Cinco líneas centrales del pensamiento político de Patricio Aylwin
Democracia y el Estado de derecho
Patricio Aylwin fue un hombre de derecho. Ejerció como profesor de la Universidad de Chile y de la Universidad Católica en la cátedra de Derecho Administrativo. Fue también profesor de Educación Cívica y Economía Política en el Instituto Nacional, el más antiguo y destacado liceo de hombres en Chile.
En palabras de Sol Serrano, Premio Nacional de Historia 2018: “Aylwin es un arquetipo de un tiempo largo de la historia de Chile. Aquello que lo constituye y lo define es ser un hombre de derecho. Su formación es la del derecho público chileno, no del que está hoy en boga, que se afana de ampliar el horizonte del reclamo de derechos sociales en la judicatura. Es una formación más clásica del constitucionalismo, en que el ejercicio del poder debe estar sujeto a formas jurídicas. No era un formalista. Porque creía en la política para la transformación de la sociedad, a condición de que ella estuviera sometida a las normas democráticas que el derecho era capaz de imponer.
Si se recorre su trayectoria, esta línea conductora es evidente: es desde los derechos constitucionales desde los cuales intenta negociar con Allende en los últimos días; sus proposiciones de salida a la crisis política eran jurídicas e institucionales. Es el derecho el que define toda su estrategia como presidente de la DC en la dictadura, como uno de los fundadores del ‘Grupo de los 24’, y de su proposición tan relevante de ignorar el debate de la legitimidad y aceptar de facto la constitución para buscar una transición. Así en adelante.
Ello ayuda a comprender varias facetas suyas como político, desde su radical realismo, a la vez que la permanente invocación a los principios; de ser testimonial siempre en la clave de los principios. Creo que siempre se vio a sí mismo como un hombre de derecho, que fue abogado, luego político, finalmente un estadista. No se sintió ni pretendió ser un héroe. Su lenguaje es pedagógico y certero, tanto como doctrinario y convocante. Aylwin no habla en nombre de otros, del pueblo por ejemplo, sino en nombre de principios que son universales y de cada uno por naturaleza.
La estructura conceptual de sus Memorias es la de un jurista que recurre a la evidencia y a la argumentación lógica. No elucubra, ni introduce digresiones, a tirabuzones introduce algo personal así como “Fuimos con Leonor…” Solo está cómodo en la solidez del argumento. Ese es su lenguaje. Es desde allí que Aylwin se inserta a sí mismo en la tradición republicana chilena”. (Sol Serrano, presentación del libro El Reencuentro de los Demócratas, edición del FCE, 2018, 29 de noviembre de 2018. Disponible en:
https://fundacionaylwin.cl/wp-content/uploads/2019/07/PRESENTACION-SOL-SERRANO_El-reencuentro_29nov2018.pdf
Esa impronta se reflejó en su labor en el Senado, donde presidió la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y tuvo un rol activo en las principales reformas constitucionales de la época. Destacó especialmente su participación en la elaboración del Estatuto de Garantías Constitucionales, acuerdo entre la Democracia Cristiana y la Unidad Popular que permitió la elección de Salvador Allende en el Congreso Pleno. Dicho estatuto expresaba las dudas existentes sobre la solidez de las convicciones democráticas del nuevo gobierno, más allá de la trayectoria personal del propio Allende.
Durante el período de la Unidad Popular, Patricio Aylwin, en su calidad de senador, presidente del Senado (1971-1972) y presidente de la Democracia Cristiana (1973), se mantuvo como un firme opositor frente a las transgresiones al Estado de derecho del gobierno y como un decidido defensor de la democracia.
Describiendo la disyuntiva de Chile ante los delegados de la UNCTAD III que se realizó en Santiago en abril de 1972, Aylwin sostuvo que el problema que dividía a Chile no residía
en la conservación o cambio de estructuras económicas de privilegio para los intereses oligárquicos o monopólicos del gran capital. La verdad es que la enorme mayoría de los chilenos, auténticamente representados en este Parlamento, queremos y buscamos la sustitución del régimen capitalista por una nueva sociedad en la que el poder lo ejerzan realmente las mayorías, a través de la participación efectiva de los trabajadores.
El problema político fundamental que está conmoviendo a Chile es el de si los cambios de estructuras para construir la nueva sociedad han de hacerse o no por las vías democráticas, sin sacrificar la libertad de las personas y dentro del marco de la Constitución y las leyes, o se harán por la violencia, la arbitrariedad o la imposición totalitaria. Si lo que se busca es un estatismo burocrático al servicio de afanes de poder, o la real participación de los trabajadores a través de sus auténticas organizaciones.
Como podéis ver, señores delegados, se trata, en suma, del eterno problema de si el pueblo, para alcanzar la justicia, debe o no sacrificar la libertad de gobernarse por sí mismo. Frente a tendencias que menosprecian a la libertad como ‘abstracción’ y al derecho como ‘superestructura’, postulando en su reemplazo el poder sin contrapeso de unos pocos en nombre de todos, como paradójico camino de liberación, la mayoría de los chilenos reclama la fiel observancia del estatuto democrático que regula el ejercicio del poder y radica en el pueblo la soberanía.
Discurso del presidente del Senado, Patricio Aylwin, pronunciado en la sesión conjunta del Senado y de la Cámara de Diputados, en honor de los delegados asistentes a la Conferencia Mundial para el Comercio y Desarrollo, UNCTAD III, 14 de abril, 1972. (APA-1691)
Aylwin criticó con firmeza los intentos del gobierno de impulsar la revolución por la vía de los hechos, en lugar de recurrir al Congreso y a los mecanismos institucionales. Denunció las tomas de predios e industrias mediante resquicios legales, la proliferación de grupos armados y la aceptación del uso de la violencia, así como los intentos de concentrar el poder total. Cuestionó también las transgresiones a las decisiones de la Contraloría y del Poder Judicial, las acciones ilegales y arbitrariedades cometidas por funcionarios y grupos de presión, la intromisión cubana y la ambigüedad del presidente Allende frente a estas situaciones.
Respondiendo al mensaje presidencial ante el Congreso Nacional en mayo de 1973, Aylwin afirmó:
¡No, señor presidente! No es cierto que los problemas y conflictos que vive Chile sean consecuencia del “enfrentamiento diario entre conservación y revolución”… Cuando la gran mayoría de los chilenos, entre ellos todos los democratacristianos, impugnamos la política del gobierno y exigimos su rectificación, no lo hacemos para perpetuar estructuras caducas o volver a viejos moldes opresores, sino para exigir que el proceso revolucionario se realice con respeto real a nuestro sistema democrático, que los cambios signifiquen la participación efectiva del pueblo a través de sus auténticas organizaciones, y que los intereses de Chile se gestionen con responsabilidad, eficiencia y corrección.
Intervención radial del presidente del PDC, senador Patricio Aylwin, 30 de mayo de 1973. (APA-0328)
La Democracia Cristiana buscó una rectificación del gobierno de modo que sus políticas se encausaran por una vía institucional. Sin embargo, en un contexto de máxima polarización, la democracia era cada vez más desvalorizada en amplios sectores. Así lo explicaba Aylwin en un discurso que pronunció en el Senado dos meses antes del golpe militar:
No seríamos francos si silenciáramos el hecho, que todos sabemos, de que la gran mayoría de nuestros compatriotas ha perdido la fe en la solución democrática para la crisis que vive Chile. Sea porque la experiencia vivida en estos años exhibe numerosas circunstancias en que la juridicidad institucional ha sido sobrepasada, las libertades [han sido] atropelladas y la legalidad ha parecido ineficaz; sea porque la palabra misma democracia tiene significaciones distintas para unos que para otros; sea porque en uno u otro extremo de la gama política chilena hay muchos que jamás han sido verdaderamente democráticos y tienen mentalidad totalitaria.
Lo cierto es que la convicción democrática, como valor cultural y norma de convivencia cívica de los chilenos, se ha debilitado en grado sumo. De una parte, hay quienes creen agotada la vía chilena hacia el socialismo, y postulan ir derechamente a la dictadura marxista leninista, encubierta bajo el rótulo de dictadura del proletariado.
Nadie puede ignorar que ésta no es sólo la posición del MIR, sino que ha sido casi permanentemente la tesis oficial del Partido Socialista. El innegable fracaso de la gestión económica gubernativa parece empujar a otros sectores oficialistas hacia análogo endurecimiento, y, a juzgar por algunas de sus últimas actuaciones, ésta sería la posición adoptada ahora por el Partido Comunista.
De la otra parte, prescindiendo de los grupos minoritarios ultras, que nunca creyeron en la democracia, el embate implacable del sectarismo, la arbitrariedad, la discriminación y la violencia empuja cada día a más chilenos a pensar que sólo una dictadura castrense puede restablecer en Chile el orden y la autoridad indispensables para salvar nuestro porvenir como Nación.
Por nuestra parte, yo quiero reiterar aquí, una vez más, que la Democracia Cristiana sigue siendo fiel a sus principios de siempre, que por formación humanista y por convicción doctrinaria somos contrarios a toda dictadura o totalitarismo, cualquiera sea el signo bajo el cual se los pretende ejercer; que, desde nuestra clara actitud opositora, permanecemos fieles a nuestra devoción al régimen constitucional; que repudiamos su quebrantamiento, venga de donde venga, y que mientras haya alguna posibilidad de superar la crisis que vive Chile por las vías institucionales, haremos lo que esté de nuestra parte por lograrlo.
Pero con la misma claridad decimos que esta consecuencia nuestra con la vocación democrática y libertaria, consustancial a nuestra inspiración cristiana, nos significa ni puede ser interpretada como signo de ingenuidad ni debilidad. No ignoramos la gravedad del peligro totalitario en que el oficialismo ha colocado a Chile, y estamos dispuestos a enfrentarlo, sea como sea.
El Gobierno y sus partidos deben saber que no pueden seguir girando a cuenta de nuestra devoción democrática, ni esperar que nuestro espíritu constitucionalista sirva de amparo a sus desbordes.
Discurso de Patricio Aylwin en sesión del Senado, 11 de julio de 1973. (APA-0329)
Aylwin y la Democracia Cristiana se jugaron por una salida democrática a la crisis política, económica y social que vivía el país, la cual terminó siendo inviable. El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 significó un quiebre brutal para el sistema político y sus actores. La directiva de la Democracia Cristiana explicó la ruptura democrática como consecuencia de la grave crisis institucional que vivía el país y la pérdida de legitimidad del gobierno de Allende, expresando la necesidad de una pronta restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Nada de ello ocurrió. La dictadura se prolongó por diecisiete años.
Durante ese largo tiempo, Patricio Aylwin se mantuvo hasta 1976 como presidente de la Democracia Cristiana, intentando ‘salvar el alma y el cuerpo del partido’. A partir de 1978, Aylwin concentró sus esfuerzos en la creación e implementación del Grupo de Estudios Constitucionales, conocido como el ‘Grupo de los 24’ por el número de sus integrantes fundadores. Fue la primera iniciativa que reunió a un amplio espectro de académicos, científicos, intelectuales y dirigentes políticos —muchos de ellos enfrentados antes del golpe militar— con el propósito de elaborar una alternativa institucional democrática frente al proyecto que preparaba la comisión designada por el régimen militar. Y durante la década de los ochenta, en la lucha por la recuperación de la democracia, ejerció siempre un liderazgo, estando presente en todas las iniciativas políticas que fueron tejiendo las condiciones para derrotar la dictadura por vías pacíficas. (Los debates del ‘Grupo de los 24’ pueden ser consultados en libro editado por Magdalena Eichholz y Carlos Bascuñán, Reflexión, debate y acuerdos del Grupo de Estudios Constitucionales para una nueva Constitución, junio de 2021. Disponible en: https://fundacionaylwin.cl/proceso-constituyente/)
Durante su gobierno (1990-1994), los conocimientos de derecho administrativo y vocación jurídica de Patricio Aylwin, constituyeron un aporte en los procesos de reinstitucionalización, como por ejemplo en las reformas al poder judicial, del cual fue extremadamente crítico, en especial en relación a la actitud que éste había tenido en las causas en que el régimen anterior tenía interés, sobre todo en materia de derechos humanos. Recién asumido, en la ceremonia inaugural de la Convención de Magistrados judiciales, dijo:
La opinión pública piensa —y yo comparto ese juicio— -que en la gran mayoría de los casos nuestros tribunales no hicieron suficiente uso de las atribuciones que la Constitución y las leyes les confieren para proteger los derechos fundamentales de las personas, lo que constituye su más trascendental tarea.
Estos hechos que han deteriorado gravemente la confianza colectiva en el sistema judicial chileno, en gran medida corresponden a la circunstancia de haber vivido la judicatura, como el país entero, inserto en un régimen político autoritario ajeno a los principios básicos del Estado de derecho, que es el medio natural donde debe desempeñarse. El restablecimiento de la democracia debe ser la oportunidad para afrontar la crisis y superarla, mediante las modificaciones constitucionales y legales y la renovación de la judicatura que la conciencia nacional reclama.
Discurso del presidente Patricio Aylwin en la ceremonia inaugural de la Convención de Magistrados judiciales, 30 de marzo de 1990. (PRES-013)
En ese contexto, Aylwin formuló la llamada ‘doctrina Aylwin’, sosteniendo que la ley de amnistía dictada en 1978 impedía sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos, pero no impedía investigarlas. En consecuencia, los tribunales estaban obligados a esclarecer los hechos y establecer la verdad antes de aplicar la amnistía, tesis que contradecía el criterio dominante hasta entonces. Bajo el amparo de dicha ley, los jueces solían archivar las causas sin identificar a los responsables de los crímenes.
En su discurso al presentar a la ciudadanía el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación —conocida como Comisión Rettig—, Aylwin advirtió que para aplicar la amnistía debía saberse a quién se le aplicaba y que
En lo que respecta a la determinación de las responsabilidades, es tarea que, dentro de un Estado de derecho, corresponde a los Tribunales de Justicia, en conformidad al ordenamiento jurídico y con las garantías del debido proceso. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación no pudo entrar en este aspecto, porque el propio decreto que la creó le negó esa facultad en virtud de claros preceptos constitucionales. En uno y otro caso, la Comisión ha enviado los antecedentes respectivos al tribunal correspondiente. Espero que éstos cumplan debidamente su función y agoten las investigaciones, a lo cual —en mi concepto— no puede ser obstáculo la ley de amnistía vigente.
Discurso del presidente Patricio Aylwin al dar a conocer a la ciudadanía el Informe Rettig, 4 de marzo de 1991. (PRES-219)
Paulatinamente, los tribunales fueron asumiendo esta tarea, que luego derivó en la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.