“Un grupo valiosísimo”

Cuatro décadas después de Rerum Novarum, y en un contexto de crisis económica y desorientación social, la Iglesia volvió a pronunciarse en materia social a través de la encíclica Quadragesimo Anno (mayo de 1931, durante el pontificado de Pío XI). En ella, el magisterio pontificio reafirmó sus críticas al orden vigente y planteó la necesidad de un nuevo orden social cristiano, cimentado en la dignidad de la persona humana y en el principio de subsidiariedad. Propuso así un modelo que garantizara justicia social, fomentara la solidaridad entre las clases y reconociera derechos esenciales como la organización sindical y el acceso a un salario justo.

La recepción de la carta pastoral fue disímil entre los partidos políticos chilenos. Los sectores liberales rechazaron tanto su origen como sus críticas al liberalismo; para la izquierda, en cambio, sus planteamientos resultaban claramente insuficientes y apenas le reconocieron un valor simbólico. En el Partido Conservador hubo dos tendencias: los tradicionales y los socialcristianos. Los primeros, representantes del viejo ‘peluconismo’ y mayoría dentro del partido, si bien aceptaron sus referencias a la defensa de la moral y la tradición, rechazaron los aspectos de contenido social, adoptando así una actitud ‘selectiva’ determinada básicamente por intereses sectoriales y/o personales.

El contexto chileno de fines de los años veinte e inicios de los treinta estuvo marcado por una profunda crisis e inestabilidad. Desde 1927, el país vivía bajo la dictadura del general Carlos Ibáñez del Campo, caracterizada por la concentración del poder en el Ejecutivo, la censura a la prensa y la represión de la oposición. A esta situación política se sumó el impacto devastador de la Gran Depresión. De acuerdo con un informe de la Liga de las Naciones (citado por Aníbal Pinto, 1973, p. 168), Chile fue el país más afectado por la crisis mundial: “sus exportaciones se redujeron a la mitad de su volumen y a la cuarta parte de su valor; las importaciones disminuyeron un 80% entre los años culminantes antes y después del colapso”. La drástica caída de los ingresos fiscales y el descontrol de la deuda pública y privada obligaron a suspender el pago de la deuda externa, generando una enorme cesantía y extendiendo la pobreza. Todo ello profundizó el malestar social y minó de manera irreversible la legitimidad del régimen.

Este escenario de fragilidad estructural no solo abrió paso a la irrupción de nuevas ideologías y al protagonismo de una sociedad de masas, sino también a la activa participación de los jóvenes cristianos en la esfera pública. Destacaba especialmente el liderazgo de Bernardo Leighton, estudiante de Derecho, reconocido por su espíritu ecuménico. Junto a él se encontraban Eduardo Frei Montalva, “siempre abierto a pensar cuidadosamente los diversos aspectos del problema”; Manuel A. Garretón, considerado “el más rígido ideológicamente”; Radomiro Tomic, destacado orador que aportaba con su “frondosidad intelectual”; además de Manuel F. Sánchez e Ignacio Palma (Cash, 1986, p. 95).

En palabras del presbítero Jorge Gómez, miembro de la ANEC, se trataba de “un grupo valiosísimo; muchos ya cursando sus últimos años de estudio en las distintas facultades. Por su formación en la Acción Católica y su preparación intelectual, recelaban de las organizaciones políticas tradicionales. Frente a lo económico-social, era una juventud empapada en las encíclicas sociales y anhelaban la iniciación de una labor efectiva para salir de lo teórico, de lo académico y discursivo y llevarlas a la práctica” (Citado por Cash, 1986, p. 89).

Obligada por la dictadura de Ibáñez, que mantenía cerrado el espacio público, sofocaba la actividad partidaria y generaba un clima de censura y represión, esta generación de jóvenes estudiantes orientó sus energías hacia la formación doctrinaria más que hacia una militancia política activa. Ello explica el sello particular que imprimieron luego a su participación pública: un compromiso sustentado en la reflexión ética, en la búsqueda de fundamentos ideológicos sólidos y en la convicción de que la acción política debía estar al servicio del bien común.