Hitos del gobierno de Patricio Aylwin

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“Hago un formal llamado a todos los chilenos, para que cada uno, desde su particular situación y propio punto de vista, ayude a seguir avanzando en el camino iniciado. ”
(Patricio Aylwin, mensaje de fin de año. 31 de diciembre, 1990)

Enero de 1991
Hace 30 años.
1991: el año de las realizaciones

«Hago un formal llamado a todos los chilenos, para que cada uno, desde su particular situación y propio punto de vista, ayude a seguir avanzando en el camino iniciado.  

Se los demando, muy especialmente, para que nos esforcemos todos, con buena voluntad, patriotismo y espíritu generoso, por hacer del que comienza el año de la plena reconciliación nacional.  

Solo así podremos alcanzar el Chile que queremos, unido, democrático, en proceso constante de superación y desarrollo, en que haya trabajo digno y progreso para todos y en que imperen la paz y la solidaridad.»

Patricio Aylwin, mensaje de fin de año. 31 de diciembre, 1990

A fines de 1990, al interior del gobierno de Patricio Aylwin, se comenzó a evaluar lo que había sido el primer año de administración y a proyectar el año siguiente. Las especiales características del período presidencial, así como su duración de cuatro años, implicaban un gran desafío. De manera evidente, se trataba de un tiempo extremadamente breve, sobre todo considerando la magnitud del programa de gobierno. Por esto, se tornó fundamental definir de forma clara cuáles serían las tareas de gobierno para cada año y cómo se jerarquizarían entre el amplio conjunto de desafíos pendientes. 

Dentro del contexto de aquellos cuatro años con que contaba el gobierno de Aylwin, el primer año se había caracterizado por ser, “básicamente, un año de instalación, de recepción por parte de las fuerzas democratizadoras de la administración del Estado” y por haber puesto especial énfasis en avanzar en materia de derechos humanos y en los temas económicos – sociales. 

Ver: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Informe de análisis al 5 de octubre de 1990.

 

Lo anterior, determinó que ese año transcurriera con un alto contenido simbólico y protocolar, ya que muchas de las actividades tuvieron un impacto político por el sólo hecho de realizarse por primera vez en 17 años. Además, muchas áreas políticas tenían un carácter inaugural, y en otras se tomaron medidas reparadoras que debían marcar la diferencia entre el régimen democrático y la dictadura (Indultos, Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, funeral de Allende).

El nuevo año requeriría una lógica distinta. De la etapa de las planificaciones y de las evaluaciones de prioridades, se debía pasar a una etapa de realizaciones y gestiones concretas y tangibles. La importancia de este razonamiento, estaba además determinada por la percepción del gobierno, de que 1990 había sido vivido por la población con la conciencia de que se estaba produciendo un cambio gradual, cuyos efectos serían paulatinamente percibidos en los años siguientes. Para el gobierno era claro que desde marzo de 1990 la población tenía altas expectativas en materias económico-sociales, que si bien podían ser postergadas por un año, no podían serlo por dos.  

Considerando lo anterior, se convirtió en una premisa del gobierno de Aylwin que 1991 sería el año de las realizaciones. “Simplificando las cosas al extremo, podría decirse que tal como 1990 fue el año de los empresarios, 1991 deberá ser el año de los pobres o de la política social y las realizaciones…”.

 

Ver: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Informe de análisis al 18 de enero de 1991.

 

La relevancia de esta perspectiva estaba dada por la lógica de los años siguientes, 1992 y 1993, que sin duda estarían determinados por los eventos electorales: la próxima (aunque aún sin fecha definitiva) elección municipal y las parlamentarias y presidencial de 1993. La presencia de estos procesos electorales influiría en las posiciones políticas de los partidos ante ciertos temas, impondría una relativa preeminencia de los intereses partidarios por sobre los intereses de la gestión gubernamental, permitiría un cierto relajamiento parlamentario, endurecería la postura de los partidos de derecha, y además, distraería los esfuerzos gubernativos, que también se volcarían al proceso electoral. 

En este sentido, era claro que 1991 sería el año de gobierno efectivo de la administración de Aylwin. Mucho de lo que no pudiera realizarse en ese año, difícilmente podría hacerse después y, a la inversa, de lo que se hiciera en ese año, dependerían los resultados electorales de 1992 y 1993.

Ver: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Informe de análisis al 5 de octubre de 1990.

 

De esta manera, la importancia dada a las realizaciones proyectadas para 1991, tuvo además otra razón de ser: triunfar en las elecciones de 1993, proyectando la Concertación más allá de ese año. Este objetivo, vino a ser la sexta meta o tarea del gobierno, además de las cinco ya definidas en mayo de 1990.  

El imperativo entonces, fue constituirse en “un gobierno que tiene carácter fundacional, que expresa y conduce a una mayoría política y social, y que persigue como un objetivo central la mantención de una Concertación que es capaz de darle continuidad a las tareas que se comenzaron a abordar a partir de 1990, sin discontinuidades esenciales y sin revisiones fundamentales que impliquen un nuevo giro en la trayectoria que el país está siguiendo”.  

 

Ver: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Informe de análisis al 17 de junio de 1991.

 

 

Las tareas de 1991

 

El segundo año de gobierno de Aylwin debía ser el año de las realizaciones. Esto, en cuanto al crecimiento de la economía, en lo relativo a la aplicación de las políticas sociales en las que el gobierno estaba comprometido y en el avance en la definición de un marco de reformas constitucionales.  

 

Ver: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Informe de análisis al 23 de noviembre de 1990.

 

De esta manera, en materia social, algunas de las prioridades definidas fueron el área de la juventud, la delincuencia y el sector laboral. Respecto al primer tema, existía preocupación por la penetración que el Movimiento Juvenil Lautaro estaba logrando en este segmento de la sociedad. Esto implicaba definir políticas juveniles, que pudieran concretar las expectativas que la juventud había desarrollado en torno a la llegada de la democracia. Lo anterior, además estaba relacionado con la preocupación acerca de la delincuencia. Por un lado, ésta debía ser combatida para asegurar la seguridad de las personas. Por otro, existía el riesgo de que este tema fuera explotado por la derecha, como una muestra de debilidad e ineficacia del gobierno.  

Lo mismo sucedía con la problemática de los grupos armados. Desde los primeros meses de 1990 fue claro que continuarían con los atentados, a pesar de la llegada de la democracia. El gobierno aún no definía una política específica para combatirlos, sin embargo, comenzó a ser proyectado como un importante desafío a enfrentar en los años siguientes. 

En materia laboral, a pesar de que el gobierno había dado un gran paso al conseguir la firma del llamado Acuerdo Marco, se proyectaban algunos conflictos. En parte, debido a que las negociaciones con los distintos sectores laborales continuarían (ferrocarriles, FENATS, empleados del poder judicial y otros), por las próximas elecciones internas de la CUT y la nueva negociación que deberían realizar respecto del salario mínimo. Así, para el gobierno se tornaba fundamental continuar con los acuerdos, diversificando la agenda y profundizando las relaciones con este sector, evitando el surgimiento de movilizaciones o conflictos por demandas no satisfechas. 

 

Ver: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Informe de análisis al 18 de enero de 1991.

 

Respecto a los objetivos políticos, existían varias tareas, las cuales contribuirían a concretar la mantención de la coalición y triunfar en las elecciones de 1993. Una de ellas, era avanzar en el tema de los derechos humanos. La próxima entrega del Informe Rettig al presidente Aylwin, y su conocimiento a la opinión pública, implicaba dar un gran paso en este sentido, y al mismo tiempo significaba una de las mayores preocupaciones para principios de 1991. Se proyectaban tensiones con las agrupaciones de derechos humanos y el gobierno, las cuales podrían ser explotadas por la izquierda extra Concertación y por los grupos armados de extrema izquierda, con el fin de recomponer frentes sociales que le fueran útiles para amparar y legitimar su acción. Por esto, era muy importante definir políticas concretas de reparación para los familiares de detenidos-desaparecidos y mantener buenas relaciones que les permitieran sentirse y ser parte de la política de derechos humanos del gobierno. 

Íntimamente relacionado con el tema de los derechos humanos, se encontraban las relaciones cívico militares. Al respecto, el gobierno pronosticaba desistir, al menos por un tiempo, de desalojar al general Pinochet de la Comandancia en Jefe. Sin embargo, sí se consideraba necesario profundizar la relación de subordinación institucional de las Fuerzas Armadas respecto al gobierno, aunque existía conciencia respecto de que se trataría de un proceso largo y complejo, que incluso sobrepasaría los años de gobierno de Aylwin.  

 

Ver: Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Informe de análisis al 5 de octubre de 1990.

 

Finalmente, un último objetivo en materia política fue profundizar ciertas iniciativas legislativas democratizadoras. En primer lugar, se esperaba tramitar exitosamente en el Congreso aquellas materias en las que existía posibilidad de llegar a acuerdo con algún sector de la derecha, tales como la reforma municipal, el Tribunal Constitucional y el Calificador de Elecciones

 

Textos:
Carlos Bascuñán E. y Magdalena Eichholz C.

Documentos:
Archivo personal Patricio Aylwin http://www.archivopatricioaylwin.cl/
Archivo presidencial Patricio Aylwin >http://www.archivospublicos.cl/