LA EXPERIENCIA POLÍTICA DE LA
UNIDAD POPULAR
Documentos para la historia
La experiencia política de la Unidad Popular / Primeros meses de gobierno
Primeros meses de gobierno
El cuadro político
Inaugurado el gobierno de la Unidad Popular, el mapa político nacional mantuvo la configuración a «tres bandas» que se había exacerbado durante la campaña presidencial.
Procurando arrastrar a la DC hacia una oposición intransigente, en enero de 1971 los máximos dirigentes del Partido Nacional y de la Democracia Radical, plantearon públicamente la constitución de un Frente Cívico o Unitario. El llamado, sin embargo, no encontró acogida entre los democratacristianos, para quienes la derecha solo representaba intereses minoritarios y estaba definitivamente superada por la historia.
La junta nacional del PDC reunida los días 12 y 13 de diciembre acordó enfrentar al gobierno del presidente Salvador Allende en forma objetiva y limpia, mantener una favorable disposición para colaborar en el plano legislativo y llevar adelante las reformas que la UP y la DC habían propiciado en la campaña presidencial y no cesar en su preocupación para que el proceso de cambios se desarrollara dentro de los cauces constitucionales y legales.
La Democracia Cristiana, una opción política para Chile, diciembre de 1970
Luis Maira: “Un método popular para hacer oposición”, marzo de 1971
Pero la UP, en vez de procurar atraer a la DC para ampliar la base de apoyo social e institucional de su gobierno, se empeñó más bien en empujarla hacia la derecha, con la clara intención de dividirla, coincidiendo de ese modo con la estrategia del PN.
Pese a todo ello, el PDC mantuvo su identidad y se esforzó por realizar una política independiente, de oposición definida a la par que constructiva.
Principales realizaciones
Desde sus inicios, la acción gubernativa se orientó hacia el inmediato cumplimiento de diversos objetivos de su programa, en los más variados aspectos. Prácticamente no pasó un día sin que se adoptara una medida impactante, algunas meramente efectistas, otras de real importancia, pero siempre acompañadas de una bien orquestada publicidad.
Entre las realizaciones de estos primeros meses de gobierno, destacaron:
La política de reactivación y redistribución del ingreso
El 27 de noviembre de 1970, el ministro de Hacienda Américo Zorrilla expuso la política económica del nuevo gobierno ante la Comisión Mixta de Presupuestos del Congreso Nacional y anunció un plan económico para 1971 cuyos objetivos fundamentales eran la reactivación de la economía y la redistribución de los ingresos, aparte de los cambios estructurales que se iniciarían con la estatización de la banca, la nacionalización de las grandes explotaciones mineras y de algunos monopolios de la producción y la distribución, el avance decisivo de la reforma agraria y la ampliación del área del comercio exterior.
La estatización de la banca
El 30 de diciembre de 1970 el presidente de la República anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para estatizar el sistema bancario.
El proyecto, sin embargo, no se presentó jamás. Prescindiendo de todas las críticas que había suscitado el anuncio, el gobierno llevó adelante su oferta de compra de acciones bancarias por la vía administrativa, valiéndose para ello de la Corporación de Fomento de la Producción, Corfo.
Una comisión especial designada por la Cámara de Diputados para investigar la materia, declaró ilegal este procedimiento. Lo mismo hicieron la Comisión Antimonopolios y la Corte Suprema. Pero tanto el Consejo de Defensa del Estado como la Contraloría General de la República lo estimaron ajustado a derecho.
Recorte de prensa «Es legítima la compra de acciones bancarias», 2 de marzo de 1971
En su discurso al país el 30 de marzo de 1971 el presidente Allende pudo jactarse de tener el 35% de las acciones del Banco de Chile; el 65% del Banco Continental; el 85% del Banco Israelita; el 84% del Banco Nacional del Trabajo; el 97% del Banco O’Higgins; el 95% del Banco Panamericano; el 61% del Banco Sur de Chile; el 91% del Banco de Talca; y el 64% del Banco de Valdivia.
Al finalizar el año 1971 el Estado controlaba totalmente 15 bancos comerciales, entre ellos cuatro de los cinco extranjeros, y en los 11 restantes era por muy lejos el principal accionista.
La nacionalización del cobre
El 21 de diciembre de 1970, en multitudinaria concentración frente al palacio presidencial, Allende anunció al país el envío al Parlamento de un proyecto de reforma constitucional para «recuperar el cobre para Chile”.
La presentación de este proyecto dio origen a un intenso debate nacional y a un exhaustivo análisis parlamentario.
La controversia se centró en varias cuestiones que suscitaban fuertes dudas y justificadas reservas. Las principales fueron las siguientes: ¿Era necesaria una reforma constitucional para llevar a cabo la nacionalización del cobre? ¿Era necesario deshacer lo avanzado en el proceso de chilenización del cobre mediante la constitución de las sociedades mineras mixtas, en varias de las cuales el Estado tenía mayoría? ¿Qué actividades, empresas y bienes quedarían comprendidos dentro de las normas sobre nacionalización? ¿Cuáles serían los efectos de las concesiones mineras que en el futuro se otorgaran y en qué situación quedarían los entonces titulares de propiedad minera? ¿Qué alcance tendría la norma que privaba de toda eficacia a los derechos o garantías reconocidos por el Estado a particulares mediante acuerdos u otros actos con efectos contractuales? ¿Cuál era el real significado del precepto que permitía deducir, de la indemnización a las empresas expropiadas, los «beneficios excesivos» que hubieren obtenido, y qué consecuencias podría acarrear? ¿De qué manera la nacionalización afectaría los derechos de los trabajadores del cobre y la participación de las provincias productoras en los ingresos de la gran minería?
Minuta de Patricio Aylwin «Nacionalización del cobre», enero de 1971
A comienzos de mayo de 1971 el proyecto quedó totalmente despachado en ambas ramas del Congreso. Salió manifiestamente mejorado, lo que el ministro de Minería Orlando Cantuarias reconoció hidalgamente. El 11 de julio se reunió el Congreso Pleno para su ratificación, la que se produjo por unanimidad. Ese día fue declarado por el gobierno Día de la Dignidad Nacional y celebrado con una concentración en la plaza de los Héroes de Rancagua, desde donde el presidente de la República se dirigió al país por cadena nacional de radio y televisión.
El 15 de julio el presidente Allende promulgó solemnemente la reforma. En la ocasión, el presidente del Senado, Patricio Aylwin, destacó la contribución del Parlamento a la reforma promulgada y la responsabilidad del Ejecutivo en su aplicación.
Principales conflictos
Campaña publicitaria de descalificación y descrédito en contra de la oposición
Desde los primeros días subsiguientes a la instalación del nuevo gobierno, se desencadenó una agresiva campaña publicitaria de descalificación y descrédito contra caracterizados personeros de la derecha y de la Democracia Cristiana. Aunque las más altas autoridades del gobierno y de la Unidad Popular no participaban directamente en ella, tampoco ejercían real influencia para detenerla.
La difamación sistemática, la acusación de «sedicioso» y «golpista» y hasta el insulto procaz, pasaron a ser armas habituales de la publicidad oficialista contra los opositores. Los diarios Clarín, Puro Chile y Las Noticias de Última Hora y la revista Punto Final daban la nota alta en la materia, marcando el debate periodístico y la lucha política con una tónica de grosería, sordidez y odiosidad en la cual fueron cayendo también algunos órganos opositores, como el diario Tribuna y Sepa, y que prosiguió en constante aumento hasta el término del régimen.
Conferencia de prensa «Presidente DC denuncia intriga periodística», 3 de febrero de 1971
Declaración del Partido Socialista ante insolencia derechista, 15 de marzo de 1971
Recorte de prensa «Increíble ataque a Eduardo Frei», 30 de marzo de 1971
El propio Allende contribuyó a alentar ese clima de malsana odiosidad cuando, en sus improvisadas exposiciones públicas, se dejaba llevar por el entusiasmo empleando un lenguaje agresivo contra ciertos sectores, formulando acusaciones de delitos que nunca llevó a la justicia o denunciando proyectos sediciosos cuyos hilos decía conocer, pero que jamás precisó.
El control total de la administración del Estado
Otro escenario muy importante donde la UP demostró sus apetitos de poder y su menosprecio a los derechos ajenos, fue la Administración pública. Tan pronto asumió Allende y aún antes, todos los funcionarios que desempeñaban cargos de confianza del jefe de Estado presentaron sus renuncias. También lo hicieron algunos jefes de servicios y empleados superiores que, conforme a la Constitución Política, no podían ser removidos sino con acuerdo del Senado. Pero los partidos oficialistas revelaron la intención decidida de tomar rápidamente en sus manos el control total de la administración del Estado, sin respeto alguno por la carrera funcionaria.
Inútiles resultaron todas las protestas y aún las decisiones de la Contraloría General de la República amparando a los afectados. La voracidad burocrática y el afán de poder de los partidos gobernantes los condujo a sacar por cansancio al personal que no les fuera adepto. Y quienes se resistieron a irse permanecieron «en Siberia» hasta el término del régimen.
El control de los medios de publicidad
Paralelamente a este proceso, se puso en marcha una abierta ofensiva de la UP para conquistar el control de los medios de publicidad.
Instalado el nuevo gobierno, diarios y radios se vieron abocados al riesgo inminente de asfixia económica. De este modo, numerosos medios de comunicación optaron por someterse a las directivas oficialistas o terminaron siendo enajenados a partidos o militantes de la UP, únicas maneras de tener acceso a la creciente publicidad de las empresas controladas por el Estado. Un caso significativo fue el de Zig-Zag, la editorial más importante del país, que pasó a manos del Estado, permitiendo al gobierno apropiarse de la mejor imprenta que en ese entonces existía en Chile y disponer de ella a su arbitrio a través de una editorial estatal que se creó bajo el nombre de Quimantú.
Declaración del presidente Salvador Allende, sobre la compra de Zig-Zag, 13 de febrero de 1971
También en la televisión se puso de manifiesto el afán de la UP de utilizarla arbitrariamente en su provecho. El gobierno designó a Augusto Olivares (periodista de trinchera, activo militante del ala más ultra del PS y redactor habitual del vespertino de esa tendencia Última Hora y del quincenario de orientación extremista Punto Final) como director periodístico del canal nacional de televisión y, desde ese cargo, asumió el real manejo de dicho órgano de comunicación, lo que se manifestó de inmediato en la parcialidad de sus informaciones, la tendencia proselitista de su programación y la resistencia a difundir adecuadamente la labor parlamentaria y a otorgar el derecho a réplica a los partidos opositores.
El control en las universidades
En el ámbito universitario, la UP reveló su tendencia a imponerse de cualquier manera en los estamentos estudiantiles. Ejemplo de ello, fueron las elecciones de nueva directiva de la Federación de Estudiantes de Chile (FECH), donde sus representantes cometieron burdas irregularidades, lo que llevó a la juventud DC a retirarse de esas elecciones, que debían realizarse el 19 de noviembre de 1970, y a exigir su limpieza y corrección para participar en ellas.
Esta actitud surtió efecto y el acto electoral se verificó con las debidas garantías el 23 de noviembre. Triunfó la lista de la UP con cerca de 10.000 votos contra casi 9.000 de la Democracia Cristiana Universitaria.
Las relaciones con la ultraizquierda
Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue desistirse de las acciones judiciales que se ventilaban ante los tribunales por actos terroristas. Consiguientemente, recuperaron su libertad o salieron de la clandestinidad en que se hallaban, numerosos militantes del MIR, entre ellos sus más connotados dirigentes. Poco tiempo después, el presidente los indultó, en un acto manifiestamente ilegal, porque benefició a personas que todavía no habían sido condenadas. Por este motivo, la Contraloría General de la República lo rechazó. Allende, ejercitando una facultad legal, insistió con la firma de todos los ministros, y la Contraloría se vio forzada a cursar el indulto.
Recorte de prensa «Gobierno indultó a 43 extremistas», 5 de enero de 1971
Para los sectores adversos al gobierno, el indulto de los miristas importaba dar carta blanca al terrorismo de izquierda. El Partido Nacional dedujo acusación constitucional contra el ministro de Justicia pero la DC resolvió abstenerse.
Mientras que el presidente Allende se mostraba convencido de la eficacia de la «persuasión» como método para obtener de los sectores populares la observancia de la ley y hacía esfuerzos personales para conseguirlo, ni los dirigentes del MIR, ni muchos de sus compañeros de la UP, eran muy sensibles a los argumentos del presidente. Las «tomas» de viviendas se multiplicaron, lo mismo que varias Intendencias y Gobernaciones, por militantes de partidos oficialistas que anhelaban ver en ellas a hombres de sus filas.
Discurso del presidente Allende en Valparaíso. Balance de dos meses de gobierno, 7 de enero de 1971
Declaración del MIR: “Estamos por la defensa del gobierno popular», 16 de febrero de 1971
El poder Judicial enjuiciado
En el marco de la investigación por el secuestro y asesinato del general Schneider, se desencadenó contra el poder Judicial y, especialmente, contra los ministros de la Corte Suprema, una campaña de repudio, descalificación y aun insultos personales como jamás se había conocido en el país. El ministro de Justicia Lisandro Cruz y el propio presidente Allende, tuvieron expresiones adversas al poder Judicial.
El 1º de marzo de 1971 el presidente de la Corte Suprema, Ramiro Méndez, en su tradicional discurso de inauguración del año judicial, replicó con energía, defendiendo la entereza, imparcialidad e independencia de los magistrados.
Infringiendo abiertamente la prohibición de actividad política que pesa sobre los jueces, los partidos gobiernistas promovieron la organización, en el seno de los tribunales, de comités judiciales de la UP, a fin de propugnar el reemplazo de la Corte Suprema por un Tribunal Supremo elegido por la Asamblea del Pueblo que el programa gubernativo contemplaba.
A comienzos de enero, el gobierno anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley sobre creación de tribunales vecinales, que fue presentado a la Cámara de Diputados a fines del mismo mes.
Los partidarios de la iniciativa la presentaban como un intento serio de democratizar la administración de justicia, asegurando el acceso general del pueblo a ella y la participación popular en el poder jurisdiccional.
Todos los sectores extraños al gobierno reaccionaron con alarma ante este proyecto, en el cual vieron el propósito de establecer en el país «tribunales populares» al estilo de los que funcionaban en la Unión Soviética, Cuba y otros países comunistas, destinados a ejercer un verdadero control político sobre la población. Pronto se hizo público que esta alarma era compartida por algunos sectores del Partido Radical, colectividad de gobierno que no había sido consultada en la elaboración del proyecto.
El destino del proyecto quedó sellado cuando el PDC anunció su decisión de «rechazarlo en general y en particular», por atentar contra el Estado de derecho, ser inconstitucional y no ofrecer garantías en cuanto al carácter y nombramiento de los jueces ni en cuanto al procedimiento.
Violencia en el campo. Reforma agraria «a fondo»
A poco de asumir el presidente Allende, la vida rural del país empezó a ser agitada por una ola de ocupaciones o «tomas» de predios agrícolas que fue en rápido aumento. Característica especial de estas «tomas», a diferencia de otras que se habían producido anteriormente durante conflictos laborales, fue el hecho de que no eran realizadas por trabajadores del mismo predio, sino por personas extrañas o afuerinas organizadas en comités de campesinos cesantes o, en las provincias del sur, en comités de indígenas o mapuches.
En diversas instancias, Allende aseguró que la reforma agraria se realizaría dentro de los estrictos marcos de la ley. Incluso, con el fin de encauzar la participación de los campesinos en el proceso, en los programas de desarrollo rural y, en general, en las políticas relativas al sector agropecuario, el gobierno creó, por decreto del Ministerio de Agricultura Nº481 de 21 de diciembre de 1970, el Consejo Nacional Campesino y los Consejos Campesinos Provinciales y Comunales.
Decreto N°481 “Crea Consejo Nacional Campesino», 21 de diciembre de 1970
Pero esta organización no satisfizo a muchos militantes de la UP ni menos al Movimiento Campesino Revolucionario (MCR), rama rural del MIR, que extendió su acción desde las provincias sureñas a las del centro del país.
Recorte de prensa «El MIR reconoce participación en tomas de fundos», 23 de enero de 1971
Frente a la pasividad de los cuerpos policiales, empezaron a surgir en diversas partes grupos organizados de patrones agrícolas dispuestos a defenderse por la fuerza, lo que provocó un aumento de la violencia en toda la zona centro sur del país.
A comienzos de febrero de 1971 el Instituto de Capacitación e Investigaciones de la Reforma Agraria (Icira), organismo oficial del gobierno, emitió una «Cartilla sobre intervención de predios agrícolas» que instruía a los interventores sobre la manera de proceder cuando, por haberse paralizado la explotación de un predio, el gobierno dispusiera su intervención.
«Cartilla sobre intervención de predios agrícolas», febrero de 1971
A mediados de ese mismo mes, el ministro del Interior, José Tohá, se dirigió al país por cadena nacional reiterando que “no se expropiará ningún predio que no sea expropiable en conformidad a la ley».
Tres días después el presidente Allende y sus principales colaboradores en materia agrícola, se reunieron con los dirigentes de las organizaciones empresariales Benjamín Matte, Manuel Valdés, Domingo Durán y Juan Manuel Correa, a cuyo término el gobierno entregó una declaración enunciando los acuerdos alcanzados.
Declaración del gobierno sobre acuerdos con empresarios agrícolas, 16 de febrero de 1971
El 17 de febrero, el comité directivo de la UP, con la firma de los presidentes de los seis partidos que lo integraban, emitió una declaración sobre el mismo tema, reafirmando su propósito de realizar la reforma agraria con sujeción a la ley.
Pero ninguna de estas declaraciones ni acuerdos formales amainaron la ola de tomas y violencia en los campos. Frente a ella, la actitud habitual del gobierno fue decretar la intervención de los predios ocupados, como medida de legalizar la situación de hecho, privando a los dueños de su administración y transfiriéndola a los interventores, quienes contrataban como obreros a los campesinos afuerinos. Así, Allende pudo jactarse en un discurso pronunciado en Temuco a fines de marzo, que su gobierno había expropiado 103 fundos en la provincia de Cautín y 350 en el resto del país, con un total superior a un millón de hectáreas, «es decir, hemos hecho en tres meses y días lo que hiciera el gobierno de Frei en seis años”.
Hacia marzo de 1971 autoridades y funcionarios del sector agrícola enfatizaban a los campesinos que solo se les otorgarían títulos de dominio sobre la casa y el huerto y que el resto de las tierras expropiadas se constituirían en haciendas estatales.
El 26 de marzo mediante una extensa carta, el senador Patricio Aylwin expuso al presidente de la República la situación de los campesinos y las inquietudes que provocaba la flagrante contradicción entre lo que sucedía en los campos y las declaraciones oficiales del gobierno sobre su política agraria y el propio programa básico de la Unidad Popular.
Para fundamentar su idea, Aylwin hizo referencia a algunos documentos emitidos por partidos de la Unidad Popular y por órganos oficiales del gobierno: “Análisis y proposiciones para una política socialista del campo”, elaborado por la Comisión Nacional Agraria del Partido Socialista (Conas) en octubre de 1970; documento de la Comisión Nacional Agraria Radical, presidida por Arcalaús Coronel, fechado el 4 de febrero de 1971; y el primer número de la revista Poder Campesino publicada por el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap).
«Análisis y proposiciones para una política socialista del campo»
El Presidente Allende respondió la carta el 12 de abril, para “aclarar algunos conceptos” y demostrar a su vez, que Aylwin no había contado “con los antecedentes suficientes”, razón por la cual sus conclusiones eran, a su juicio, “apresuradas”.
Las elecciones de abril de 1971
Dentro de este cuadro se dio la campaña para las elecciones municipales del primer domingo de abril de 1971, fecha en la cual debía también elegirse un senador por Chiloé, Aysén y Magallanes.
Conforme a la ley de elecciones, cada partido debía presentar sus propias listas de candidatos, lo que no impedía que se agruparan varios partidos en un frente común. Fue así como se enfrentaron tres bloques claramente definidos: uno de gobierno, constituido por los partidos de la UP, y dos de oposición: el formado por el PN y la DR y el del PDC con el Padena. Ello aconteció, igualmente, en la elección senatorial del sur: frente a la candidatura gobiernista de Adonis Sepúlveda, la DC levantó la de Andrés Zaldívar y, ante su negativa a pedir oficialmente el apoyo de la derecha, ésta proclamó su propio candidato, Jorge Ovalle, miembro de la DR.
La campaña electoral se caracterizó por la inusitada violencia verbal que empleó la UP en el ataque a los opositores, no escatimando insultos para calificarlos, y por la abierta intervención gubernativa.
El resultado de la elección fue prácticamente un empate entre gobierno y oposición. Hubo una abstención superior al 25%, la más alta producida en las elecciones verificadas en los últimos diez años. Adonis Sepúlveda ganó la senaduría con más del 50% de los votos. Para nadie cupo dudas que el gran triunfador de esas elecciones había sido el primer mandatario.