Nuevas miradas sobre el fin de Colonia Dignidad: aportes del Archivo Carlos Figueroa
La ofensiva coordinada del Ministerio del Interior (junio-octubre de 1997)
Durante 1997 el Ministerio del Interior, encabezado por Carlos Figueroa Serrano, desarrolló una de las estrategias de fiscalización más amplias desplegadas hasta entonces sobre la ex Colonia Dignidad. A diferencia de iniciativas anteriores, centradas en acciones judiciales específicas o en las consecuencias de la cancelación de la personalidad jurídica de la Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad, esta nueva etapa buscó coordinar la acción de numerosos organismos públicos para examinar de manera simultánea las diversas actividades desarrolladas en Villa Baviera. Los documentos producidos entre junio y octubre de 1997 permiten reconstruir el funcionamiento de esta red interinstitucional y muestran el papel articulador desempeñado por el Ministerio del Interior.
El punto de partida de esta ofensiva fue la reunión celebrada el 4 de junio de 1997, cuyos acuerdos quedaron consignados en la minuta “Acuerdos de reunión sobre Colonia Dignidad”. En ella se definieron las principales líneas de trabajo que orientarían las actuaciones posteriores. Entre otras medidas, se acordó impulsar la aceleración de causas tributarias pendientes en la Corte de Apelaciones de Talca, estudiar la eventual aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, investigar la situación de los caminos públicos que atravesaban propiedades vinculadas a la colonia, examinar el aprovechamiento de las aguas del río Perquilauquén, recopilar antecedentes sobre las pistas de aterrizaje existentes en Villa Baviera y revisar la situación del hospital, el cementerio y las defunciones de menores ocurridas al interior del enclave (ACF_2019).
A partir de estos acuerdos, el Ministerio del Interior inició una intensa actividad administrativa mediante la emisión de una serie de oficios reservados dirigidos a distintas autoridades sectoriales. El 17 de junio de 1997 Carlos Figueroa remitió oficios al Subsecretario de Aviación (ACF_2020), al Subsecretario de Educación y al Subsecretario de Obras Públicas (ACF_2021), al Contralor General de la República (ACF_2022), al Subsecretario de Telecomunicaciones (ACF_2023), al Presidente de la Comisión Nacional de Energía (ACF_2024) y al Subsecretario de Guerra (ACF_2025). El 18 de junio hizo lo propio con el Ministro de Defensa Nacional (ACF_2028) y el Ministro de Salud (ACF_2029). En conjunto, estos documentos revelan una estrategia de fiscalización transversal orientada a determinar si las personas y sociedades vinculadas a la ex Colonia Dignidad cumplían efectivamente con la legislación chilena en materias educacionales, sanitarias, tributarias, militares, aeronáuticas, energéticas, de telecomunicaciones y de infraestructura pública.
Las solicitudes formuladas por Interior abarcaron un amplio espectro de materias. A la autoridad aeronáutica se le requirió información sobre las pistas de aterrizaje existentes en Villa Baviera y Bulnes, sus propietarios, aeronaves y pilotos autorizados. Al Ministerio de Educación se le pidió verificar la situación de los menores que permanecían bajo un sistema tutorial al interior de la colonia y fiscalizar el cumplimiento de la enseñanza básica obligatoria. Obras Públicas recibió instrucciones para informar sobre los caminos públicos que conducían a Villa Baviera y sobre el eventual desvío del río Perquilauquén para fines hidroeléctricos. El Ministerio de Salud fue requerido para fiscalizar el hospital y el cementerio de la colonia, mientras que Defensa debía informar sobre la situación militar y la inscripción de armas de sus habitantes. Por su parte, la Subsecretaría de Telecomunicaciones y la Comisión Nacional de Energía debían revisar los permisos de radiocomunicaciones y la eventual existencia de instalaciones destinadas a la generación eléctrica.
Las respuestas remitidas por los distintos organismos comenzaron a llegar durante junio y julio de 1997. Uno de los antecedentes más relevantes fue el informe elaborado por Humberto Urzúa, Contralor Regional del Maule, dirigido al Contralor General de la República (ACF_2022). Tras una visita inspectiva realizada conjuntamente con funcionarios municipales, el informe constató la existencia de 7.355 metros cuadrados de construcciones sin permiso municipal y un gimnasio en construcción que tampoco contaba con autorización. Asimismo, verificó que diversas actividades económicas desarrolladas en Villa Baviera —entre ellas lechería, gallineros, aserradero, fábrica de ladrillos y generación eléctrica— funcionaban sin el pago de las correspondientes patentes municipales. Estos antecedentes permitieron abrir procesos de regularización y pusieron de manifiesto el grado de autonomía administrativa que aún conservaba la ex Colonia Dignidad.
La información recopilada por Interior fue consolidada posteriormente en la minuta “Últimos informes de los Ministerios y Servicios sobre la ex Colonia Dignidad” (ACF_2031). Este documento ofrece una visión panorámica del avance de las fiscalizaciones y permite apreciar la magnitud de las irregularidades detectadas. Entre otros antecedentes, se consignan incumplimientos de normas de seguridad laboral detectados por la Dirección del Trabajo; la existencia de certificados de estudios presuntamente falsos identificados por el Ministerio de Educación; la situación de los aeródromos de Villa Baviera y Bulnes; la existencia de personas infractoras a la legislación de reclutamiento; armas inscritas sin autorización de porte; permisos de telecomunicaciones vencidos; y antecedentes sobre certificados de defunción de menores fallecidos en la colonia.
Las respuestas de organismos especializados también permitieron avanzar en materias específicas. La Comisión Nacional de Energía informó que no disponía de antecedentes directos sobre una central hidroeléctrica en la colonia, aunque señaló la existencia de derechos de aprovechamiento de aguas otorgados para fines energéticos (ACF_2026). Paralelamente, los antecedentes recopilados por la Subsecretaría de Guerra y el Ministerio de Defensa contribuyeron a reconstruir la situación militar y registral de los habitantes de Villa Baviera, incluyendo la inscripción de armas y el cumplimiento de las obligaciones derivadas del servicio militar (ACF_2027).
Junto con la recopilación de información sectorial, el Ministerio del Interior promovió una coordinación permanente entre organismos públicos. Este esfuerzo se refleja en las nóminas de participantes de las reuniones realizadas el 25 y el 29 de julio de 1997 (ACF_2032 y ACF_2033). En ellas participaron representantes de los Ministerios de Justicia, Obras Públicas, Salud y Educación, así como del SENAME, Consejo de Defensa del Estado, Impuestos Internos, Tesorería General de la República, Aduanas, Telecomunicaciones, Policía de Investigaciones e Intendencia Regional del Maule. La amplitud de estas convocatorias evidencia que la fiscalización de la ex Colonia Dignidad había dejado de ser una cuestión exclusivamente judicial para transformarse en una política coordinada de supervisión estatal.
Los temas que debían ser abordados en estas reuniones quedaron sistematizados en la minuta “Informes de los Ministerios y Servicios sobre Ex Colonia Dignidad” (ACF_2034). Allí se establecieron prioridades relacionadas con el avance de los juicios tributarios y penales, la situación de los menores residentes en la colonia, las adopciones, la apertura de caminos públicos, la central hidroeléctrica, los certificados educacionales, las fiscalizaciones sanitarias, las actividades comerciales y las investigaciones policiales. El documento permite apreciar el carácter cada vez más estructurado de la estrategia impulsada por Interior.
Paralelamente, el Ministerio solicitó informes elaborados por abogados y funcionarios públicos sobre materias como asociación ilícita, corrupción de menores, permanencias definitivas, eventuales expulsiones de ciudadanos alemanes, antecedentes migratorios y otras acciones legales vinculadas a la ex Colonia Dignidad, lo que evidencia que la fiscalización administrativa avanzaba de manera paralela al análisis de medidas jurídicas de mayor alcance (ACF_2035).
Las gestiones impulsadas por Interior también tuvieron consecuencias concretas en terreno. Como resultado de las coordinaciones con el Ministerio de Obras Públicas, la Dirección Regional de Vialidad del Maule ordenó a Cerro Florido Sociedad Colectiva Civil y a Albert Schreiber-Rauschenberger despejar completamente el camino público Cato–San Manuel–Puente Lavadero (ACF_2030). La medida buscaba restablecer el libre tránsito por una vía pública que permanecía parcialmente controlada por entidades vinculadas a la ex Colonia Dignidad, constituyendo uno de los ejemplos más visibles de recuperación de atribuciones estatales sobre espacios tradicionalmente sometidos a la influencia del enclave.
La preocupación por eventuales vínculos entre organismos públicos y la colonia también quedó reflejada en el oficio emitido por el Gabinete del General Director de Carabineros (ACF_2036), mediante el cual se instruyó una investigación para determinar si funcionarios policiales mantenían relaciones de amistad o colaboración con integrantes de Villa Baviera, o si existían filtraciones de información relativas a allanamientos y otras diligencias judiciales. Este antecedente muestra que las autoridades comenzaron a examinar no solo las actividades desarrolladas al interior de la colonia, sino también las redes de protección institucional que eventualmente pudieron favorecerla.
La preocupación por estas relaciones no era nueva. Diversos informes elaborados por organismos públicos habían advertido que la capacidad de supervivencia de Colonia Dignidad no podía explicarse únicamente por su aislamiento geográfico o por su estructura interna de control, sino también por la existencia de apoyos y vínculos externos que dificultaban una intervención estatal más decidida.
La última fase de este proceso estuvo marcada por una creciente preocupación respecto del cementerio de la ex Colonia Dignidad. En octubre de 1997, Carlos Figueroa remitió al Ministro de Salud el oficio reservado N.º 74 (ACF_2038), solicitando la instrucción de un sumario sanitario para investigar posibles irregularidades en las inhumaciones realizadas en el cementerio de Villa Baviera. La petición se fundaba en denuncias de prensa que señalaban la existencia de numerosas sepultaciones no inscritas en el Registro Civil y en antecedentes previos recopilados por la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados. El documento subrayaba la inquietud pública generada por estas irregularidades y advertía sobre la eventual relación entre ellas y el destino de personas detenidas desaparecidas.
En conjunto, la documentación producida entre junio y octubre de 1997 muestra el despliegue de una política estatal de fiscalización coordinada sin precedentes. A través de oficios, informes, reuniones de coordinación, expedientes temáticos e inspecciones en terreno, el Ministerio del Interior logró movilizar a organismos con competencias en materias tributarias, municipales, educacionales, sanitarias, laborales, policiales, militares, energéticas y de infraestructura. Más allá de los resultados concretos obtenidos en cada ámbito, estas actuaciones reflejan la decisión del Estado de someter a Villa Baviera a un escrutinio sistemático y permanente, debilitando progresivamente los espacios de autonomía e impunidad que había conservado durante décadas.