Cinco líneas centrales del pensamiento político de Patricio Aylwin

Diálogo entre principios y realidad

En distintas etapas de su vida política, Patricio Aylwin puso en práctica una de las convicciones más profundas de su pensamiento: la certeza de que, para avanzar, es imprescindible distinguir aquello que resulta posible en el camino hacia la realización del ideal buscado. En otras palabras, concebía la acción política como una tensión permanente entre dos polos: de un lado, las aspiraciones que movilizan al dirigente, los valores en los que cree y que procura llevar a la práctica; y, del otro, las restricciones impuestas por la realidad, ya sea por las propias limitaciones humanas o por las circunstancias objetivas que condicionan su quehacer. De allí que, con frecuencia, se haya definido la política como ‘el arte de lo posible’. En coherencia con esta idea, Aylwin solía resumir su visión en una fórmula sencilla pero contundente: gobernar es hacer, dentro de lo posible, aquello que se quiere y, sobre todo, lo que se debe. Veamos cómo encarnó este principio en tres momentos decisivos de su vida pública.

El primer momento ocurrió durante el gobierno del presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970). En 1965 Aylwin fue elegido senador y en julio de ese año asumió una vez más, la presidencia de la Democracia Cristiana. Como leal defensor del gobierno, Aylwin sostuvo con firmeza que las condiciones políticas hacían indispensable no ir más allá de los compromisos programáticos asumidos. Esta postura se dio en un contexto de creciente desafección de sectores del partido, especialmente entre los jóvenes, que influenciados por el espíritu revolucionario de la época exigían al gobierno emprender transformaciones estructurales más profundas, como la reforma a la empresa. La llamada ‘Revolución en Libertad’ del presidente Frei comenzaba a resentir las críticas de quienes, incluso dentro de sus propias filas, la consideraban insuficiente. Desde la corriente ‘oficialista’ de la Democracia Cristiana, Aylwin defendió en una debatida Junta Nacional que el éxito de la ‘Revolución en Libertad’ dependía precisamente de la fidelidad al programa original del gobierno.

Para que haya cambios, sostuvo en aquella ocasión, tenemos que ajustarnos al programa. Lo que la gente quiere es, primero, que no haya alzas; segundo, que haya trabajo; tercero, educación; y cuarto, vivienda. No están pensando en la nacionalización de la Banca ni en la nacionalización del seguro, ni en la reforma de la empresa, ni en el cobre ni en ninguna de las grandes cosas, están pensando en estas cosas vitales: que no les suba el costo de la vida, que haya trabajo, que haya educación, que haya vivienda. Esta es la primera cosa entonces para apoyarnos en el pueblo; satisfacer estas necesidades y a esto tiene que estar orientada el grueso de la acción el Gobierno y del Partido… una elemental estrategia exige que no luchemos con todos al mismo tiempo, y así como en la reforma agraria hay un elemental principio político que dice que para destruir a un adversario hay que dividirlo, nuestros enemigos pretenden dividirnos a nosotros. El poder económico no es débil. Si nos lanzamos contra todo y los unimos a todos contra nosotros, capaz que demos de cabezazos contra la pared… Lo inteligente es ir por etapas, nos sentimos de repente entusiasmados con una política que tienda a estatizarlo todo… pero no fue ese el programa…. tenemos que tener claro, camaradas,  que si no somos capaces de entenderlo sufriremos de infantilismo político y el que sufre de infantilismo político no es capaz de hacer una revolución, así lo decía Lenin y así lo han dicho todos los grandes revolucionarios de la historia.

 

Discurso de Patricio Aylwin ante la Junta Nacional del Partido Demócrata Cristiano, 6 de noviembre de 1965. (APA-0268)

Esta advertencia, sin embargo, no evitó la primera escisión que sufrió la Democracia Cristiana, protagonizada principalmente por sus juventudes, que en 1969 fundaron el MAPU (Movimiento de Acción Popular Unitario), luego integrado al gobierno de Salvador Allende. Dos años más tarde, en 1971, otra facción democratacristiana se separó para fundar la Izquierda Cristiana, incorporándose también a la Unidad Popular.

Un segundo ejemplo de la conciencia que tenía Aylwin de que no todo lo que se quería era posible de lograr en la vida política, fue su propuesta de derrotar a la dictadura ‘en su propia cancha’, aceptando como una realidad la Constitución de 1980 y asumiendo la vía electoral como el camino para lograrlo. En un seminario realizado en el Instituto Chileno de Estudios Humanísticos (ICHEH) en julio de 1984, sostuvo esta tesis:

Nadie que medite sobre la realidad que vivimos -a menos que su fantasía no le deje verla- dejará de advertir que la comunidad nacional está como anonadada por un quiebre interior. Chile, como Nación, tiene el alma trizada. Por mucho que se hable de ‘unidad nacional’, somos un pueblo dividido. Es un fenómeno que trasciende lo político. Aparte del abismo que separa al gobierno de la disidencia, grietas cada vez más hondas separan a los chilenos en lo económico social y en lo cultural.

Este hecho, que por su gravedad debiera preocuparnos a todos y que, sin embargo, parece inadvertido, está provocando una creciente incomunicación en la vida nacional, con la consiguiente parálisis. Vamos camino de convertirnos en una ‘Torre de Babel’, en la que cada cual habla su lenguaje, sin importarle ni entender lo que los otros dicen.

De una situación como esta solo se sale por la guerra civil —con la derrota y aniquilamiento de unos por otros—, o por el reencuentro y reconciliación entre los dos o tres Chiles que hoy coexisten —tolerándose apenas— en el suelo patrio. La primera es la salida violenta, impuesta por la fuerza. La segunda es la salida pacífica, conseguida por los caminos de la razón y del derecho. Vale decir, política y jurídica.

Salida jurídico política será́, en esta situación, la que logre superar las divisiones sobre la base de descubrir y reforzar lo que nos une y de sacrificar lo que nos separa. Se trata de ser capaces, con realismo, audacia, imaginación y coraje, mediante entendimientos políticos y fórmulas jurídicas, de provocar lo que Ortega y Gasset llama ‘la unidad de los contrarios’…

El régimen invoca el plebiscito de 1980 para sostener la legitimidad de la Constitución. La disidencia la considera ilegitima porque fue gestada por el oficialismo sin ninguna participación del pueblo y porque el plebiscito con que se pretendió́ legitimarla no cumplió las condiciones mínimas para que pudiera dar expresión a la voluntad libre del pueblo. Es esta una controversia insuperable, porque se plantea como cuestión de principios, que compromete la conciencia y el honor de unos y otros, motivo por el cual nadie está dispuesto a ceder.

Personalmente, yo soy de los que consideran ilegítima la Constitución de 1980. Pero, así como exijo que se respete mi opinión, respeto a los que opinan de otro modo. Ni yo puedo pretender que el general Pinochet reconozca que su Constitución es ilegítima, ni él puede exigirme que yo la reconozca como legítima. La única ventaja que él tiene sobre mí, a este respecto, es que esa Constitución -me guste o no- está rigiendo. Este es un hecho que forma parte de la realidad y que yo acato. ¿Cómo superar este impasse sin que nadie sufra humillación? Solo hay una manera: eludir deliberadamente el tema de la legitimidad.

 

Patricio Aylwin, «Reflexiones sobre una salida jurídico-política para Chile», ponencia presentada en el seminario «Un sistema jurídico-político constitucional para Chile» realizado el 28 de julio de 1984, organizado por el Instituto Chileno de Estudios Humanistas, ICHEH.(APA-3299)

En ese momento, el planteamiento de Aylwin fue duramente cuestionado. La estrategia de movilización social había debilitado al régimen y muchos la consideraban el camino para provocar su caída, por lo que aceptar la vía institucional parecía una claudicación frente a esas expectativas. Sin embargo, dicha movilización había traído consigo una dura represión, con numerosas muertes y detenciones. Tras el atentado contra el general Pinochet en 1986, la represión se agudizó aún más, y a ello se sumó la proximidad del plebiscito establecido en la Constitución de 1980, que buscaba prolongar su mandato por ocho años adicionales. Estas circunstancias terminaron por convencer a los partidos democráticos de la necesidad de una salida política. De este modo, la estrategia impulsada por Aylwin se transformó en la ruta que permitió la derrota del general en el plebiscito de octubre de 1988 y la transición pacífica hacia la democracia.

El tercer ejemplo de esta convicción de Patricio Aylwin de que era necesario conciliar los principios con la realidad, se expresó en el discurso inaugural de su presidencia en marzo de 1990. Ante miles de chilenos y dignatarios extranjeros que acompañaron el retorno a la vida democrática de nuestro país, señaló claramente:

Muchos se preguntan por qué aceptamos estas cosas y no ocultan su repulsa a las formas corteses en que se ha realizado el proceso de traspaso de gobierno mientras se consuman estos hechos [los amarres antidemocráticos]. Participando de la condena moral que merece tal conducta… invito a mis compatriotas a ver la otra cara del asunto. ¿Deberíamos, para evitar aquellas limitaciones, haber expuesto a nuestro pueblo al riesgo de nuevas violencias sufrimientos y pérdidas de vida? El pueblo chileno, a través de la representación, había escogido esa forma de transición que era dentro de la cancha de la dictadura y que ello tenía costos y beneficios. Sinceramente, creo que la vía que escogimos era la mejor entre las posibles.

 

Discurso del presidente Patricio Aylwin en Estadio Nacional, 12 de marzo de 1990. (APA-3275)

Ese mismo año, el presidente Aylwin creó la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig). Era un acto audaz y de hecho le costó conformar un equipo que incluyera también a personas que habían participado en el gobierno militar. Entre objetivos de la Comisión estaba el de reunir los antecedentes que las familias y los ciudadanos reportaran respecto de personas detenidas desaparecidas y fusiladas durante la dictadura. El trabajo de la Comisión culminó en un informe consensuado que estableció que más de dos mil personas habían muerto a causa de graves violaciones a los derechos humanos.( Véase: “El presidente Aylwin da a conocer el Informe Rettig”, disponible en: https://fundacionaylwin.cl/hace-30-anos-un-dia-como-hoy-el-presidente-patricio-aylwin-da-a-conocer-el-informe-rettig/)

El 4 de marzo de 1991 el presidente habló en cadena nacional de radios y televisión para dar cuenta de sus resultados. Entonces señaló:

El Informe que hoy entrego a conocimiento público esclarece la verdad. Por los propios antecedentes del Informe y por la calidad de sus autores -varios de los cuales fueron partidarios y colaboradores del régimen pasado- esa verdad debe ser aceptada por todos. Nadie, de buena fe, podría desconocerla…

La justicia es la mayor de las virtudes sociales, base insustituible de la paz. Sabemos que, por las limitaciones propias de la condición humana, la justicia perfecta es generalmente un bien inalcanzable en este mundo.  Lo cual no obsta a que todos anhelemos siempre la mayor justicia que sea posible. La justicia no es venganza; por el contrario, la excluye.  No se sanciona ni repara un delito, cometiendo otro análogo.  Nadie tiene derecho a causar un daño al prójimo, ni menos a atentar contra la vida ajena, a pretexto de justicia.  Quien lo hace se convierte también en delincuente contra los derechos humanos y merece la mayor condenación social…

En este tema de las violaciones a los derechos humanos, el esclarecimiento y aceptación de la verdad, como surge del Informe, ya es parte importante del cumplimiento de la justicia para con las víctimas. También importan actos de justicia la reivindicación moral de la dignidad de éstas y las reparaciones a sus familiares que el Informe propone. Pero ello no basta.  La justicia exige, también, que se esclarezca el paradero de los desaparecidos y que se determinen las responsabilidades personales.

En cuanto a lo primero, la verdad establecida en el Informe es incompleta, puesto que en la mayoría de los casos de detenidos desaparecidos y de ejecutados sin entrega de sus restos a los familiares, la Comisión no tuvo medios para encontrar su paradero. En lo que respecta a la determinación de las responsabilidades, es tarea que dentro de un Estado de derecho corresponde a los Tribunales de Justicia, en conformidad al ordenamiento jurídico y con las garantías del debido proceso.  La Comisión de Verdad y Reconciliación no pudo entrar en este aspecto, porque el propio decreto que la creó le negó esa facultad en virtud de claros preceptos constitucionales. En uno y otro caso, la Comisión ha enviado los antecedentes respectivos al tribunal correspondiente.  Espero que éstos cumplan debidamente su función y agoten las investigaciones, a lo cual -en mi concepto- no puede ser obstáculo la ley de amnistía vigente…

Todos los chilenos pueden tener la certeza de que el gobierno cumplirá su deber, consecuente con los principios morales que lo inspiran, sin otras miras que la justicia, la reconciliación y el bien común de la Patria. Pero ésta no es sólo tarea del gobierno.  Lo es igualmente de los otros poderes del Estado, de las Instituciones Armadas, de las autoridades espirituales, de las organizaciones sociales y de toda la comunidad nacional.  A todos pido su cooperación para que juntos, respetándonos y ayudándonos, con comprensión y generosidad, hagamos lo necesario para sanar las heridas del pasado y construir un futuro de justicia, de progreso y de paz para Chile.

 

Discurso del presidente Patricio Aylwin al dar a conocer a las ciudadanía el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 4 de marzo de 1991. (PRES-219)

Tras conocerse el Informe era muy difícil negar los hechos y la magnitud de su crudeza. Surgieron interpretaciones o explicaciones; además, sus sugerencias abrieron el camino para que el Congreso Nacional aprobara la ley que creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación (31 de enero de 1992), permitiendo esclarecer los casos que la Comisión Rettig no alcanzó a definir, reivindicando el honor de las víctimas, estableciendo indemnización a sus familiares y abriendo paso a procesos judiciales. Sobre esa base se siguió avanzando en la búsqueda de la justicia.

Muchos criticaron en su momento la frase ‘justicia en la medida de lo posible’ que pronunció Aylwin. Sin embargo, él mismo aclaró en varias oportunidades el significado de sus palabras:

Cuando uno quiere hacer justicia, surge una pregunta inevitable: ¿hasta qué punto es posible alcanzar una justicia plena en este mundo? Que ‘ha pasado mucho tiempo’, que ‘existe una ley de amnistía’, que ‘no se encuentran los cadáveres’: son realidades. Por eso fue que dije —y muchos me criticaron— ‘justicia en la medida de lo posible’. La mayor frustración de un gobernante es comprobar que muchas de las cosas que se quieren no son posibles. Por eso he dicho: gobernar es hacer lo que se puede de lo que se quiere y, más aún, de lo que se debe.

 

Conferencia del expresidente Patricio Aylwin, “La ética en política y economía”, Instituto Pedro Córdoba, 6 de julio de 1995.

Esa frase fue utilizada por los críticos para caracterizar a los gobiernos de la transición como administraciones “en la medida de lo posible”, acusándolos de ser continuistas de la dictadura y del modelo neoliberal. Durante el estallido social de 2019, esa crítica se expresó en la consigna: “no eran treinta pesos, eran treinta años”. De hecho, la izquierda surgida de los movimientos estudiantiles —que alcanzó La Moneda con la elección del presidente Gabriel Boric— construyó parte de su identidad política a partir de ese cuestionamiento. El propio Boric, cuando era diputado, escribió un artículo tras el fallecimiento del expresidente Aylwin titulado “¿Quién define lo posible?”, en el que planteaba que la élite concertacionista había conducido un proceso político “en la medida de lo posible”, priorizando la gobernabilidad y los acuerdos con empresarios y militares por sobre la participación de la sociedad civil, lo que —a su juicio— limitó tanto la justicia como las transformaciones sociales. Gabriel Boric, “¿Quién define lo posible?”, The Clinic, 21 de abril de 2016. Disponible en: https://www.theclinic.cl/2016/04/21/columna-quien-define-lo-posible/

En reiteradas ocasiones, Aylwin explicaba en palabras simples, su convicción de que la política, para tener resultados, debía ceñirse dentro de un marco de realismo, distinto del mero pragmatismo.

Gobernar no es hacer lo que se quiere, sino lo que se puede de lo que se quiere.  Ello justifica aquello de que la ‘política es el arte de lo posible’.  Esto, a veces, nos encajona en situaciones en que ninguna alternativa es tan buena como se quisiera y las circunstancias exigen escoger entre alter­nativas que aparecen todas malas, o apenas regulares.  Entonces, lo co­rrecto y lo valiente es escoger el mejor bien posible, o incluso el mal menor, y no intentar a toda costa una solución perfecta, ideal, pero imposi­ble en la realidad, ni tampoco levantar las manos y darse por vencido.

Es en estos casos donde se hace necesaria la virtud de la prudencia.  El gobernante, el político, ha de tener coraje, valor, audacia para luchar por aquello en que cree.  Pero ha de tener también pruden­cia para no embarcarse en aventu­ras o caminos que conduz­can a desastres o a males mayores. Nunca olvidaré la impresión que me causó en una ocasión en que tuve el privilegio de ser recibido por el Santo Padre Pablo VI, cuando al contarle yo las cuitas de la realidad que vivíamos me instó a tener ‘corragio, paciencia y audacia’. Aparentemente resultan contradictorios, sin embargo, son complementarios. Max Weber ha distinguido entre la ética de la convicción o el testimonio y la ética de la responsabilidad.  Esta última no puede identificarse con un pragmatis­mo vacío, sino debe ser conjugada con una buena dosis de convic­ción.  Por ello, el gran desafío ético y político para quienes aspiran a servir a sus pueblos es ser capaz de renunciar a construir las utopías, pero sin renun­ciar a los ideales ni al sueño de un mundo mejor.

 

Ética y Política”, discurso del presidente Patricio Aylwin al recibir el grado Honoris Causa en Universidad de Georgetown, Washington, USA, mayo 1992. (PRES-507)