Informe final – Grupo de Trabajo Desarrollo Económico y Social

El objetivo general de este grupo de trabajo fue proponer una serie de medidas que contribuyesen a mejorar la habilidad de los pueblos indígenas y sus comunidades para participar del desarrollo económico y social del país, asumiendo la diversidad existente entre ellos mismos, respetando su cultura, reconociendo el derecho de cada uno a avanzar sobre su particular visión de desarrollo y el deber de respetar la libertad y derechos de otros. 

Si bien este trabajo involucró a todos los pueblos originarios de Chile, el Informe final elaborado está primordialmente enfocado a la realidad del pueblo mapuche que vive en la ruralidad, y que conforma un porcentaje importante de la población del país.

Respecto a los restantes pueblos indígenas, se puso a disposición de los grupos de trabajo territoriales (urbano, indígenas del norte, rapa-nui y mapuche) los avances y propuestas resultantes, y se recogieron las propuestas y sugerencias que éstos hicieron en torno a las materias de competencia del Grupo de Trabajo Desarrollo Económico y Social

Asimismo, este grupo consideró necesario dar cuenta de la verdad histórica en cuanto al desarrollo económico de los pueblos indígenas, en especial respecto del tratamiento que ellos han recibido desde el Estado. Esto, con el objetivo de proporcionar elementos históricos que permitan entender la realidad económica y social de los pueblos indígenas en la actualidad. En adición, se buscó intentar derribar los mitos, estereotipos y prejuicios existentes en relación al por qué de la situación de marginalidad y pobreza actual de los pueblos indígenas. Sin embargo, se consideró más apropiado que esta tarea fuese incorporada en el informe del grupo de análisis histórico, que contiene todas las dimensiones de la historia de los pueblos indígenas, incluida la dimensión económica. 

El trabajo del Grupo Desarrollo Económico y Social se inspiró en la noción del nuevo trato que se busca establecer entre el mundo indígena y no indígena; de ahí su carácter propositivo.

Debido a la amplia definición de desarrollo económico y social, el Informe se centró en los aspectos productivos y de generación de ingresos. Dentro de estos últimos, el grupo de trabajo puso énfasis en aquellos factores que distinguen el desarrollo indígena del desarrollo de campesinos rurales no indígenas.

El Informe final considera aquellos acuerdos y recomendaciones de comisiones anteriores, la experiencia de cada uno de los miembros y el aporte específico de expertos en los temas solicitados por la Comisión, limitándose a informar y sugerir a ésta un conjunto de propuestas, no necesariamente consensuadas, para incorporarlas a la discusión final.

Se identificaron cinco materias centrales para abordar el tema indígena. Cada una constituye un capítulo del Informe final.

1. Desarrollo indígena y territorio: los pueblos indígenas sólo pueden comprenderse integralmente cuando son analizados en su entorno territorial. Por esto, aquí se pretende formular una política que no se reduce a una comunidad indígena en particular o a un predio familiar. Este hecho fue reconocido por la Ley N°19.253 en el concepto de Áreas de Desarrollo Indígena (ADI), y está presente en las demandas indígenas en relación a recursos naturales distintos del suelo (ambiente, aguas, riberas, etc.). Del mismo persisten reclamaciones de las organizaciones indígenas sobre su real participación en el diseño de un modelo de gestión y administración de las ADI.

2. Coordinación intersectorial: la diversidad étnica de los pueblos indígenas requiere que las políticas sectoriales consideren sus particularidades, ya sea en la promoción de la lengua indígena, la producción agrícola, el reconocimiento de un saber propio en el ámbito de la salud y, recientemente, en los diseños de las viviendas básicas. Adicionalmente, se han incrementado progresivamente las coberturas en subsidios a la educación, vivienda y acceso a la salud. En estas prestaciones del Estado, y en otras similares, aún está pendiente una gestión intersectorial unificada de las políticas públicas, que se haga cargo más explícitamente de las responsabilidades y atribuciones de la CONADI, las comunidades en la gestión de las ADI y de los municipios.

3. Actividades económicas dominantes: las propuestas de desarrollo han tendido a subestimar la importancia y el potencial de la relación entre las industrias económicas predominantes en un determinado lugar y su vecindad. Si bien este hecho es fuente de conflicto, debido a que generalmente las comunidades se sienten excluidas de los beneficios de actividades económicas intensivas en capital y tecnologías, también puede ser una oportunidad para acercar posiciones, en la medida que se desarrollen adecuadas estrategias de educación, capacitación, negociación y participación. En esto hay experiencias interesantes en Chile para evaluar, sistematizar y potenciar.

4. Educación, capacitación y generación de ingresos: gran parte de los recursos monetarios de una familia indígena proviene de ingresos obtenidos fuera del predio, ya sea en forma de subsidios estatales, trabajos asalariados temporales o remesas enviadas por familiares que migran temporal o permanentemente (trabajadoras de casas particulares, empleados-técnicos, servicios públicos, microempresarios, etc.). En este ámbito caben políticas de reconocimiento y análisis de las fuentes de ingresos, y fundamentalmente una política educacional y de capacitación acorde a los intereses y potencialidades económicas de las familias indígenas.

5. Inserción internacional: un factor relevante a considerar es cómo los pueblos indígenas se benefician o perjudican de la inevitable y progresiva inserción económica y cultural de Chile en el mundo global. En particular, surge la inquietud de cómo deben capacitarse estos pueblos para enfrentar adecuadamente estos procesos. La competitividad y la asociatividad en el ámbito indígena son temas que en el espacio internacional van acompañados del respeto y la valorización de su identidad. Este es un campo todavía poco explorado, aunque relativamente fuerte en el entorno de la cooperación internacional, que tiene redes institucionales y de financiamientos perfectamente aprovechables en estrategias productivas de inserción internacional.

A partir del diagnóstico realizado, el Informe plantea propuestas para mejorar el desarrollo social y económico de las comunidades indígenas, respetando la identidad y cultura de las etnias.

Estas propuestas son expuestas en tres ejes relacionados con los nudos de conflicto existente entre los actores sociales involucrados.

Eje 1: Renovación de la institucionalidad indígena vigente

1. Crear un Fondo General Indígena (FGI) que integraría en un solo organismo todos los fondos de financiamiento asociados con el mundo indígena.
2. Crear el Consejo de los Pueblos Indígenas (CPI) como organismo indígena representativo e independiente de las instancias gubernamentales, cuyo objetivo será aumentar la participación indígena en la toma de decisiones sobre las políticas públicas que les competen.
3. Definir a CONADI como instancia gubernamental que, como tal debe ejecutar y gestionar las políticas dirigidas hacia el mundo indígena. Además de actuar como organismo técnico ejecutor de un cierto número de iniciativas, esta entidad tendrá como función la coordinación de todas las iniciativas que actualmente desarrolla el gobierno hacia los pueblos originarios.

Eje 2: Adecuación de las políticas públicas a la realidad indígena

1. Incorporar a individuos o grupos indígenas en la ejecución de los programas sociales orientados a los indígenas.
2. Capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y privados en la realidad y cultura indígena.
3. Considerar el financiamiento de la “pertinencia” de las políticas públicas dirigidas al mundo indígena.

Eje 3: Certificación técnica, social y ambiental en actividades de uso intensivo de recursos naturales

2010. Potenciar el uso de la certificación productiva, ambiental y social en las operaciones de las empresas con fuerte influencia en el mundo rural, y establecer metas de certificación voluntaria de un 50% de los predios para el 2010.
2011. Implementación de iniciativas complementarias destinadas a ayudar a mejorar la relación de las empresas con las comunidades locales y que –en algunos casos- son requisitos para la certificación ambiental, social y productiva a que nos referimos.

Informe final grupo de trabajo de desarrollo económico y social.