LA EXPERIENCIA POLÍTICA DE LA
UNIDAD POPULAR
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La experiencia política de la Unidad Popular / Hacia el poder total
Hacia el poder total
Entre el consenso y el conflicto
Las elecciones municipales revelaron un virtual empate político entre gobierno y oposición. Aunque en esta última fueran notorias las diferencias entre nacionales y democratacristianos, era claro que unos y otros resistirían los intentos de la UP para imponer unilateralmente su voluntad.
Al finalizar la campaña electoral, hablando al país el 1 de abril, el expresidente Frei había dicho que frente a los propósitos gubernativos de llevar a Chile al socialismo, para grandes sectores del país, -que la DC procuraba interpretar-, «lo que importa es saber de cuál socialismo nos hablan, si del democrático, humanista o comunitario; o del monolítico o totalitario… si se quiere proponer un esquema social y económico sobre la base de un consenso mínimo; o si se busca imponer como método y finalidad el conflicto que rompa toda posibilidad de convivencia».
El resultado electoral puso de manifiesto ese dilema. Para llevar adelante su programa de transformaciones, el gobierno tenía dos caminos posibles: buscar un acuerdo con la DC, cuya inclinación a favor de los cambios era conocida, o seguir empeñándose en avanzar por sí solo, mediante el ejercicio y acrecentamiento de su propio poder.
El consejo plenario del PDC reunido en Cartagena el 9 de mayo de 1971, aprobó por unanimidad un voto -propuesto y redactado por el senador Renán Fuentealba- que declaraba que la DC no desestimaba la posibilidad de acuerdos con el gobierno de la UP para la realización de objetivos determinados y específicos, pero que cumplía su deber frente a Chile y los chilenos manteniéndose en una oposición independiente.
El presidente Allende no se dio por aludido de los planteamientos democratacristianos. En su mensaje del 21 de mayo ante el Congreso Nacional, se limitó a expresar la esperanza de que la responsabilidad de los movimientos y partidos de masas en la construcción del nuevo régimen social fuera compartida por la DC, que debía manifestar su consecuencia con los principios y programas que tantas veces había expuesto al país.
Haciéndose cargo de este verdadero emplazamiento presidencial, el PDC precisó que estaba llano a “apoyar lealmente todas las iniciativas del gobierno que sean buenas para el interés nacional y por la misma razón a rechazar todas las que nos parezcan inconvenientes. Pero tanto, el señor presidente, como la coalición que lo apoya, deben saber, tajante, definitiva y categóricamente, que somos nosotros, los democratacristianos, quienes definimos cuándo apoyamos y cuándo rechazamos… Es por ello que le recordamos al presidente de la República que no es él quien nos debe indicar cuándo debemos ser consecuentes».
Recorte de prensa «Tres visiones para un mensaje presidencial», 30 de mayo de 1971
Era obvio que el objetivo común de comunistas y socialistas -conquistar la totalidad del poder- no podría alcanzarse mediante un entendimiento con el PDC, que significaba necesariamente someterse a las reglas propias de la institucionalidad democrática, las cuales suponen que nadie acapara la totalidad del poder, sino que éste se comparte entre mayorías y minorías.
Consecuentemente, la UP eligió el otro camino: avanzar por sí sola. Para ello puso en juego todos los recursos a su alcance.
Ofensiva publicitaria
A comienzos de abril de 1971 se realizó en Santiago una asamblea nacional de periodistas de izquierda. En su inauguración, Allende pronunció un discurso en que destacó la necesidad de convertir el millón cuatrocientos mil votos logrados en la elección municipal «en un millón cuatrocientas mil conciencias revolucionarias”.
Discurso del presidente Salvador Allende en asamblea de periodistas de izquierda, 9 de abril de 1971
La asamblea culminó con una declaración unánime afirmando que los periodistas, como parte de la clase trabajadora, debían luchar activa y organizadamente para rescatar los medios de comunicación para las grandes mayorías nacionales, siendo su más alta misión apoyar y defender al gobierno popular conjuntamente con todos los trabajadores, para concluir que solo es verdaderamente objetivo el periodismo que se identifica con el gran proceso histórico, revolucionario, que en estos días agita al mundo y que levanta su trinchera victoriosa en nuestra patria.
«Voto político de los periodistas de izquierda: Operación Verdad sin cuartel», 11 de abril de 1971
Estas amenazas, latentes en los debates y acuerdos de esa asamblea de periodistas de izquierda, dieron origen a críticos comentarios y motivaron una carta abierta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), al presidente de la República planteándole sus inquietudes.
Como resultado de esa asamblea, se constituyó una comisión relacionadora de periodistas de izquierda, se acordó procurar la formación de Comités de Unidad Popular (CUP) en todos los medios de comunicación y se puso en marcha, con gran despliegue publicitario, la llamada «operación Verdad», en que periodistas y personalidades extranjeras recorrieron el país, se entrevistaron con las autoridades, hicieron una visita protocolar al Senado, departieron con trabajadores y estudiantes y se reunieron con Allende.
En los mismos días en que se realizaban estos eventos, el gobierno procuraba asfixiar económicamente a los medios de comunicación, sometiéndolos a fijación y control de precios. Paralelamente, la propaganda comercial, base principal de su financiamiento, declinó de manera sustancial y las industrias estatizadas comenzaron a distribuir su propaganda exclusivamente entre los medios afectos al régimen.
En el ámbito radial, se produjo un verdadero silenciamiento de radios no afines al gobierno, como Chilena, Cooperativa, Presidente Balmaceda, Agricultura, Minería, Nuevo Mundo, Carrera y Panamericana. Los partidos gobiernistas llegaron a controlar el 65,6% de los programas informativos de las emisoras del Gran Santiago, según lo sostuvo el PDC en una inserción publicada en la prensa el 26 de septiembre de 1971.
Declaración «La libertad de prensa en Chile», 26 de septiembre de 1971
En cuanto a la televisión, el canal nacional dejó de cumplir su obligación legal de informar objetivamente sobre el acontecer nacional e internacional y se convirtió en un verdadero órgano de propaganda del gobierno y de la UP.
Declaración «Declaración del Directorio de Televisión Nacional de Chile», 11 de febrero de 1971
A mediados de septiembre, en sesión especial de la Cámara de Diputados para analizar los diversos conflictos que estaban ocurriendo en distintos medios de comunicación, tanto escritos como radiales, el diputado democratacristiano José Monares, expresó que el propósito del gobierno era muy claro: “tener bajo el control de los miembros de la Unidad Popular y de los sectores adictos al gobierno, todos los medios de difusión posibles, para ‘concientizar’ muchos sectores de chilenos”. [Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, sesión n°36, 15 de septiembre de 1971]
Para los sectores oficialistas, esta conducta se justificaba por lo que consideraban «falta de representatividad» de dichos medios. En un foro que tuvo lugar en la Universidad Técnica del Estado (UTE), el diputado comunista Jorge Inzunza sostuvo que la libertad de expresión había estado siempre ligada a la capacidad económica y por consiguiente ajena a las organizaciones de masas, situación que debería variar para que dichas organizaciones, verdaderamente representativas del pueblo, fueran las propietarias de los medios de comunicación a fin de que su voz pudiera hacerse escuchar.
El 23 de noviembre, en un discurso pronunciado en la Cámara, el diputado democratacristiano Mariano Ruiz-Esquide dijo que la honra ajena, el respeto por la persona humana y el derecho a disentir, habían desaparecido de los valores morales de la prensa oficialista. Ahora bastaba no ser de gobierno para ser ‘vendido’, ‘tránsfuga’, ‘carajo’ o ‘infeliz’, según los títulos de sus diarios.
Intervención «Análisis de un año de gobierno de la Unidad Popular», 23 de noviembre de 1971
Colectivización del agro
Desde la constitución en diciembre de 1970 del primer Consejo Comunal Campesino generado directamente desde la base, prontamente comenzaron a organizarse en muchas otras comunas, especialmente en las provincias de Cautín y Colchagua, intentando asumir por sí mismos las funciones ejecutivas de la reforma agraria e imponer a la CORA y demás servicios públicos, sus decisiones sobre los predios que debían expropiarse, el tipo de explotación que debía realizarse y la solución de todos los problemas del campesinado en la comuna. Es lo que se llamó «poder campesino», que surgía como paralelo al poder del Estado y de su “legalidad burguesa”.
Para asegurarse de que serían oídos y no se les tramitaría, los consejos recurrieron a tomas, corridas de cerco y otras medidas de fuerza. Estas tomas provocaban la paralización de las actividades del predio y el consiguiente decreto de reanudación de faenas; el interventor designado por la autoridad -un funcionario de reconocida militancia oficialista-, aplicando con celo las instrucciones de la «Cartilla sobre intervención de predios agrícolas» del Icira, contrataba trabajadores, convenía regalías, obtenía crédito bancario por cuenta y en representación del dueño y administraba discrecionalmente en su lugar, sin el menor ánimo de devolver la tierra a su propietario.
«Cartilla sobre intervención de predios agrícolas», enero de 1971
El 11 de agosto de 1971 el senador falangista Ricardo Ferrando informó que, según Boletín Oficial de la CORA, hasta el 19 de junio se habían expropiado 984 predios en el curso del año. ¿Qué había pasado con esos predios en los cuales, a pesar de la expropiación decretada, no se habían constituido los asentamientos previstos por la ley de reforma agraria? Esta era perentoria: «Producida la expropiación de un predio y habiendo la CORA tomado posesión del mismo, ésta procederá a la instalación de un asentamiento campesino
Discursos del senador Ricardo Ferrando en sesiones N°33 y 38 del Senado, agosto de 1971
Pero la política de asentamientos, base de la reforma agraria, parecía no satisfacer a los personeros de la UP a cargo del sector agrícola. En vez de ellos, se organizaron comités campesinos y, en la zona forestal del sur del país, complejos madereros que, al margen de la ley, tomaban de hecho en sus manos la explotación conjunta de varios predios.
Como entre los partidos de la UP no había criterios uniformes sobre la forma de organización económico social que debería asumir el sector reformado, tardó hasta fines de agosto de 1971 la definición de una política oficial al respecto. El 20 de ese mes, el Consejo de la Cora aprobó el proyecto elaborado por la comisión agraria de la UP, por el cual se crearon los Centros de Reforma Agraria (CERA), que pasaron a sustituir a los asentamientos como forma de organización de la explotación transitoria de los predios una vez expropiados.
Artículo «Esta tarde dan el vamos a Centros de Reforma Agraria», 20 de agosto de 1971
Recorte de prensa «Nueva área de propiedad agrícola explicó Chonchol», 27 de agosto de 1971
Para los opositores, la creación de los CERA aparecía como una forma de ir abriendo camino, al margen de la ley, a las haciendas campesinas estatales, tal como se exponía en un documento de la Comisión Nacional Agraria Socialista (Conas), dado a conocer en junio.
Editorial «Aplicación de la reforma agraria», 5 de septiembre de 1971
Entrevista «Diputado Andrés Aylwin: Campesinos rechazan mero cambio de patrón», septiembre de 1971
Recorte de prensa «Reforma de la empresa agrícola propone la SNA», 19 de noviembre de 1971
En un documento emitido a fines de noviembre de 1971, la comisión política del PS confirmó ampliamente dichas aprensiones al aseverar que «los CERA franquean el avance hacia formas superiores de propiedad social, evitando el peligro que significa la creación de cooperativas asignatarias de tierras dentro de una sociedad en que la clase trabajadora no ha conquistado todavía el poder”. En el mismo documento dejó en claro su criterio de que «no está en el orden del día la asignación de la tierra que se está expropiando al latifundio», que «en cuanto al problema mismo de la asignación de la tierra, no debe entregarse en dominio a cooperativas asignatarias» y que «en los asentamientos que hayan cumplido cinco años, los propios asentados deben elegir entre trabajar organizados en CERA o en cooperativas asignatarias, con huerto y casa individua
Al terminar el año 1971 el gobierno había expropiado 1.378 predios con una superficie de 2.600.000 has., cifras que exhibió como un gran éxito al compararlas con los 1.349 predios con 3.400.000 has. expropiadas durante el mandato del presidente Frei. Pero en muy pocos de esos predios expropiados por la nueva administración se cumplió el mandato legal de constituir asentamientos. Casi todos se integraron en Centros de Reforma Agraria. Y en los antiguos asentamientos que habían cumplido o sobrepasado el plazo legal para proceder a asignar la tierra en dominio individual o a cooperativas, no faltaron pretextos para dilatar ese trámite, siendo muy pocos los casos en que se hizo la asignación.
«Memorándum Federación de Asentamientos», 12 de enero de 1971
Artículo «La situación agrícola chilena», 18 de enero de 1971
Estatización acelerada de la economía
El programa de la UP planteaba que el proceso de transformación de la economía se iniciaba con una política destinada a constituir un área estatal dominante formada por las empresas que tenía el Estado más las empresas que se expropiaran.
Como la realización de ese programa exigiría expropiar las empresas que se decidiera estatizar y la Constitución Política exigía ley para autorizar expropiaciones y para reservar al Estado el dominio exclusivo de cualquier clase de bienes, parecía obvio que el proceso de creación del área social de la economía debería ser fruto de una legislación que el Parlamento debatiera y aprobara.
Sin embargo, descartando desde el inicio el empleo de la vía legislativa para crear el área de propiedad social, y ahorrándose así el más mínimo esfuerzo para lograr mayoría al respecto, el gobierno emprendió la tarea de apoderarse lo más rápidamente posible de cuanta empresa estimó interesante, valiéndose para ello de la vía administrativa -mediante el ejercicio de algunas atribuciones que la legislación vigente otorgaba a ciertos servicios públicos- o de la vía de hecho, mediante expropiaciones, requisiciones e intervenciones de empresas, no obstante los reparos jurídicos de la Contraloría General de la República.
Artículo «Vuskovic define criterios para realizar expropiaciones», 23 de marzo de 1971
De esta forma, el gobierno fue apoderándose rápidamente de la industria nacional. Naturalmente, los propietarios afectados reclamaron y, siendo tantos y tan importantes los intereses comprometidos, la controversia adquirió contornos nacionales y un altísimo grado de pasión.
El debate jurídico pasó de la Contraloría a los Tribunales y al Congreso Nacional. En este último, no solo se criticó el abuso que importaban los resquicios legales, sino también el hecho de que se estuvieran impulsando cambios fundamentales en la estructura económica nacional -que por su naturaleza debían ser materia de ley- al margen del poder Legislativo.
En junio de 1971, el senador democratacristiano Ignacio Palma denunciaba «la marginación del Parlamento en la configuración de las tres áreas de la economía» y reclamaba como «absolutamente necesario el envío por parte del Ejecutivo, con extraordinaria urgencia, de un proyecto de ley sobre la materia”. [Diario de sesiones del Senado, sesión n°2, 1 de junio de 1971]
Por su parte, Benjamín Prado, también senador del PDC, acusó al gobierno de estar procurando imponer, por caminos torcidos, un socialismo estatista, colectivista y totalitario. [Diario de sesiones del Senado, sesión n°2, 1 de junio de 1971]
Pero el ministro Vuskovic prosiguió, impertérrito, su política de estatizaciones.
Violencia generalizada. Asesinato de Pérez Zujovic
Desde los inicios del gobierno, los incidentes violentos se convirtieron en ocurrencia cotidiana. El ambiente cívico nacional se cargó de sospechas y recriminaciones. Menudearon las denuncias sobre existencia de grupos armados. La oposición acusaba al gobierno de tolerancia y hasta complicidad en la acción delictuosa de elementos extremistas y el gobierno acusaba a la derecha y especialmente al movimiento nacionalista Patria y Libertad de promover la violencia con afanes sediciosos.
El MIR impulsaba deliberadamente este tipo de acciones. Según su tesis, ellas respondían a la necesidad de la movilización organizada de las masas y la elevación de su conciencia revolucionaria. Su influencia en las provincias del sur, especialmente entre los mapuches, llegó a causar alarma aún entre miembros de la UP al punto que tanto el presidente Allende, como el comité político de la Unidad Popular, responsabilizaron al MIR de confundir al pueblo y alejar del gobierno a importantes sectores de la población. Pero los líderes miristas siempre hicieron caso omiso de estas acusaciones y culpaban al gobierno de implementar programas “a medias”, llamando al pueblo a organizarse para conquistar el poder.
Pero el hecho que por esos meses causó mayor conmoción fue el asesinato de Edmundo Pérez Zujovic, exvicepresidente de la República, ocurrido el 8 de junio cuando se dirigía a su oficina, en su automóvil, acompañado de una hija.
Recorte de prensa «Unánime repudio al crimen», 9 de junio de 1971
En medio de toda esta tragedia, quedó en pie el emplazamiento de la DC al gobierno, formulado tan pronto se produjo el asesinato de Pérez Zujovic: primero, que el gobierno ordene la inmediata disolución y sanción de todos los grupos armados que actúan en Chile al margen de la ley y la plena restitución de su autoridad a Carabineros y a la policía civil; se incauten las armas que tienen en su poder y su inmediata entrega, bajo inventario, a la autoridad militar o a Carabineros; la inmediata terminación de la campaña de insultos, difamaciones y calumnias que se expresan de continuo en los órganos de televisión, prensa y radio controlados o afectos al gobierno y sus partidos.
Estos requerimientos seguirían siendo uno de los factores decisivos en las relaciones entre la DC y el régimen del presidente Allende.
Intentos por dividir al PDC
En su cuenta a la junta nacional del PDC realizada a mediados de diciembre de 1970, el presidente de la colectividad, senador Benjamín Prado, había dicho que una de las alternativas que veía en la acción del nuevo gobierno era el posible intento de «liquidación de las fuerzas políticas no marxistas y en particular del PDC», mediante «un doble juego: en el plano de la discusión política, la UP pediría a la DC su apoyo en capítulos fundamentales del programa de Allende en el que se sabe tenemos coincidencias básicas. Simultáneamente, intentarían por todos los medios desplazarnos de los organismos representativos de las fuerzas sociales en el sector sindical, campesino, poblacional y estudiantil”.
A fines de septiembre de 1971, hablando en el Senado a nombre del PDC, el senador Renán Fuentealba calificaba de profético el análisis hecho por Prado: “fue acertado en cuanto preveía que íbamos a comenzar a caminar hacia un tipo de socialismo totalitario y estatista, que la DC sería permanentemente requerida para prestar apoyo a algunas iniciativas del gobierno y que, de manera simultánea, tratarían de destruirla los partidos políticos y el propio gobierno”.
¿Qué había pasado en ese lapso? La UP había advertido que, para alcanzar su meta estratégica del «poder total», el principal obstáculo era la DC y, no pudiendo eliminarla, se había propuesto dividirla, procurando atraer a algunos democratacristianos considerados como «buenos» y «progresistas», y desprestigiando a otros como «malos», «reaccionarios» o «momios».
Aun cuando en las bases del PDC esta estrategia divisionista, además de herir «el sentido de familia» de la militancia, no encontraba eco, porque la posición de la directiva interpretaba el sentimiento común de los militantes, los artífices de esa estrategia divisionista contaron con dos factores a su favor: el ideologismo izquierdista y revolucionario de algunos dirigentes democratacristianos, especialmente en el ámbito juvenil; y la aparición en el mundo católico de un grupo de sacerdotes en actitud de abierto apoyo al gobierno de Allende.
A mediados de 1971 Bosco Parra, Luis Badilla, presidente de la JDC, un consejero nacional, varios dirigentes juveniles y ocho diputados renunciaron al partido imputándole «un proceso de derechización creciente» y fundaron un nuevo partido, la Izquierda Cristiana, al cual se incorporaron días después, previa renuncia al MAPU, el ministro Jacques Chonchol y los parlamentarios Rafael Agustín Gumucio, Alberto Jerez y Julio Silva. La escisión, largamente «muñequeada» desde La Moneda, fue mucho menor de lo que sus promotores esperaban; solo afectó a la superestructura partidaria, pero prácticamente no llegó a las bases.
Recorte de prensa «Badilla explica su posición y renuncia al PDC», 29 de julio de 1971
Recorte de prensa «Creciente derechización de la DC provoca renuncias masivas», 29 de julio de 1971
Recorte de prensa «Irureta: Son falsas acusaciones de los que se fueron», 6 de agosto de 1971
Bernardo Leighton, uno los fundadores de la Falange Nacional, dijo que la actitud de los renunciantes «no tenía fundamento alguno» porque no era verdad que el PDC hubiera pactado con la derecha, pero que si hubiera «peligro de una hecatombe constitucional, con la derecha o con el diablo nos uniremos para defender la democracia”. Y en su habitual lenguaje directo, Tomic atribuyó al gobierno y a la UP «la primera causa y la mayor responsabilidad del antagonismo creciente entre la DC y la UP».
Entrevista del diario mexicano Excelsior a Radomiro Tomic, 11 de agosto 1971
En los meses siguientes, la campaña de los partidos oficialistas contra el PDC, lejos de disminuir, arreció, procurando provocar en sus bases deserciones hacia la Izquierda Cristiana.
Recorte de prensa sobre la «arremetida anticomunista» de Eduardo Frei, 24 de septiembre de 1971
¿Hacia una definición plebiscitaria?
Bajo el título «Un nuevo orden institucional: el Estado Popular», el programa de la UP contemplaba la creación de una Asamblea del Pueblo que correspondía, con ligeras variantes, a la experiencia de la mayor parte de los países socialistas. Su establecimiento era, sin duda, el medio más efectivo para lograr la toma del poder total a que aspiraba la UP. Pero ello requería una reforma constitucional imposible de realizar sin mayoría parlamentaria, lo que no podía esperarse alcanzar antes de dos años, cuando el Congreso Nacional se renovara en las elecciones del marzo de 1973. De ahí el empeño de sus dirigentes en obtener a corto plazo el apoyo popular mayoritario que les permitiera enfrentar con éxito un plebiscito para reformar la Constitución a fin de reemplazar al Parlamento por la Cámara Única, en la que confiaban dominar sin contrapeso y, de ese modo, disponer de todo el aparato del Estado.
En su mensaje ante el Congreso Pleno el 21 de mayo de 1971, Allende anunció que «en un momento oportuno» sometería «a la voluntad soberana del pueblo la necesidad de reemplazar la actual Constitución, de fundamento liberal, por una Constitución de orientación socialista y el sistema bicameral en funciones por la Cámara Única”.
En la primera sesión del Senado después del referido mensaje, el 1º de junio, el presidente de la Corporación, senador Patricio Aylwin, hizo ver que precisamente “por fundarse en el voto popular expresado libre y limpiamente en la elección de cada uno de los senadores y diputados que lo integran, el Congreso Nacional es, de hecho y de derecho, el Parlamento del Pueblo».
Declaración del presidente del Senado, Patricio Aylwin, 1 de junio de 1971
El proyecto de crear una Asamblea del Pueblo enfrentó al oficialismo con el Congreso, y marcó el inicio de una virulenta campaña de desprestigio contra el poder Legislativo, el poder Judicial y la Contraloría General de la República.
Declaración del comando político de la Unidad Popular, 26 de junio de 1971
Declaración de la comisión política del PS, 27 de junio de 1971
Recorte de prensa «Allende: Si no hay Cámara Única, habrá plebiscito», 6 de julio de 1971
Recorte de prensa «No hay tal empate de fuerzas dice senador Fuentealba», 28 de julio de 1971
Sin embargo, la iniciativa, tantas veces anunciada, tardó en concretarse
El 16 de noviembre, el gobierno presentó a la Cámara de Diputados el proyecto de reforma constitucional. Era un proyecto misceláneo, porque proponía reformar la Constitución en variadas materias: el restablecimiento de los pactos electorales, el establecimiento del área social de la economía; reservaba al Estado numerosas actividades económicas; e introducía, entre las garantías constitucionales, la igualdad jurídica de la mujer, la asistencia judicial obligatoria a todos los habitantes y un sistema de seguridad social. La idea central era, sin duda, la sustitución del Senado y de la Cámara de Diputados por una Cámara Única que se renovaría cada seis años en elecciones simultáneas con las de presidente de la República. Este podría disolverla una vez durante su período. [Diario de sesiones de la Cámara de Diputados, sesión n°3, 16 de noviembre de 1971]
Bastaba leer el proyecto para advertir que mediante él se buscaba una definición plebiscitaria. Si el Congreso no aceptaba su propia muerte para dar paso a la Cámara Única, el Presidente convocaría al pueblo a decir la última palabra. Las reformas económicas y, especialmente, los nuevos derechos que el proyecto consagraba, le permitían esperar un respaldo mayoritario.
El desafío estaba lanzado.