LA EXPERIENCIA POLÍTICA DE LA
UNIDAD POPULAR
Documentos para la historia
La experiencia política de la Unidad Popular / El conflicto arrecia
El conflicto arrecia
El Senado rechaza los vetos
Canceladas a fines de junio de 1972 las conversaciones entre el PDC y el gobierno, el 5 de julio se dio paso a polémicas sesiones en el Senado, en las que el Ejecutivo insistió en todas aquellas medidas sobre las tres áreas de la economía que la oposición rechazaba. Con esto, se generaron en el Senado diversas votaciones en contra de los vetos presidenciales, en momentos en que, además, se presentó un voto de censura a la mesa de la Corporación; se vio el desafuero de los intendentes de Santiago y Aconcagua y del gobernador de Melipilla; y se puso en tabla la acusación constitucional en contra del ministro del Interior Hernán del Canto.
Faltaba aún el pronunciamiento de la Cámara de Diputados. Si éste era, como se preveía, igual al del Senado, llegaría el momento de la definición. Para los opositores, al presidente de la República no le cabía sino convocar a plebiscito para que el pueblo decidiera, o promulgar la reforma tal como el Congreso la aprobara. Pero el gobierno sostenía que, sin insistencia de ambas Cámaras por los dos tercios, no había reforma, y pretendía someter el asunto al fallo del Tribunal Constitucional. Todo hacía presagiar una larga disputa que mantendría tensionada la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, a riesgo de que en cualquier momento se desatara un conflicto de marca mayor.
Considerando estos antecedentes, y en vista de que en marzo de 1973 habría elecciones parlamentarias, la DC optó por no acelerar la votación en la Cámara, pensando que el resultado de las elecciones abriría las puertas a una solución. De este modo, la votación de la Cámara quedó pendiente y el conflicto en suspenso.
Conflictos con el poder Judicial
El clima de conflicto entre el Congreso y el gobierno de la Unidad Popular afectó también las relaciones entre este último y los tribunales de justicia
Durante el primer semestre de 1972 algunos juzgados de Santiago habían comenzado a decretar medidas destinadas a revertir las requisiciones de industrias dispuestas por el gobierno, lo cual generó una agria campaña contra el poder Judicial y una controversia jurídica respecto de sus competencias.
Para la UP, la actitud de los tribunales que tramitaron interdictos posesorios interpuestos por los propietarios de empresas requisadas para recuperar su posesión o querellas por usurpación contra los ocupantes de las mismas, era signo manifiesto de que los tribunales de justicia estaban tomando posiciones políticas contra el proceso de socialización en defensa de los intereses reaccionarios a los cuales estaban vinculados. Las acusaciones, amenazas e insultos contra la Corte Suprema y la “justicia de clases» se hicieron cada vez más frecuentes en los medios de comunicación gobiernistas y en las concentraciones de los partidos de la UP.
Artículo «La angustiosa lucha del poder Judicial», 28 de noviembre de 1971
Recorte de prensa «Corte Suprema no permite la infiltración política», 2 de marzo de 1972
Expresión culminante de esa reacción fue un acto de masas que el gobierno aseguró que había sido de carácter espontáneo. Tuvo lugar el 12 de julio en la plazoleta Montt-Varas, entre los edificios del Congreso y del Palacio de Tribunales.
La Corte Suprema expresó al día siguiente su más enérgica protesta al presidente Allende. El ministro de Justicia replicó de inmediato llamándole la atención por aparecer formando parte de un frente político, junto al Congreso Nacional y a la Contraloría General de la República, en contra del poder Ejecutivo, lo que fue refutado por la Corte.
Fue el inicio de un conflicto que perduraría hasta el final del gobierno.
Elecciones estudiantiles y sindicales
Durante el segundo semestre de 1972, mientras los partidos políticos comenzaban a organizarse en función de las elecciones parlamentarias de marzo de 1973, se desarrollaron distintos y variados procesos electorales que permitieron ir midiendo las fuerzas y niveles de influencia, tanto política como sectorial, que cada uno tenía.
En el ámbito sindical, los primeros días de junio se realizó la elección de la CUT. El resultado fue un contundente triunfo de los partidos de la UP, que alcanzaron más de un 68%. La DC, a pesar de obtener poco menos del 28%, logró integrar la directiva nacional de la CUT en el cargo de vicepresidente que asumió Vogel.
Declaración del PDC sobre la elección de la CUT, julio de 1972
En el ámbito estudiantil, en abril Boeninger fue relecto rector de la Universidad de Chile con el 51,8% de los votos. A fines de junio Enrique Kirberg, con el respaldo del PC, fue electo rector de la Universidad Técnica del Estado (UTE) por tercera vez, alcanzando el 62% de los votos contra el 38% de la oposición. En esos mismos días, la FECH también enfrentó su proceso de renovación de autoridades. Alejandro Rojas, candidato de la UP, fue reelegido con un 42% de los votos.
Quizás uno de los procesos electorales más emblemáticos y beligerantes de este período fue el de la Federación de Estudiantes Secundarios (Feses). Las listas fueron las siguientes: la de la DC, encabezada por Miguel Salazar, con el apoyo del PIR; la de la UP, comandada por Camilo Escalona; y la del PN, liderada por Andrés Allamand, y apoyada por la DR.
Iniciada la contabilización de los votos, comenzó una polémica porque los resultados no eran coincidentes; mientras los partidarios de la UP sostenían que había ganado Escalona, los de la DC y nacionales, señalaban que Salazar era quien se había impuesto. La polémica se extendió fuera del ámbito universitario cuando los presidentes de ambas Cámaras, el senador Ignacio Palma y el diputado Fernando Sanhueza, -ambos democratacristianos- hicieron públicas las cartas que enviaron a Salazar, instándolo a defender su triunfo. El camarada Bernardo Leighton, por su parte, en una cadena parcial de emisoras, llamó a la UP a no falsear los datos, respetar los resultados y reconocer el triunfo del candidato DC. Pero la Unidad Popular insistió una y otra vez en el triunfo de Camilo Escalona, desmintiendo cualquier acusación de fraude durante el proceso eleccionario y reafirmando la “indiscutible victoria” de su candidato.
Los dos últimos procesos eleccionarios que se realizaron en 1972 tuvieron resultados favorables para la derecha. En las elecciones para rector de Universidad de Concepción, el Frente Universitario proclamó como su candidato a Carlos Von Plessing, que ganó por poco más de 500 votos de diferencia con el candidato de la UP, Galo Gómez. En la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica, (FEUC), el triunfo, con el 48% de los votos, fue para Javier Leturia, candidato del Movimiento Gremial.
El paro de octubre
El 21 de agosto de 1972 hubo un paro nacional convocado por la Confederación del Comercio Detallista Establecido y de la Pequeña Industria y la Cámara de Comercio de Chile, que contó con el respaldo de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).
Fue el inicio de una batalla frontal y, aunque la situación logró descomprimirse gracias la mediación de la DC, dejó en evidencia que el gobierno estaba frente a un enemigo poderoso.
A comienzos de septiembre los problemas con los transportistas comenzaron a agudizarse. Por esos días el gobierno y los gremios del transporte terrestre -que incluía, además de los camioneros, a los taxistas, taxibuses y micreros-, entraron en conflicto a raíz de la petición de estos últimos de un reajuste de sus tarifas. El 8 de septiembre consiguieron un aumento provisorio del 130%, tras la amenaza de paralizar el país, pero el día 13 volvieron a amenazar con llamar a un paro general.
En pleno conflicto, el 14 de septiembre el presidente de la República denunció la existencia del “Plan Septiembre”, una operación sediciosa para derrocar al gobierno, entre cuyos participantes, según sus antecedentes, estaban los camioneros, quienes colaborarían en el complot cortando los caminos del país en ocho puntos.
Publicación periódica «Senado analizó denuncia del presidente Allende»
Esta serie de acontecimientos mostraban que se trataba de un gremio poderoso, demasiado poderoso para seguir en manos privadas. A comienzos de octubre, el gobierno decidió crear una empresa de transporte estatal en la zona de Aysén. Días después, apareció en el Diario Oficial la autorización a Codelco para aportar el 51% del capital a la empresa de transporte que trasladaba el cobre desde Chuquicamata.
En un ambiente de alta tensión, que tenía como telón de fondo la multitudinaria manifestación realizada el 10 de octubre por los partidos y grupos opositores al gobierno en “la marcha de la democracia”, los camioneros plantearon al gobierno su total rechazo al control estatal del transporte de carga y a la vez reiteraron un petitorio que incluyó reivindicaciones sectoriales y otras de carácter político, lo que fue rechazado por el gobierno. El gremio decidió entonces convocar a un paro nacional para el 11 de octubre. Así comenzó un movimiento de carácter inédito en la historia de Chile, que sirvió como válvula de escape para el descontento de varios otros sectores.
Artículo de Patricio Aylwin «La responsabilidad del presidente», 22 de octubre de 1972
Durante las tres semanas siguientes, un día unos, otro día otros, fueron manifestándose estudiantes, empleados bancarios, profesionales de distintas actividades, profesores, empleados fiscales, pilotos de LAN, organizaciones campesinas etc., cada uno planteando sus propias demandas. El 15 de octubre, el PDC acordó apoyar el movimiento hasta su pleno éxito. En los días siguientes, se plegaron la CODE, el Colegio Médico y el Colegio de Abogados, el Movimiento Gremial, las federaciones de diversos establecimientos educacionales, los empleados municipales de Santiago y múltiples organizaciones gremiales y profesionales.
El 19 de octubre se formó el llamado Comando Nacional de Defensa Gremial, que agrupó a diversas confederaciones gremiales, asociaciones educacionales, la FEUC y la SOFOFA, para enfrentar de manera unitaria el conflicto. Dos días más tarde, presentó el “Pliego de Chile”, que advertía que no aceptarían soluciones parciales respecto de las reivindicaciones gremiales, y demandaban la solución de los principales problemas políticos del momento.
Los partidos de oposición apoyaron el pliego, pero la Unidad Popular no aceptó negociar e insistió en el carácter patronal y sedicioso del paro. El presidente Allende canceló las conversaciones con los dirigentes gremiales.
Editorial «Última notificación a los sediciosos», 24 de octubre de 1972
Declaración «Réplica de la oposición al presidente de la República», 27 de octubre de 1972
Buscando una solución al conflicto, el 1 de noviembre el presidente Allende solicitó al comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, que asumiera como ministro del Interior. Su participación y la de otros representantes de las Fuerzas Armadas –uno por cada rama- en el gabinete, tenía un claro sentido de generar confianza entre el gobierno y la oposición.
La tarde del 2 de noviembre de 1972 prestaron juramento el almirante Ismael Huerta, como ministro de Obras Públicas y Transportes; el general de Brigada Aérea Claudio Sepúlveda, como ministro de Minería; el general Carlos Prats, como ministro del Interior.
El 6 de noviembre, en declaración oficial, el gobierno informó que se desistiría de represalias y querellas por actividades vinculadas al paro; no plantearía la estatización de transporte carretero; se propondría un proyecto de ley para delimitar y garantizar la actividad de transportistas privados; y se exigiría el cumplimiento de las tarifas establecidas y de los compromisos contractuales de los camioneros. Después de 24 días de paralización, en menos de 48 horas el conflicto había quedado solucionado.