Los diálogos comunales, la Comisión Asesora del presidente de la República y el Pacto por el Respeto Ciudadano

Durante los primeros cuatro años del gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle el tema indígena no estuvo en la agenda pública. Sin embargo, el impulso de grandes proyectos de infraestructura –como la central hidroeléctrica Ralco– en territorios con importante presencia de comunidades indígenas motivó su resurgimiento.

A mediados de 1998, el gobierno convocó a los llamados Diálogos Comunales, con la finalidad de identificar, sistematizar y cuantificar las demandas de cada comunidad local. Participaron 658 comunidades y asociaciones mapuche, y unas 3.500 personas.

Los resultados del proceso permitieron comprobar que el 40% de la demanda total de los indígenas era por infraestructura y servicios, mientras que el 32% de tipo económica productiva. La demanda sociopolítica, por tierras y cultural, solo alcanzó 15%, 12% y 1%, respectivamente.

Con el objetivo de “contar con una política nacional de desarrollo de los pueblos indígenas en la cual se inserten los requerimientos y visiones tanto de las comunidades de pueblos originarios como los diversos actores del desarrollo nacional y regional”, el gobierno creó, en junio de 1999, la Comisión Asesora del Presidente de la República sobre Pueblos Indígenas, presidida por el ministro de Planificación y Cooperación y dirigida por el director de la CONADI.

Decreto Supremo N°122, crea Comisión Asesora del Presidente de la República sobre Pueblos Indígenas, junio de 1999.

Tras recorrer el país reuniéndose con comunidades y organizaciones indígenas de Arica a Osorno, y la realización de una jornada de discusión, la Comisión elaboró un Informe con una síntesis histórica de la relación del Estado con los pueblos indígenas, con particular énfasis en la legislación durante el periodo republicano; las políticas públicas dirigidas a indígenas en los años 90;  una síntesis de las demandas presentadas por las comunidades indígenas ante la Comisión; y las “Propuestas estratégicas para el desarrollo de una política indígena para Chile”, que incluyó un diagnóstico de estas demandas y una tabla con desafíos/propuestas/responsable, que se dividieron en cinco áreas: gestión territorial y desarrollo; institucionalidad y legislación; fomento productivo; gestión de la CONADI; y sociedad y cultura.

El Informe advierte que “una  constatación de máxima importancia para la Comisión, y que atraviesa todas las propuestas que aquí entregamos, es la necesidad de participación y reconocimiento que demandan los pueblos indígenas. Las personas pertenecientes a nuestras etnias originarias se sienten discriminadas, especialmente en algunos ámbitos de la vida, como el trabajo, el acceso a la salud, la educación. Constatan que no tienen participación en la toma de decisiones de acciones que les competen y afectan directamente. No se sienten reconocidos por la sociedad en su conjunto, en su condición de pueblos con una cultura propia y valiosa, ya que la sociedad chilena no se reconoce como una sociedad pluriétnica y multicultural y, por lo tanto, tolerante a la diversidad”.

Informe de la Comisión Asesora en Temas de Desarrollo Indígena.

Recién creada la Comisión Asesora Presidencial de la República sobre Pueblos Indígenas, el 5 de agosto de 1999 el presidente Frei Ruiz-Tagle anunció el Pacto por el Respeto Ciudadano. En su discurso afirmó que “una nueva relación con los pueblos originarios de Chile implica establecer una actitud más activa de las instituciones culturales, educacionales y sociales y de los medios de comunicación. Tenemos mucho que aprender unos de otros, valorando nuestra diferencias y convergencias, asumiendo nuestro carácter plural y celebrando la riqueza de nuestra diversidad. Ese es el único camino para que demos un nuevo impulso al encuentro entre los chilenos que se reconocen como parte de los pueblos originarios y aquello chilenos que se reconocen en otras identidades”.

Discurso del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, en ceremonia efectuada en el Palacio de La Moneda, ante los representantes mapuches.

Entre otras materias, y al igual que su antecesor, el presidente Frei Ruiz-Tagle se comprometió con las comunidades a impulsar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y la ratificación del Convenio N°169 de la OIT, para lo cual dio urgencia al Proyecto presentado por Aylwin, y el estudio del Convenio “de manera de armonizar sus normas con las actualmente vigentes en el país, de modo de facilitar su discusión y despacho a la brevedad en el Parlamento”.

Mensaje del presidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle al Congreso Pleno, 21 de mayo de 1999.

Sin embargo, de forma paralela a estas iniciativas, la administración Frei continuó respaldando la inversión privada en territorios indígena, dejando en claro la evidente distancia que había entre el discurso y la práctica. Más aún, durante este periodo el Ejecutivo impulsó una estrategia de criminalización dirigida hacia el movimiento mapuche recurriendo a Ley de Seguridad Interior del Estado.