ESTUDIOS CONSTITUCIONALES
GRUPO DE ESTUDIOS CONSTITUCIONALES (“Grupo de los 24”)
Con motivo de cumplirse cuarenta años de la formación del Grupo de Estudios Constitucionales, conocido como “Grupo de los 24”, la Fundación Patricio Aylwin ha querido difundir el trabajo que realizaron sus integrantes, y evidenciar a través de los documentos elaborados por ellos, el esfuerzo no solo académico, sino también colaborativo de este grupo humano de oposición democrática y pluralista al gobierno militar.
A continuación, se incluye una reseña de los orígenes y funcionamiento del Grupo de Estudios Constitucionales, así como del trabajo que realizó en materia jurídico-teórica y las acciones que emprendió para defender sus posiciones y luchar contra la falta de apego a las normas democráticas y poca transparencia del proceso constitucional que estaba realizando el gobierno militar.
La documentación que se cita forma parte del archivo personal de Patricio Aylwin. En el Repositorio Digital Archivo Patricio Aylwin Azócar pueden ser consultados los 300 documentos que Aylwin conservó del “Grupo de los 24”.
http://www.archivopatricioaylwin.cl/
- Presentación
- Orígenes y funcionamiento
- Más allá del debate jurídico- teórico
- Germen de la Concertación de Partidos por la Democracia
En ese contexto político-institucional, el 31 de julio de 1978 se constituyó el Grupo de Estudios Constitucionales, más conocido como “Grupo de los 24” en consideración al número de personas que suscribieron la convocatoria que le dio origen. Los ligaba la profunda convicción de que era necesario proponer al país una institucionalidad democrática que, recogiendo la experiencia y los errores del pasado, fuera una alternativa verdadera a la institucionalidad autoritaria que quería imponérsele al país. La composición de este grupo demostraba por sí misma una nueva voluntad de las fuerzas opositoras al régimen militar, de superar las grandes diferencias que las había separado en el pasado, para iniciar un diálogo en torno al futuro del país. Sus componentes, que participaban en calidad personal, representaban, sin embargo, distintas tradiciones filosóficas y diferentes posiciones políticas. Fue allí entonces donde empezó a construirse una nueva unidad que sería clave para la recuperación democrática del país.
Se requería mucha fe y convicción en aquel año 1978 para emprender semejante tarea. En un ambiente abiertamente hostil y cargado de descalificaciones para sus componentes, el Grupo de Estudios Constitucionales buscó presentar al pueblo de Chile los fundamentos del orden político, económico, social y cultural que debía necesariamente contener la Constitución para encauzar la vida nacional dentro de una sociedad democrática, con apego a nuestras tradiciones político-constitucionales, a los aportes que el derecho comparado y la ciencia política habían realizado en las últimas décadas y, por cierto, considerando la experiencia vivida por el país en los años anteriores.
Haciéndose cargo de la profundidad de la crisis institucional que había vivido el país, no se aspiraba solo a reformar la Carta de 1925, sino a proponer reformas que permitieran a la nación avanzar hacia lo que debía ser un nuevo orden institucional, con pleno respeto a los derechos humanos, en un marco de adecuada convivencia social y con irrestricto apego al Estado de derecho.
El Grupo entendió que el destinatario natural de sus informes era la comunidad nacional, única depositaria de la soberanía popular. Por ello, hizo presente cuantas veces pudo a la opinión pública –dentro de lo que permitía la abierta coacción a la libertad de prensa y la permanente exclusión de los sectores opositores- las reservas que le merecía el mecanismo de elaboración, discusión, aprobación y ratificación del nuevo texto de Constitución, en cuanto a la poca transparencia del proceso y a la falta de apego a las normas democráticas.
En estas tareas, el Grupo de Estudios Constitucionales fue rápidamente legitimado por la ciudadanía, que vio en él y en sus integrantes la voluntad de unidad nacional que los inspiraba.
Numerosas personas de reconocida trayectoria en el servicio público, e intelectuales de diversas vertientes ideológicas, se fueron incorporando a las comisiones de trabajo creadas en el seno del Grupo, mientras que su comité ejecutivo se encargó de consultar, para la elaboración de sus informes, a los representantes de los grupos intermedios de la sociedad, cuya opinión era necesario considerar para ser fieles al concepto democrático de proposición de reformas constitucionales.
Orígenes y funcionamiento
Los anuncios del presidente de la Junta, general Augusto Pinochet, sobre su propósito de avanzar en la institucionalidad del régimen político y la ilegitimidad con que el gobierno realizó el proceso de “Consulta Nacional” el 4 de enero de 1978, hicieron ver a Patricio Aylwin la necesidad de plantear una alternativa de institucionalidad democrática para Chile.
Por su naturaleza, era un desafío que transcendía al Partido Demócrata Cristiano y debía comprometer a todos los demócratas. Los encuentros y publicaciones del Centro de Investigaciones Socio-Económicas (CISEC) el año anterior y los testimonios expresados con motivo de la consulta nacional, dejaban en claro que, aparte de los democratacristianos y de sectores radicales, había personas de diversas tendencias que compartían las preocupaciones sobre lo que estaba haciendo el gobierno militar y podrían aportar sus criterios.
En su obra “El Reencuentro de los demócratas”, Aylwin expresa cómo fue materializando la idea de “intentar constituir un grupo de reflexión, lo más pluralista que fuera posible, con el objeto de estudiar y proponer al país una alternativa constitucional democrática. Con el visto bueno del presidente del partido, inicié mis gestiones conversando con Pedro Jesús Rodríguez, ex ministro de justicia de Frei y con Alejandro Silva Bascuñán, gran constitucionalista. Con ellos seleccionamos algunos nombres de personas a quienes podría invitarse. Debían ser personas de definidas convicciones democráticas y que cubrieran el más amplio espectro político, cuyo prestigio asegurare la respetabilidad del grupo en la opinión pública.
Recuerdo que, a sugerencia de Eduardo Frei, partí invitando a Víctor Santa Cruz, con quien nos reunimos en el café “Santos”. Víctor se entusiasmó y me sugirió invitar a Héctor Correa Letelier, quien a su vez propuso el nombre de Julio Subercaseaux. Paralelamente contactamos, del mundo radical, a Manuel Sanhueza, Raúl Rettig, René Abeliux, Eduardo Jara y Alberto Naudon. Edgardo Boeninger, que también adhirió a la iniciativa, la promovió en el ámbito académico y logró comprometer a Luis Izquierdo, Sergio Villalobos, el dr. Ignacio González, el dr. Joaquín Luco, Gonzalo Figueroa y Juan Agustín Figueroa. Del mundo de la izquierda obtuvimos la adhesión de los ex senadores Ramón Silva Ulloa y Luis Fernando Luengo, del profesor universitario Hugo Pereira y del abogado laboralista Eduardo Long. Con los hermanos Jaime y Fernando Castillo Velasco completamos un equipo de 24 personas, cuyo número daría nombre al grupo”.
Luego de varias reuniones, el 31 de julio de 1978 los 24 fundadores hicieron un llamado a todas las personas de convicciones democráticas, a participar en un esfuerzo para examinar y debatir las ideas básicas que contribuyan a producir un acuerdo democrático como fundamento de la futura institucionalidad. (Manifiesto del Grupo de Estudios Constitucionales en que se invita a generar una Nueva Institucionalidad y Nueva Constitución para Chile).
El grupo fundador estuvo compuesto por René Abeliux M., Patricio Aylwin A., Edgardo Boeninger K., Jaime Castillo V., Héctor Correa L., Juan Agustín Figueroa, Ignacio González G., Gonzalo Figueroa Y., Luis Izquierdo, Eduardo Jara M., Eduardo Long A., Joaquín Luco, Luis Fernando Luengo E., Alberto Naudon, Hugo Pereira A., Raúl Rettig, Pedro J. Rodríguez, Manuel Sanhueza C., Víctor Santa Cruz S., Alejandro Silva B., Ramón Silva U., Julio Subercaseaux B., Sergio Villalobos y Fernando Castillo V.
Se conformó un comité directivo, integrado inicialmente por Manuel Sanhueza C., como presidente, Edgardo Boeninger K., como vicepresidente, y los directores señores Héctor Correa L. Hugo Pereira A., y Raúl Rettig G., y luego integrado por los señores Ignacio Balbontín, Francisco Cumplido C., Jorge Mario Quinzio F., y Jorge Molina V.
Junto a este comité estuvieron en un comienzo los abogados Francisco Cumplido, como secretario técnico, y Humberto Nogueira, como secretario ejecutivo.
Se estructuró luego una comisión permanente compuesta inicialmente por 28 personas, nombrándose a Patricio Aylwin como Presidente.
Las reuniones de la comisión permanente se realizaban en un departamento que Edgardo Boeninger arrendó en calle Santa Lucía. Se hacían un día fijo por semana, de 9 a 11 de la mañana, sin perjuicio de celebrarse a veces sesiones extraordinarias. Generalmente eran presididas por Patricio Aylwin o, en su ausencia, por Manuel Sanhueza.
La actividad del Grupo fue muy intensa, especialmente en sus primeros años. Entre agosto del 78 y agosto del 81, la comisión permanente celebró 165 sesiones, con una concurrencia promedio en cada una superior a quince integrantes.
El trabajo del Grupo no se limitó al análisis y estudio jurídico-político; también comprendió tareas de capacitación y de difusión. Tuvo especial preocupación en la formación en derecho constitucional de los estudiantes universitarios. Varios de sus miembros eran profesores de derecho público alejados de sus cátedras por la dictadura. Por iniciativa de ellos y con su eficiente participación, se organizaron cursos sobre regímenes políticos democráticos, Estado de derecho, derechos humanos, regionalización y otras materias.
En el ánimo de difundir las conclusiones de sus estudios y de comprometer a más gente en la tarea, se organizaron filiales del Grupo en varias provincias; las primeras se constituyeron en Valparaíso, Concepción, Chillán, Los Angeles, Temuco e Iquique. Después surgirían también en varias otras ciudades.
Conforme a su manifiesto constitutivo del 31 de julio de 1978, el Grupo estudió, entre otras materias, las bases del régimen político democrático; las bases constitucionales de la reforma constitucional; el estatuto de los partidos políticos; la organización y funcionamiento del Poder Judicial; las bases constitucionales de orden económico; el estatuto de la regionalización; la organización del poder político local; el Acta de los Derechos Humanos.
Los proyectos del “Grupo de los 24” fueron preparados por comisiones, encargadas de redactar un texto inicial que era informado a la comisión permanente, donde se discutía en general y en particular hasta aprobarse cada materia.
En estas comisiones colaboraron, aparte de algunos miembros de la comisión permanente, muchas otras personas, a menudo especialistas altamente calificados.
Las comisiones fueron:
Comisión N° 1:
Presidente: Julio Subercaseaux
Estudio de la temática de la ciudadanía, sistema electoral, bases constitucionales de los partidos políticos, Tribunal Calificador de Elecciones.
En enero de 1980 la comisión permanente aprobó el Informe sobre Ciudadanía y Partidos Políticos.
Comisión N° 2:
Presidente: Jaime Castillo V.
Estudio de la temática de los derechos humanos, derechos de petición, garantías constitucionales del proceso, recurso de amparo, recurso de protección, garantías constitucionales generales y emergencia constitucional.
Comisión N° 3:
Presidente: Alejandro Jara
Estudio de la temática de libertad de opinión y derecho a la información. Bases constitucionales de los medios de comunicación.
Comisión N° 4
Presidente: Ignacio González
Estudio del tema de la libertad de enseñanza, derecho a la educación, derecho a la cultura, libertad de investigación científica, autonomía universitaria.
Comisión N° 5
Presidentes: Ramón Luco y Luis Orlandini
Estudio de los temas del derecho del trabajo y a la seguridad social, derecho a la salud, derecho a la recreación, derecho a la vivienda, derecho de defensa de los recursos naturales y del medio ambiente
Comisión N° 6
Presidente: Wilna Saavedra
Estudio de los temas de derecho de asociación, derecho a la participación, bases constitucionales de las organizaciones sociales, regionalización y administración interna.
El texto final fue aprobado por la comisión permanente en octubre de 1985. Los diversos informes se incluyen en Expediente con documentos relativos a la Comisión N°6.
Comisión N° 7
Presidente: Manuel Sanhueza
Estudio de la organización y funcionamiento del Poder Judicial y justicia contencioso administrativa.
Los diversos informes elaborados se incluyen en Expediente con documentos relativos a la Comisión N°7.
Comisión N° 8
Presidente: Jorge Mario Quinzio
Estudio del tema de la supremacía constitucional y modos de hacerla efectiva.
Comisión N° 9
Presidente: Raúl Espinoza
Estudio de los temas de fiscalización gubernamental y Contraloría General de la República
Los diversos informes elaborados se incluyen en Expediente con documentos relativos a la Comisión N°9.
Comisión N° 10
Presidente: Edgardo Boeninger
Estudio de los temas de las bases constitucionales del derecho público económico y la planificación, el derecho de propiedad, organización financiera del Estado, igualdad de las cargas públicas patrimoniales y régimen presupuestario.
Comisión N° 11
Presidente: José Galiano
Estudio de las bases constitucionales de las FF.AA. y de orden, defensa nacional, participación de las FF.AA. y de orden en la planificación del desarrollo.
Ver el Informe «Las Instituciones armadas en la nueva institucionalidad. Ponencia de la Comisión N° 11 sobre Régimen de las Instituciones Armadas en la Democracia Futura. 2° Informe«, que fue presentado a la comisión permanente en marzo de 1980.
Comisión N° 12
Estudio de la libertad de conciencia y culto.
De muchas de estas comisiones surgieron subcomisiones, encargadas de tratar un tema específico. Las principales fueron:
Subcomisión “Organización y funcionamiento del Poder Judicial”
La comisión permanente recibió, examinó y aprobó el Informe «Organización y Funcionamiento del Poder Judicial», en mayo de 1979.
Subcomisión de “Orden Público Económico”
El informe presentado por esta subcomisión, denominado «Bases Constitucionales de orden económico», fue analizado por la comisión permanente del Grupo, siendo aprobado en junio de 1979.
Subcomisión “Estatuto de los Partidos Políticos”
Presidente: Jorge Mario Quinzio
El proyecto sobre estatuto de los Partidos Políticos preparado por esta subcomisión, fue aprobado por la comisión permanente en septiembre de 1983. Ver Expediente con documentos relativos al «Estatuto de los Partidos Políticos».
Subcomisión “Consejo Económico y Social”
Presidente: Humberto Nogueira
Los informes presentados por esta Subcomisión fueron analizados por la Comisión Permanente del Grupo, siendo aprobados en noviembre de 1983. Ver Expediente con documentos relativos a la Subcomisión “Consejo Económico y Social”.
Subcomisión “Organización del Poder Político Local”
Presidente: Patricio Chaparro N.
Subcomisión “Estatuto de la Ciudadanía, Inscripción y Sistema Electoral”
Presidente: Jorge Mario Quinzio.
Subcomisión “Régimen de Gobierno semipresidencial”
Presidente: Humberto Nogueira A.
Subcomisión “Actas de Derechos Humanos”
Presidente: Patricio Chaparro N.
Subcomisión “Estatuto de Regionalización”
Presidente: Humberto Nogueira A.
Cumplido un año desde la constitución del Grupo de Estudios Constitucionales, se emitió el documento «Bases fundamentales de la Reforma Constitucional. Informe al pueblo de Chile sobre los principales acuerdos alcanzados por el Grupo de Estudios Constitucionales llamado de los 24», que informaba sobre los principales acuerdos alcanzados hasta ese momento por el Grupo, en el carácter “de simples proposiciones al pueblo de Chile, único titular del poder soberano de resolver sobre la materia”.
- Estamos de acuerdo en que la Constitución política debe establecer en Chile un régimen verdaderamente democrático, y en lo que ello significa.
- Estamos de acuerdo en que el único titular del poder constituyente es el pueblo mismo y solo puede ejercerlo previo restablecimiento de su libertad.
- Estamos de acuerdo en que Chile no necesita una nueva Constitución, sino perfeccionar mediante algunas reformas el régimen constitucional vigente en 1973.
- Estamos de acuerdo en que, dentro de la tradición presidencial de la democracia chilena, deben establecerse reglas que faciliten la formación de mayorías estables de gobierno.
- Estamos de acuerdo en que el Parlamento debe seguir siendo íntegramente generado por votación popular, tener preponderancia en el ejercicio de la función legislativa y disponer de efectivos poderes de control o fiscalización.
- Estamos de acuerdo en que los partidos políticos son instrumentos esenciales de la vida de una democracia y especialmente en la generación de los poderes ejecutivo y legislativo.
- Estamos de acuerdo en la necesidad de establecer cauces institucionales de participación de las organizaciones representativas de los intereses económico-sociales.
- Estamos de acuerdo en las bases fundamentales de un orden económico-social democrático que la Constitución política debe establecer, dejando entregada la definición de los modelos aplicables a la decisión política de las mayorías.
- Estamos de acuerdo en que la Constitución debe incorporar al derecho interno la garantía de todos los derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y pactos complementarios ratificados por Chile.
- Estamos de acuerdo en que la Constitución debe regular restrictivamente los regímenes de emergencia.
- Estamos de acuerdo en introducir substanciales reformas al poder judicial a fin de asegurar su independencia y eficacia.
- Estamos de acuerdo en robustecer la representatividad y atribuciones del Tribunal Constitucional.
El documento finalizaba señalando: “Y a todos los chilenos que quieren verdaderamente restaurar la democracia, pero que se preguntan de buena fe cuál es la fórmula o el camino para hacerlo, o dudan de la posibilidad de un consenso nacional, les dejamos planteadas nuestras proposiciones como prueba evidente de que con buena voluntad, sin odios ni prejuicios, es posible alcanzar acuerdos fundamentales entre chilenos de todas las tendencias –como lo somos nosotros- y les pedimos que las mediten como bases serias y viables para que, siguiendo el mandato de su vocación y de su historia, Chile se reencuentre con la democracia”.
Más allá del debate jurídico- teórico
“Ha sido una época incierta, sacrificada y heroica, sobre todo en los primeros tres años en que se tuvo que enfrentar un medio ambiente adverso. Una propaganda triunfalista, sin precedentes, influía poderosamente en el ánimo de nuestro pueblo, con la ilusión engañosa y embriagadora de un tremendo desarrollo económico a corto plazo”. (Ver: “La historia de nuestra tarea”, discurso pronunciado en un acto del Grupo).
Con estas palabras Julio Subercaseaux, uno de “los 24”, evidenciaba las innumerables dificultades que el Grupo tuvo para avanzar en su tarea de emprender el examen y debate de las ideas básicas que contribuyesen a producir un acuerdo democrático, fundamento de la futura institucionalidad, y que en múltiples ocasiones llevaron al Grupo a dejar el debate teórico y ocuparse preferentemente de algún tema de actualidad, como ocurrió a fines del 78 con el proyecto constitucional de la “Comisión Ortúzar” y ocurriría en agosto del 80 cuando el general Pinochet llamó a plebiscito sobre la nueva Constitución.
El 8 de julio de 1980 el Consejo de Estado entregó a la Junta de Gobierno su trabajo. El Grupo de Estudios Constitucionales realizó un detallado «Informe sobre el proyecto de Constitución Política del Consejo de Estado».
Un mes más tarde, el 10 de agosto, en un discurso trasmitido en cadena nacional de radio y televisión, Augusto Pinochet convocó a los chilenos mayores de dieciocho años a un plebiscito para que aprobaran o rechazaran el texto de una nueva Constitución Política que la Junta de Gobierno había aprobado. El plebiscito tendría lugar el 11 de septiembre siguiente.
En una declaración publicada el 13 de agosto, el “Grupo de los 24” denunció que el plebiscito tenía «por objeto perpetuar la autocracia» que encabezaba Pinochet y lograr su «permanencia indefinida en el poder hasta completar un cuarto de siglo de gobierno dictatorial», agregando que «no puede calificarse de Constitución una normativa fundamental elaborada sin participación del pueblo, que se pretende imponer mediante un «plebiscito» convocado sin libertad de expresión, sin acceso adecuado a los medios de comunicación y en especial a la televisión, sin registros electorales y en ausencia del más mínimo control objetivo sobre los escrutinios, por lo que carece de toda legitimidad».
Manifestando su total rechazo al plebiscito, el 9 de septiembre el Comité Directivo del Grupo de Estudios Constitucionales formuló una declaración que hacía «un llamado a todos los chilenos libres a contraer un solemne compromiso por la democracia.
El plebiscito se realizó el 11 de septiembre de 1980. Según los datos oficiales que el gobierno informó al país, votaron poco más de seis millones de personas: 67% por el SI y 30% por el NO.
Al día siguiente, el “Grupo de los 24” hizo la siguiente declaración: «Valoramos que a pesar del fraude, el monopolio de la televisión, las campañas de terror y el miedo imperante, más de dos millones de chilenos se hayan atrevido a ponerse de pie para recuperar la dignidad de Chile. Reiteramos nuestro llamado a todos los chilenos a contraer el Compromiso por la Democracia».
Ad portas de la entrada en vigencia de la Constitución, a comienzos de marzo de 1981 el Grupo de Estudios Constitucionales hizo públicas sus críticas a la Carta Fundamental, dándolas a conocer en un documento titulado “Las críticas del Grupo de los 24”, que en sus conclusiones finales afirmaba: “La nueva Constitución no establece la democracia, ni conduce gradualmente a ella. Por el contrario, cierra las puertas a la democracia. Impide cualquier evolución política, económica y social profunda dentro de sus marcos”.
El 11 de marzo de 1981 entró en vigencia la nueva Constitución. Ese mismo día, con gran solemnidad, el General Pinochet prestó juramento como Presidente de la República y reinauguró La Moneda.
El “Grupo de los 24” continuó estudiando y elaborando proyectos para una futura institucionalidad democrática. Al mismo tiempo, emprendió un estudio más exhaustivo sobre las disposiciones transitorias de la Constitución del 80 y sobre la forma como el régimen se atenía a las normas de su propia Carta.
La discusión se centró fundamentalmente en dos materias: cómo se protege la seguridad personal de los chilenos y las restricciones a las libertades de reunión e información, temas de especial connotación al entrar en vigencia la disposición vigésima cuarta transitoria que otorgaba al ejecutivo facultades omnímodas, «no susceptibles de recurso alguno», para restringir, suspender y aún eliminar la libertad personal.
Paralelamente, el Grupo continuó preocupado de lo que acontecía en el país, siempre pronto a hacer oír su voz cada vez que lo creyera necesario en su lucha por la democracia.
El 10 de enero de 1984, en un acto en el Teatro Cariola, el Grupo hizo pública manifestación de su aspiración a una transición pacífica como camino para recuperar la democracia.
En la oportunidad, se insistió en que la institucionalidad del régimen no había sido fruto del consentimiento de la nación sino de la imposición autoritaria y no conducía a ninguna forma de democracia, sino a consolidar un sistema político de permanente dictadura.
En el discurso que Patricio Aylwin pronunció, decía: «la tarea del reencuentro y reconciliación se nos presenta como el mayor desafío patriótico y nos exige ser capaces de encontrar motivos de verdadera unidad nacional, que aúnen e identifiquen a los chilenos. Reconocer al pueblo de Chile su derecho a decidir por sí mismo el camino e itinerario del retorno a la democracia, es el mínimo de apertura indispensable para hacer posible la reconciliación. Seguir intentando imponérselos por vía autoritaria, es cerrar las puertas al reencuentro y empujar hacia la violencia»…
Germen de la Concertación de Partidos por la Democracia
Aparte de los estudios, debates y planteamientos jurídico-políticos que realizó en esos años, el “Grupo de los 24” fue también, y sobre todo, un gran lugar de encuentro y de debate de personas provenientes de distintos mundos -que hasta hacía poco habían estado en posiciones contrapuestas, cuando no en abierto conflicto- que permitió ir construyendo puentes y lazos de confianza. Surgieron entre sus integrantes vínculos de camaradería y amistad que se robustecieron en los frecuentes encuentros en la sede de Santa Lucía.
Fue, a juicio de Aylwin, “una especie de cenáculo democrático, que se iría ampliando con el tiempo, cuando pudieron integrarse algunos compatriotas que volvieron del exilio, como ocurrió con Carlos Briones y Enrique Silva a fines de 1980 y con Rafael Agustín Gumucio más tarde”.
Aylwin agrega: “Mirada desde la distancia, la experiencia del “Grupo de los 24” tuvo, en mi concepto, un profundo significado humano y político. En su seno aprendimos a conocernos y respetarnos en nuestra diversidad e incluso llegamos a ser amigos, personas que veníamos desde posiciones diferentes y que hasta hacía poco tiempo éramos adversarios separados no solo por diferencias conceptuales, sino también por prejuicios, desconfianzas y animosidades. La reflexión en común en torno a valores compartidos -el derecho, la democracia, el humanismo- no solo nos permitió aclarar ideas y formular proposiciones, sino también comprendernos y estimarnos”.
Y concluye: “El Grupo de Estudios Constitucionales -como se llamaba- no solo fue en esos tiempos -entre los años 78 y 82- el pionero de la lucha por recuperar la democracia y nos legó importantes estudios y proyectos que en su seno se elaboraron entonces y después… sino que fue, además, una gran experiencia humana, simiente -estoy seguro- de los posteriores entendimientos y colaboraciones que hicieron posible reconquistar la democracia en Chile”.