Hitos del gobierno de Patricio Aylwin
“Por eso es que yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas.”
Extracto del discurso del presidente de la República Patricio Aylwin al dar a conocer el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 4 de marzo 1991.
4 de marzo de 1991
El presidente Patricio Aylwin da a conocer el Informe Rettig
La creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación
“La Comisión Rettig fue una comisión que se formó para investigar los crímenes de la dictadura; la convoqué iniciando el gobierno. Lo que tengo muy claro es que ésa fue fundamentalmente una iniciativa mía; yo creí que era necesario y el primer esfuerzo que tuve que hacer fue convencer a mis colaboradores; ni Edgardo Boeninger ni Enrique Correa creían que fuera una buena decisión, pero me entusiasmé y me fui convenciendo que era el camino para abrir puertas. Si uno quería que los militares se abrieran a una salida, tenía que ser franco, pero al mismo tiempo prudente; entonces la frase que usé de buscar la “justicia en la medida de lo posible” – por la que he sido muy criticado- correspondía a un mínimo de prudencia, porque si la justicia iba a ser pura y simplemente total, significaba procesar a Pinochet y a toda su gente, iba a haber una guerra civil.”
(Patricio Aylwin, entrevista de Abraham Lowenthal y Sergio Bitar, versión original de la entrevista realizada en enero de 2012 y publicada en el libro “Democratic transitions. Conversations with world leaders”, 2015)
El 24 de abril de 1990 se constituyó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación que sería conocida como Comisión Rettig, integrada por Jaime Castillo Velasco, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos; el abogado José Zalaquett Daher; el senador designado y exministro de la Corte Suprema, Ricardo Martin Díaz; el abogado e historiador Gonzalo Vial Correa, exministro de Educación del régimen militar; la abogada y profesora universitaria Laura Novoa Vásquez; la asistente social Mónica Jiménez de la Jara, integrante de la Comisión Paz y Justicia de la Iglesia Católica; y el abogado y profesor universitario José Luis Cea Egaña. Para la presidencia de la comisión, Aylwin eligió a Raúl Rettig Guissen, exsenador, expresidente del Colegio de Abogados y uno de los fundadores del denominado “Grupo de los 24”. El abogado Jorge Correa Sutil fue designado secretario de la Comisión.
En el discurso de aquella noche, transmitido por cadena nacional de televisión, el presidente Aylwin explicó al país el objetivo y el significado de la comisión:
“Así como las situaciones de grave injusticia social exigen pronta corrección para afianzar la solidez y estabilidad del orden económico social, así también hay otras situaciones que en la realidad actual de Chile deben ser encaradas con coraje y urgencia si queremos alcanzar en nuestra convivencia colectiva el clima de confianza indispensable para la reconciliación entre los chilenos: son las relativas a graves violaciones de derechos humanos que afectan a la vida y libertad de muchos compatriotas (…)
La conciencia moral de la nación exige que se esclarezca la verdad respecto de los desaparecimientos de personas, de los crímenes horrendos y de otras graves violaciones a los derechos humanos (…)
Cerrar los ojos ante lo ocurrido e ignorarlo como si nada hubiera pasado, sería prolongar indefinidamente una fuente constante de dolor, de divisiones, odios y violencia en el seno de nuestra sociedad. Solo el esclarecimiento de la verdad y la búsqueda de la justicia pueden crear el clima moral indispensable para le reconciliación y la paz (…)”
Los antecedentes de la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación pueden ser consultados en el minisitio La creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
Los inicios del trabajo de la Comisión
La labor de la Comisión fue, en el plazo de 6 meses, prorrogables por 3 más, “establecer un cuadro lo más completo posible sobre las más graves violaciones a los derechos humanos con resultado de muerte y desapariciones cometidas por agentes del Estado o por particulares con fines políticos; reunir antecedentes que permitieran individualizar a sus víctimas y establecer su suerte y paradero; recomendar las medidas de reparación y reivindicación que se creyeran de justicia y aquellas que debieran adoptarse para impedir o prevenir la comisión de nuevas violaciones.”
Ver Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I, p. xv
Desde el momento de su creación, fue claro que el trabajo asignado a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no sería nada fácil; se trataba de investigar en un pasado cercano que dividía a los chilenos, donde además existía un marco jurídico heredado del régimen militar.
Antes del 11 de marzo de 1990, el general Pinochet se había preocupado personalmente de blindar, en su beneficio, a la Corte Suprema, y mantener en plena vigencia la ley de amnistía, que impedía cualquier investigación sobre los delitos perpetrados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, el periodo donde ocurrieron las mayores violaciones a los derechos humanos. Y no solo eso, el otrora dictador conservó su cargo de comandante en jefe del Ejército, para proteger a sus hombres y asegurarse de que nadie “tocara un pelo de la cabeza de los militares.”
El 25 de abril de 1990 se realizó la primera sesión de la Comisión Rettig. La reunión tuvo como objetivo principal abordar cuestiones de orden administrativo, entre ellas, establecer las bases del plan de trabajo y definir un reglamento interno de funcionamiento, la agenda de sesiones ordinarias, el local de funcionamiento y la contratación de personal.
Ver Acta de la primera reunión de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 25 de abril 1990
Durante el mes de mayo, la Comisión aprobó el reglamento para su funcionamiento y el plan de trabajo para los 6 meses en que originalmente iba a funcionar.
Ver Reglamento de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, mayo 1990
Ver Organigrama de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, mayo 1990
Ver Plan de trabajo de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 29 de mayo 1990 (borrador)
En cumplimiento del plan de trabajo trazado, durante las primeras semanas la Comisión centró sus esfuerzos en aclarar los casos incluidos en su competencia y establecer, “con un primer grado de precisión”, la magnitud del trabajo y los métodos para recibir la información y sistematizarla.
A partir de junio, se comenzó a recibir, recopilar y verificar la información proveniente de los organismos de defensa de los derechos humanos, las agrupaciones de familiares de detenidos desaparecidos, las organizaciones gremiales y sindicales, los partidos políticos y de todo el que voluntariamente quisiera cooperar.
Con el objeto de recibir en forma expedita los testimonios de familiares y representantes de las víctimas de violaciones a los derechos humanos -conforme lo establecido en el decreto supremo que había creado la Comisión- se publicó en diversos medios nacionales e internacionales un comunicado solicitándoles acudir a dependencias de la Comisión en calle Arturo Prat 134, comuna de Santiago, o bien a la Intendencia regional, embajadas o consulados.
Ver Comunicados de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación para recibir testimonios
El decreto que la había creado otorgaba a la Comisión facultades para practicar todas las diligencias e indagaciones que estimara necesarias, incluidas “las de solicitar informes, documentos o antecedentes a las autoridades y servicios del Estado; los que, por el mismo decreto quedaron obligados a prestar toda su colaboración dentro del ámbito de sus competencias.”
Ver Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I, p. 2
En este marco, se solicitó a las Fuerzas Armadas y de Orden y a Carabineros, enviar las nóminas de los uniformados cuyos derechos humanos habían sido violados entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990.
A diferencia de las otras ramas, el Ejército, liderado por el general Pinochet, se mostró menos disponible a entregar sus nóminas a la Comisión, dejando en evidencia una actitud que tensionaría en forma permanente las relaciones cívico-militares durante todo el gobierno de Aylwin.
Las “normales”, pero tensas relaciones entre el gobierno y el Ejército
“Las relaciones cívico-militares se parecen más a una de esas fiebres que desaparecen por las mañanas y retornan por las tardes; que parecen ser el presagio de algo mayor, pero que terminan cediendo frente a paños fríos y cataplasmas.”
Ver Artículo “La fiebre cívico-militar”, revista Hoy, 24 de septiembre 1990
De este modo, la revista “Hoy” describía el tensionado ambiente que se vivía en el país, agudizado por la actitud desafiante, poco conciliadora y reglamentariamente indisciplinada del general Pinochet.
El primer momento de tensión ocurrió el 25 de mayo, en una reunión sostenida en dependencias del Comité Asesor del comandante en jefe del Ejército, y cuyo objetivo era aclarar la forma y modalidades de materializar la colaboración por parte del Ejército. En la oportunidad, el mayor general Jorge Ballerino, jefe de dicho Comité, hizo ver al presidente de la Comisión, Raúl Rettig, las aprensiones institucionales respecto del funcionamiento práctico de la Comisión y las consecuencias que ello podían implicar.
Mediante un comunicado oficial emitido por el Comité Asesor, el Ejército sintetizó estas aprensiones en 6 puntos: “el aprovechamiento político-comunicacional de sectores interesados en desprestigiar a las instituciones de la Defensa Nacional; la objetividad con que la Comisión desarrolle sus actividades; la publicidad que surgirá de las peticiones de antecedentes que la Comisión hará al Ejército podría crear prejuicios en el sentido de que se ha ocultado información; el hecho de que, pese a que se ha declarado que la Comisión no asumirá funciones propias de los tribunales, en la práctica podría vulnerarse tal principio si se revisan casos contemplados en la ley de amnistía; la reapertura de investigaciones sobre hechos ya amnistiados podría despertar animosidades y divisiones en la familia chilena; y que los efectos publicitarios derivados de la Comisión podrían incentivar acciones de venganzas y dar origen a una espiral de violencia.”
Ver Recorte de prensa “Objeciones del Ejército a Comisión Rettig”, El Mercurio, 26 de mayo 1990
Para el gobierno, la declaración del Ejército ponía en cuestión la integridad de los miembros de la Comisión, sus objetivos y, sobre todo, condicionaba la colaboración de la institución. Además, el hecho de que hubiera sido entregada a través del Comité Asesor, era otro punto de molestia para el gobierno. Aquel ‘gabinete en las sombras’ canalizaba ahora las opiniones de la institución sobre hechos de política contingente.
La suma de estos aspectos, motivó la decisión del presidente Aylwin de citar al general a Pinochet a La Moneda, para representarle la «connotación política» de la declaración. Pinochet reiteró sus «reservas acerca de las consecuencias de su funcionamiento» y manifestó la «disposición del Ejército a colaborar en el trabajo de dicha comisión en el marco de la Constitución y la ley.» Aylwin le pidió un informe por escrito sobre su Comité Asesor y sobre la forma en que se estaba dando cumplimiento a la ley que dispuso la disolución de la CNI. La reunión duró una hora. A la salida, Pinochet afirmó que el presidente había sido «mal informado» sobre el sentido de la declaración del Ejército y que él no tenía ningún archivo de la CNI.”
El 2 de junio, cuando recién comenzaban a calmarse los ánimos entre el gobierno y el Ejército, fueron hallados unos cuerpos de detenidos desaparecidos en Pisagua. Las osamentas correspondían a prisioneros políticos del campamento militar de Pisagua (ubicado a 280 km. al norte de Iquique), entre septiembre de 1973 y los primeros meses de 1974. Las autoridades militares nunca habían accedido a señalar en qué lugar se encontraban, y ahora, a raíz de la denuncia de delito de inhumación clandestina presentada por la Vicaría de la Solidaridad y la Comisión de Derechos Humanos local, se procedió a investigar, encontrándose así los restos conservados gracias a la sal del desierto.
Las editoriales publicadas por distintos medios de prensa durante los días siguientes al hallazgo, revelan cuán complejo era el desafío que se había trazado el gobierno de consolidar un escenario donde primara una alta racionalidad política y una voluntad de evitar la polarización y el escalamiento de los conflictos.
- “El mayor riesgo que ahora enfrentamos es el de que este factor nuevo en la convivencia nacional paralice en alguna forma aquella evolución favorable y remueva odios que parecían superados.» Diario La Segunda, 15 de junio 1990.
- «Este es un proceso que no se puede repetir todos los días, todas las semanas, todos los meses; debe encararse resueltamente para que, lo antes posible, los muertos sin sepultura vuelvan al cuidado de sus familias y, con la verdad, empiece el proceso definitivo de cerrar heridas.» Diario La Nación, 16 de junio 1990.
- “Los sucesos de Pisagua han puesto a prueba la voluntad de entendimiento de los chilenos.» Diario El Mercurio, 17 de junio 1990.
Ver Informe “Análisis de tendencias editoriales N°7, semana del 11 al 18 de junio de 1990
Al interior del gobierno, el hallazgo de osamentas en Pisagua fue examinado en profundidad. En el informe de análisis semanal del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se señala que se ha generado “un clima moral y emocional que ha colocado el problema de las violaciones a derechos humanos en una situación distinta, que afectará tanto al gobierno como a las oposiciones.” Junto con destacar que estos hechos refuerzan “la existencia de la Comisión de Verdad y Reconciliación, demostrando la oportunidad de su creación”, advierte no obstante que el clima emocional creado “posee la capacidad de reactivar movilizaciones de sectores y organizaciones ligadas a los derechos humanos y de sectores de izquierda.”
Respecto a las Fuerzas Armadas, el informe sostiene que “el descubrimiento de osamentas afectará con una muy alta probabilidad la situación de las FF. AA., especialmente la del Ejército. (…) no obstante, si bien este efecto es conveniente para el gobierno, existe el riesgo de que, al generarse una situación de enjuiciamiento permanente al Ejército, dentro de éste se solidifique una posición y una actitud dura, del tipo de solos frente al mundo, que refuerce el mando de Pinochet, entorpezca significativamente la relación con la Comisión de Verdad y Reconciliación y acentúe la brecha tanto entre gobierno y Ejército, como entre Ejército y sociedad.”
Finalmente, el informe advertía que “el hallazgo de Pisagua plantea para el gobierno un posible escenario de redefinición de relaciones con el poder judicial, especialmente con la Corte Suprema. (…) un comportamiento de patente mala fe del sistema judicial frente a una sucesión de hallazgos como el de Pisagua puede acabar por alienar a la sociedad — incluidos sectores importantes de derecha — respecto del sistema judicial y la justicia, generando un ambiente moral de definitivo escepticismo.
Ver Informe de análisis al 8 de junio de 1990. Ministerio Secretaría General de la Presidencia
El Ejército demoró unos días en pronunciarse sobre los hallazgos de Pisagua. El 13 de junio, en presencia del general Pinochet y demás integrantes del cuerpo de generales y oficiales superiores, el director de la Academia de Guerra, coronel Ricardo Izurieta, leyó una declaración sobre “las circunstancias que hoy atraen la atención nacional”, en la que se presentaron los ya conocidos argumentos acerca de la necesidad de la intervención militar y el uso inevitable de la fuerza debido al estado de guerra interna en que se encontraba el país.
El 18 de junio el cuerpo de generales del Ejército, encabezado por el general Pinochet, asistió a una cena en el Palacio de La Moneda, ofrecida por el presidente Aylwin. La invitación había sido cursada por el propio mandatario previo a conocerse los hallazgos de osamentas en Pisagua y previo también a la declaración del Ejército antes mencionada. Aylwin pudo haber cancelado el encuentro, sin embargo, optó por no hacerlo. Desde el día que había asumido la presidencia, su aspiración era superar la distancia histórica entre civiles y militares y avanzar en la reconciliación de todos los chilenos.
A las 23:30 horas, “el general Pinochet se asomó a la puerta de ingreso del salón para entregar unos breves comentarios a la prensa. Señaló que ‘fue un almuerzo (sic) social, muy agradable’. Consultado por las relaciones entre el Ejército y el gobierno dijo «pero no ve que están normales.»
Los días anteriores a la cena, Aylwin recibió en su despacho una serie de minutas elaboradas por su equipo asesor. En ellas se incluían diversas recomendaciones de carácter protocolar, como por ejemplo, “conocer el nombre, ocupación y situación familiar de los subalternos. En lo posible, mostrar interés personal por cada uno de los invitados y en las ocasiones que pueda, demostrar algún conocimiento sobre ellos, o la ocupación que desempeñan.”
En particular, una de las minutas abordaba el actual contexto de las relaciones con el Ejército y la estrategia que debía tener el gobierno frente a los hallazgos de Pisagua, la declaración del 13 de junio, y “el avance hacia la verdad”, advirtiendo que en materia de verdad y reconciliación “poseemos bastante claridad, pese a las dificultades (…) No obstante, el objetivo de justicia permanece, por decirlo de alguna manera, en una cierta nebulosa. La pregunta clave aquí es cuánto de castigo y para quiénes. (…) Este es un vacío y un problema que debemos enfrentar. Se estima que es necesario un esfuerzo pedagógico, que debe hacerse pronto, para persuadir a la opinión pública de que ni el gobierno, ni el parlamento, ni los partidos políticos, pueden garantizar a la sociedad que se va a hacer efectivamente justicia. El día de mañana, cuando la opinión pública constate que ello es así, este hecho -absolutamente previsible e ineluctable- puede ser dirigido y explotado políticamente contra el gobierno.”
Las recomendaciones de la minuta referida apuntaban a mantener controladas las expectativas de las víctimas de la represión militar y sus familias, quienes no solo querían que la verdad fuera esclarecida, sino también que se hiciera justicia y que los culpables fuesen castigados por sus crímenes, e incluso que hubiera “un ajuste de cuentas”, cuestión en la que la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación era incompetente, según lo establecía el decreto que la había creado.
“En caso alguno la Comisión podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los tribunales de justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que con arreglo a las leyes pudiera caber a personas individuales por los hechos de que haya tomado conocimiento. Si en el ejercicio de sus funciones la Comisión recibe antecedentes sobre hechos que revistan caracteres de delito, los pondrá sin más trámite a disposición del tribunal que corresponda.”
Ver Decreto N°355, creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 25 de abril 1990
El 6 de julio, al asistir al sexagésimo tercer aniversario de la especialidad de Ingeniería Militar Politécnica, en la sede de Famae, el general Pinochet expresó que su institución «está haciendo un análisis ‘muy ponderado, muy profundo sobre víctimas del terrorismo en el país y que nuestras relaciones, junto con un análisis, se van a enviar oportunamente a la Comisión del señor Rettig.»
De forma más bien reservada, el Cuerpo de Carabineros de Chile, la Dirección de Investigaciones, la Fuerza Aérea y la Armada, fueron entregando sus respectivas nóminas y antecedentes a la Comisión.
El 6 de agosto, en un acto público, el general Pinochet, por medio de un representante, hizo llegar a la Comisión Rettig el informe del Ejército sobre sus víctimas entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990. La información entregada comprendía cuatro tomos y un video, e incluía la versión del Ejército sobre lo que había ocurrido en Chile desde el gobierno de la Unidad Popular hasta el término del régimen militar.
En sus conclusiones, el Informe señalaba que “(entre 1970 y 1973) la situación chilena se ajustaba a los requerimientos que la teoría impone para la concreción de un estado de guerra civil, en el que se manifestó el derecho de rebelión, que produjo su efecto principal, cual fue el reemplazar un gobierno ilegítimo por un gobierno legítimo, ya que todo gobierno que surge del ejercicio de un derecho es legítimo, aún cuando se legitimidad no arranque de un acto electoral. En este caso, las Fuerzas Armadas no destruyeron el régimen constitucional, sino que recogieron los restos del edificio constitucional derrumbado, ya que el país se encontraba en ruinas: ruina económica, ruina moral, ruina institucional y, finalmente, espiritual.”
Presentación del Ejército de Chile a la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1990, tomo I, p. 69.
Los cuatro volúmenes de esta presentación son parte de la Biblioteca de la Fundación Patricio Aylwin, y están disponibles para su consulta.
El 7 de agosto, el presidente Aylwin encabezó la primera sesión del Consejo de Seguridad Nacional, Cosena, a la que asistieron todos sus integrantes, incluido el general Pinochet, en su calidad de comandante en jefe del Ejército. La sesión se extendió por poco más de una hora, y tuvo como objetivo 1) informar el proyecto de ley que establecía normas de entrada de tropas extranjeras en el territorio de la República y de la salida de tropas nacionales fuera del mismo; y 2) actualizar el reglamento de organización y funcionamiento del Consejo de Seguridad Nacional. No hubo referencia alguna al trabajo que estaba realizando la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
Ver: Acta Nº7 del Consejo de Seguridad Nacional, 7 de agosto de 1990
Las investigaciones
Tras recibir los antecedentes que le proporcionaron los representantes, sucesores o familiares, así como las organizaciones de derechos humanos chilenas e internacionales, intergubernamentales y no gubernamentales, la Comisión llegó a determinar 3.400 casos que debían ser investigados.
A partir de ahí, y con un equipo de 17 abogados, 6 asistentes sociales, 18 estudiantes y egresados de derecho, 4 documentalistas, 4 analistas programadores, 4 secretarias y 6 auxiliares, además de los 8 comisionados y el secretario, la Comisión trabajó en evaluar la información entregada y realizar todas las indagaciones y diligencias que estimó conveniente para cumplir su cometido, incluso la solicitud de informes, documentos o antecedentes a las autoridades y servicios del Estado, incluyendo las Fuerzas Armadas y de Orden, Carabineros e Investigaciones.
Casi en la totalidad de los casos en que los antecedentes recopilados indicaban la posible participación en ellos de agentes de las Fuerzas Armadas y de Orden, o bien de Carabineros, la Comisión consultó al jefe de la rama respectiva y al general Director, por información que pudieran aportar a la investigación.
Según se lee en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, “el Ejército de Chile respondió más de dos terceras partes de estas solicitudes. En una mayoría de las respuestas señaló que, conforme a la legislación vigente a la reglamentación institucional respectiva, los antecedentes que pudieran haber existido sobre estos hechos, en cumplimiento de disposiciones jurídicas, habían sido incinerados o destruidos luego de transcurrido el plazo legal para hacerlo. En otras se hizo ver que la institución no registraba antecedentes o que no estaba en posibilidad de responder a menos que la Comisión completara las referencias de su solicitud. En un número menor de casos, el Ejército entregó información solicitada que resultó valiosa para el conocimiento de lo ocurrido.”
Las otras instituciones aportaron mayores antecedentes, aunque también advirtieron que mucha documentación había sido incinerada o destruida, conforme la legislación que las regía.
Ver Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo 1, p. 5
El 20 de septiembre de 1990, y conforme el artículo 5to del decreto que la había creado, la Comisión resolvió prorrogar en 3 meses el plazo que originalmente se le había asignado.
Cuatro días más tarde, se realizó la primera sesión de la subcomisión del Informe final que debería ser entregado al presidente de la República durante los primeros días de enero de 1991. Asistieron los comisionados José Zalaquett y Gonzalo Vial, además del secretario de la Comisión, Jorge Correa.
En la oportunidad se revisó punto por punto la propuesta de estructura del Informe final elaborada por Jorge Correa, efectuándose algunas modificaciones. Para el capítulo sobre la situación en que se encontraba Chile a septiembre de 1973, Gonzalo Vial señaló que “este tema debiera referirse al clima espiritual que existía en el país en ese periodo. Además, debiera dar cuenta del alto grado de polarización que existía en el país, agregando el hecho de que líderes políticos que formaban opinión, habían arrastrado al país a una confrontación en que los fines a cumplir se superponían incluso a la muerte de personas inocentes.”
Los dos comisionados estuvieron de acuerdo en que este tema fuese abordado en el Informe, reconociendo que debía tenerse “el mayor cuidado en su redacción.”
Ver Acta de la primera sesión de la Subcomisión del Informe final, 24 de septiembre 1990
Ver Proposición de estructura del Informe final, 24 de septiembre 1990
A comienzos de octubre la Comisión definió un calendario y una modalidad para que cada uno de los abogados informara de los casos que le había correspondido investigar bajo la supervisión de los comisionados.
A fines de octubre, recibidos los informes elaborados por los abogados, los comisionados deliberaron sobre cada uno de los más de 3.400 casos que habían sido presentados. Allí donde hubo dudas respecto de las competencias que tenía la Comisión o no se tuvo plena convicción de que se tratara de violaciones a los derechos humanos, se optó por no incluirlos, recomendándose que siguiesen siendo investigados.
La Comisión calificó a las víctimas en dos categorías, “los que cayeron en virtud de violaciones a sus derechos humanos, y los que fueron ultimados en el contexto de la violencia política. Ello explica que en el Informe se hayan incluido los agentes del Estado caídos en actos de servicio y los civiles muertos en manifestaciones callejeras.
Considerando esta tipificación, la Comisión identificó 2.279 víctimas entre el 11 de septiembre de 1993 y el 1 de marzo de 1990, de las cuales 164 correspondían a víctimas de violencia política y 2.115 a víctimas de violaciones a sus derechos humanos.
Ver Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo II, p. 1311
El Informe Rettig
Luego de 291 días de trabajo, el 8 de febrero de 1991, la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación entregó al presidente de la República Patricio Aylwin el resultado de su investigación, disolviéndose en ese mismo acto según las disposiciones que la habían creado, no sin antes enviar a los tribunales de justicia todos los antecedentes que revestían características de una inhumanación ilegal, o bien, que aportaban novedad y relevancia para futuras investigaciones judiciales.
Al término de la ceremonia, el primer mandatario pronunció un breve discurso en que, junto con agradecer el trabajo realizado por la Comisión, dejó constancia ante el país “de la absoluta independencia con que la Comisión ha realizado todo su trabajo, en forma reservada, sin interferencias de ninguna especie. (…) Trabajando silenciosa y desinteresadamente, han dado un ejemplo de espíritu público y de responsabilidad cívica.”
Ver Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo I
Ver Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, Tomo II
El Informe Rettig, empastado en 6 gruesos tomos, comienza explicando la necesidad de su trabajo, su extensión y cobertura. En segundo lugar, define los conceptos sobre los cuales se hicieron las investigaciones y el posterior análisis, dando cuenta de las normas de derecho internacional y nacional por las cuales las víctimas se consideran sujetos de violación de derechos humanos o de violencia política. Luego, describe el cuadro histórico que rodeó al 11 de septiembre de 1973, los primeros meses del régimen militar y el marco jurídico existente.
En el cuadro histórico, el Informe puso de relieve la intensa polarización a que había llegado la sociedad chilena en los comienzos de la década de 1970; “La crisis de 1973, en general, puede ser descrita como una aguda polarización a dos bandos -gubernativo y opositores – en las posturas políticas del mundo civil. Ninguno de estos bandos logró (ni probablemente quiso) transigir con el otro, y en cada uno de ellos hubo incluso sectores que estimaban preferible, a cualquier transacción, el enfrentamiento armado.”
A continuación, el Informe incluye tres partes cronológicas, en cada una de las cuales se abordan las violaciones a los derechos humanos de responsabilidad del Estado, por actos de sus agentes o personas a su servicio, con resultado de muerte o desaparición.
La primera parte corresponde al “periodo de consolidación del régimen militar”, que va desde el 11 de septiembre al 31 de diciembre de 1973. Se afirma que, a las 48 horas de ocurrido el golpe militar, el país estaba completamente controlado por las Fuerzas Armadas y de Orden, desechándose, por tanto la tesis de la guerra civil.
La segunda parte, de enero de 1974 a agosto de 1977, periodo marcado por la represión política liderada por la Dina y en que se produjo el más alto número de desapariciones forzadas que, en su mayoría, respondieron a “un patrón de planificación previa y coordinación central que revelan, en su conjunto, una voluntad de exterminio de determinadas categorías de personas: aquéllas a quienes se atribuía un alto grado de peligrosidad política.”
La tercera parte, que va desde agosto de 1977 a marzo de 1990, podría ser calificada, a juicio del Informe, como el periodo “post-Dina”; durante estos años las acciones represivas o de contrainsurgencia, con resultado de muerte, estuvieron a cargo de la Central Nacional de Informaciones, CNI. Por otra parte, la acción opositora, encabezada por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, FPMR, tuvo como resultado graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo la muerte de las víctimas.
Cumpliendo con lo mandatado en el decreto que la había creado, los siguientes capítulos del Informe incluyen un análisis sobre los efectos familiares y sociales de las más graves violaciones a los derechos humanos; propuestas de reivindicación y reparación de carácter simbólico, legal, administrativo y de bienestar social; y sugerencias para el respeto y vigencia de los derechos humanos.
Al concluir el Informe, los comisionados expresaron que su sola lectura “será difícil para muchos. Sentimientos encontrados han de surgir. Problemas de hechos y de interpretación tendrán siempre un lugar inevitable, honesto y justo. El Informe responderá por sí mismo. Mas, una cosa, creemos, nadie podrá negar. Chile vivió una tragedia desgarradora (…) La hondura de estos dolores debe ser conocida. No se puede ocultarlos o abandonarlos al comentario impreciso, a la disminución o incluso exageración. (…) Confiamos que quien lea este Informe acogerá el valor de esta frase que dice: ¡Nunca más!”
“Para que NUNCA MÁS en Chile vuelva a pasar algo semejante”
El presidente Aylwin dedicó sus vacaciones a realizar una exhaustiva lectura al Informe que le había sido entregado. Al regresar a Santiago, comenzó una serie de encuentros con representantes de los partidos políticos, familiares de las víctimas, miembros de las iglesias y los comandantes en jefe de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y el director General de Carabineros. El objetivo de estas conversaciones fue solicitar la cooperación de todos los sectores para crear un clima constructivo en el momento en que el Informe Rettig fuera hecho público.
El lunes 4 de marzo de 1991, a las 21:00 horas, el presidente Aylwin se dirigió a los chilenos a través de red voluntaria de radio y televisión. Había pasado el fin de semana en el Palacio de Cerro Castillo escribiendo el discurso con que iba a dar a conocer los aspectos generales del Informe y presentar las reflexiones que consideraba necesario compartir con la ciudadanía sobre el tema.
En su discurso, el mandatario se refirió al contenido general del Informe en cuanto a la relación de los hechos, el período que comprendió, y las cifras de las víctimas que la Comisión presentó. Además hizo mención de las recomendaciones que se plantearon, en cuanto a reparación para las familias de las víctimas y prevención de eventuales violaciones a los derechos humanos.
Al momento de reflexionar acerca del sentido del Informe, el presidente Aylwin comenzó reafirmando la necesidad y la importancia de conocer la verdad acerca de las violaciones a los derechos humanos, como un fundamento para la convivencia de la sociedad chilena. Lo ocurrido había sido ocultado e incluso negado por algunos durante el régimen militar. De ahí la relevancia de la Comisión Rettig, ya que “El Informe que hoy entrego a conocimiento público esclarece la verdad. Por los propios antecedentes del Informe y por la calidad de sus autores (…) esa verdad debe ser respetada por todos. Nadie, de buena fe, podría desconocerla (…) ningún criterio sobre el particular, borra el hecho de que se cometieron las violaciones a los derechos humanos (…) La aceptación de esa verdad, compartida por la comunidad nacional, removerá un motivo de disputa y de división entre los chilenos.”
Aylwin continuó señalando la relación entre la verdad, el perdón y la reconciliación. Desde su punto de vista, era preciso comenzar a mirar hacia el futuro y no desgastar esfuerzos en escudriñar heridas irremediables. Sin embargo, fue enfático en reconocer que para esto era necesario “empezar por precisar quiénes son los ofendidos llamados a perdonar y quienes son los ofensores que han de ser perdonados. (…) El perdón requiere arrepentimiento de una parte y de otra, generosidad.”
En este sentido, los gestos de perdón y de reconciliación debían provenir de todos los sectores involucrados, y el presidente Aylwin consideró que él y su gobierno también estaban llamados a realizarlos, por lo que, al borde de las lágrimas, señaló: “(…) Yo me atrevo, en mi calidad de presidente de la República, a asumir la representación de la nación entera para, en su nombre, pedir perdón a los familiares de las víctimas (…) también pido solemnemente a las Fuerzas Armadas y de Orden, y a todos los que hayan tenido participación en los excesos cometidos, que hagan gestos de reconocimiento del dolor causado y colaboren para aminorarlo.”
Ante el tema de la justicia, Aylwin reafirmó la fórmula ya planteada de absoluta verdad, pero justicia en la medida de lo posible. “En este tema de las violaciones a los derechos humanos, el esclarecimiento y aceptación de la verdad, como surge del Informe, ya es parte importante del cumplimiento de la justicia para con las víctimas…” Agregando que “la justicia exige, también, que se esclarezca el paradero de los desaparecidos y que se determinen las responsabilidades personales.”
Aylwin destacó la responsabilidad que, al respecto, correspondía a los tribunales de justicia, en conformidad al ordenamiento jurídico y con las garantías del debido proceso, para investigar los casos que se encontraban en los tribunales, independientemente de la existencia de la ley de amnistía. Por esta razón y para facilitar los procesos, la Comisión estuvo mandatada a entregar los antecedentes reunidos a lo largo de su investigación a los tribunales correspondientes.
En último término, el Presidente se refirió a las medidas que el gobierno tomaría para implementar lo sugerido por la Comisión y completar las tareas pendientes. Su discurso concluyó haciendo un llamado a todos los chilenos, “… que se esfuercen por asumir esta verdad con entereza y responsabilidad. Debemos ser capaces de sacar lecciones de la experiencia para que NUNCA MÁS en Chile vuelva a pasar algo semejante. Esta es la tarea de todos, de la que nadie puede excluirse.”
Las reacciones al mensaje del presidente Aylwin fueron de amplio apoyo, dando al informe el carácter de una verdad indiscutible, que estaba por sobre los intereses parciales.
Ver Declaración de la Vicaría de la Solidaridad, 5 de marzo 1990
Ver Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, 14 de marzo 1991
Desde el punto de vista del gobierno, las reacciones al mensaje del presidente Aylwin habían sido de amplio apoyo, considerando las declaraciones del Senado, de la Cámara de Diputados, del Episcopado y los resultados de algunos estudios de opinión pública. “Estas reacciones tienden a darle al Informe el carácter de una verdad indiscutible, que está por sobre los intereses parciales.”
Además, se percibía la existencia de ciertos consensos mínimos, aunque solo en el ámbito civil, ya que no involucraban la opinión de las Fuerzas Armadas. Primero, en torno a la necesidad de llevar adelante las investigaciones para esclarecer el destino de los restos de los detenidos desaparecidos y ejecutados, sin perjuicio de la vigencia de la ley de amnistía. Luego, en cuanto a apoyar las medidas de reparación material debidas a los deudos de las víctimas, y finalmente, en relación a cumplir, aunque con algunos matices, el resto de las medidas propuestas.
Ver Informe de análisis al 7 de marzo de 1991. Ministerio Secretaría General de la Presidencia
Dentro de la coalición de gobierno, si bien todos reconocían el gran valor del Informe, no le atribuían de manera tan clara un carácter definitorio en cuanto al tema de los derechos humanos y menos aún en relación a considerar la verdad en él expuesta como compensación a la justicia.
Finalmente, fuera del espectro de la Concertación, las mismas críticas que se recibió al momento de la creación de la Comisión Rettig por los grupos de familiares de detenidos-desaparecidos, continuaron una vez expuesto el resultado de la investigación: verdad (y no completa) no era sinónimo de justicia.
El Comité Central del partido Comunista agregó “que los hechos muestran una vez más que la permanencia de Augusto Pinochet en la Comandancia del Ejército es un obstáculo para la creación de una nueva relación entre los hombres de armas y el pueblo, que la mayoría de los integrantes de la Corte Suprema no tiene disposición alguna para reconocer sus culpas y corregir su comportamiento, que lo peor de la derecha, que busca vestirse con ropajes democráticos, pero sigue siendo defensora de los métodos brutales de la tiranía.”
Como era de esperar, las Fuerzas Armadas y de Orden, en especial el Ejército y la Armada, se sintieron inculpadas, pese a que el Informe atribuía las responsabilidades a sus autores específicos y no a las instituciones. Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Jaime Guzmán E., calificó el Informe “superficial, distorsionador y falso en su interpretación histórica”, expresando sus dudas respecto de si sería efectivamente un instrumento de reconciliación.
La Corte Suprema, aduciendo el clima de animosidad en contra del poder judicial que había generado en el país producto del Informe, acordó solicitar al presidente Aylwin “la adopción de medidas de seguridad en resguardo de la integridad y la vida de las personas de los miembros de esa Corte y de sus familiares. Se reclama, además, las esenciales garantías para el respeto de la independencia de ese poder del Estado.”
Ver Carta del presidente Patricio Aylwin al presidente (s) de la Corte Suprema, 7 de marzo 1990
La reunión del Consejo de Seguridad Nacional
Pese a que casi todos los sectores ya habían expresado su posición de alguna manera, en el marco de su estrategia conciliadora y recogiendo la inquietud y molestia existente en las Fuerzas Armadas a raíz del Informe, el presidente Aylwin decidió establecer una instancia formal para que plantearan sus puntos de vista, razón por la cual convocó a una reunión del Consejo de Seguridad Nacional, Cosena, que se realizaría el miércoles 27 de marzo, a las 16:00 horas en el Palacio de la Moneda.
En definitiva, se había optado por utilizar este organismo constitucional como una fórmula para disminuir la tensión que podía provocar la respuesta de las Fuerzas Armadas y de Orden, así como la de Carabineros, sobre el Informe Rettig.
Los días previos a la reunión existió cierta expectación entre los actores involucrados, manifestada a través de los medios de comunicación, respecto a cómo se desarrollaría el encuentro. Para el gobierno las posiciones de los comandantes en jefe y del director de Carabineros ya eran conocidas, por lo que la preocupación se centraba en la forma en que se entregarían sus anunciadas respuestas al Informe.
El general Matthei ya había manifestado su disposición a colaborar con la reconciliación. Respecto a Carabineros, sus primeras reacciones ante el Informe también fueron moderadas, aunque se esperaba entregarían una declaración más crítica en el Consejo de Seguridad Nacional. Finalmente, la molestia que existía en el Ejército y en la Armada habían sido expresadas a través de declaraciones individuales, por lo que el gobierno presupuestaba respuestas aún más duras en la sesión.
La sesión completa del Consejo de Seguridad Nacional se extendió por una hora y 35 minutos. El análisis del primer punto de la tabla – Informe al proyecto de ley sobre entrada de tropas extranjeras al territorio nacional y salida de tropas nacionales – no duró más de 15 minutos. El segundo punto fue introducido por el presidente Aylwin, ofreciendo la palabra para plantear las observaciones respecto al Informe Rettig. Luego de decidir en qué orden se harían las presentaciones, quedando abierta la posibilidad para que cada uno lo hiciera en el momento que deseara, tomó la palabra el general director de Carabineros, Rodolfo Stange.
Su intervención, tal como se esperaba, fue crítica. Desde su punto de vista, el Informe carecía de valor legal, lo que no obligaba a su total aceptación. Además, se objetó el marco histórico comprendido y algunos de los procedimientos utilizados en su elaboración. Finalmente, y como tema central, Stange destacó las consecuencias policiales de la aplicación de las recomendaciones de la Comisión Rettig – como por ejemplo, el uso de ciertas armas – que inhibirían y debilitarían su actuar, dejándolos más expuestos ante la agresión.
En segundo lugar intervino el almirante Jorge Martínez Bush, quien también objetó el marco histórico del Informe, rechazó el concepto de convicción, la metodología que estableció culpabilidades solo con la versión de una de las partes e impugnó varias de las propuestas de reparación de la Comisión. Además, la Armada reafirmó su calificación de guerra interna para el conflicto vivido en 1973, que en el Informe es desestimada, y confirmó su adhesión al proceso vivido entre 1973 y 1990.
En tercer lugar tomó la palabra el general Augusto Pinochet. A través de su exposición se pudo percibir que sus opiniones coincidían en lo sustancial con las planteadas por la Armada, aunque su tono fue más duro y crítico; “El Ejército de Chile, ciertamente no ve razón alguna para pedir perdón por haber tomado parte en esta patriótica labor. Una comisión formada por ciudadanos entre los cuales hay quienes ostentan por años una conocida animadversión hacia las Fuerzas Armadas y Carabineros y hacia su gobierno, carece de la imparcialidad necesaria para erigirse en instancia capaz de determinar la verdad de hechos sometidos a su conocimiento y que envuelven un juzgamiento de la actuación de los hombres de armas.”
En lo sustancial, el Ejército manifestó “su fundamental discrepancia con el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y le niega tanto validez histórica como jurídica (…)” Además, reafirmó la noción de la existencia de una guerra interna, que justificó el uso legítimo de la fuerza, repudió la campaña para presentar al Ejército haciendo objeto de castigos o apremios inhumanos a personas inocentes. “Es cierto que en la sucia guerra desatada por el extremismo pudieron darse situaciones indeseables e imprevisibles, pero también lo es que una táctica conocida de la subversión es la de vocear la denuncia de torturas con carácter de escándalo (…)” Finalmente, declaró que el Ejército de Chile “(…) no aceptará ser situado ante la ciudadanía en el banquillo de los acusados, por haber salvado la libertad y la soberanía de la patria a requerimiento insistente de la civilidad (…)”
Luego, tomó la palabra el presidente de la Corte Suprema, Luis Maldonado, quien dijo que no entregaría ningún planteamiento, ya que estando de vacaciones no había tenido mayor contacto con la Corte Suprema, por lo cual no se sentía en condiciones de hablar.
El último de los generales en pedir la palabra fue Fernando Matthei, quien lo hizo solo para ratificar la declaración que ya había hecho públicamente a nombre de la Fuerza Aérea, y pedir que ella también fuera incorporada al acta.
A continuación, pidió intervenir el ministro de Economía, Carlos Ominami, que sería el único de los miembros del gabinete presentes en intervenir. Notoriamente emocionado, comenzó diciendo que entendía el interés de las instituciones por fijar posiciones en este tema; no obstante, constataba que había puntos de vista no coincidentes, por lo que se estaba muy lejos de una verdad en común. “En el intertanto, sin embargo, debiéramos hacer un gran esfuerzo para buscar, como todos aquí han señalado, la reconciliación efectiva entre todos los chilenos.” Agregando que, “(…) no obstante ser hijo de alguien que sufrió los rigores de las situaciones que estamos discutiendo aquí, soy parte también de un sector del país que no entiende haber participado en guerra alguna, que entiende haber asumido su cuota de responsabilidad en la crisis institucional que el país conoció durante los años 70, que también hace suyo el dolor que muchos tienen por los miembros de las Fuerzas Armadas que cayeron durante estos años, y que espera que este mismo sentimiento, pueda anidarse en el corazón de los miembros de las Fuerzas Armadas.”
Su intervención fue seguida por un absoluto silencio en la sala, interrumpido por el presidente del Senado, Gabriel Valdés, quien leyó el acuerdo unánime firmado en el hemiciclo, y solicitó se incorporara al acta de la reunión.
Una vez terminado el encuentro, y pese a las tensas expectativas previas, los participantes coincidieron en que el clima fue crecientemente distendido, se habían realizado los descargos particulares frente al tema y todos apoyaban la idea de reconciliación que el presidente Aylwin había propuesto.
Se acordó que tanto el acta de sesión como las declaraciones podrían ser publicadas y difundidas por las instituciones.
Ver Acta N°8 del Consejo de Seguridad Nacional, 26 de marzo 1991.
Ver Anexo N°2 Posición de la Armada ante el Informe, 27 de marzo 1991
Ver Anexo N°3 Exposición del comandante en jefe del Ejército en el Cosena
Respecto al poder judicial, solo una vez reunido el Tribunal Supremo, emitió públicamente su opinión. El Informe Rettig había calificado duramente la acción de los tribunales, señalando que no habían reaccionado con suficiente energía en la defensa de los derechos humanos, lo que habría significado un mayor desamparo de las personas detenidas y un sentimiento de impunidad para los agentes represivos. En su defensa, la Corte Suprema señaló que los jueces de esos años carecían de información acerca de los atropellos que no habían sido denunciados a la justicia y que en la medida que se fueron advirtiendo anomalías, se comenzaron a hacer llegar requerimientos, reclamaciones y exigencias a las diversas jefaturas gubernamentales. Además, rechazaron lo planteado acerca de que los hechos constitutivos a violaciones de los derechos humanos no fueron investigados por los tribunales.
“En resumen, esta Corte estima que la Comisión, extralimitándose de sus funciones, formula un juicio en contra de los tribunales de justicia, apasionado, temerario y tendencioso, producto de una investigación irregular y de probables prejuicios políticos, que termina por colocar a los jueces en un plano de responsabilidad casi a la par con los propios autores de los abusos contra los derechos humanos.”
La Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación
Al entregar a la ciudadanía el Informe Rettig, el presidente Aylwin se comprometió a presentar un proyecto de ley para concretar las recomendaciones de la Comisión. En efecto, el 3 de abril de 1991 se envió un mensaje presidencial a la Cámara de Diputados con el cual se propuso el proyecto que crearía la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación.
En el mensaje, Aylwin afirmó que “tal como dijera dicha Comisión «la desaparición o la muerte de un ser querido son pérdidas irreparables» por lo que «no es posible establecer correlación entre el dolor, la impotencia y las esperanzas de las víctimas con las medidas que sugiere.” Reconocemos esa misma limitación en lo que hoy proponemos a vuestra consideración, pero no obstante ese hecho, el tema de la reparación, tanto moral como material, parecen ser una tarea absolutamente necesaria para la transición hacia una democracia más plena.”
El proyecto fue aprobado el 28 de enero de 1992, y publicado en el Diario Oficial como la Ley Nº19.123, el 8 de febrero de 1992, exactamente un año después de que Aylwin recibiera el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.
Ver Ley N°19.123, Crea Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, 31 de enero 1992