Hitos del gobierno de Patricio Aylwin
“Yo, personalmente pienso que el año 68, con los antecedentes que entonces existían, debió haberse cancelado la personalidad jurídica, debió haberse hecho lo que estamos haciendo ahora.”
(Presidente Patricio Aylwin en conferencia de prensa convocada con motivo de la cancelación de la personalidad jurídica de Colonia Dignidad, 9 de febrero de 1991.)
31 de enero de 1991
Hace 30 años.
La cancelación de la personalidad jurídica de Colonia Dignidad
“Yo planteé mis puntos de vista el año 68. Lamentablemente estos puntos de vista, que eran compartidos por otros parlamentarios de la zona y otros lugares, no tuvieron suficiente eco, audiencia, en los gobiernos respectivos. Y yo creo que se produjo una especie de un gran mito, se montó aquí una escena en cuanto a la gran labor benefactora de ese hospital maravilloso y de esa escuelita, para cubrir con eso todo el resto y, a mi juicio, desde entonces hasta ahora, hubo ligereza de parte de las autoridades para ahondar en el asunto y tomar las determinaciones que correspondía. Yo, personalmente pienso que el año 68, con los antecedentes que entonces existían, debió haberse cancelado la personalidad jurídica, debió haberse hecho lo que estamos haciendo ahora.”
Presidente Patricio Aylwin en conferencia de prensa convocada con motivo de la cancelación de la personalidad jurídica de Colonia Dignidad, 9 de febrero de 1991.
En 1961 se instaló en Chile el ciudadano alemán Paul Schäefer, junto a 230 seguidores. El 21 de septiembre de ese mismo año, mediante decreto supremo N°3.949, el Gobierno de Jorge Alessandri concedió la personería jurídica a la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, cuyo principal objetivo era ayudar a la niñez y juventud necesitada, a los huérfanos y desvalidos; dándoles instrucción técnica, especialmente agrícola, que los capacitara para una mejor vida.
Para atender el cumplimiento de sus fines, la sociedad adquirió el fundo “El Lavadero”, ubicado en la precordillera de Parral, a orillas del río Perquilauquén.
Se inició así una historia de hermetismo, ilegalidad y abusos. Una historia que por largos años fue negada por sus líderes, quienes contaron con la defensa y protección de destacadas figuras públicas chilenas. Hoy, todavía hay quienes frente a este tema vuelven a guardar silencio, niegan el apoyo que otorgaron al enclave en el pasado o simplemente se defienden señalando que nunca supieron lo que allí sucedía.
“Lo bueno, lo malo y lo dudoso de Colonia Dignidad”
En 1967, el intendente de Linares, Héctor Taricco, y el gobernador de Parral, Claudio Fuentes, motivados por una serie de situaciones ocurridas en Colonia Dignidad -en particular, las denuncias sobre los delitos que se cometían en el enclave hechas por el colono Wolfgang Müller, que había logrado fugarse del lugar- realizaron diligencias inspectivas en el fundo “El Lavadero” para conocer directamente lo que allí ocurría.
El intendente y el gobernador pudieron verificar que, lejos de ser una corporación sin fines de lucro -como sus estatutos lo indicaban- la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad había obtenido un importante progreso material que favorecía a los propietarios del predio, los señores Hermann Schmidt y Rudolf Collen. Se comprobó además que uno de los dirigentes, Paul Schäefer, estaba ilegalmente en el país, condenado por homosexualidad en Bonn y buscado por la Policía Internacional. Asimismo, las autoridades locales constataron que en lugar no se respetaban los mínimos derechos humanos, como la libertad de desplazamiento y opinión.
En enero de 1968, Hermann Schmidt, en representación de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, solicitó al Senado el desafuero del intendente Taricco y el gobernador Fuentes, acusando a ambas autoridades de delitos de prevaricación, abusos contra particulares y de detención arbitraria.
Tras investigar, el 20 de febrero de 1968 la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, por la unanimidad de sus miembros, recomendó que la petición de desafuero no fuese acogida y que todos los antecedentes fuesen remitidos a la Cámara de Diputados para que esta designase una comisión investigadora.
Sin embargo, el 28 de febrero de 1968, en una votación secreta del Senado, y gracias a los votos de los senadores derechistas que desoyeron todos los argumentos y criterios del Informe de la Comisión, se acogió la petición de desafuero del intendente Taricco y el gobernador Fuentes.
Durante la misma sesión, el entonces senador Patricio Aylwin, pronunció ante el Senado de la República un discurso sobre “lo bueno, lo malo y lo dudoso de Colonia Dignidad.”
Tras afirmar su plena convicción de que ni el intendente ni el gobernador habían cometido delito alguno, Aylwin señaló que, con motivo de la votación de desafuero, y por estar Colonia Dignidad en su circunscripción, había decidido “estudiar a fondo los antecedentes. Visité la colonia. Analicé los procesos que se siguieron en el Juzgado de Parral y me informé de varios hechos (…) De tal estudio, deduzco que hay aspectos favorables y desfavorables en las actividades de la institución.”
De lo bueno, Aylwin destacó el trabajo agrícola eficiente, la existencia de un hospital, la actuación de los coros y el trabajo en ciertos talleres. Entre los aspectos negativos, denunció el incumplimiento de los estatutos de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, los privilegios tributarios y aduaneros a que se acogía en su calidad de sociedad benefactora, pero que no le correspondían, y el incumplimiento de las leyes chilenas, destacando asimismo las faltas a la verdad en que sus personeros habían incurrido y la actitud de “aislamiento desafiante” en que sus dirigentes y miembros mantenían al enclave, constituyendo un territorio cerrado, habitado por un grupo hermético y exclusivo.
El senador Aylwin finalizó su discurso afirmando que en “Dignidad habría un verdadero régimen policial que mantiene a sus colaboradores o protegidos en condición análoga a la de prisioneros, obligados a trabajar gratuitamente para la Colonia a cambio de la mantención y privados de toda vida independiente (…) Creo que los hechos señalados son suficientes como para provocar una justificada inquietud, y que ellos exigen de juna investigación a fondo, sería y definitiva, que esclarezca la verdad.”
Ver Discurso del senador Patricio Aylwin en el Senado, 28 de febrero de 1968.
El 6 de marzo el senador Aylwin volvió sobre el tema en la sesión del Senado, caracterizando a Colonia Dignidad como “un grupo hermético y exclusivo, que se niega a toda convivencia normal con la sociedad chilena en cuyo seno vive, y que no sólo cuida policialmente su propio aislamiento, sino que adopta una actitud provocadora, prepotente y hasta vejatoria frente a los chilenos que no les parecen complacientes.” Agregando que “es un hecho absolutamente cierto, confesado ante la justicia por el propio presidente de la corporación, señor (Hermann) Schmidt, que durante varios años se ocultó en la colonia un individuo llamado Paul Schäefer, ingresado ilegalmente al país, contra quien había orden de arresto en Alemania y a quien los tribunales chilenos sindicaron actividades delictuosas. Es curiosa coincidencia que ese individuo llegue por primera vez a Chile precisamente cuando empieza a ser buscado por la justicia de su patria. Y más curioso resulta aún que de Chile desaparezca precisamente cuando se inicia el proceso judicial en que era inculpado. Pero la única prueba de su desaparecimiento es el testimonio del señor Schmidt, quien dice que después de estar varios años oculto en la colonia, se fue llevándose un revólver y dejando una carta en que da a entender que se va a suicidar. Schmidt reconoce que hasta entonces él lo había negado a las autoridades e incluso a la Embajada de su patria.”
Al término de su discurso, el senador Aylwin señaló que el pueblo de Parral y Linares “espera que la Cámara de Diputados realice una investigación seria que esclarezca las interrogantes y confía en que, desde luego, el Supremo Gobierno dispondrá todas las medidas necesarias para asegurar el pleno cumplimiento de las leyes chilenas por los dirigentes e integrantes de esa colonia que viven y prosperan en territorio nacional.”
Ver Discurso del senador Patricio Aylwin en el Senado, 6 de marzo de 1968.
“Vivamente preocupado” por la situación de Colonia Dignidad, el mismo 6 de marzo de 1968 Aylwin escribió una carta al entonces ministro de Justicia, William Thayer. En ella, describió en detalle los aspectos jurídicos por los cuales se debía cancelar la personalidad jurídica a la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad. Los antecedentes entregados no fueron considerados por el ministro.
Doce días más tarde, el 18 de marzo, el senador escribió una carta a Raúl Troncoso, entonces secretario de Gobierno, en la que sugería requerir a los Ministerios correspondientes realizar acciones respecto de Colonia Dignidad, incluyendo la investigación del paradero del líder Paul Schäfer y de los colonos Wolfgang Müller y Wilhelmine Lindemann. Solicitaba además la revisión de la situación tributaria de la Sociedad, un informe respecto el funcionamiento de su escuela y hospital, así como sobre las condiciones laborales que había en el enclave.
El 29 de mayo el senador Aylwin reiteró sus inquietudes respecto a Colonia Dignidad. En carta dirigida al ministro del Interior, Edmundo Pérez Z., le señaló la imperiosa necesidad de investigar la Sociedad Benefactora, responsabilizando al gobierno de haber actuado con “especial benevolencia.” Agregaba su total rechazo el maltrato dado al intendente Héctor Taricco, quien, como alta autoridad de la zona, había intentado “levantar la barrera impuesta por Colonia Dignidad.”
En carta respuesta del 4 de junio, el ministro Pérez Z., junto con rechazar categóricamente las acusaciones formuladas por Aylwin respecto a la debilidad con que se estaba actuando en este tema, le informó en detalle las acciones realizadas por el propio gobierno, la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y el Consejo de Defensa del Estado respecto de Colonia Dignidad.
En noviembre de 1968 la Comisión especial de la Cámara de Diputados designada para investigar las actividades de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, entregó su informe. En sus conclusiones, afirmaba que, teniendo en consideración todos los antecedentes reunidos, “no procedería la cancelación jurídica, como conclusión necesaria.”
Días más tarde, el 3 de diciembre, la Cámara de Diputados resolvió no sancionar ni quitar la personalidad jurídica a Colonia Dignidad. Aylwin no volvió a insistir.
Ver Acta de sesión de la Cámara de Diputados, 3 de diciembre 1968, p. 1295 y ss.
Durante el Gobierno de la Unidad Popular la situación de este enclave no varió mayormente, pese a la evidente amenaza que significaba un gobierno marxista para los jerarcas alemanes, fuertemente anticomunistas.
Bajo el Régimen militar Colonia Dignidad no solo fue protegida, sino que mantuvo una estrecha relación con la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA, siendo utilizada como campo de prisioneros y de tortura, así como lugar de reunión y descanso de diversos dirigentes y autoridades vinculadas al régimen.
Comienzan las investigaciones
Hasta mediados de la década de los ochenta, el gobierno de la República Federal de Alemania, a través de su Ministerio de Relaciones Exteriores, no se hizo eco de las denuncias que ya desde 1967 había en contra del enclave.
Sin embargo, a comienzos de 1985 los matrimonios de Hugo y Waltraud Baar y de Georg y Lotti Packmor, lograron fugarse de Colonia Dignidad. Sus extensos y dramáticos testimonios de lo vivido en el enclave hicieron que el gobierno de la República Federal de Alemania finalmente comenzara a realizar acciones para esclarecer lo ocurrido. La estrategia fue presionar a las autoridades chilenas.
En enero de 1988, en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Federal de Alemania Federal, Hans Dietrich Genscher, solicitó al entonces canciller chileno, Ricardo García, iniciar una investigación judicial sobre Colonia Dignidad.
La solicitud no tuvo respuesta inmediata. El ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Federal hubo de insistir en reiteradas ocasiones a su par chileno y luego a su sucesor, Hernán Felipe Errázuriz.
Finalmente, ante sucesivas negativas por parte de la Corte de Apelaciones de Chillán para “investigar judicialmente diversos hechos puestos en conocimiento de las autoridades chilenas por parte de la representación diplomática de la República Federal de Alemania en Chile”, el ministro Errázuriz envió un Oficio reservado Ns°80 y 81, de fecha 4 de enero de 1989, solicitando a la Corte Suprema instruir la investigación administrativa del enclave, haciendo ver que “los hechos relativos a Colonia Dignidad constituyen una serio obstáculo para las relaciones entre ambos países”, lo que podría derivar “en consecuencias muy graves para los intereses permanentes del país.”
Mediante resolución de fecha 12 de enero de 1989, la Corte Suprema designó al ministro de la Corte de Apelaciones de Chillán, Guillermo Navas Bustamante, para que procediera a constituirse en visita extraordinaria en el Juzgado del Crimen de Parral, e investigara sobre la organización y actividades de Colonia Dignidad. Debido al cambio en la Ley 18.0776 y la consecuente modificación de los artículos 34 y 55 del Código Orgánico de Tribunales, el Juzgado de Letras de Parral pasó a integrar la jurisdicción de Talca, motivo por el cual la Corte Suprema puso término a la actuación del ministro Navas y designó en su reemplazo al ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, Hernán Robert Arias.
Luego de reiteradas citaciones, Paul Schäefer, quien llevaba años oculto en el mismo enclave, compareció ante el ministro Arias. El interrogatorio fue en torno a los testimonios de los matrimonios de Hugo y Waltraud Baar y de Georg y Lotti Packmor, que pueden “sintetizarse de la siguiente forma: las personas precedentemente mencionadas afirman que los habitantes de Villa Baviera, no tienen libertad para salir de este lugar ya que se encuentra rodeado por cercos de alambre y a su alrededor existen alambradas de traspié que denuncian a cualquier persona que pretenda abandonar el sector. Para vigilar la villa existen guardias armados, los que la recorren acompañados por perros amaestrados. Los miembros de la Colonia no tienen en su poder documentos de identidad, la correspondencia es controlada y leída, se maltrata, mediante golpes de puño y pies, aplicaciones de electroshock y medicamentos, a quienes se rebelan en contra de algunas normas preestablecidas por Paul Schäefer, como por ejemplo escuchar conversaciones o dificultades ajenas, hablar en contra de colaboradores, salir del predio sin autorización, tratar de trabar amistad con el sexo opuesto, etc.”
En su defensa, Paul Schäefer afirmó que estas imputaciones no eran efectivas, “aclarando que los cercos fueron colocados para defender el área de los daños que causaban los animales afuerinos. En la comunidad son todos iguales. Con respecto a la libertad, dice que es una apreciación que debe entregar cada uno de los habitantes. Añade que jamás ha maltratado a un ser humano. Que personalmente no tiene ninguna injerencia en matrimonios ni en la vida familiar. Los adultos no están bajo la voluntad de su persona.”
El 30 de junio de 1989 el ministro en visita decretó el cierre de la investigación administrativa de Colonia Dignidad. En su Informe quedaba establecido que existían diversos hechos ilícitos o irregulares que decían relación con violaciones a Derechos Humanos en Colonia Dignidad y que, como tales, daban lugar a la apertura de sumarios criminales para determinar a los autores, eventuales cómplices y encubridores de dichos delitos. Pese a ello, solo se resolvió iniciar la instrucción de dos sumarios criminales: 1) por delito de estafa; y 2) por delito de ejercicio ilegal de profesiones que requieren de título profesional reconocidos.
El 16 de agosto, el abogado representante de la República Federal de Alemania, Máximo Pacheco G., presentó un escrito de 39 páginas solicitando a la Corte Suprema que el ministro en visita “se aboque a la investigación de los delitos de asociación ilícita, encierro o privación de libertad, violación de correspondencia y maltratos, que eventualmente se habrían cometido en Colonia Dignidad, según los antecedentes de la investigación administrativa” contenidos en el Informe elaborado por el ministro Hernán Robert Arias. En especial, se solicitó que se decretara el interrogatorio de cuatro relevantes testigos de cargo: los matrimonios de Hugo y Waltraud Baar y de Georg y Lotti Packmor.
Sin embargo, el 30 de agosto el Pleno de la Corte Suprema acordó el cierre de la investigación. En su resolución, de fecha 8 de septiembre, incluso revocó la competencia del ministro Hernán Robert Arias para seguir tramitando los sumarios criminales iniciados.
Al día siguiente, el ministro de Relaciones Exteriores de la República Federal de Alemania, señaló estar “profundamente consternado debido a la decisión adoptada por la Corte Suprema chilena, mediante la cual se evita en principio una acción penal contra miembros de Colonia Dignidad, acusados de cometer delitos graves” afirmando que la intención del actual régimen chileno es “obstaculizar un esclarecimiento de las graves acusaciones relacionadas con tortura, privación de libertad y otros serios delitos contra miembros de Colonia Dignidad.”
La declaración finalizaba señalando que el hecho afectaba en forma grave las relaciones chileno-alemanas.
Por su parte, la Concertación de Partidos por la Democracia, en declaración del 15 de septiembre, lamentó la resolución de la Corte Suprema y deploró que se hubiese revocado la competencia del ministro en Visita para seguir tramitando los sumarios iniciados, agregando que la investigación sobre Colonia Dignidad en modo alguno estaba agotada y que “fue cerrada abruptamente, luego que la Corte Suprema oficiara al ministro en Visita para que adoptara las medidas necesarias para poner término a la brevedad posible” a la investigación, concluyendo que, debido a ello, esta quedó “trunca, oscura y sin respuestas.”
En gira por Europa, el 18 de septiembre el candidato presidencial Patricio Aylwin se reunió en Bonn con el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania Federal, Hans Dietrich Genscher. En la oportunidad, el ministro alemán reiteró su “desprecio respecto de la obstaculización del régimen actual por esclarecer todos los crímenes acaecidos en Colonia Dignidad, ratificados por testigos de los cuales no tenemos ninguna duda. Esperamos que en Chile, cuando vuelva la democracia, pueda con sus leyes y su estado de derecho, resolver este problema.”
En respuesta, Aylwin dio al ministro alemán la seguridad de que en un gobierno democrático la situación de Colonia Dignidad será investigada “plenamente y sin restricciones”, agregando que “no es posible que al interior de nuestro país exista una especie de Estado dentro del Estado, que se rige por leyes especiales al margen de las normas de la Nación.”
Ver Boletín informativo – gira a Europa del candidato presidencial Patricio Aylwin, septiembre 1989.
Cumpliendo con lo prometido
Durante su primer año de gobierno, el presidente Aylwin fue reuniendo una serie de antecedentes respecto de la situación de Colonia Dignidad. Consciente de que diversos personeros de la derecha política chilena impedirían cualquier acción en contra del enclave y de sus jerarcas, optó por el camino jurídico; lo primero era demostrar que la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad era una corporación que incumplía las normas legales vigentes en Chile y que, por tanto, procedía cancelar su personalidad jurídica.
En agosto de 1990 el Ministerio de Justicia solicitó al entonces gobernador provincial de Linares, Manuel Francisco Mesa Seco, la elaboración de un informe sobre el funcionamiento y cumplimiento de estatutos de Colonia Dignidad. Sus conclusiones fueron que “la marcha general de la Sociedad no se compadece con sus objetivos estatutarios, los que no han cumplido en forma permanente, desviándose de ellos e infringiendo incluso la legalidad e institucionalidad vigente.”
Al conocer este informe, Hermann Schdmit Georgi, presidente de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, envió una extensa carta al ministro de Justicia, Francisco Cumplido, defendiéndose de las acusaciones hechas por el gobernador y calificando algunas de las afirmaciones contenidas en el referido informe como de “mentiras injuriosas.”
Ver Carta de Hermann Schmidt al ministro de Justicia, Francisco Cumplido, 24 de enero 1991.
El 11 de diciembre la Comisión de derechos humanos, nacionalidad y ciudadanía de la Cámara de Diputados, presidida por María Maluenda, tras una investigación de cinco meses, resolvió solicitar formalmente al presidente de la República disponer la cancelación de la personalidad jurídica otorgada a la Corporación denominada Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad.
En el informe elaborado por dicha comisión, se entregaron detalles de la serie de situaciones “ilegales o confusas” con respecto a la existencia de Colonia Dignidad, entre ellas, la escasa información que el Estado chileno tiene sobre quienes viven en este lugar, así como sobre la propiedad de sus bienes; las irregularidades que presenta su escuela educacional; los privilegios aduaneros para la importación de bienes; y el no respeto al ejercicio de la libre correspondencia para los integrantes de la Colonia.
Como era de esperar, los informes mencionados y la solicitud de cancelación de la personalidad jurídica de Colonia Dignidad, generaron una serie de cuestionamientos por parte de la derecha chilena. En un editorial del diario “El Mercurio”, publicado el 20 de diciembre de 1990, se argumentaba que “conforme a la Constitución vigente, solo toca al poder Judicial calificar si una persona jurídica puede o no subsistir y ordenar o negar la revocación de su personalidad jurídica. No es esta una atribución que pueda ejercer el Ejecutivo…”
Durante enero de 1991 el gobierno finalizó la recopilación de antecedentes sobre la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad.
Mediante oficio de 9 de enero, el ministro de Educación, Ricardo Lagos, informó al presidente Aylwin las consecuencias educacionales que se derivarían de la cancelación jurídica de Colonia Dignidad, agregando algunas alternativas para que los educandos y docentes de su escuela pudiesen tener continuidad en sus estudios y en el ámbito laboral, respectivamente.
A fines de mes, un informe de la Dirección del Trabajo detectó un “incumplimiento absoluto de la legislación laboral y previsional respecto de los trabajadores alemanes, austríacos, holandeses y chilenos que tienen calidad de socios de la corporación”, informando además las dificultades que tuvo el fiscalizador para entrevistarse con ellos.
Ver Informe de fiscalización laboral y previsional a Colonia Dignidad, 28 de enero 1991.
La cancelación de la personalidad jurídica
Basándose en todos los antecedentes reunidos y a menos de un año de haber asumido el gobierno, el 31 de enero de 1991, mediante decreto N°143 del ministerio de Justicia, se canceló la personalidad jurídica de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad por incumplimiento de sus estatutos y funcionamiento ilegal. Se dispuso además que sus bienes y patrimonio pasaran a ser administrados por la Corporación Metodista. De este modo, Aylwin lograba hacer como presidente de la República lo que décadas antes había intentado hacer como senador.
Ver Decreto N°143 Declara disuelta y cancela personalidad jurídica y destina bienes que indica.
Mediante una declaración conjunta, los ministros de Interior, Enrique Krauss, y de Justicia, Francisco Cumplido, informaron la cancelación de la personalidad jurídica de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, dándose término “a un enclave que durante 29 años ha intentado constituirse en un Estado dentro de otro Estado, imponiéndole a sus integrantes un sistema de vida completamente reñido con nuestra concepción cristiano-occidental de la familia y eludiendo además, el cumplimiento de las leyes que rigen a todos los habitantes de la República.”
Ver Declaración conjunta de ministros Krauss y Cumplido, 1 de febrero 1991.
Para entonces, los dirigentes de Colonia Dignidad ya habían traspasado todos los bienes de la corporación a sociedades anónimas. De este modo, se aseguraron que las 13 mil hectáreas de terrenos agrícolas y forestales, distribuidas entre las regiones del Maule y Biobío, más una casa ubicada en Santiago, quedaran a nombre de la sociedad Cerro Florido Sociedad Colectiva Civil, controlada por los jerarcas de Colonia Dignidad.
Ver Lista de colonos fundadores de la sociedad Cerro Florido Sociedad Colectiva Civil
La cancelación de la personalidad jurídica de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad desencadenó una larga batalla judicial liderada por el abogado de la entidad y varios representantes de la derecha chilena y el ejército.
El 6 de febrero, el abogado representante de Colonia Dignidad, Fidel Reyes Castillo, interpuso en la Corte de Apelaciones de Santiago un recurso de protección en contra del ministro de Justicia, Francisco Cumplido, considerando que el acto de cancelación de la personalidad jurídica “es ilegal y arbitrario, y vulnera claras disposiciones constitucionales.”
Por su parte, el 18 de marzo, los senadores Arturo Alessandri B., Sergio Diez U., Olga Feliú S., Sergio Fernández F., Jaime Guzmán E., Sergio Onofre Jarpa R., Ricardo Martin D., Ronald Mc-Intyre, Hugo Ortiz de Filippi, Ignacio Pérez Walker, Francisco Prat A., Mario Enrique Ríos S., Sergio Romero P., Bruno Guillermo Siebert H., Santiago Sinclair O., William Thayer A. y Beltrán Urenda Z., recurrieron al Tribunal Constitucional para alegar la inconstitucionalidad de este decreto de cancelación.
Ver Tribunal selló fin de Colonia Dignidad, 19 de junio 1991.
Ambos requerimientos fueron rechazados, pero una vez más quedó en evidencia lo poderosa que era la red que protegía a Paul Schäfer.
A estos dos primeros recursos siguieron muchos otros. El gobierno de Aylwin, a través de la subsecretaría del Interior, hizo permanente seguimiento a la situación judicial del enclave y al cumplimiento de las medidas que se habían establecido en el decreto de cancelación.
Ver Informe situación judicial de Colonia Dignidad, a octubre 1991.
Ver Informe situación judicial de Colonia Dignidad, a enero 1993.
Ver Informe situación judicial de Colonia Dignidad, a octubre 1993.