Desde sus años de juventud falangista hasta su madurez como estadista, Patricio Aylwin defendió que la democracia debía estar al servicio de los más vulnerables. La justicia social, para él, no era una dimensión secundaria del orden democrático, sino su fundamento ético. Así lo proclamó como dirigente estudiantil, como presidente del PDC, como opositor a la dictadura y, finalmente, como primer presidente democrático tras el golpe de 1973.
En 1941, en un homenaje póstumo a Pedro Aguirre Cerda, lo recordaba como un radical generoso y comprometido: “Chile no podría ser grande de verdad sino con justicia social” (ver discurso), afirmó en ese entonces, y en 1952, en un discurso en la Convención de centroizquierda para elegir candidato presidencial, Aylwin señaló con claridad: “Justicia social significa redistribución de la riqueza” (ver discurso). Esa idea no era nueva para él.
Durante los años sesenta y hasta el golpe de Estado de 1973, Aylwin promovió desde el Congreso y desde la presidencia del Partido Demócrata Cristiano una vía chilena hacia el desarrollo con justicia. En 1961 escribía: “Los democratacristianos seguimos creyendo en la necesidad de un plan sistemático de desarrollo de la economía nacional, pero pensamos que él debe ser un plan inspirado en la justicia social, orientado no sólo a la producción, sino también a la distribución, y llevado con audacia y coraje por quienes crean de verdad en él” (ver discurso).
Aylwin fue uno de los impulsores del programa de la “Revolución en Libertad”, que buscaba transformar la estructura social chilena sin renunciar a la democracia. Su compromiso con la reforma agraria, la sindicalización campesina, la expansión del sistema educativo y la nacionalización del cobre fue parte de una apuesta por corregir desigualdades históricas en paz y dentro del orden constitucional. En sus palabras: “Nosotros nacimos con una vocación por la justicia social; nuestra primera preocupación fue la justicia social. Afirmamos la necesidad de realizar esa justicia dentro de la libertad” (ver discurso).
Ese legado reformista no fue menor. Mientras la izquierda más radical desconfiaba de las instituciones y la derecha se atrincheraba en los privilegios, Aylwin intentaba tender puentes. No siempre lo logró. Pero nunca abandonó su convicción de que sin justicia social no hay convivencia posible.
Durante los años de la dictadura militar, Aylwin insistió en que la justicia social era inseparable de la democracia y la dignidad humana. En una carta de Navidad a militantes democratacristianos, redactada en diciembre de 1975, escribió: “Tres ideas simples y fundamentales deben resplandecer en la mente de todos los chilenos (…): no hay grandeza nacional sin paz interna, no hay paz sin justicia, no hay justicia verdadera sin libertad y participación”. Y reiteraba la necesidad de construir un orden fundado en la equidad: “Solo se impondrá la ley de la selva, en provecho de los ricos e inescrupulosos y a costa de los pobres y honestos, si la justicia no guía el orden social” (ver discurso).
Ya en democracia, Aylwin convirtió su ideal de justicia social en política pública. Como presidente, convirtió esa ética en política pública. Reformó el sistema tributario para hacerlo más justo. Impulsó programas sociales, creó nuevas instituciones para mujeres, pueblos originarios y personas con discapacidad. Todo eso lo hizo no desde la lógica del asistencialismo, sino desde una comprensión profunda de lo que significa gobernar con sentido de bien común.
En abril de 1990, al presentar su reforma tributaria, afirmó: “La importancia de la reforma trasciende el mero y necesario financiamiento de los compromisos programáticos del Gobierno en materia social y de inversión. Expresa también un acto soberano de solidaridad, propio de las naciones que valoran la estabilidad, la paz social y la incorporación activa de los marginados a los beneficios del crecimiento” (ver discurso).
Su propuesta de crecimiento con equidad desafió la ortodoxia neoliberal. Durante su gobierno se logró reducir la pobreza del 41,6% al 28% y se crearon instituciones orientadas al bienestar social: MIDEPLAN, CONADI, FONADIS, CONAMA, SERNAM y una nueva legislación laboral democrática.
Aylwin defendía que el desafío consistía en demostrar que los objetivos de crecimiento económico y de equidad o justicia social no son incompatibles, sino que pueden conseguirse juntos y potenciarse recíprocamente. Y añadía con convicción: “el crecimiento económico que nos interesa no podemos concebirlo sin equidad, sin justicia social. Por ello tenemos la profunda convicción de que no habrá paz duradera ni sólida sin la erradicación de la pobreza, y especialmente de la extrema pobreza que aflige a buena parte de la humanidad y a buena parte de la población de nuestro propio hemisferio” (ver discurso).
Para Aylwin, no bastaba con restablecer las formas democráticas tras la dictadura. Había que dotarlas de sustancia social. Su gobierno y legado fueron un esfuerzo sistemático por reconciliar crecimiento económico con equidad, eficiencia con humanidad, democracia con justicia. Su concepción de justicia social no fue retórica, sino principio rector de su acción política, proyectada más allá de su mandato en instituciones, reformas y un ethos público.