Reflexión, debate y acuerdos del Grupo de Estudios Constitucionales para una nueva Constitución

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“Solo una Constitución Política generada democráticamente y que exprese el mayor grado de acuerdo posible de alcanzar entre los chilenos, podrá proporcionar al país un régimen estable de convivencia pacífica que garantice a Chile y a su pueblo el orden y la libertad, la seguridad, el desarrollo y la justicia.”

Grupo de Estudios Constitucionales

Los orígenes del grupo de estudios constitucionales

 

A partir de la ruptura del sistema democrático en septiembre de 1973, la Junta Militar inició un proceso de estudio de reforma a la Constitución de 1925. Después de varias alteraciones del itinerario y modus operandi, la autoridad político-militar constituyó una comisión especial – conocida como “Comisión Ortúzar”- a la que encargó la preparación de un proyecto de nueva Constitución. 

Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile. Anteproyecto de la Nueva Constitución, 19 de octubre de 1978

En ese contexto político-institucional, el 31 de julio de 1978 se constituyó el Grupo de Estudios Constitucionales  o “Grupo de los 24”, en consideración al número de sus fundadores. Quienes lo integraron, eran personas heterogéneas en su origen, provenientes de sectores profesionales, económicos y sociales distintos, representantes de corrientes filosóficas e ideológicas diferentes, con posiciones políticas contrapuestas – cuando no en abierto conflicto- pero que compartían una profunda convicción democrática y el deseo de alcanzar las bases de un acuerdo capaz de generar una Constitución que fuera una alternativa viable y realista a la propuesta autoritaria que se le imponía al país.

“La coexistencia de visiones diferentes de la sociedad deseada, es perfectamente congruente con una común voluntad democrática, más aún, que tal congruencia es de la esencia de la democracia”. 

Discurso de Edgardo Boeninger, vicepresidente del Grupo de Estudios Constitucionales, 11 de noviembre 1978, en Boletín nro. 2

La composición de este grupo demostraba, por sí misma, la voluntad de las fuerzas opositoras a la dictadura militar, de superar las grandes diferencias que las había separado en el pasado, para iniciar un diálogo en torno al futuro del país. Sus miembros, que participaban en calidad personal, representaban, sin embargo, distintas tradiciones filosóficas y diferentes posiciones políticas. Fue allí entonces donde empezó a construirse una nueva unidad que sería clave para la recuperación democrática del país. 

Se requería mucha fe y convicción en aquel año 1978 para emprender semejante tarea. En un ambiente abiertamente hostil y cargado de descalificaciones para sus componentes, el Grupo de Estudios Constitucionales buscó presentar al pueblo de Chile los fundamentos del orden político, económico, social y cultural que debía necesariamente contener la Constitución para encauzar la vida nacional dentro de una sociedad democrática, con apego a nuestras tradiciones político-constitucionales, a los aportes que el derecho comparado y la ciencia política habían realizado en las últimas décadas y, por cierto, considerando la experiencia vivida por el país en los años anteriores.

Haciéndose cargo de la profundidad de la crisis que recientemente había vivido Chile, no se aspiraba solo a reformar la Carta de 1925, sino a proponer reformas que permitieran a la nación avanzar hacia lo que debía ser un nuevo orden institucional, con pleno respeto a los derechos humanos, en un marco de adecuada convivencia social y con irrestricto apego al Estado de derecho. 

El Grupo entendió que el destinatario natural de sus informes era la comunidad nacional, única depositaria de la soberanía popular. Por ello, cuantas veces pudo, hizo presente a la opinión pública –dentro de lo que permitía la abierta coacción a la libertad de prensa y la permanente exclusión de los sectores opositores- las reservas que le merecía el mecanismo de elaboración, discusión, aprobación y ratificación del nuevo texto de Constitución, en cuanto a la poca transparencia del proceso y a la falta de apego a las normas democráticas.

En estas tareas, el Grupo de Estudios Constitucionales fue prontamente legitimado por la ciudadanía, que vio en él y en sus integrantes, la voluntad de unidad nacional que los inspiraba.

Numerosas personas de reconocida trayectoria en el servicio público, e intelectuales de diversas vertientes ideológicas, se fueron incorporando a las comisiones y subcomisiones de trabajo creadas en el seno del Grupo, mientras que su Comité Ejecutivo se encargó de consultar, para la elaboración de sus informes, a un importante número de representantes de los grupos intermedios de la sociedad, cuya opinión era necesario considerar para ser fieles al concepto democrático de proposición de reformas constitucionales.

El grupo fundador estuvo compuesto por René Abeliuk M., Patricio Aylwin A., Edgardo Boeninger K., Fernando Castillo V., Jaime Castillo V., Héctor Correa L., Juan Agustín Figueroa Y., Ignacio González G., Gonzalo Figueroa Y., Luis Izquierdo F., Eduardo Jara M., Eduardo Long A., Joaquín Luco V., Luis Fernando Luengo E., Alberto Naudon A., Hugo Pereira A., Raúl Rettig G., Pedro Jesús Rodríguez G., Manuel Sanhueza C., Víctor Santa Cruz S., Alejandro Silva B., Ramón Silva U., Julio Subercaseaux B. y Sergio Villalobos R.

Teniendo en cuenta las circunstancias que vivía el país, el recién formado Grupo creía que era “ineludible e impostergable emprender el examen y debate de las ideas básicas que contribuyan a producir ese acuerdo democrático que ha de ser el fundamento de la futura institucionalidad”.

Los fundadores del Grupo estuvieron de acuerdo en que esta era “una tarea nacional que ningún sector puede monopolizar como de su exclusiva incumbencia, sino que compete a todos los chilenos, especialmente a quienes, por sus conocimientos, su experiencia, su representatividad o su espíritu cívico, puedan aportar a ella alguna contribución importante”.

Asimismo, creían que esta “nueva institucionalidad debe inspirarse en los principios que orientaron la evolución política de Chile hasta convertirla en motivo de orgullo nacional y de prestigio internacional, buscando en la historia y la realidad presente tanto las causas del proceso que culminó en la ruptura de nuestra tradición, como los cambios que permitan su pronto y perdurable retorno”.

Manifiesto del Grupo de Estudios Constitucionales en que se invita a generar una Nueva Institucionalidad y Nueva Constitución para Chile, 31 de julio de 1978

Base de esta nueva institucionalidad debían ser los principios de soberanía popular, reconocimiento y garantías de los derechos del hombre, pluralismo, separación de los poderes públicos y que el Estado de derecho fuera firmemente respetado y mejorado en sus prácticas.

El trabajo que decidieron llevar a cabo fue complejo y ambicioso, por lo que sus miembros se dividieron en comisiones y subcomisiones, encargadas de estudiar e investigar temas específicos que posteriormente eran discutidos por una comisión permanente, hasta lograr el consenso.

Cumplido más de un año desde su constitución, en octubre de 1979 el Grupo de Estudios Constitucionales dio a conocer el documento Bases fundamentales de la reforma constitucional. Informe al pueblo de Chile sobre los principales acuerdos alcanzados por el Grupo de Estudios Constitucionales llamado de los 24, que informaba, en el carácter “de simples proposiciones al pueblo de Chile, único titular del poder soberano de resolver sobre la materia, los acuerdos alcanzados hasta ese momento”.

Citamos aquí el encabezado de cada uno de estos acuerdos:

  1. Estamos de acuerdo en que la Constitución política debe establecer en Chile un régimen verdaderamente democrático, y en lo que ello significa.
  2. Estamos de acuerdo en que el único titular del poder constituyente es el pueblo mismo y solo puede ejercerlo previo restablecimiento de su libertad.
  3. Estamos de acuerdo en que Chile no necesita una nueva Constitución, sino perfeccionar mediante algunas reformas el régimen constitucional vigente en 1973.
  4. Estamos de acuerdo en que, dentro de la tradición presidencial de la democracia chilena, deben establecerse reglas que faciliten la formación de mayorías estables de gobierno.
  5. Estamos de acuerdo en que el Parlamento debe seguir siendo íntegramente generado por votación popular, tener preponderancia en el ejercicio de la función legislativa y disponer de efectivos poderes de control o fiscalización.
  6. Estamos de acuerdo en que los partidos políticos son instrumentos esenciales de la vida de una democracia y especialmente en la generación de los poderes ejecutivo y legislativo.
  7. Estamos de acuerdo en la necesidad de establecer cauces institucionales de participación de las organizaciones representativas de los intereses económico-sociales.
  8. Estamos de acuerdo en las bases fundamentales de un orden económico-social democrático que la Constitución política debe establecer, dejando entregada la definición de los modelos aplicables a la decisión política de las mayorías.
  9. Estamos de acuerdo en que la Constitución debe incorporar al derecho interno la garantía de todos los derechos y libertades reconocidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y pactos complementarios ratificados por Chile.
  10.  Estamos de acuerdo en que la Constitución debe regular restrictivamente los regímenes de emergencia.
  11. Estamos de acuerdo en introducir substanciales reformas al poder Judicial, a fin de asegurar su independencia y eficacia.
  12. Estamos de acuerdo en robustecer la representatividad y atribuciones del Tribunal Constitucional.

El documento finalizaba señalando: 

“Y a todos los chilenos que quieren verdaderamente restaurar la democracia, pero que se preguntan de buena fe cuál es la fórmula o el camino para hacerlo, o dudan de la posibilidad de un consenso nacional, les dejamos planteadas nuestras proposiciones como prueba evidente de que con buena voluntad, sin odios ni prejuicios, es posible alcanzar acuerdos fundamentales entre chilenos de todas las tendencias –como lo somos nosotros- y les pedimos que las mediten como bases serias y viables para que, siguiendo el mandato de su vocación y de su historia, Chile se reencuentre con la democracia”. 

Bases fundamentales de la reforma constitucional. Informe al pueblo de Chile sobre los principales acuerdos alcanzados por el Grupo de Estudios Constitucionales, octubre de 1979