundos entre el 9 de noviembre de 1970 y el 31 de diciembre de 1971 y 309 más entre el 1 de enero y el 5 de abril de 1972. El ritmo se mantuvo y aun se acrecentó en los meses siguientes. [Diario de sesiones del Senado, sesión n°5, 31 de mayo de 1972]
En el área industrial, a pesar de los reparos formulados por la Contraloría General a las requisiciones realizadas, y de la aprobación por el Congreso del proyecto de reforma constitucional sobre las áreas de la economía, que expresamente rechazaba ese procedimiento administrativo, el gobierno abrió el poder comprador de acciones para 91 empresas que se proponía pasar al área social y decretó nuevas requisiciones de industrias. En el caso específico la Papelera, la UP intensificó sus esfuerzos por tomar su control tras haber sido rechazada en abril la iniciativa del gobierno para legislar sobre la creación de un Instituto Nacional del Papel Periodístico.
Declaración de la SOFOFA sobre el problema de la Papelera, 25 de junio de 1972
Declaración «Notificamos: ¡¡»La Papelera No»!!, 29 de septiembre de 1972
La pasividad e indiferencia que mostraban las autoridades frente a las ocupaciones ilegales de predios e industrias, así como la circunstancia que Carabineros no interviniera casi nunca para impedir esas acciones y que, con frecuencia, el Ministerio del Interior o el de Economía decretaran la intervención de los predios o industrias ocupados, generaban en los sectores opositores la creencia generalizada de que el gobierno, o al menos algunos de sus integrantes, amparaban estos hechos.
Solo entre enero y mayo de 1972 se habían producido 40 ocupaciones de empresas; 6 de Intendencias; 27 de oficinas públicas; 33 de establecimientos educacionales; 5 ocupaciones de hospitales y consultorios y 10 de locales comunitarios; hubo además 10 tomas de caminos; 10 de viviendas recién construidas; 8 tomas de terreno; 10 tomas de transportes; 4 de radioemisoras; y 4 de minas. [Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, sesión n°9, 28 de junio de 1972]
La situación llegó al punto en que algunos partidarios del gobierno intentaron sobrepasar la autoridad presidencial por la vía de los hechos. El 26 de julio se informó que se había constituido en Concepción, al margen de cualquier legalidad, una Asamblea del Pueblo que funcionaría de facto. El proyecto era respaldado por el MIR, el PS y el MAPU.
La iniciativa detonó una nueva crisis dentro de la coalición de gobierno a raíz de la oposición del Partido Comunista a apoyar la instancia legislativa extralegal y de su insistencia en que solo la vía constitucional serviría para introducir cambios en la institucionalidad política.
La ley de control de armas
El 5 de abril de 1972 el senador DC Juan de Dios Carmona presentó una moción modificatoria de la ley de seguridad interior del Estado. A juicio del senador, ella adolecía de dos problemas esenciales; solo podía aplicarse a requerimiento o por denuncia del Ministerio del Interior o de los intendentes, quienes podían desistirse de la denuncia en cualquier momento, lo que extinguía la acción y la pena, debiendo en este caso el tribunal disponer la inmediata libertad de los detenidos o reos y poner fin al proceso. Un segundo problema era el hecho que las causas por estos delitos eran entregadas a la justicia ordinaria.
En su moción, el senador propuso entregar al control de las Fuerzas Armadas todo lo relacionado con la tenencia, fabricación, importación y comercialización de cualquier clase de armas, como asimismo la investigación y disolución de los grupos armados ilegales; sancionar con severas penas las infracciones a esas normas, sometiendo los correspondientes procesos a la jurisdicción de los tribunales militares; y conceder acción pública para que cualquier persona pudiera denunciar esos delitos.
El debate en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado se inició el 22 de mayo y en él participaron otros parlamentarios, así como el ministro de Defensa Nacional, los tres subsecretarios de esa Cartera, el jefe de la Sección Jurídica de la Subsecretaría de Guerra, y los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas.
El Ejecutivo presentó una indicación sustituyendo íntegramente su texto por otro articulado, cuya diferencia fundamental radicaba en la menor amplitud que confería a las facultades de las Fuerzas Armadas y de la justicia militar y en la reserva de la acción penal a los ministros del Interior y de Defensa, los intendentes y gobernadores y el director de Reclutamiento.
El 21 de junio, tras ocho sesiones, la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, entregó su informe sobre el proyecto de ley de control de armas, que concilió las ideas propuestas en el proyecto del senador Carmona y las indicaciones formuladas por el gobierno.
En el transcurso del debate de la Comisión, tanto la Izquierda Cristiana como el Partido Socialista expresaron su rechazo al proyecto, advirtiendo que se trataba de una iniciativa que buscaba menoscabar el poder civil del Estado. El MIR y otros sectores de la izquierda más ultra, calificaron el proyecto como una nueva ley de defensa de la democracia. Sin embargo, en el Parlamento el debate no tuvo más escollos que la oposición simbólica de los congresistas del PS y la abstención de los comunistas.
El proyecto fue finalmente aprobado el 11 de octubre de 1972, entrando en vigencia el 20 de ese mes como Ley N°17.798 de control de armas, que estableció el tipo de armas que quedaban bajo control y penalizaba su uso indebido, y definía y entregaba competencia a los tribunales militares para conocer de las causas donde hubiera infracción de la ley, entre otros aspectos. [Diario de sesiones del Senado, sesión n°8, 11 de octubre de 1972]
A pesar de su utilidad, en los meses que siguieron a su promulgación, la ley de control de armas sería sucesivamente puesta en entredicho, dando pie a que las manifestaciones, la violencia, los amedrentamientos y los asesinatos por parte de los grupos extremistas continuaran de manera permanente hasta el final del gobierno de la Unidad Popular.
Escalada de movilizaciones
El manejo económico del gobierno de la UP, que había tenido un primer impacto positivo en la gran masa de chilenos en 1971, comenzó a pasar la cuenta a partir del año siguiente. El aumento de las remuneraciones había permitido a muchos chilenos mejorar su poder adquisitivo, pero el crecimiento de la demanda que trajo consigo, no implicó el aumento de la producción que los planificadores de la UP habían previsto.
En febrero de 1972 el ministro de Economía, Pedro Vuskovic, admitió formalmente ante el Senado que la capacidad industrial del país estaba copada, lo que generaba escasez en ciertos productos y hacía inevitable decretar el aumento de precios.
Con este anuncio se inició una secuencia de alzas que afectaría a muchos productos básicos. También se dio a conocer un reajuste a los salarios como bono de compensación para amortiguar los mayores precios. El esquema alza-reajuste se repetiría varias veces más en los meses sucesivos, dando lugar a una caótica espiral de desequilibrio económico.
Folleto «La economía chilena en el gobierno de Allende», 17 de marzo de 1972
Expediente temático sobre la situación económica que se vive en Chile a abril de 1972
Artículo «Escasez. Apogeo del mercado negro», 19 de julio de 1972
Boletín de Información Económica N°249 «Chile: Indicadores socio-económicos», 4 de agosto de 1972
La creciente inquietud social empezó a expresarse en una seguidilla de movimientos gremiales, paros y huelgas, que ocurrieron en gran parte del territorio nacional. Si bien muchas de estas movilizaciones comenzaron como presiones sectoriales para lograr demandas específicas, la forma en que las autoridades las enfrentaron y la gravedad de la situación económica, fueron otorgándole una connotación política de expresión de rechazo al gobierno. La alerta en el mundo empresarial se encendió.
A estos hechos se agregó la creación de las Juntas de Abastecimiento Popular y Control de Precios, JAP, dependientes del Ministerio de Economía, que comenzaron a funcionar formalmente en marzo de 1972. Sus funciones eran las de asegurar abastecimientos adecuados, vigilar la observancia de los controles de precios y la lucha contra la especulación. Fueron adquiriendo cada vez mayor poder, incubando profundas odiosidades entre los propios vecinos.
Mientras los partidos de la UP defendían a estos organismos porque en teoría eran una protección para los pequeños comerciantes y consumidores frente a la especulación y los monopolios de la distribución, la oposición los consideró verdaderos tribunales vecinales.
El 6 de junio, “Día del Comercio”, se realizó una protesta nacional organizada por la Confederación del Comercio Detallista y la Pequeña Industria. Hubo un cierre masivo de tiendas y comercios. Considerado este hecho como una provocación política, el Ejecutivo respondió con duras fiscalizaciones y, durante los días siguientes, funcionarios de la Dirinco cursaron partes, órdenes de requisiciones y descerrajaron las tiendas que habían bajado sus cortinas.
Los actos de violencia contra el comercio establecido fueron de tal magnitud, que la oposición aprobó un voto de protesta contra la actitud del gobierno en la Cámara de Diputados y el gobierno debió cambiar a algunos de sus ministros, incluyendo a Pedro Vuskovic, quien asumió vicepresidencia de la Corfo. En su reemplazo asumió el también socialista Carlos Matus. [Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, sesión n°5, 14 de junio de 1972]
Negociaciones sobre las áreas de la economía
El 19 de febrero de 1972 el Congreso Pleno ratificó el proyecto de reforma constitucional sobre las áreas de la economía originado en moción que los senadores democratacristianos Renán Fuentealba y Juan Hamilton habían presentado en octubre de 1971.
«Discurso del senador Juan Hamilton en el Congreso Pleno», 19 de febrero de 1972
Dos días después, Allende anunció que vetaría todas las disposiciones del proyecto que desconocían las facultades que hasta entonces había tenido el poder Ejecutivo y agregó que si la Cámara y el Senado no reunían los dos tercios de los diputados y senadores para insistir en su idea primitiva, el texto impugnado desaparecería, y que si el Parlamento rechazaba esa interpretación, recurriría al Tribunal Constitucional en demanda de la correcta aplicación por el Congreso de la Constitución.
El presidente del PDC, senador Fuentealba advirtió que la reforma constitucional promulgada en 1970 no permitía una afirmación así, ni cabía dentro de ella la exigencia de los dos tercios, correspondiendo solo la simple mayoría y el plebiscito, en caso de que el Ejecutivo no se resignara a aceptar el criterio del Congreso. Agregó que el Tribunal Constitucional no tenía competencia alguna en esta materia.
Recorte de prensa «Frenética declaración del Partido Comunista», 3 de marzo de 1973
Tras la controversia jurídica institucional se ventilaba una definición política de trascendencia. Para la oposición, la tesis del gobierno significaba que éste terminaría implantando en el país un Estado colectivista al margen del Parlamento y de la voluntad de la mayoría de los chilenos. Para el gobierno, el planteamiento opositor importaba sepultar sus aspiraciones al “poder total”, porque le impedía proseguir el proceso de socialización por la vía administrativa, le exigía buscar un acuerdo en el Congreso para sanear lo que había hecho a sus espaldas y lo exponía a quedar a merced del Parlamento, a menos que tuviera éxito en un plebiscito en el que jugara al todo o nada. Y aunque la UP aseveraba representar a la mayoría, parecía claro que las circunstancias no le eran favorables para ganar ese plebiscito. La discusión fue apasionada y dura.
Recorte de prensa «Frenética declaración del Partido Comunista», 3 de marzo de 1972
En medio de este debate jurídico, a partir de marzo de 1972 personeros de la DC y del gobierno exploraron la posibilidad de lograr acuerdos que permitieran llevar a cabo el proceso de socialización de la economía que el gobierno procuraba realizar, por los cauces y con las garantías propias de un Estado de derecho. Las negociaciones se extenderían hasta junio, sin llegar a acuerdo.
Recorte de prensa «Respuesta definitiva del PDC al gobierno», 24 de marzo de 1972
El 6 de abril el Presidente Allende comunicó al Senado sus observaciones al proyecto aprobado por el Congreso. Los vetos presentados rechazaban la norma que exigía una ley para transferir empresas al área social o mixta, por considerarla innecesaria; suprimían las disposiciones que regulaban las requisiciones e intervenciones de empresas y la que anulaba las compras de acciones posteriores al 14 de octubre de 1971; modificaba numerosos preceptos y agregaba nuevas normas, facultando al gobierno para nacionalizar una nómina de 91 empresas, prescribiendo la forma de determinar las indemnizaciones y regulando la participación de los trabajadores en las empresas de las áreas de propiedad social y mixta controladas por el Estado.
El mismo día, los dos ministros que el PIR tenía en el gobierno, Manuel Sanhueza en la cartera de Justicia y Mauricio Jungk en la de Minería, renunciaron por instrucciones de su partido. La directiva del PIR entregó al presidente de la República una carta expresándole su desacuerdo con la redacción dada a los vetos e informándole la decisión del partido de abandonar sus responsabilidades en el gobierno y marginarse de la Unidad Popular.
Recorte de prensa «Se fue el PIR. Términos de S.E. al aceptar la renuncia», 7 de abril de 1972
Declaración del comité político de la Unidad Popular sobre el retiro del PIR, 7 de abril de 1972
A comienzos de junio, Allende reunió a sus ministros y representantes de partidos de la UP con el fin de acordar un criterio de acción conjunta, en lo que fue conocido como el “cónclave de Lo Curro”. Se presentaron dos opciones; la primera, defendida por Allende, el PC y el PR, postulaba la necesidad de consolidar lo que hasta ese entonces se había logrado en el área social y propiciar un acuerdo con el PDC en esta materia. La segunda opción, representada principalmente por el Partido Socialista, buscaba no solo avanzar con rapidez en el área social de la propiedad, sino también ampliarla, dando una importancia relevante a los trabajadores.
Durante el estudio de los vetos en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado se iniciaron nuevas conversaciones entre la DC y el gobierno.
El 14 de junio se inició la votación de los vetos en el Senado. Al comenzar la sesión, el ministro de Justicia pidió que se suspendiera por quince días “a fin de dar tiempo para que se estudie y redacte un proyecto de ley que, paralelamente al que analiza el Senado –que subsistirá- permita poner término a este proceso, que ya es duro y demasiado intranquilizador”. [Diario de sesiones del Senado sesión n°13, 14 de junio de 1972] El Partido Nacional y la Democracia Radical afirmaron su desacuerdo, pero los senadores de gobierno y democratacristianos recurrieron al expediente reglamentario de dejar a la sala sin quorum, gracias a lo cual lograron aplazar la votación en dos semanas, tiempo en el cual debían ponerse de acuerdo.
Durante quince días, personeros del gobierno y la DC trabajaron intensamente para encontrar una fórmula. Sobre la base de un memorándum elaborado de consuno, se trató de lograr acuerdos, llegándose a coincidir en un buen número de asuntos importantes, pero subsistiendo las diferencias en otros de igual relevancia. El 29 de junio de 1972, el PDC dio por terminadas las conversaciones.
Para la DC, por mucha que fuera su voluntad de facilitar un proceso de socialización, era imposible hacer la vista gorda ante la arbitrariedad e ilegalidad de los métodos que el gobierno utilizaba, admitir las estatizaciones como un hecho consumado y dejar la puerta abierta para que siguieran ocurriendo, sin perder la credibilidad de quienes veían en ella un bastión en la defensa del Estado de derecho.
Declaración: DC denuncia campañas de falsedades», 18 de junio de 1972
Conflictos con el poder Legislativo
Los primeros meses de 1972 hubo un segundo conflicto importante entre el Congreso y el poder Legislativo con motivo de la aprobación del presupuesto de la nación.
En la ley aprobada para el nuevo año, la mayoría opositora introdujo numerosas disposiciones destinadas a impedir eventuales abusos del gobierno en el uso de los recursos. Al recibir el proyecto aprobado por el Congreso para su promulgación, el presidente de la República ejerció su facultad de formular observaciones a numerosos artículos. Al mismo tiempo, acudió al Tribunal Constitucional requiriendo la declaración de inconstitucionalidad de otros tantos preceptos, fundándose en que las disposiciones por él impugnadas no constituían normas presupuestarias en cuanto no aprobaban cálculo de entradas ni fijaban gastos y no decían relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto de la ley de presupuesto. Sostenía, por tal razón, que, al aprobar esos preceptos, el Congreso había vulnerado los artículos 44 n°4 y n°48 de la Constitución Política.
El 19 de enero de 1972, en lo que sería la primera sentencia del Tribunal Constitucional -institución también nacida de la mencionada reforma de 1970- se resolvió la controversia en favor del Ejecutivo. Por unanimidad respecto de algunos preceptos y por 4 votos contra 1 en lo tocante a otros, el Tribunal declaró inconstitucionales todos los artículos impugnados por el presidente, salvo uno.
Entretanto, la promulgación que el gobierno hizo de una parte de la ley de presupuesto también fue tachada de inconstitucional por la Cámara de Diputados, por cuanto omitió incluir numerosos artículos que no habían sido materia de observación presidencial. Luego que el Tribunal acogió la inconstitucionalidad reclamada por el presidente Allende, éste se apresuró a completar esa promulgación incluyendo los preceptos omitidos. En razón de esta circunstancia, el Tribunal estimó improcedente la petición de la Cámara, no obstante admitir que era incorrecta la forma cómo se había hecho la primera promulgación.
Asimismo, el gobierno impugnó la constitucionalidad del actuar del Congreso al calificar y votar las observaciones que el presidente de la República había formulado al proyecto de ley que modificaba las normas vigentes sobre arrendamientos de habitaciones y locales comerciales. El 25 de enero el Tribunal dictaminó acogiendo la impugnación presidencial.
Otro conflicto relevante que durante los primeros meses de 1972 hubo entre los dos poderes del Estado, fue el que se suscitó con motivo de la designación de José Tohá como ministro de Defensa el 7 de enero de 1972, al día siguiente de haber quedado suspendido de sus funciones como ministro del Interior, al aprobarse por la Cámara de Diputados la acusación deducida en su contra, nombramiento que fue interpretado por la oposición como una burla al Congreso.
Finalmente, estuvo el conflicto suscitado por la acusación constitucional presentada en contra del ministro del Interior, Hernán del Canto, a medios de 1972. Repitiendo el precedente que se había establecido en el caso de Tohá, Allende hizo un nuevo enroque ministerial: del Canto -destituido- pasó a ocupar la Secretaría General de Gobierno y el socialista Jaime Suárez, que desempeñaba ese cargo, asumió como nuevo ministro del Interior.
Allende en la Unctad III
En un contexto de intensos debates parlamentarios, movilizaciones, requisiciones, tomas y acciones violentas, durante el otoño de 1972 el país fue sede de la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, Unctad III.
Chile había llegado a convertirse en un centro de atención mundial, más que por el evento internacional de que era sede, por el interés y expectativas que suscitaba la experiencia política que el país vivía. Nuestra nación aparecía como un gran laboratorio de búsqueda de nuevas formas de organización social capaces de dar satisfacción a los grandes anhelos humanos de justicia y dignidad.
El gobierno se afanó en proyectar la imagen de un país que, sin derramar sangre ni romper siquiera sus instituciones democráticas tradicionales, se sacudía del latifundio y de la oligarquía y trataba de liberarse de la dominación imperialista, pese a su debilidad de nación pequeña y pobre. Incluso, pocos días antes de iniciarse la conferencia, el presidente Allende y la Unidad Popular se reunieron con el MIR posiblemente para acordar una tregua que permitiese bajar los índices de violencia imperante, y hacer más creíble su discurso ante las autoridades extranjeras.
En cambio, la oposición vio en esta conferencia internacional la oportunidad de evidenciar lo que realmente estaba sucediendo en el país. Con este objetivo, solicitó autorización para realizar una concentración pública, que denominó “La marcha por la democracia”, convocada para denunciar los graves atropellos a la Constitución y orden público que eran cometidos por el gobierno de la Unidad Popular, rechazar la violencia y reiterar su fe en las libertades públicas y en la democracia.
Discurso «La democracia marcha por Chile. Discurso del presidente del Senado camarada Patricio Aylwin, en la concentración multitudinaria realizada en Santiago, el 12 de abril de 1972»
Expediente temático sobre la «marcha de la democracia» en Santiago, el 12 de abril de 1972
Al día siguiente de la marcha por la democracia fue la ceremonia de inauguración de la Unctad III. En su discurso, el mandatario apeló a la conciencia emocional de los presentes, centrando sus palabras en la injusta relación entre pueblos ricos y pueblos pobres; entre grupos dominantes y grupos sometidos, y en el propósito de su gobierno de llevar a cabo, respetando el régimen democrático, una revolución que permitiese echar las bases de una nueva sociedad basada en la igualdad social, el bienestar, la libertad y la dignidad.
La imagen que Chile proyectó ante el mundo en esa oportunidad correspondió a lo que la mayoría de los visitantes esperaban; un país pequeño y pobre, parte del mundo en desarrollo, dotado de sólidas instituciones políticas, respetuoso del derecho y con arraigada vocación democrática, que luchaba por sacudirse del yugo imperialista y de la explotación oligárquica y conquistar para su pueblo el bienestar y la justicia. A la cabeza de ese proceso, Allende emergía como un gran líder del tercer mundo que, con coraje e inteligencia, conducía a su pueblo en esa lucha.
El Partido Único, la reforma electoral y la CODE
El primer semestre de 1972 estuvo marcado también por las negociaciones de los partidos políticos, tanto de gobierno como de oposición, para enfrentar las elecciones parlamentarias de marzo de año siguiente, en que se renovaría la mitad del Senado y la totalidad de los diputados.
Desde el periodo de la campaña presidencial los partidos marxistas habían sostenido la idea de que había que avanzar hacia un partido obrero. Sin embargo, si bien era cierto que la iniciativa podía mejorar su posición en el Congreso, no a todos los integrantes de la coalición les parecía adecuada; el propio Allende consideraba que el país no estaba “maduro para un partido único” mientras que otros percibían que la propuesta beneficiaba solo a los partidos más grandes.
Recorte de prensa «Superada crisis de gabinete. Juraron seis ministros», 29 de enero de 1972
Discurso del presidente Allende en acto multitudinario en Concepción, 7 de febrero de 1972
Discurso del presidente Allende en su visita a la ciudad de Antofagasta, 28 de febrero de 1972
A comienzos de marzo, el senador de la Unidad Popular, Luis Fernando Luengo, informó que ya existía acuerdo al interior de la UP para enfrentar las próximas elecciones por medio de pactos electorales y anunció que se reunirían con personeros del PDC, con el fin de enviar un proyecto de ley que estableciera la posibilidad de crear esos pactos.
A mediados de junio el proyecto fue aprobado por el Senado y despachado para su promulgación, y el 22 de junio, el Tribunal Calificador de Elecciones dio su confirmación final en el sentido de que efectivamente era posible, dentro del sistema electoral chileno, constituir una federación de partidos, lo que la Democracia Cristiana había objetado.
El 25 de junio el PN instruyó que se comenzara a sondear la posibilidad de formar federaciones, confederaciones o simplemente pactos con los otros partidos opositores. Ese mismo día el MAPU había planteado su intención de formar una federación, señalando la posibilidad de entendimientos tácticos con la DC a fin de separarla de la derecha. Por su parte, el 4 de julio el pleno del PS, tras la activa y decisiva participación del presidente Allende, se decidió por la federación de partidos.
Para la DC la alternativa de formar una federación con la UP era inviable, pero la posibilidad de no federarse, esto es, de ir en solitario a las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, era en la práctica un suicidio bajo las nuevas reglas del sistema electoral. De ahí que la única forma de enfrentar estas elecciones era participar junto a al PN y demás partidos de oposición, como un solo bloque frente a la UP. Ello implicaría probablemente una pérdida de identidad importante para el PDC, donde la posición política de los otros integrantes -particularmente del PN- lo obligaría a hacer a un lado las enormes diferencias que los separaban, pero el riesgo para la sobrevivencia de la democracia era muy alto y hacía fundamental crear una base electoral que impidiese a la UP arrasar en las urnas y conquistar el poder total.
A las 16:00 horas del 6 de julio se inscribió en el Registro Electoral el Partido Federado de la UP. Cerca de la hora del cierre del plazo legal, se conformó la Confederación Democrática, CODE, compuesta por dos federaciones de partidos: La Federación de Oposición Democrática, integrada por el PDC, el PIR y el Padena, y la Federación Nacional Democracia Radical, compuesta por el PN y el PDR.