Nuevas miradas sobre el fin de Colonia Dignidad: aportes del Archivo Carlos Figueroa
Más allá de Paul Schäfer: la consolidación de la ofensiva estatal en 1998
A comienzos de 1998 la situación de la ex Colonia Dignidad presentaba una paradoja evidente. Después de años de investigaciones, allanamientos, fiscalizaciones y procesos judiciales, Paul Schäfer seguía prófugo. Sin embargo, lejos de significar una paralización de la acción estatal, la imposibilidad de capturarlo condujo a una profundización de las medidas adoptadas por distintos organismos públicos. Los documentos producidos durante los primeros meses de 1998 muestran que el foco de las autoridades comenzó a desplazarse desde la sola ubicación del líder de la colonia hacia el desmantelamiento progresivo de las estructuras jurídicas, económicas y administrativas que habían permitido el funcionamiento de Villa Baviera durante décadas.
La persistencia de la fuga de Schäfer seguía ocupando un lugar central en el debate público. Un reportaje de prensa recogió las declaraciones del ministro del Interior, Carlos Figueroa, quien reconoció las dificultades que enfrentaban las autoridades para lograr la captura del líder de la colonia y sostuvo que el problema no se limitaba a una persona, sino a la existencia de una red de protección organizada dentro y fuera de Villa Baviera. Según Figueroa, la capacidad de Schäfer para permanecer oculto respondía a recursos económicos, relaciones personales y mecanismos de apoyo que dificultaban la acción policial y judicial. El reportaje mostraba además la creciente frustración de las autoridades frente a una búsqueda que se prolongaba ya por casi dos años y que comenzaba a transformarse en un desafío para la credibilidad del Estado (ACF_2040).
La misma preocupación aparece reflejada en la columna “Fracaso en Dignidad”, publicada por Gonzalo Vial. El autor cuestionó las críticas dirigidas contra los costos de los operativos policiales destinados a ubicar a Schäfer y sostuvo que el verdadero problema radicaba en el descrédito institucional que implicaba para el Estado de Derecho la incapacidad de ejecutar una orden judicial vigente. Vial argumentó que la protección brindada al líder de la colonia por sus colaboradores demostraba que la organización seguía funcionando como una estructura cohesionada, pese a la disolución formal de la antigua Sociedad Benefactora y Educacional Dignidad. A su juicio, la persistencia de esta red de apoyo explicaba en gran medida las dificultades que enfrentaban los tribunales y las policías para concretar su captura (ACF_2041).
Mientras estas discusiones se desarrollaban en el espacio público, el Ministerio del Interior mantenía una intensa labor de coordinación interinstitucional. Un memorándum elaborado tras una reunión realizada el 4 de mayo de 1998 permite observar la amplitud de los organismos involucrados en el seguimiento del caso. En ella participaron representantes del Ministerio del Interior, el Consejo de Defensa del Estado, el Servicio Nacional de Menores, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud, el Servicio de Impuestos Internos, Tesorería General de la República, la Policía de Investigaciones y autoridades regionales. El objetivo de la reunión fue revisar el estado de las distintas acciones judiciales, administrativas y tributarias en curso, así como coordinar nuevas medidas destinadas a fortalecer la presencia del Estado frente a Villa Baviera (ACF_2043).
La documentación generada por el Ministerio del Interior durante este período muestra que las autoridades enfrentaban simultáneamente un gran número de procesos judiciales. Un informe elaborado por la División Jurídica del Ministerio registró, hasta abril de 1998, más de una decena de causas radicadas ante el ministro en visita Hernán González. Entre ellas figuraban investigaciones por ejercicio ilegal de la profesión médica, secuestro y sustracción de menores, abusos deshonestos contra menores, negativa de entrega de niños, atentados contra la autoridad, usurpación de nombre y obstrucción a la justicia. El mismo informe consignaba que diversos integrantes de la colonia ya se encontraban procesados por estos hechos y que Paul Schäfer mantenía la calidad de inculpado rebelde por abusos deshonestos y sustracción de menores (ACF_2044).
Particular importancia adquirió durante esos meses la persecución de quienes colaboraban en la ocultación del líder alemán. El informe señalaba que, durante abril de 1998, el ministro en visita había dictado nuevos autos de procesamiento como encubridores de Paul Schäfer contra Gunter Schaffrik, Hans Jurgen Blanck, Gerd Seewald, Kurt Schellenkamp, Gerhard Mucke, Denis Ricardo Alvear Henríquez y Alfred Gerlach Scharitt. Estas resoluciones reforzaban la tesis sostenida por el Gobierno respecto de la existencia de una red organizada destinada a impedir la acción de la justicia y demostraban que las investigaciones ya no se dirigían únicamente contra Schäfer, sino también contra quienes contribuían a mantenerlo fuera del alcance de los tribunales (ACF_2044).
El mismo informe evidenciaba la amplitud de los frentes judiciales abiertos contra personas vinculadas a la colonia. Además de las causas instruidas por el ministro en visita, continuaban tramitándose procesos por fraude tributario ante tribunales de Santiago, investigaciones por falsificación de documentos y contratos simulados, así como numerosas reclamaciones tributarias iniciadas por colonos y sociedades relacionadas con la antigua Corporación Benefactora y Educacional Dignidad. Entre los nombres involucrados figuraban Hartmut Hopp, Hans Riesland, Siegfried Laube, Wolfgang Zeitner, Alfred Gerlach, Albert Schreiber, Hans Jurgen Blanck y otros dirigentes históricos de la organización (ACF_2044).
Las acciones tributarias constituían uno de los principales instrumentos utilizados por el Estado para cuestionar la estructura económica que había sostenido a la colonia durante décadas. El informe señalaba que continuaban en tramitación veintisiete reclamaciones tributarias vinculadas a personas y entidades relacionadas con Villa Baviera. Varias de ellas se encontraban pendientes ante la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones de Talca, mientras otras seguían en distintas etapas procesales. La persistencia de estos litigios demuestra que la ofensiva estatal no se limitaba a las denuncias penales por abusos o secuestros, sino que también buscaba intervenir en los mecanismos económicos y patrimoniales que habían permitido la supervivencia de la organización después de la cancelación de su personalidad jurídica (ACF_2044).
Paralelamente, continuaban desarrollándose diversas acciones administrativas. El Ministerio de Educación mantenía fiscalizaciones sobre el funcionamiento de la escuela de Villa Baviera y había denunciado infracciones relacionadas con el cumplimiento de la enseñanza obligatoria de menores residentes en la colonia. El Ministerio de Salud seguía impulsando medidas relativas a establecimientos vinculados al enclave, mientras el Servicio Nacional de Menores participaba activamente en causas relacionadas con la protección de niños y adolescentes. Estas actuaciones reflejaban la continuidad de la estrategia de coordinación interinstitucional iniciada durante 1997 y confirmaban que las preocupaciones detectadas por la Comisión Especial Investigadora y por la Comisión de Familia seguían siendo objeto de atención estatal (ACF_2044).
Junto con las investigaciones judiciales y administrativas, persistían también las controversias públicas sobre el pasado de la colonia. Un informe elaborado por la Intendencia de La Araucanía analizó las declaraciones formuladas por Humberto Lagos en relación con la posible existencia de detenidos desaparecidos con vida vinculados a Colonia Dignidad. El documento examinó los antecedentes disponibles y advirtió sobre la necesidad de actuar con prudencia frente a afirmaciones que podían generar expectativas difíciles de verificar. Más allá de sus conclusiones específicas, el informe refleja el clima de incertidumbre que seguía rodeando al enclave y la persistencia de interrogantes relacionadas con las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar (ACF_2039).
En conjunto, los documentos de 1998 muestran una transformación significativa en la forma en que el Estado enfrentaba el problema de la ex Colonia Dignidad. La captura de Paul Schäfer seguía siendo un objetivo prioritario, pero ya no constituía el único eje de la intervención pública. Las autoridades actuaban simultáneamente sobre las redes de apoyo que protegían al prófugo, sobre las estructuras económicas que sostenían a la organización y sobre las múltiples irregularidades administrativas, tributarias, sanitarias, educacionales y judiciales detectadas durante los años anteriores. La persistencia de Schäfer en la clandestinidad demostraba los límites de la acción estatal, pero la amplitud de las medidas desplegadas durante este período también evidenciaba que el Estado había abandonado definitivamente la pasividad que caracterizó gran parte de su relación con Colonia Dignidad durante las décadas precedentes. Los documentos muestran así una etapa de consolidación de la ofensiva estatal, en la que el problema dejó de identificarse exclusivamente con la figura de Paul Schäfer para convertirse en un cuestionamiento integral a la estructura que había permitido el funcionamiento de Villa Baviera durante más de treinta años.